«Por el imperio de mi crédito»: percepciones sobre lo debido y lo indebido en el ejercicio de la gubernatura a través del juicio de residencia de Luis de Valdés (Nueva Vizcaya, 1650)

«Por el imperio de mi crédito»: Perceptions about What is Right and Wrong in the Governance Exercise through the Trial of Luis de Valdés (New Biscay, 1650)

HUGO MENDOZA FLORES

Universidad Autónoma de Chihuahua

hmendozaf@uach.mx

https://orcid.org/0000-0002-8888-0721

MEMORIA Y CIVILIZACIÓN

Anuario de Historia, 21 (2018):

111-140

ISSN: 1139-0107

ISSN-E: 2254-6361

DOI: 10.15581/001.21.013

«Por el imperio de mi crédito»: percepciones sobre lo debido y lo indebido en el ejercicio de la gubernatura a través del juicio de residencia de Luis de Valdés (Nueva Vizcaya, 1650)

«Por el imperio de mi crédito»: Perceptions about What is Right and Wrong in the Governance Exercise through the Trial of Luis de Valdés (New Biscay, 1650)

HUGO MENDOZA FLORES

RECIBIDO: MAYO DE 2018

ACEPTADO: JULIO DE 2018

Resumen: El presente trabajo examina el juicio de residencia de Luis de Valdés y Rejano, gobernador de la Nueva Vizcaya, en un sentido amplio. Más allá del rigor de lo jurídicamente entonces considerado para integrar la Residencia, el texto explora asimismo acusaciones presentadas en San Joseph del Parral que, finalmente, quedaron fuera del juicio; acusaciones hechas por agentes de gobierno, conocedores de lo jurídicamente procedente. A la vez, visibiliza la puesta en práctica de mecanismos activados en paralelo al propio juicio, como las Canónicas Censuras. Con este estudio de caso se pretende abonar al debate en torno al entendimiento de los mecanismos de control puestos en marcha por la Monarquía Hispánica en Indias. Hacerlo haciendo énfasis en los usos políticos y rituales del juicio, en las formas de estructurar los discursos, en la importancia de los vínculos interpersonales. Se busca pues aproximarse así a la cultura política de la época Moderna: a lo entonces entendido por buen gobierno, al miedo al escándalo, al peso del honor.

Palabras clave: Juicio de residencia. Gobernadores. Honor. Canónicas censuras. Nueva Vizcaya. Siglo XVII.

Abstract: This paper examines the Trial of Residence of Luis Valdes y Rejano, governor of New Biscay, in a broad sense. Beyond the rigor of the then legally considered to integrate the Residence, the text also explores allegations made in San Joseph del Parral that ultimately left out of the trial; allegations made by government agents, aware of the legally appropriate. At the same time, it makes visible the implementation of mechanisms activated in parallel, such as the Canonical Censures. This case study is intended to contribute to the debate on the understanding of the control mechanisms put in place by the Hispanic Monarchy in the Indies. With emphasis on the political and ritual uses of the trial, the ways of structuring discourses, the importance of interpersonal relationships. It seeks as well to approach the political culture of the early modern period: what then understood by good governance, the fear of scandal, the role and value of honor.

Keywords: Judicial Trials. Governors. Honor. Canonical Censures. New Biscay. 17th Century.

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la visión sobre los juicios de residencia en Indias ha sido enriquecida por el acercamiento al tema desde enfoques diversos: valorar o negar su eficacia, atender al contexto, sopesar su carácter simbólico, su riqueza documental, su carácter jurídico, su papel más allá del mero control de la administración regia, etc.[1] Igualmente, existe un renovado interés por problematizar desde nuevas ópticas la corrupción durante la época moderna, allende explicaciones reduccionistas y, en ese tenor, revisar los variados mecanismos de control utilizados por las monarquías ibéricas para controlarla[2]. El objetivo del presente trabajo es, pues, mediante un estudio de caso centrado en las prácticas, contribuir a ese debate.

La investigación aquí presentada tiene por base documental los expedientes relativos al juicio de residencia de Luis de Valdés, tras el desempeño de su cargo como gobernador y capitán general del reino de la Nueva Vizcaya, que se conservan en el Archivo Histórico Municipal de Parral. Durante buena parte del XVII, el «Real y Minas de San Joseph del Parral» fue residencia común y frecuente de los gobernadores novovizcaínos[3]; por esta razón, y pese a que la cabeza del reino era la Ciudad de Durango, muchos de los asuntos de gobierno fueron tratados en aquel real, como la propia residencia de Valdés, quedando los papeles en las casas reales del lugar y, con el tiempo, en su archivo municipal. Se ha buscado intencionalmente atender a las formas de expresión política de la época; por ello, entendiendo que hemos trabajado con expedientes judiciales con un formato bien establecido, se ha procurado mostrar al menos de forma fragmentaria el discurso propio de los actores de entonces mediante frases textuales.

Para el análisis se decidió incluir todos los documentos encontrados en dicho archivo que hacían referencia al juicio en cuestión. En ese tenor, y por tener como pretensión central hacer un acercamiento a la cultura política de aquel momento en Nueva Vizcaya, el análisis incorpora lo que en Real del Parral fue presentado al juez de residencia como querellas, demandas y peticiones. La base documental excede pues el rigor jurídico, dando cabida a lo que el propio juez decidió no integrar en el juicio o a lo que dejó para valoración y posible incorporación por abogados de las Reales Audiencias. La inclusión de tales fuentes se consideró pertinente puesto que, en todos los casos encontrados, quienes presentaron tales acusaciones no procedentes fueron agentes de gobierno. Estos agentes conocían los procedimientos jurídicos y, acaso, buscaban al presentarlos ―como el propio Valdés les acusó― seguir no solo un proceso administrativo.

Se visualiza igualmente la residencia no entendiéndola como un mecanismo de control único sobre los agentes de gobierno, sino como uno que operaba en el concierto de otros varios. Así, se hace leve referencia, cual aparece en el propio juicio, a expedientes que corrieron durante los años de gubernatura de Valdés a sazón de dos visitas al reino. Y, de manera más detenida, a la publicación de canónicas censuras por parte del obispo de Durango justo antes de iniciarse el juicio; censuras que buscaban, al menos según su intención expresa, recoger testimonios que serían luego presentados a la real justicia.

No ha sido en ningún momento la intención sentarse por tribunal, a más de tres siglos de distancia, y pretender sopesar las pruebas presentadas en el juicio por una y otras partes. Tampoco valorar la residencia, en tanto que mecanismo de control de la corona, bajo criterios actuales de «eficacia»[4] o sin atender la óptica del orden jurídico de entonces[5]. Sí, en cambio, aproximarse mediante un estudio de caso a las percepciones sobre lo que era válido y lo que no en el ejercicio de la gubernatura; a lo que públicamente se podía acusar haber sido hecho «minorando el crédito del superior oficio»; a las diversas formas de expresar inconformidades.

Este trabajo se inicia con una breve descripción del juicio como tal. Incontinenti se abordarán los cargos hechos contra el gobernador por contravenir las leyes. Y se cerrará con un acercamiento a la importancia del honor y el buen nombre en la práctica del juicio.

2. «QUE LOS QUE SE SINTIEREN QUERELLOSOS Y AGRAVIADOS PAREZCAN ANTE MÍ»

En el año de 1648 Luis de Valdés fue relevado de su encargo como gobernador y capitán general del reino de la Nueva Vizcaya. A fines de abril del año siguiente, su sucesor, Diego Guajardo Fajardo, «hizo saber en todos los lugares del reino cómo le estaba cometido tomar residencia a Valdés por término de 60 días», dando inicio formal al juicio de residencia que aquí nos ocupa en los siguientes términos:

hago saber a todos los vecinos estantes y habitantes de este reino y provincia de cualesquier estado calidad o naturaleza que sean para que los que se sintieren querellosos o agraviados de los susodichos parezcan ante mí dentro del dicho término a pedir y poner civil y criminalmente sus querellas demandas o capítulos en la forma que a su derecho convenga que estoy presto de oírles y administrarles justicia conforme a derecho.

Por voz de pregonero, y aclarando que nadie lo debía impedir so pena de 500 ducados, se hizo saber el auto por los justicias mayores en San Juan de Indehe, Topia, San Andrés, Guanaceví, Cuencamé, San Diego, Valle de Santa María de las Parras, Copala, Mapimí, y la Ciudad de Guadiana[6].

Empero, valen de inicio dos precisiones. En primer lugar, el nuevo gobernador Guajardo no habría sido originalmente el nombrado por la corona como juez de residencia. En 10 de junio de 1648 se había despachado comisión al licenciado Andrés Gómez de Mora, oidor de la Audiencia de México, para ejercer como juez; o, en su defecto, al alcalde Manuel de Sotomayor[7].

Segundo, el gobernador Guajardo inició la residencia en el Real y Minas de San José del Parral, no en la Ciudad de Durango, cabeza del reino. Esto conllevó ciertos retrasos ya que hubo que llamar hasta aquel lugar a Luis de Valdés, quien estaba en las Haciendas de Bonanza en la Nueva Galicia «a 160 leguas de Parral». Y también hubo algunos inconvenientes al no limitarse la residencia al gobernador sino comprender, corporativamente, a quienes con él gobernaron[8]; verbigracia, la reticencia de parte del alguacil mayor de gobernación Antonio de Silva de salir de Durango hacia Parral[9]; o las quejas del propio Luis de Valdés al rey donde acusó a Guajardo de hacerle ir hasta ahí, lo que aceptó suplicando «a vuestra majestad me ampare y que me desagravie, honre y haga merced para que no quede destruida mi casa y yo en mala reputación». O incluso la tardanza en su inicio por haber sido «tan grande la fuerza que el obispo [Hevia y Valdés] ha puesto para embarazarla o deslucirla por la enemiga que contra mí tiene» [10].

A efectos prácticos, la residencia se inició en enero de 1650 y a ella se fueron agregando expedientes, en Parral, hasta 1653. Al año siguiente, el Consejo de Indias dio su parecer, haciendo cargos al gobernador Valdés por mantener tratos y comercio en venta ilícita de azogues y por no visitar la jurisdicción. La sentencia fue absolutoria[11].

3. CANÓNICA CENSURA IMFERIEM REVELATIONIS

Poco se han estudiado los juicios de residencia en Indias atendiendo a que estos no funcionaron como un mecanismo de control aislado, sino que operaron como parte de un abanico institucional de instrumentos que se descubre cada vez más amplio. En el caso que nos ocupa, algunos meses antes de iniciar formalmente la residencia, fray Diego de Hevia y Valdés, monje de San Benito y obispo de Durango, hizo publicar en Parral una canónica censura[12] a efecto de forzar la presentación de testimonios con la intención de hacerlos valer, luego, ante la real justicia.

A mediados de julio de 1649, cuando aún no había comenzado a tomarse la residencia pero ya con la gubernatura en manos de Diego Guajardo, fue presentada en Parral una querella criminal por el general Melchor de Valdés, hermano natural y legítimo de Luis de Valdés, para expresar al nuevo gobernador su queja por la intromisión del primado de Durango en un asunto que, a su juicio, debería haber estado suspendido hasta el inicio de la propia residencia. La dicha querella a la letra expresaba:

Ante vuestra señoría parece un ciego afligido y solo agobiado de los cuidados y mancillado en la reputación[...] y dice que hoy domingo que se contaron doce de este presente se leyeron a hora de misa mayor en la iglesia parroquial de este pueblo unas censuras dirigidas y libradas por el señor obispo de este obispado a pedimento de Diego Galiano [...] el cual con poco temor de Dios y con pretexto fingido de averiguar la verdad de cierta demanda que tiene presentada ante vuestra señoría [...], incitado de los enemigos de dicho mi hermano y míos y de todos los señores gobernadores, [...] para colorear con evidencia la calumniosa queja y falsas delaciones que han hecho.

La queja de Galiano, que en palabras del querellante no podría tener validez en ningún juicio, se había hecho ante el obispo con la sola intención de provocar «notorio escándalo» por hacer relato público y al por menor de ofensas contra él y su hermano. Pero también la queja ―puntualizó Valdés tal vez como recurso retórico aunque, en todo caso, como ejemplo de lo debido y no debido en aquella cultura política― miraba a «destruir y menospreciar la autoridad del gobierno, dando a entender que el eclesiástico tiene jurisdicción y mano por este camino para corregirle censurarle y averiguar sus acciones»[13].

En efecto, Hevia y Valdés había mandado publicar a fines de junio de aquél mismo año una canónica censura Imferiem Revelationis por ser el «único remedio» existente para alcanzar la justicia al vecino y minero del Parral Diego Galiano. La censura relata al por menor cómo Galiano, poseedor de una hacienda de beneficio, habría hecho «tratos supuestos simulados y en confianza» con los hermanos Valdés, por tener Melchor el control sobre los azogues. Dichos tratos, donde habrían quedado «de ir a partes con los avíos ganancias y pérdidas», habrían sido «solapados» bajo un contrato de arrendamiento para «excusarse de demandas». Ya con el contrato en pie, acusó también el obispo,

no solo se contentaron con quitarle los frutos de dicha hacienda con el pretexto de dicho arrendamiento sino que con mañas y astucias perniciosas a sus conciencias y perjudiciales a sus acreedores se introdujeron a quitarle la propiedad,

valiéndose para ello incluso de que «los jueces y oficiales de la real caja de Durango lo apretasen en la cobranza de su encargo y sacasen costas a dicha su hacienda»[14].

El obispo ―antagónico ciertamente de Valdés― justificó su decisión de hacer publicar las censuras por ser el único remedio para un minero que «a más de siete años está desposeído, sin fuerzas ni caudal con que poder pedir justicia». Y, por ello, amonestó por tales medios a todos aquellos sabedores del trato en confianza, a manifestarlo ante su tribunal dentro de los seis días siguientes «con descargo a sus conciencias[...] so pena de excomunión trina canónica munitione»[15].

La querella del hermano del gobernador, así como las averiguaciones que a consecuencia de esta se hicieron, fueron acumuladas para su valoración por un asesor letrado en 1651 para decidir si formarían parte del juicio.

A los gobernadores les estaba vedado tratar y contratar en las provincias a su cargo durante el tiempo de su mandato[16]. El impacto de tal disposición parece hacerse evidente en el asunto arriba descrito cuando ―tomando por válidas las razones de Galiano― hubo dos tratos: uno público, de arrendamiento, y uno secreto entre las partes. Ahora bien, en este asunto se iluminan tres aspectos dignos de ser considerados cuando se valoran juicios de residencia a la luz de las prácticas jurídicas y políticas de la época.

Primeramente, es curioso que, siendo claro que el conflicto dirimido excedía por mucho la disputa Galiano-Valdés incorporando a la mitra de Durango y a oidores de Guadalajara, nadie haya acusado a don Luis de tratar y contratar; ni de que su hermano fuese alcalde mayor en el Real y Minas de Parral ―para el momento, el de mayor importancia económica de todo el reino―. Sí en cambio de haber usado el oficio público a su favor y en desvalimiento de un súbdito de la corona.

Por otro lado, se hace evidente la existencia práctica de mecanismos de control alternos al juicio de residencia. Mecanismos ante los que podían recurrir quienes se sentían agraviados por un gobernador y que, por alguna causa, suponían no podrían presentarse por vía directa a la residencia. Las canónicas censuras implementadas por el obispo Hevia y Valdés miraron, al menos por su explícito tenor, a lo siguiente: obtener testimonios válidos ante un juzgado eclesiástico usando este mecanismo y luego, con ellos en la mano, apelar a la real justicia.

Finalmente, queda patente también que en un juicio de residencia no sólo estaba en juego la figura de un gobernador. Estaban en juego competencias jurisdiccionales entre la gubernatura del reino y el gobierno eclesiástico.

4. DAR DESIGNIOS OPUESTOS A LAS LEYES REALES SIN TENER JURISDICCIÓN

Una parte de las denuncias presentadas en el juicio de residencia contra Luis de Valdés incidía en que este, durante el ejercicio de la gubernatura, había actuado en contravención de lo dispuesto por su majestad para el buen gobierno de los reinos. Dichos asuntos, retomados en el juicio de residencia para complementar querellas y demandas, o por el otrora gobernador en su defensa, corresponden a juicios anteriormente juzgados en diversas instancias. Fueron pues en este sentido copiados en los expedientes de la residencia para su posterior valoración y, en su caso, incorporación.

En los párrafos siguientes se retomarán dos cuestiones relativas a lo arriba dicho. Primeramente, una acusación contra el gobernador por su intervención en las elecciones de alcaldes ordinarios en el cabildo de Durango. Luego, la imputación de excesos al no permitir la libre ejecución de visitas al reino.

a) Elegir alcaldes de su afecto

Luis de Valdés fue acusado por Gaspar de Quesada Hurtado de Mendoza ante Diego Guajardo, en su calidad de juez de la residencia, por sucesos ocurridos en enero de 1644 en Ciudad de Durango. A fines del año anterior, Quesada había iniciado un juicio contra Domingo de Hermua, alférez mayor y regidor en el consistorio de aquella ciudad, prohibiéndole la entrada al concejo mientras durase el proceso. Además, según las acusaciones de Quesada, el entonces gobernador ordenó permitir el paso al alférez mayor a las elecciones de 1644, con la intención de que «saliesen electos Juan Baptista de Lara y Bartolomé Sarmiento, de su afecto, para que ellos, con voz de cabeza de este reino, dieren a Mateo de Chavarría [condenado a penas pecuniarias por tumultos] paso a los reinos de España»[17].

Hubo entonces dos cabildos para elegir alcaldes ordinarios de Durango en aquel año. Uno en el que salieron electos Lara y Sarmiento con el voto de Hermua; otro, declarado nulo por el gobernador Valdés, en que el voto de Lorenzo de la Vera y Mesa «como persona única en que recaía la representación del cabildo» habría favorecido al propio Gaspar de Quesada como alcalde. En la denuncia presentada contra Valdés se le acusaba de «dar designios opuestos a las leyes reales sin tener jurisdicción»[18].

En efecto, las Leyes de Indias señalaban a los gobernadores que dejasen a los regidores votar con toda libertad, sin perturbarles, inquietarles, ni quitarles las preminencias de sus oficios. Más aún, expresamente indicaban que

ningún gobernador […] por sí, ni interpósitas personas, pueda pedir, ni solicitar votos a los capitulares en favor de ningún allegado, ni amigo suyo, ni de otra persona, para elecciones en los oficios de república[19].

Todo lo cual, de ser cierta la acusación, habría sido transgredido por el gobernador.

b) Descreditar la real justicia y grande autoridad de la provisión privativa de pesquisa

Por otra parte, en un largo expediente que incluye una demanda, una querella criminal, la defensa del gobernador Valdés, más lo presentado a favor de las partes y las averiguaciones hechas por el juez de residencia, se hace referencia a dos visitas al reino que, por sí, han merecido ser estudiadas aparte y exceden los límites del presente estudio.

En relación al juicio de residencia, en la demanda presentada por Gaspar de Quesada Hurtado de Mendoza en 1650, dicho general hizo acusación de cómo Luis de Valdés «descreditó la real justicia y grande autoridad del oficio de la provisión privativa de pesquisa con que vino Alonso González de Villalba del Consejo de su majestad […] causándome grande daño». A la vez, el escribano Bartolomé Gutiérrez de Villanuño dio testimonio en su querella de cómo habría sido implicado, junto a Quesada, en los tumultos y rebeliones en la zona del Tizonazo a mediados de los años cuarenta, por el apoyo dado, en apego a sus funciones de escribano, al oidor Juan de Manjarrez cuando estuvo en el reino[20].

El gobernador Valdés manifestó abierta oposición a la ejecución de las visitas de Juan de Manjarrez y Alonso González de Villalba a la Nueva Vizcaya por asuntos de excesos contra los indios y parcial manejo de los azogues. Ambos oidores, cuyas visitas fueron hechas en el marco de la visita general del obispo Juan de Palafox y Mendoza a Nueva España[21], no pudieron realizarlas en forma y libertad[22]. Vale decir que, durante las dichas visitas, algunos de los miembros de las élites novovizcaínas tomaron postura por el gobernador, y otros por los visitadores. El asunto fue juzgado en su momento pero, a la hora de la residencia, algunos de los implicados lo retomaron al inicio de sus súplicas, antes de darles luego un cariz más personal.

En los entretelones de la demanda presentada se hace visible un conflicto por jurisdicción entre la gubernatura de la Vizcaya y los oidores de la Real Audiencia de la Nueva Galicia ―conflicto que, según el hermano del gobernador Valdés, no quedaba restringido al periodo en que don Luis tuvo a cargo el gobierno―. En todo caso, la solución dada habría sido mediada por la inestabilidad política del momento: inestabilidad de la que unos y otros se acusaban de ser instigadores. Valdés lo planteó en los siguientes términos, retomados también para su residencia:

por cuanto a más de ocho o diez años que este reino y provincias están divididas en bandos y disensiones o, por mejor decir, competencias de jurisdicción entre los señores gobernadores de este reino y Real Audiencia de Guadalajara procurando los oidores, con pretexto de algunas quejas que personas injustas y delincuentes de dicho reino por evadir el castigo que merecen sus grandes delitos[...] introduce jurisdicción antes de la residencia.

Además, el gobernador acusó que la Audiencia había pretendido conocer sobre «excesos» de los gobernadores y, sin tomar en cuenta que no tenía «más jurisdicción que en caso de apelación [...], han pretendido conocer causas» en primera instancia»[23].

No obstante, y para efectos de la residencia, tan delicados asuntos parecen haber sido recusados por «cosa juzgada»; al menos según las peticiones del gobernador Valdés. A cuenta suya se sacó testimonio en octubre de 1653 de los expedientes relativos a la visita de 1645; así como de una Real Cédula de 1647 donde el virrey conde de Salvatierra ―partidario de Valdés en el asunto de las visitas― declaró:

haberse continuado [la visita] con grandes daños y escándalos[...] y que amenazan otros mucho mayores por las discordias que entre dicho señor oidor y gobernador hay y el estado miserable en que se haya aquel reino y que dichos procedimientos, embargos secretos y prisiones de carreteros y harineros y mineros y resultado de haber cesado el comercio para muchas haciendas y minas destruídose en grave perjuicio de los reales quintos y otros inconvenientes y habiendo su excelencia convenido todo lo susodicho con el Real Acuerdo, [...] se resolvió que el dicho señor oidor habiendo cumplido los seis meses que se le dan de término en la comisión del Real Consejo se vuelva a esta ciudad y asimismo desde luego en todas las demás comisiones que no emanan ni están inmediatamente cometidas a su persona por el derecho[24].

En todo caso, lo que aparece visible en la residencia es que los bandos[25] localmente enfrentados a mediados de los años cuarenta, seguían estándolo cinco años más tarde. Existían, por tanto, elementos de tensión que se estaban expresando en el juicio, lo cual le daba un toque de contienda política[26].

5. «POR EL IMPERIO DE MI CRÉDITO»

Descrédito de la real justicia y grande autoridad de la provisión privativa de pesquisa, impidiendo la ejecución de una visita; desconocimiento de la jurisdicción de los oidores de la Real Audiencia de Guadalajara sobre el reino de la Nueva Vizcaya; solicitud de votos a capitulares de la Ciudad de Durango, dando designios opuestos a las leyes reales, para que se eligieren alcaldes «de su afecto»… De todo ello se acusó a Luis de Valdés en su juicio de residencia. Todo ello salta a la vista y atrae el interés cuando, a más de tres siglos y medio de distancia, se vuelven a leer aquellos empolvados expedientes. Esto contravenía directamente lo dispuesto por las leyes para el ejercicio de la gubernatura; y de contravenir las leyes también acusó el gobernador Valdés a los agentes de gobierno contrarios a su causa. Pero, tales asuntos de peso apenas son mencionados en los expedientes. Algunos de ellos dignos acaso de unas líneas.

¿En qué tema corrió más tinta? ¿Sobre qué asuntos versaron quienes, a favor o en contra del gobernador, participaron en el juicio? ¿Dónde parece haber estado el centro del discurso? Más allá de lo que a primera vista pudiere parecer mera solemnidad propia de un discurso barroco, quienes expresaron sus pareceres en la residencia, empezando por el propio Luis de Valdés ―desde que solicitó a la corona que iniciase su juicio―, hicieron cuenta de su pertenencia a una familia, de ser hijos, hermanos o «parientes de»; es decir, no hablaban solo por sí, sino por un grupo. También exhibieron los cargos ostentados, los oficios públicos desempeñados; los servicios prestados a la Corona, por ellos y por los suyos; los dineros gastados, los pesos no cobrados… Y, sobre todo, advirtieron del perjuicio infligido al imperio de su crédito.

a) Ser hijo de buenos padres

Alejado estaba el septentrión de la Nueva España de las grandes capitales, de los grandes centros urbanos, de los rancios abolengos. Em este virreinato los mayorazgos y títulos de nobleza eran escasos. Sin embargo, nada lejos estaba aquella sociedad de una cultura política ―acaso identificable aún en sus antiguos pueblos― en la que el linaje, para bien o para mal, tenía un fuerte peso.

Quienes presentaron quejas contra el otrora gobernador hicieron siempre constar sus relaciones filiales. El alférez Juan Rangel de Biesma, en su querella criminal contra Luis de Valdés, alegó «ser, como soy, un hombre honrado, quieto y pacífico de buena vida y fama e hijo de buenos padres»[27]. Baltasar de Ontiveros, por su parte, refirió ser hijo de Juan de Ontiveros, «uno de los primeros conquistadores de este reino y que en él hizo conocidos y loables servicios a su majestad»[28]. El escribano Bartolomé Gutiérrez de Villanuño afirmó igualmente, en su querella, haber «servido a su majestad en este reino desde la edad de 16 años en oficios de guerra y justicia, continuando los muchos que Fernández de Villanuño mi padre hizo en él»[29].

b) Haber servido a su majestad

Igual importancia se daba al relato puntual de los servicios prestados a su majestad, así como de las distinciones obtenidas. Servicios y distinciones presentados sumariamente al comparecer en cualesquier asunto del juicio y, ocasionalmente, detallados como si se presentase una relación de méritos.

Luis de Valdés se presenta siempre como «gobernador que fue de la Nueva Vizcaya», «caballero de la Orden de Santiago» y «miembro del Consejo de Flandes». En carta dirigida al rey, ya iniciado formalmente el juicio, se quejaba de «trabajos, persecuciones y agravios» por parte de ministros superiores y justificaba su protesta por

convenir a el imperio de mi crédito parezca juntamente con el memorial de mis agravios siendo tantos y tan continuos en mayor crecimiento cada día desde que entré en este gobierno hasta hoy, y que solo esperando en la grandeza y cristiandad de vuestra majestad para resarcirlos, he podido mantener la tolerancia de padecerlos,

Además, manifestaba sentirse ofendido por estar preso y haber sido multado, a pesar, como cuenta al Consejo de Indias, de cuarenta años de servicio a su majestad en África, Flandes, la Isla de San Martín y las guerras de la Nueva Vizcaya[30].

El capitán Baltasar de Ontiveros fue más prolijo en hacer constar en el juicio sus distintos méritos. En su demanda hizo patente la distinción de haber sido teniente de gobernador y capitán general en el reino, así como los cuarenta años de servicio a su majestad «en todos los alzamientos de indios que se han ofrecido[...] a mi costa, sin llevar cosa alguna[...] con la mayor lealtad de buen vasallo», en la guerra y pacificación de las naciones Xixime en 1610 y Tepehuana en 1616, la rebelión de los tobosos y el castigo a salineros, negritos, colorados, gavilanes y otros[31].

Con fecha de 9 de enero de 1650, el capitán presentó ante el gobernador Guajardo testimonios varios del reconocimiento de sus servicios prestados. En el primero, el gobernador Gaspar de Alvear ―marido en segundas nupcias de la suegra de Valdés― dio en 1618 certificación de cómo Ontiveros había servido al reino con armas y caballos en el Real de Guanaceví «que estaba rodeado de enemigos», sirviendo en todo lo que le fue ordenado. Igualmente, incluyó la de Bartolomé Xuárez de Villalba, capitán del presidio de San Hipólito, en la que muestra su participación en la guerra contra los xiximes[32].

Hizo de igual forma insertar en su demanda las evidencias de sus títulos. En 1640, el maestre de campo Francisco Montaño de la Cueva, «por conocer a Ontiveros de treinta años a esta parte» desde su participación en la campaña contra los siximes al mando de Urdiñola[33] en 1610, y por su participación en variadas campañas, lo eligió, crio y nombró por alférez caudillo de su majestad. Según quedó asentado en los expedientes, fue el propio Luis de Valdés quien, atendiendo a que el entonces alférez quería servir con sus armas y caballos al reino, a que llevaba treinta y tres años sirviendo a su majestad, a que estaba «casado con una nieta[34] de uno de los primeros conquistadores y pobladores de este reino», y a otros muchos méritos, le dio en 1643 su título de capitán[35].

c) Por pesos y lo demás que resulte

Aquellos que se querellaron contra el antiguo gobernador Valdés en su juicio de residencia buscaron en primer término ser resarcidos en sus bienes. Las demandas de pesos que aparecen en los expedientes invocaban alegatos en dos sentidos generales. Por una parte, hubo quienes comparecieron ante el juez de residencia para reclamar servicios y gastos no cubiertos durante el tiempo en que Valdés fue gobernador, o por bienes adquiridos por este bajo el amparo de su cargo y a cuenta de su majestad, pero aún no liquidados en sus importes. Por otra, hay que añadir a quienes en el trascurso del juicio, o antes de él, hicieron gastos de justicia y dispendios diversos que buscaban resarcir.

Como ejemplo del primer tipo de argumentos, Juan González presentó queja en nombre de Manuel de Ojeda, Antonio de Villalengua y otros mercaderes, en la que acusaba a Luis de Valdés de haber quitado a sus defendidos setecientos setenta y cuatro pesos y tres tomines que llevaban en sus carros desde la Ciudad de Durango hacía el Real y Minas de Parral.

En la demanda, González testimonió que Valdés había dado certificación a los mercaderes por él representados para pagar tal suma. El expediente conserva un documento firmado por el propio Valdés y dirigido al virrey marqués de Salvatierra donde certificó cómo «para socorrer a los soldados españoles e indios amigos que están desnudos sirviendo a vuestra majestad en campaña contra los indios alzados, temiendo que por estas necesidades no se me ausentasen como lo iban haciendo por haber cumplido algunos el primer sueldo que se les dio», había decidido en Junta de Guerra que de las cuadrillas de carros que pasaban a Parral se tomase algo de ropa pagadera a cuenta de la Real Hacienda[36].

Las disposiciones del marqués de Salvatierra no fueron puestas en tela de juicio durante la residencia. El centro de la disputa fue el modo en que tales disposiciones habrían sido puestas en práctica por Valdés al paso de los carros por el presidio de Cerro Gordo. En el caso específico de Ojeda, el monto reclamado por las mercadurías ascendía a doscientos veinticinco pesos, de los que el mercader presentó cuenta por recados. Ojeda amplió su queja afirmando

que no se puede presumir mandarse quitar las haciendas a los de este reino por ser contra lo que su majestad tiene dispuesto como tan católico rey y señor sino que de su parte pidiesen ayudase para dicha causa [...] y habiendo alterado el tenor de dicho mandamiento… pido restituirme el violento despojo que me mandó hacer[37].

A mediados de febrero fueron recibidas las causas y se dieron nueve días a las partes para presentar sus pareceres. Ojeda argumentó que en 1646 los sargentos mayores Nájera y Herrera le quitaron ciento quince pesos sin ponerlo en el recibo, asentando solamente diecinueve pesos; además habían entrado en su tienda contra su voluntad y tomado veinticuatro varas de cotón, catorce de paño común y otras mercadurías. El asunto pasó al abogado Egurrola y Diego Guajardo compelió a los implicados a declarar. Terminadas las causas, y habiendo visto lo alegado por todas las partes, el gobernador Guajardo, en su calidad de juez de residencia, sentenció que

atento a los autos y méritos de estos procesos que debo de absolver y absuelvo al dicho señor don Luis de Valdés de todas las dichas demandas y de todo lo dicho y alegado por los demandantes a los cuales reservo su derecho para que les sigan contra quien vieren que les convenga[38].

Aparte de quienes simplemente buscaron ser resarcidos en sus bienes, la mayoría de quienes atendieron el llamado a la residencia, por sentirse «querellosos y agraviados» por Luis de Valdés en el tiempo que fue gobernador, presentaron sus demandas «por pesos y lo demás que resulte». Quienes presentaron estas peticiones, buscaban, por una parte, recuperarse de los dispendios hechos en disputas con el gobernador cuando este estuvo en funciones y por los daños, costas y menoscabos que, a causa de él, habrían tenido antes o durante el propio juicio.

Así, Baltasar de Ontiveros acusó a Valdés de daños a su hacienda, por haberle «obligado a malgastar más de dos mil pesos» en el tiempo en que, tanto él como otros reputados vecinos, fueron acusados por el gobernador de soliviantar a los indios en las rebeliones de 1646. Tal asunto ―meritorio sin duda de un estudio aparte― conllevó incluso graves disputas por competencias entre el gobierno de Nueva Vizcaya y la Real Audiencia de Guadalajara.

En aquel año, Luis de Valdés había hecho una merced al recién nombrado capitán Ontiveros en los siguientes términos:

[Hago] encomienda de la nación Cabeza con sus gobernadores caciques y pilguanes y se la deposito por tres vidas contando siempre por una la de marido y mujer con calidad de que el susodicho ha de poblar el sitio de Cerro Gordo y vivir en él y poblar los dichos indios que han de quedar debajo de la doctrina de los padres de la Compañía de Jesús del tizonazo y les ha de hacer hacer casas fijas y no jacales y que siembren, críen gallinas, y dentro de cuatro meses ha de tener hecha dicha población.

Incontinenti, a petición del propio capitán, el gobernador le otorgó asimismo el título de «Protector de la nación Cabeza» ―más veinticinco fanegas de maíz, cuatro cosas y otras cosas que solicitó para tales efectos― y el cargo de justicia mayor en Cerro Gordo. No obstante, a poco de haberle designado para tales encargos, Luis de Valdés le retiró de ellos[39].

Todo el asunto es retomado en la residencia. Luis de Valdés presentó carta suya propia en original de 1646 donde afirmaba:

Mucho me pesa que el capitán Baltasar de Ontiveros a quien yo tanto he ayudado haya desconfiado de mí y hecho tan gran disparate como ha sido el desamparar el puesto que le encomendé y aunque por esta causa y no otra le hago llamar a edictos y pregones si vuelve todo se hará muy bien [...] porque de no hacerlo perderá el reino y la hacienda que tiene.

Ontiveros fue relevado, quedando en su lugar su sobrino Alonso. El motivo: los indios del Tizonazo habrían tenido, azuzados, según Valdés, por el maestre de campo Montaño de la Cueva y el capitán Ontiveros, varios tatoles (conversaciones o negociaciones) para alzarse contra el gobierno de la Vizcaya a fin de pedir su salida de la misión y ser asentados como indios de paz en Cerro Gordo[40].

En su defensa, Valdés afirmó, primeramente, que nunca había hecho los cargos en 1646 para impedir que, a posteriori, Montaño u Ontiveros pudieran jurar en su juicio de residencia y con ello perjudicarle. Adjuntó también memoria reconocida a Alonso de Ontiveros del tiempo que estuvo a cargo de Cerro Gordo por la suma de 22 363 pesos[41]; así como copia de toda la averiguación que entonces se hizo. Finalmente, contradijo «el dicho testimonio por ser siniestro y sacado de otros testimonios y caso negado»[42].

Igualmente, Bartolomé Gutiérrez de Villanuño interpuso querella criminal durante el juicio de residencia por agravios cometidos en su contra en 1644, cuando ocupaba el cargo de escribano público del Cabildo y Real Hacienda de la Ciudad de Durango. En su querella, Gutiérrez afirmó que Valdés, «pospuesto el temor de nuestro señor, en grave daño de su conciencia y minorando el crédito del superior oficio que ocupaba y valiéndose de la mano de él para hacerme molestias y agravios y procurarme deshonras», le había implicado, junto al general Gaspar de Quesada y al alguacil mayor de la Ciudad de Durango, Lorenzo de Veras, como causadores de los alborotos que hubo en aquella ciudad en tiempos de la fallida visita del oidor Juan de Manjarrez[43].

Tras referir brevemente su desaprobación a la investigación entonces llevada a cabo, donde se le condenó, por cartas de autores desconocidos a las que había dado crédito el gobernador y por informaciones de cierto número de testigos, «que todos padecen las tachas y defectos que les están probados», el escribano hizo amplio relato de su queja, reclamando no solo haber sido condenado a prisión injustamente, sino y en particular por los modos y formas en que, a nombre de la real justicia, se procedió contra él.

Gutiérrez acusó al gobernador de haber dado orden a Francisco García Vidal «para que me prendiese y secuestrase mis bienes y papeles y se los llevase; y mi persona con guardias y prisiones al presidio de Santa Catalina», fuese a parar en manos del capitán Barraza que tenía esa orden. Asimismo narró que, estando en la Caja de Durango recibiendo los azogues, había visto llegar «dos soldados del presidio de Santa Catalina con los arcabuces en las manos, los gatillos levantados», quienes dijeron que llevaban orden de conducirlo a prisión. Fray Martín de San Juan, prior del Hospital de San Juan de Dios, le previno y, como «no se podía presumir sino que me querían quitar la vida», decidió escaparse de miedo al «odio que dicho señor general me tenía por noticias que por la obligación de mi oficio había dado a los señores virrey y visitador general de la Nueva España», y refugiarse, primero, en el antedicho Hospital. Acusó a la vez que García Vidal se apoderó de su casa «y permaneció ahí dos días con los soldados, obrando en papeles secretos y archivo a su voluntad sin que hubiese quien se los pudiere estorbar», llevándose la plata que ahí había[44].

Con objeto de seguir su justicia en la Real Audiencia, Gutiérrez escapó de la Ciudad de Durango, saltando bardas y pidiendo prestado aun para camisas. Ya en Guadalajara solicitó los autos; mas los papeles fueron retrasados por Valdés, según acusó en su querella, por más de cuatro meses. El escribano terminó su petición haciendo cuenta de lo gastado en procurador secreto, letrado y derechos, que había montado más de setecientos pesos. Solicitó entonces,

por los agravios y vejaciones que me causó Valdés con el poder y mano del oficio, obrando contra derecho y usurpando la función del Consejo de Indias haciendo pesquisa general contra mi vida y costumbres[…] de sus bienes me entregue y satisfaga mil seiscientos pesos que juro a Dios y a esta Cruz me ha causado de daños costas y menoscabos[45].

En este sentido, y retomando también lo acaecido en 1644, Gaspar de Quesada Hurtado de Mendoza presentó demanda contra Luis de Valdés, los testigos y demás personas «que le imputaron por delitos los servicios que hizo a su majestad» en tiempos de la visita del oidor Juan González de Manjarrez. En 15 de febrero de aquel año, Valdés le había acusado también, junto al escribano Gutiérrez de Villanuño y el alguacil mayor, «de ser instigadores de pasados tumultos y movedores de nuevos alborotos» a más de haberle acusado, por las mismas fechas, de haber dado malos consejos a los oidores en los años treinta, de dar de palos a hombres y mujeres, de cobrar sus deudas a la fuerza, de cortar árboles frutales y álamos, de fabricar armas, etc. En plena coincidencia con el escribano Gutiérrez, Quesada concentró su queja en las maneras en que, desde la gubernatura y sin atender a su calidad, se había procedido contra él. En su demanda atestiguó que, aun siendo como era familiar del Santo Oficio, «Valdés hizo que arcabuceros fuesen a aprenderlo a su casa, habiéndole causado escándalo y alboroto». Acusó también que García Vidal, al hacerle prisionero, había mantenido arcabuceros a su vigilancia, quienes no le permitían hablar con persona ninguna, ni tener tinta y papel. Y que se le había despojado de todos sus papeles, memorias, escrituras, cuentas, cartas de justicia. Culpó, además, a García Vidal de haber tomado para sí plata labrada, una cajetilla de Flandes, candelabros, un escriptorio del Japón más otras cosas de su morada; más papeles por «miles de pesos en cuentas» de personas que le debían[46].

Pero, sobre todo, Quesada demandó justicia contra Francisco García Vidal y Domingo de Hermua puesto que, con apoyo acaso del entonces gobernador, substrajeron «misivas de secreto y confianza» de entre sus papeles para ser leídas y dadas a leer nada menos que en la plaza pública de la Ciudad de Durango, cabeza del reino. Lo habrían hecho, acusó, con la intención de divulgar «contra verdad que en ellas había sátiras contra vecinos de este reino», teniendo como fin último «malgustarme e irritar los ánimos de todos contra mí».

Luis de Valdés respondió en la residencia a la querella y a la demanda, descalificándolas por no haber sido presentadas en tiempo y forma. Acusó al escribano Gutiérrez de Villanuño por el informe «que con poco respeto de la justicia se ha atrevido a hacer, por lo que debe ser castigado», y tachó de viles calumnias las acusaciones de robo a la casa.

El gobernador Guajardo ordenó a su teniente en Durango hacer averiguación en treinta días preguntando a testigos si habían visto cómo intentó García Vidal prender al escribano con arcabuceros; si estuvieron en su casa y rompieron una reja; si sabían qué había pasado con la plata; y si les constaba que Villanuño había pedido prestado. Todo ello fue confirmado por quienes se presentaron a declarar. Valdés pidió que se hiciera un interrogatorio de descargo en el que se preguntase si sabían que el escribano había sido «íntimo y parcial» en los sucesos del 44 en que Quesada había pretendido hacerse del cargo de alcalde ordinario; si sabían

que Villanuño nunca ha sido hombre sobrado de caudal ni se le han concedido más que los emolumentos de su oficio[…], que murieron muy pobres los padres del susodicho dejándole solo las casas viejas de su morada;

y que vivía sólo de sus emolumentos y había pasado preso cuatro años en México tras la visita de Cristóbal de Valero; además de que era amigo del bachiller de Lugo, quien le ayudaba a ocultar sus bienes. Todo fue confirmado por testigos. Quesada contraatacó demeritando a quienes testificaron a favor de Valdés; para ello, pidió se preguntase en Durango si «Alonso de Morales vive reconocido y agradecido porque le dio el puesto de escribano real; si Juan de Perelazia fue demandado por Villanuño en juicio de residencia por el uso del oficio de escribano en ausencia de Villanuño», además de otras razones más bajo el mismo supuesto: parcialidad[47].

El larguísimo expediente de más de seiscientas hojas cierra con el paso de todo el asunto a revisión por parte del abogado de las Reales Audiencias, ordenado por el gobernador Guajardo. La importancia acordada no solo a los designios hechos bajo el amparo del cargo, sino a las formas en que estos se ponían en práctica, queda ampliamente patentizada. También la importancia de las jerarquías, a las que apelaron los unos y el otro; o el papel de las preguntas y las lealtades en las pesquisas.

El conflicto que dio lugar a las quejas de Villanuño y Quesada excedía por mucho la esfera local. Desde luego estaba inscrito en el contexto del enfrentamiento de Luis de Valdés con los visitadores; enfrentamiento que hizo visible, en Nueva Vizcaya, tanto las fisuras en el interior de la elite, como la frágil ―y discursivamente aprovechada por todos― estabilidad social en un contexto de «frontera» y «guerra». Pero también hacía eco de los roces entre el gobernador y la Audiencia de Guadalajara; de la relación entre Valdés y el virrey conde de Salvatierra; de la fuerte disputa entre el virrey y el visitador general Juan de Palafox, quien envío los visitadores a Durango; o, incluso, de los cambios de validos de Felipe IV.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es a la vez ilustrativo que lo mayormente tratado en la residencia sobre dicho asunto haya girado en torno a las consecuencias para los que, localmente, estuvieron implicados. No olvidemos que tanto Villanuño como Quesada eran agentes de la corona en este reino ―y lo siguieron siendo después del juicio―. Tal vez por ello importaban tanto los arcabuceros a la puerta y las misivas leídas en la plaza.

Por último, cabe decir que, en estos asuntos de pesos, no sólo participaban los querellantes. El propio Luis de Valdés, en la misma tónica que quienes de él se quejaban, expresó su malestar al rey en sendas cartas en las que hizo patente cuán perjudicado en sus bienes había resultado por causa del juicio. Ya a final de la residencia, en misiva fechada en Parral en marzo de 1650 ―recibida en el Consejo de Indias en febrero del año siguiente―, el otrora gobernador se inconformó, primeramente, porque su sucesor había decidido llevar el juicio en el Real y Minas de San Joseph del Parral y no en la Ciudad de Durango, «deteniéndome la residencia más de quince meses con excesivos daños, costos y crecidas incomodidades de mi persona fuera de mi casa». Se quejó también de haber sido multado y refirió haber gastado una cantidad superior a los sesenta mil pesos en gastos de paz y guerra, sin habérsele pagado «ni aún los cuatro mil que cada año están situados para dichos efectos y se han librado a mis antecesores y libran a mi sucesor». Apuntó Valdés finalmente, a este respecto, haber consumido «toda mi hacienda y la de mi mujer y vivo a expensas de su madre»[48].

d) «Que sea corregido en sus arrojamientos y yo restituido en mi honor»

Apenas iniciadas las diligencias del juicio, los expedientes dan muestra de que, siendo los dineros parte esencial de la reparación buscada, lo que estaba en juego iba mucho más allá de una simple retribución económica. Buena parte de los asuntos tratados versan sobre preminencias no respetadas, palabras dichas, imprudencias y llamados al respeto que a cada cual se debía, acudiendo para ello todas las partes al amparo que su majestad otorgaba a todos quienes tomaban parte en una residencia.

En quince de enero de 1650 fue presentada una queja ante el gobernador Guajardo Fajardo en la que se acusaba a Valdés de haberse dirigido de mala manera a varios de los que se estaban presentando a su residencia. Guajardo solicitó informaciones de testigos y uno de ellos, Juan Fajardo, de treinta y cinco años, aseveró que estando a la puerta de Mariana de Acevedo, oyó decir a Valdés «que por qué no tenían cortesía con él».

Vistos los autos y las probanzas, «y reparando cuanto conviene el reparo de estas cosas para excusar mayores inconvenientes sin dar lugar a romper lo sagrado del amparo que su majestad hace a los demandantes», el gobernador como juez de residencia mandó notificar a Valdés que tuviera prudencia en sus acciones, imponiéndole una multa de dos pesos, mitad a cámara de su majestad, mitad a la fábrica de las casas reales. Valdés dijo al escribano que:

habiendo salido en diferentes días y horas a tratar de sus defensas con los ministros y personas que tratan de su residencia, maliciosamente sus querellantes y demandantes con ordinaria y prolija asistencia le embarazan las casas y puertas;

que al haberse dirigido a casa del escribano a una diligencia, topó con Antonio de Tapia y Velasco, Diego Galeano y Baltasar de Ontiveros, y a ellos solo les dijo estas palabras: «cuando yo vengo a negociar, mándese desembarazar las puertas los que fueren mis enemigos y de no hacerlo yo haré que lo hagan» antes de retirarse a su casa. En su defensa, y «en atención a haber sido estas palabras y no más que duras por el hábito que trae en los pechos», suplicó al gobernador no lo sobreseyese con la multa, pidiendo en cambio castigase a los tres que habían estado en las puertas; recordando por último que él también estaba bajo el amparo de la residencia y que, por ello, «se le deben las mismas honras que si actualmente fuese gobernador y capitán general»[49].

Dos pesos de multa y una frase apenas dicha pudieren parecer, a tres siglos de distancia, mera cuestión baladí. No así en la cultura política de la época moderna. Lo que estaba en juego, a fin de cuentas, era el reconocimiento que otorgaba el título de gobernador a quienes ocupaban tal encargo. Es decir, siendo el juicio de residencia un mecanismo de control de la corona que permitía el amparo de sus súbditos contra los excesos en el ejercicio de gobierno, «minorando el crédito del superior oficio», dicho mecanismo parece haber funcionado, al menos en el caso que nos ocupa, en torno a las preminencias que se debían, o no, al gobernador en ejercicio y después de él.

La centralidad de las preminencias en conflicto, patentizadas alrededor del propio juicio de residencia, aparecen particularmente claras en la querella criminal presentada por el alférez Juan Rangel de Biesma contra Luis de Valdés. En 15 de marzo de 1650, el alférez, recordando el amparo que se le debía por tener causa pendiente en la residencia, se dirigió al gobernador Guajardo con las palabras siguientes:

Ayer catorce de este presente, como a las cinco de la tarde, en menosprecio del Real Seguro y del oficio de vuestra señoría y a su autoridad, dicho señor, continuando las injurias de que estoy querellando en dicha residencia con ánimo deliberado de matarme […] estando yo quieto y pacífico en la casa morada de Gonzalo Rodríguez de Sampayo […] pasó dicho don Luis y dijo en altas voces: «esta es la yegua de aquel [roto] le he de cortar las piernas para que salga [roto] matarlo a palos», empuñándose la espada para [roto] dentro de dicha casa deteniéndole para que no [roto] fray Jerónimo de Vega de la Orden de San Agustín.

Rangel solicitó al gobernador conminar a las muchas personas que se hallaron presentes a declarar en su querella, haciendo se escribiesen sus dichos en su presencia «para que conste ser verdad» y pidió:

que dicho señor Luis de Valdés sea corregido en sus arrojamientos y yo restituido en mi honor en que me ha damnificado con dichas palabras[…] pues el fin de dicho ha sido no solo desopinarme sino barajar por este camino la demanda que tengo puesta en la residencia y amedrentar los testigos[50].

El mismo 15 de marzo el gobernador Guajardo dio oído a la petición y llamó a los testigos que Rangel había solicitado se examinasen. El primero en comparecer fue el mercader Francisco de Salvatierra, vecino del Real del Parral. El testigo refirió que el día anterior, como a las cinco de la tarde, había visto a la yegua o caballo de Rangel a la puerta de la casa del mercader Rodríguez Sampayo, en la plazuela de la Cruz, a pared y media del declarante; que luego había pasado don Luis y, habiendo emparejado la yegua o caballo, había dicho: «Este el caballo de aquél traidor infame que lo he de desjarretar porque salga y matarlo a palos»; el fraile agustino contuvo al otrora gobernador y el declarante no vio salir a Rangel sino hasta que estos últimos ya habían partido. También declararon el maestre de sastre Diego de Alfaro y el mercader Tomé López, vecino de la Ciudad de México. Alfaro afirmó haber escuchado a Valdés decir: «…este es un pícaro ladrón y lo mataré con un palo…»; y luego, volviendo a pasar, repitió las dichas razones. López dijo por su parte que, estando en las puertas de su tienda, empezó a escuchar voces sin entender lo que se decía y que se dirigió a la tienda de Rodríguez; estando ahí, escuchó a Valdés decir, «con el capote terciado bajo el brazo izquierdo [que] le daría de palos», sin nombrar a quién; al dicho tiempo, Rangel quiso salir a la calle, pero el testigo le detuvo.

Vistas las declaraciones y «para excusar los inconvenientes que de lo contrario resultan», el gobernador Guajardo mandó notificar a Valdés por el escribano «tenga su casa por cárcel sin salir de ella con ninguna razón ni pretexto si no es vía recta a oír misa sin licencia de dicho señor gobernador pena de quinientos pesos» aplicados por tercias partes a Real Cámara, gastos de estrado y construcción de las Casas Reales del Real y minas de Parral.

Valdés fue notificado y, diciendo que lo oía, pidió se hiciese del conocimiento del gobernador su sentir en la forma siguiente: «hablando con el debido acatamiento me siento agraviado y los privilegios y franquezas de mi calidad damnificados […] lo primero, por ser tan inferiores y desiguales las obligaciones del susodicho a las mías». Enumerando una serie de razones, el otrora gobernador se defendió diciendo de entrada que Rangel, como era bien conocido, pertenecía a quienes se habían jurado en su contra en el juicio de residencia. También adjuntó a su dicho que la «injusta demanda» no podría compeler acción efectiva contra él, pero sí molestarle, siendo ese su objetivo. Asimismo, agregó que Rangel, con antelación a lo dicho en la querella, había pasado frente a su casa a caballo «sin la cortesía que debía a medio quitar el sombrero», excusándolo hasta pasar casi delante de él, tan cerca que no pudo excusarse de «increpar su atrevimiento». En el cierre de la argumentación, el otrora gobernador acusó a los «agavillados en su contra» de hacer tales necedades con el solo fin de darle pesadumbres e incomodarle, replicando que:

debiendo yo ser respetado y acatado con las mismas atenciones que estando en ejecución del gobierno y superioridad que acabo de obtener en este reino fue delito digno de público castigo el que el susodicho cometió en denuesto y modo con que pasó delante de mí[…] para desquitar con esto sus pasiones y darles osadía a sus desacatos.

Se hace pues evidente, tanto en esta querella como en la disputa con Tapia, Galdeano y Ontiveros, que el centro del problema estaba, una vez más, en las deferencias guardadas o no guardadas a quien hubo ocupado en cargo de gobernador de la Nueva Vizcaya.

Valdés, sin negar las razones dichas en la plazuela de la Cruz, hizo patente a Guajardo «la urgente ocasión que me dio a tan vehemente enojo»; pidiendo a la vez el sobreseimiento del auto por «la venganza que podrán tener mis enemigos de mi prisión, viendo que consiguen lo que pretenden […] y sus calumnias y ocasiones que de propósito me dan para que use conmigo los rigores que debían experimentar ellos».

En conclusión, tras reiterar las informaciones en que se había quejado por las «juntas y gavillas» hechas en su contra en las que participaba Rangel, pidió provisión a su favor afirmando que, caso contrario, protestaba «los agravios y apelo del dicho auto y de todos los que en virtud de dicha querella se obraren ante su majestad y su leal Consejo de las Indias».

El 27 de marzo el gobernador solicitó parecer al licenciado Egurrola, abogado de las Reales Audiencias de la Galicia. Valdés estuvo de acuerdo. Rangel, por su parte, demandó que la querella fuese integrada al juicio de residencia «para que conste[n] las amenazas tratamientos de que se ha valido para que yo me desista de hacer juicio». Valdés protestó diciendo que esta querella no era concerniente al juicio y que lo que buscaba Rangel era «obscurecer y confundir la justicia». Finalmente, en 31 de marzo Egurrola dijo no haber lugar a la acumulación; no quedando a Rangel sino acatar el auto[51].

CONCLUSIONES

El juicio de residencia al gobernador Luis de Valdés permite, sin ánimo de plantear generalizaciones, la observación de prácticas propias de una cultura política que hoy nos son lejanas y cercanas a la vez. A través del estudio de su amplio corpus documental, aquí apenas esbozado, es posible aproximarse al ejercicio del poder detentado por sujetos actuando en un espacio relacional, al poder negociado, a lo entonces percibido como debido o indebido en la práctica del gobierno.

De entrada, unos buscaron la simple restitución pecuniaria por bienes y servicios no pagados; pero otros, que eran (y serían después) agentes de gobierno, hicieron uso de su derecho para, con el amparo de su majestad, interponer civil o criminalmente querellas y demandas contra el gobernador en juicio. Como tales, tomaron en su momento posición contraria a Luis de Valdés en las disputas que tuvo con visitadores y oidores de la Real Audiencia de Guadalajara. Expresaron de nuevo su queja durante la residencia, cada uno por separado; pero todos en un sentido similar ―agavillados contra él, decía Valdés―. A todos se les supondría familiarizados con el procedimiento jurídico; pero presentaron denuncias que no fueron consideradas válidas para integrarse en el juicio ―por ser cosa juzgada, por no tocar a la residencia…―. Denuncias que fueron tildadas en su momento de solo buscar el «descrédito»; procesos judiciales, sí, pero que nos permiten ver mecanismos fácticos de expresión de contiendas políticas; asuntos dignos de ser sopesados allende su carácter anecdótico.

Todos los enfrentados en el juicio siguieron viviendo y trabajando en el reino; gozaban de preeminencias y mostraban sus cargos ―presentes, pasados y aún los de sus padres― ante el común. Quizás, por ello, tenían un nombre que cuidar.

Ha sido igualmente señalada la ejecución práctica de otros mecanismos de control institucionales que podían ser activados, caso de haber interés, de manera paralela al juicio de residencia. La canónica censura publicada por el obispo Hevia que, allende las posibles motivaciones ocultas, se presenta como una forma alternativa para que los súbditos ―en este caso, un súbdito que no era agente de gobierno― pudieran alcanzar la real justicia cuando la vía directa aparecía vedada.

A la vez, y acaso más allá de la práctica jurídica, es notorio cómo las acusaciones versaron particularmente sobre las formas. Que quienes participaron en el juicio tenían bien clara la importancia de las preguntas hechas y de los sujetos que las respondían; y que en las pesquisas, lo que se mostraba, en fin, eran los vínculos.

Por último, es evidente que, en el ejercicio de la gubernatura, lo más criticado no fue tanto la contravención de las leyes reales, sino el uso «excesivo» del oficio de gobierno en daño y deshonra de los súbditos. Y que más allá de las sentencias a favor o en contra, de las reparaciones pecuniarias, de los pareceres de los letrados, de lo procedente o no en el juicio, todos, gobernador y querellantes ―al menos así lo hacen patente en sus escritos― estuvieron alarmados por el «escándalo», preocupados por cómo eran percibidos por aquellas sociedades, celosos ante todo de su buen nombre, de su honra y del imperio de su crédito.

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[1] Jiménez Pelayo, 2009; Jiménez Jiménez, 2015; Lorandi, 2000; Lorandi, 2004; Matos Pereira de Mello, 2017; Smietniansky, 2007; Smietniansky, 2016; Trujillo, 2015; Herzog, 2004.

[2] Ponce Leiva, 2017a. Andújar-Feros-Ponce Leiva, 2017.

[3] Vale decir que contra esta práctica hubo repetidas disposiciones. Verbigracia, en 1637 Felipe IV ordenó «a los gobernadores de la Provincia de la Nueva Vizcaya que residan en la Ciudad de Durango, como tienen obligación, y no en las minas del Parral, ni otra parte, y desde allí salgan a sus visitas cuando conviniere, conforme a lo dispuesto, o se les hará cargo en sus residencias e impondrán las penas estatuidas por derecho». Recopilación de Leyes de Indias, lib.5, tít. 2, ley 33.

[4] Se retoma aquí la propuesta de Pilar Ponce Leiva cuando sugiere estudiar los sistemas de control de la Monarquía Hispánica intentando aproximarse a la lógica política de entonces, sin sobredimensionar el criterio de eficacia ―mucho más presente en el discurso del Estado Liberal decimonónico― y privilegiar, en cambio, un enfoque emic que tome en cuenta las nociones de «bien público» imperantes en la época. Ver Ponce Leiva, 2016, pp. 196-200. Ponce Leiva, 2017b; Ponce Leiva, 2018, pp. 347-351.

[5] Garriga, 2004; Garriga, 2010.

[6] Testimonio del juicio de residencia de Luis de Valdés, gobernador y capitán general que fue del reino, así como a sus tenientes y ministros. Archivo Histórico Municipal de Parral (en adelante AHMP), Fondo Colonial (FC).D33.006.040.

[7] Lo anterior consta por carta de Gómez de Mora fechada en 20 de julio de 1650 en la Ciudad de México, recibida en el Consejo de Indias a mediados de 1651. En dicha misiva el oidor originalmente nombrado para la Residencia se limita a dar cuenta que ésta ya se estaba tomando por Guajardo, quien ya estaba allá en Nueva Vizcaya. Archivo General de Indias (AGI), GUADALAJARA, 28, R. 11, N. 60.

[8] Ver Herzog, 2004.

[9] Testimonio del juicio de residencia… AHMP, FC.D33.006.040.

[10] Carta de Luis de Valdés. Parral, 9 de octubre de 1649. AGI, GUADALAJARA, 28, R. 11, N.60.

[11] Se tiene noticia de la sentencia de 1654 por el Consejo de Indias, la cual no pudo ser consultada para el presente trabajo. AGI, ESCRIBANÍA, 1190. La información aquí referida sobre su contenido se retoma de lista general de sentencias en Porras Muñoz, 1980, pp. 440-445.

[12] Las censuras son un instrumento de Derecho Canónico que impone una pena de carácter correctivo. Existen tres tipos: excomunión, suspensión (que aplica a eclesiásticos y religiosos) y entredicho (impuesta sobre un lugar, sobre una población); se deben imponer sobre los fieles con intención no de castigarles sino de corregirles (Inocencio IV) y de permitirles reparar un pecado. Desde Trento, estaba aconsejado no usarlas por causas leves. André, 1847, pp. 272-273. Para más información ver Nykieln, 2018.

[13] Testimonio de las diligencias de la residencia que se tomó de Luis de Valdés, gobernador que fue del reino. Abril de 1651. AHMP, FC.D33.005.030.

[14] Testimonio de las diligencias de la residencia… AHMP, FC.D33.005.030.

[15] Testimonio de las diligencias de la residencia… AHMP, FC.D33.005.030. La censura de excomunión (exceptuando la latae sententia) empezaba con una «Monición Canónica Trina» en que se amonestaba a una persona o grupo de personas a cumplir un precepto; de no hacerlo, podía desembocar en una sentencia de excomunión. Martínez de Codés, 1987, pp. 46-47.

[16] Recopilación Leyes de Indias, Lib. 5, tít. 2, ley 47.

[17] Diligencias seguidas al juicio de residencia de Luis Valdés, gobernador que fue de la Nueva Vizcaya. Acusaciones hechas por Gaspar de Quezada Hurtado de Mendoza, gobernador de las provincias de Sinaloa y Bartolomé de Villanuño, escribano de la ciudad de Durango, por los agravios que les cometió y demanda de pesos por los daños ocasionados. AHMP, FC.D33.003.020.

[18] Diligencias seguidas al juicio de residencia… AHMP, FC.D33.003.020.

[19] Recopilación de las Leyes de Indias, lib.4, tít. 9, leyes 9 y 10.

[20] Diligencias seguidas al juicio de residencia… AHMP, FC.D33.003.020. Los pormenores de ambos casos serán tratados en el apartado siguiente.

[21] Para mayor información sobre el particular puede verse Hayton, 2003 y Salazar Andreu, 2017.

[22] A ejemplo de ello, entre los varios asuntos tratados en copia que se hizo de un cuadernillo «por parecer tocar a la Residencia» en abril de 1651, aparece copia de un documento fechado en Parral en 3 de junio de 1646 en el que Luis de Valdés ordenó al capitán Antonio de Villalta hacer una intimación al oidor Juan González, previniendo que «en caso de que el oidor después de la dicha intimación prosiguiere actuando y dentro del término asignado no se saliese del reino con toda cortesía y reverencia lo requerirá una dos y tres veces cumpla con lo que en nombre de su majestad le está mandado y queriendo venir a tierra adentro y no salirse le detendrá». AHMP, FC.D33.005.030.

[23] Testimonio del juicio de residencia de Luis de Valdés, gobernador y capitán general que fue del reino, así como a sus tenientes y ministros. AHMP, FC. D33.006.040.

[24] Ibídem.

[25] De un lado, con Luis de Valdés, Domingo de Hermua, alférez mayor del cabildo de Durango, junto a Juan Baptista de Lara y Bartolomé García Sarmiento, alcaldes ordinarios de 1644; Mateo de Chavarría, Alonso de Morales, Juan de Perelazia, todos con nombramientos otorgados por el gobernador; y Francisco García Vidal. Contra él, fray Diego de Hevia y Valdés, obispo de Durango; Gaspar de Quesada Hurtado de Mendoza; Bartolomé Gutiérrez de Villanuño, escribano de Durango; Lorenzo de la Vera y Mesa, regidor alguacil mayor de Durango; fray Juan de San Martín, prior del Hospital de San Juan de Dios; Bachiller de Lugo, etc.

[26] Se encuentra plena coincidencia aquí con la propuesta de Pilar López de poner en valor la dimensión política de las acusaciones hechas en tribunales. Ver López Bejarano, 2016.

[27] El alférez Juan Rangel de Biesma contra Luis de Valdés en el juicio de residencia que se sigue por injurias. Parral, 15 de mayo de 1650. AHMP, FC. D33.004.024.

[28] Demanda del capitán Baltasar de Ontiveros por pesos y lo demás referido en ella contra Luis de Valdés. AHMP, FC. D33.002.017.

[29] Diligencias seguidas al juicio de residencia de Luis Valdés, gobernador que fue de la Nueva Vizcaya. Acusaciones hechas por Gaspar de Quezada Hurtado de Mendoza, gobernador de las provincias de Sinaloa y Bartolomé de Villanuño, escribano de la ciudad de Durango, por los agravios que les cometió y demanda de pesos por los daños ocasionados. AHMP, FC. D33.003.020.

[30] Carta de Luis de Valdés de 9 de octubre de 1650. AGI, GUADALAJARA, 28, R. 11, N. 60.

[31] Para aproximarse al continuo tránsito entre momentos de paz y alzamientos en la Nueva Vizcaya del XVII y en particular a los alzamientos durante el gobierno de Luis de Valdés puede verse González Rodríguez, 1992, pp. 200-240; Saravia, 1993, p. 316; Almada, 1997, p. 62.

[32] Demanda del capitán Baltasar de Ontiveros por pesos y lo demás referido en ella. Enero de 1650. AHMP, FC.D33.002.017.

[33] Francisco de Urdiñola fue también gobernador y capitán general de la Nueva Vizcaya en la primera década del XVII. Se le atribuye haber pacificado a los xiximes. Era el abuelo de la esposa de Valdés. Para su biografía, sigue siendo útil el trabajo clásico de Alessio, 1931.

[34] Ontiveros fue marido de Ana Quixada, como consta en el registro matrimonial de su hija Felipa de Ontiveros con Pedro Cano de los Ríos en 1655 en Parral. Acaso su esposa fuere descendiente de Juan López de Quixada, quien participó en varias campañas en el reino a fines del XVI. Matrimonios, San José del Parral.

[35] Demanda del capitán Baltasar de Ontiveros por pesos y lo demás referido en ella. Enero de 1650. AHMP, FC.D33.002.017.

[36] Manuel de Ojeda contra Luis de Valdés que se encuentra en juicio de residencia por deuda de pesos. AHMP, FC. D33.003.019.

[37] Ibídem.

[38] Ibídem.

[39] Demanda del capitán Baltasar de Ontiveros por pesos y lo demás referido en ella. Enero de 1650. AHMP, FC.D33.002.017.

[40] Ibídem.

[41] La dicha memoria, de cantidad nada despreciable, da cuenta de lo que de la Real Hacienda se debía a Alonso de Ontiveros, tanto por el dinero que daba a los indios más todo lo relativo a una mina que se hizo, ademó y puso en marcha ―mil cargas de tierra, veintitrés morrillos para cubrir y tapar las galeras de afinación, etc.―, así como por adquisiciones diversas para la propia mina ―quintales de greta criolla, quintales de cendrada, barretas y picos grandes de hierro, martillos, veinte mulas― y aún ocho mulatos esclavos comprados. Alonso de Ontiveros la reconoció en el juicio, agregando además en su testimonio que se debían también otras cantidades que había dado a los indios, a más de lo que correspondía a su trabajo como administrador. Demanda del capitán Baltasar de Ontiveros por pesos y lo demás referido en ella. Enero de 1650. AHMP, FC.D33.002.017.

[42] Ibídem.

[43] Diligencias seguidas al juicio de residencia… AHMP, FC.D33.003.020.

[44] Diligencias seguidas al juicio de residencia… AHMP, FC.D33.003.020.

[45] Diligencias seguidas al juicio de residencia… AHMP, FC.D33.003.020.

[46] Diligencias seguidas al juicio de residencia… AHMP, FC.D33.003.020.

[47] Diligencias seguidas al juicio de residencia.... AHMP, FC.D33.003.020.

[48] Carta de Luis de Valdés. Parral, marzo de 1650. AGI, GUADALAJARA, 28, R. 11, N. 60. Luis de Valdés casó en 1640 con María de Alceaga y Urdiñola. En los testimonios y probanzas que se incluyeron al inicio del juicio de residencia, se copió un expediente de aquel año donde doña Isabel de Urdiñola, viuda por segundas nupcias del gobernador de la Nueva Vizcaya, don Gaspar de Alvear, que estuvo primero casada con don Luis de Alceaga, solicitaba permiso al virrey, conde de Salvatierra para que su hija pudiera casarse con el gobernador Valdés. En dicho documento, la declarante atestaba ser vecina en el Real de Sombrerete, en la Nueva Galicia, donde vivía con su hija, quien había nacido en el pueblo de Río Grande, de la misma provincia. Aseguraba que era cierto que en tiempos de su matrimonio con Alvear había vivido junto con doña María en las haciendas de Patos y Parras en la Nueva Vizcaya, más que, a la muerte de éste, habían regresado a la Nueva Galicia, a la Bonanza de Mazapil, donde a la fecha vivían. El virrey no puso objeción al matrimonio por no ser doña María vecina de la Nueva Vizcaya. A inicios de octubre del propio año la Real Audiencia de Guadalajara, dando por cierta la información de doña Isabel, les permitieron casarse. Testimonio del juicio de residencia… AHMP, FC. D33.006.040. Lo cierto es que doña Isabel de Udiñola, hija del conquistador Francisco de Urdiñola, gobernador de la Nueva Vizcaya a inicios del XVII, poseía entre otros muchos bienes grandes haciendas en ambos reinos, en las que, por temporadas, asentaba su residencia. Para más información sobre los vínculos familiares y la importancia económica de sus haciendas puede verse Corona Páez, 2010, pp. 116-119.

[49] Auto de multa a Luis de Valdés, gobernador que fue del reino. AHMP, FC.D33.005.025.

[50] El alférez Juan Rangel de Biesma contra Luis de Valdés en el juicio que se le sigue por injurias. Marzo de 1650. AHMP, FC.D33.004.024.

[51] Testimonio de la causa seguida por Juan Rangel de Biesma en la Residencia que se tomó a Luis de Valdés como gobernador de la provincia. AHMP, FC.D33.005.035.

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