La Visita General al tribunal de la Inquisición de México en el siglo XVII[*]

The «Visita General» to the Court of the Inquisition of Mexico in 17th Century

JUAN IGNACIO PULIDO SERRANO

Universidad de Alcalá

jignacio.pulido@uah.es

https://orcid.org/0000-0003-1879-4307

MEMORIA Y CIVILIZACIÓN

Anuario de Historia, 21 (2018):

167-189

ISSN: 1139-0107

ISSN-E: 2254-6361

DOI: 10.15581/001.21.015

La Visita General al tribunal de la Inquisición de México en el siglo XVII

The «Visita General» to the Court of the Inquisition of Mexico in 17th Century

JUAN IGNACIO PULIDO SERRANO

RECIBIDO: MAYO DE 2018

ACEPTADO: JULIO DE 2018

Resumen: Este trabajo presenta un estudio de la Visita General realizada a la Inquisición de México en las décadas de 1640 a 1660, la cual fue ordenada por el Inquisidor General Diego de Arce y Reinoso y el Consejo de la Suprema Inquisición. El objetivo del estudio es analizar la ejecución de este procedimiento inquisitorial con el que se buscaba el control y la depuración de los tribunales de distrito y de todos sus ministros por parte de su órgano de gobierno. El segundo objetivo es el análisis de la documentación resultante de esta visita general para explicar los comportamientos fraudulentos del tribunal mexicano, institución fundamental en el sistema de administración, justicia y gobierno de la Monarquía Hispánica en América.

Palabras clave: Inquisición. Tribunal inquisitorial de México. Visitas Generales. Virreinato de Nueva España. Corrupción. Siglo XVII

Abstract: This essay presents a study of the Visita General made on the Mexican Holy Office during the decades from 1640 to 1660, which was ordered by the Inquisitor General Diego de Arce y Reinoso and the Council of the Supreme Inquisition. The objective of the study is to analyse the execution of this inquisitorial procedure and its application for the control and purification of district courts and all its ministers by its governing body. The second objective is the analysis of the documentation resulting from this Visita General to explain the fraudulent behaviour of the Mexican court, a fundamental institutions in the system of administration, justice and government of the Hispanic Monarchy in America.

Keywords: Inquisition. Mexican Holy Office. Visitas. New Spain Viceroyalty. Corruption. Seventeenth Century

INTRODUCCIÓN

Ha sido gracias al minucioso trabajo que se ha realizado en estos últimos años en la sección de Inquisición del Archivo Histórico Nacional de Madrid, por lo que hoy nos resulta posible tener una visión más precisa de lo que significó la visita general realizada al tribunal de México entre 1645 y 1662[1]. Ello es debido a que la documentación resultante de esta larga visita fue abundantísima, de tal modo que su consulta es de extraordinaria complejidad. Es por esta razón por la que, sin una visión previa de conjunto, resulta fácil perderse en sus numerosos vericuetos y acabar por no entender su sentido. Hasta el presente, han sido diversos los historiadores que han aprovechado esta documentación con distintos fines, desde el trabajo pionero de José Toribio Medina en 1905, cuando la documentación estaba todavía en los depósitos del Archivo General de Simancas, hasta el estudio específico de Richard Greenleaf de 1988, aparecido de nuevo en 2010, en una recopilación de sus trabajos con la que se le rinde homenaje[2]. Pero fue tan abundante el legado informativo que dejó esta visita durante los casi veinte años en que estuvo activa, que todavía restan por explorarse muchos aspectos que se prestan al análisis. En este trabajo nos proponemos ofrecer una explicación sumaria de esta visita general, de su procedimiento, vicisitudes y significado, revisando lo que es ya conocido gracias a los estudios precedentes, para, posteriormente, plantearnos algunos aspectos concretos referidos a las corruptelas cometidas por los inquisidores, oficiales y demás ministros de la Inquisición mexicana.

1. LA VISITA GENERAL AL TRIBUNAL DE MÉXICO (1645-1662)

Desde que en 1571 se fundara la Inquisición de México, esta era la primera vez que se realizaba una visita general con el fin de auditar su actuación. Habían pasado setenta y cuatro años cuando se dio comienzo a la visita de 1645. Un tiempo demasiado largo, que había favorecido la autonomía del tribunal frente a su órgano de gobierno, el Consejo de la Suprema Inquisición, localizado en la corte de Madrid, a más de 9.000 kilómetros de distancia. Tanto tiempo y tanta distancia habían aumentado, inevitablemente, la sensación de independencia en los ministros de Nueva España; a lo que se sumaba la lentitud en las comunicaciones entre ambos lados del Atlántico. Así, las cartas que el Consejo escribía por los meses de agosto, septiembre u octubre, con órdenes y consultas, llegaban a México a finales de febrero, y sus respuestas no regresaban a Madrid hasta bien entrada la primavera o echado ya el verano. De tal modo, no resultaba sencillo ejercer el control sobre la institución. Y sabiendo que esta primera visita no se ordenó hasta mediado el siglo XVII, parece que aquello no hubiera preocupado demasiado a los gobiernos de la institución ni de la monarquía. Tampoco parecía que hubiera motivos para preocuparse, pues la escasa actividad procesal de la Inquisición mexicana y su baja intensidad en la persecución de la herejía permitían ejercer un control ligero desde la distancia.

¿A qué razón obedece entonces esta primera visita general? La decisión, tomada en Madrid en 1644, coincidía con el cambio profundo que se estaba produciendo en el gobierno de la monarquía tras la caída del conde-duque de Olivares y, con él, de los principales hombres del régimen que habían conducido la monarquía durante los veinte años anteriores. Entre los removidos de sus cargos estaba el Inquisidor General, fray Antonio de Sotomayor. Su sustituto, Diego Arce y Reinoso, obispo de Plasencia, inauguró un nuevo tiempo inquisitorial que pasaba por un intento de depurar y someter a los tribunales a unas nuevas directrices políticas. Y fue él, con los consejeros de la Suprema, quien decidió acometer esta visita.

Habiendo tenido diferentes avisos del estado de la Inquisición de México y cuánto importaba al servicio de Dios y buena administración de justicia que fuese visitada por visitador de toda autoridad, entereza e inteligencia…[3].

Con estas palabras recordaba el propio Inquisidor General el motivo de aquella decisión: fueron las noticias y avisos llegados desde México, de extremada gravedad, los que animaron a que se tomara esta decisión en el Consejo y, una vez consultada con el rey, así se ejecutó. La situación de excepcionalidad que atravesaba el virreinato de Nueva España, sumergido en un grave y largo conflicto desde finales de la década de 1630, había afectado también a la Inquisición, la cual se vio arrastrada por los acontecimientos. Como resultado de aquellos conflictos, la institución había quedado rota, o «tan desencuadernada», como dijera de forma expresiva uno de sus inquisidores[4]. El visitador enviado por el Consejo coincidía en esta visión y decía aún más. La institución había perdido su autoridad y el respeto que se le debía por parte de los grupos rectores de la sociedad novohispana, razón por la cual resultaba imposible que realizara su función mediadora en el ordenamiento político e institucional del reino. La causa de ello ―decía― era «la falta de ministros de letras, canas y experiencia en el tribunal de México» y, en consecuencia, «por haberse dejado demasiadamente manosear de los seculares y ministros de la Audiencia por sus particulares dependencias»[5].

El tribunal estaba siendo manoseado por unos y otros, por seculares y ministros de otras instituciones y, como resultado de ello, había dejado de tener la autoridad propia de una institución llamada a ejercer el arbitraje regio en el entramado político del virreinato. Y esto se debía ―según este viejo ministro― a la falta de edad y experiencia de sus jueces, lo que les hacía más inclinados a someterse a «dependencias particulares» con los hombres notables del reino. Era urgente, por lo tanto, devolver la autoridad y respeto a la Inquisición. Y para ello debía empezarse por eliminar aquellas nocivas dependencias, pues terminaban por provocar un alineamiento de sus ministros en las distintas banderías que se enfrentaban en la sociedad. De ahí había nacido el desprecio que mostraron algunas autoridades del virreinato. En la ciudad de México, por ejemplo, no se leían públicamente los edictos de fe desde hacía alrededor de veinte años porque los virreyes se negaban a asistir a tales actos, como tampoco lo hacían en Puebla de los Ángeles los alcaldes mayores, alentados por los corregidores[6]. En los años en los que más se enconó el conflicto en el virreinato, a raíz de la decidida intervención de Juan de Palafox contra los jesuitas, el propio visitador Mañozca, arzobispo de México, fue acusado de poner a la Inquisición a favor de una parte de la contienda y no ejercer el arbitraje que le correspondía. El provincial de la Compañía de Jesús lo negaba con palabras reveladoras cuando escribió al Inquisidor General tratando de desmentirlo: Mañozca, que «se ofrecía a ser árbitro y medianero de las voluntades, muy lejos estaba de banderizarse ni ladearse con ninguna de las partes»[7]. Sin embargo, había serias sospechas, e incluso pruebas, de que sí se había «banderizado», poniéndose incluso a la cabeza de una de las partes enfrentadas. Su sustitución como visitador por el inquisidor de Sevilla, Pedro de Medina Rico, obedece, sin duda, a esta cuestión.

2. LAS COMISIONES DE JUAN DE MAÑOZCA (1645) Y PEDRO DE MEDINA RICO (1651)

En la comisión dada al visitador Juan de Mañozca en 1645 se expresan algunos de los rasgos fundamentales que explican este procedimiento del gobierno inquisitorial. La comisión era ordenada por el Inquisidor General, en este caso Arce y Reinoso, en un documento que servía de poder en favor del visitador elegido y en el que se ponían de manifiesto algunas instrucciones generales que eran específicas para cada visita[8]. En esta de México, firmada en Madrid el 16 de octubre de 1645, el Inquisidor General decía que se había acordado en el Consejo que «sean visitados los inquisidores y oficiales de la Inquisición de México… para saber el estado de los negocios de ella», y si su oficio «se ejerce con la rectitud, diligencia y pureza que al servicio de nuestro señor y a la buena administración de justicia conviene»[9].

En este caso, al visitador se le dio poder y facultad para examinar a todos los inquisidores, ministros, oficiales y otros individuos que se anotaban en una lista de cincuenta y seis personas, así como a cualquier otro sujeto que él considerase oportuno. Para acometer su tarea, el visitador debía utilizar un interrogatorio elaborado por el propio Consejo de la Suprema y que también se le enviaba junto con el poder de la comisión. La lectura de toda esta documentación nos da una idea bastante clara de cuáles eran las cuestiones concretas que preocupaban al Consejo en cada uno de los casos en los que instruyó una visita general, pues lejos de ser uniformes, como lo eran otros procedimientos inquisitoriales, estas difieren unas de otras por su carácter de excepcionalidad.

Además, en este caso concreto, se le facultaba al visitador para que

pueda visitar y visite los libros y registros originales, deposiciones, confesiones y otra cualquier escrituras y papeles de la dicha Inquisición, y los procesos pendientes y conclusos… aunque estén sentenciados y determinados[10].

Habían pasado muchos años desde la fundación del tribunal y en el Consejo se quería conocer el estado de su archivo y si se cumplían las instrucciones sobre este particular. El resultado de la visita arrojaba una imagen bastante lamentable de su archivo, lo que afectaba negativamente a la actividad procesal y dificultaba su control. Por otro lado, la facultad para visitar los procesos en marcha contra los reos e, incluso, los procesos ya sentenciados, dio al visitador un poder extraordinario dentro de la Inquisición de México, precisamente en unos años en los que la actividad procesal se estaba acelerando como nunca antes lo había hecho. En este caso, la visita general se prestaba a ser utilizada como un instrumento en manos del Consejo para tratar de mantener un cierto control sobre el tribunal en su creciente actividad, aunque la experiencia demostraría que no siempre resultó posible someter a los visitadores a la voluntad del Consejo ni del Inquisidor General.

En el poder de la comisión se facultaba al visitador para que pudiera levantar cargos contra los inquisidores y demás ministros y oficiales que estuvieran sujetos al fuero inquisitorial. Así se podría hacer en el caso de que los interrogatorios y las averiguaciones dieran razón para ello. El visitador tenía, en definitiva, poder para procesarlos de cualquier «cosa digna de punición y castigo». En este sentido, la visita general daba la vuelta a las cosas y ponía a los encargados de procesar y juzgar en el lugar de los juzgados. De tal manera, una vez comenzados los procesos a los que hubiera lugar, se les daba a los inquisidores o ministros que hubieran sido acusados una copia de los cargos que se les imputaban ―«sin declararles los nombres ni número de los testigos que contra ellos hubiere depuesto»―, para que en el plazo indicado presentaran sus defensas. Y una vez reunidos todos estos papeles y autos, el visitador debía mandarlo todo, junto a su parecer razonado, al Consejo de la Suprema, para que allí se vieran tales procesos y se sentenciaran[11].

En la visita que nos ocupa, Juan de Mañozca fue la persona designada para llevarla a cabo, recibiendo la comisión a finales de enero de 1646, cuando se encontraba en Xochimilco, al sureste de la ciudad de México. Había sido designado también arzobispo de México y se encontraba entonces realizando la visita pastoral a su diócesis. Allí mismo levantó acta notarial de aceptación de la comisión e hizo elección y nombramiento ―como se le autorizaba― del notario de la visita en favor de su secretario Francisco de Olave, encargado desde entonces de dar fe de toda la documentación que se fue produciendo. A principios de febrero se reunió el tribunal en la ciudad de México y, en presencia del arzobispo Mañozca, Francisco de Olave leyó en voz alta la comisión dada por el Inquisidor General. Tras ello, el documento se pasó a cada uno de los asistentes, para que lo besaran y lo pusieran sobre sus cabezas, en señal de acatamiento[12].

Resulta llamativa la reacción de los inquisidores cuando empezaron a ser inspeccionados y las palabras que dirigieron al Inquisidor General y a su Consejo en los primeros meses de la visita. Esperaban y confiaban ―escriben― en que saldrían premiados por el trabajo que les llevaba su actividad procesal contra la complicidad judía que estaban combatiendo en esos días. Más aún cuando dicho trabajo lo realizaban en tierras tan lejanas, rodeados de tantos peligros, ocasionados por quienes pretendían «vivir libremente», y donde el cristianismo todavía contaba con «tantas plantas tiernas»[13]. En verdad, al margen de esta retórica fuertemente ideologizada, una parte del tribunal se preparaba para frenar al visitador, un hombre batallador y muy experimentado en tales lides, y para dificultar, en la medida de lo posible, la marcha de su visita. Detrás de aquellos formalismos, llenos de cinismo, se empezaba a dejar ver la verdadera guerra que se había abierto entre los miembros de la institución. Por esta razón, el visitador Mañozca había pedido una ampliación de sus poderes al Inquisidor General a los pocos días de que este firmara la comisión. Quería un poder completo para expulsar de la ciudad a cualquier inquisidor y oficial que tratara de entorpecer su trabajo[14]. Concedido, y una vez comunicado al tribunal, Mañozca lo utilizó de inmediato contra quienes se le resistían entorpeciendo sus pesquisas: contra el fiscal Antonio Gabiola, a quien desvió al pueblo de Tepotzotlán, y contra el más antiguo de los inquisidores, Domingo Vélez de Asas y Argos, que desterró a Cuernavaca[15].

Una vez comenzada la visita, empezaron a llegar a la mesa del visitador diversas demandas por asuntos civiles contra varios miembros de la Inquisición. Aquellas eran las primeras respuestas a la publicación de la visita que se había realizado en las principales localidades de Nueva España. En dichas publicaciones, Mañozca ordenaba que se animara a los vecinos a levantar sus quejas contra los ministros y oficiales de la Inquisición:

si quisieren pedir, demandar, querellar, delatar o capitular a los dichos inquisidores, fiscal, oficiales y demás ministros, o a cualquier de ellos, o tuvieren causa y razón para hacerlo, parezcan ante nos, por sí o por sus procuradores instructos y con poder bastante, que serán oídos, y se les guardará justicia con toda igualdad y justificación dentro de dos años[16].

Y animados con esto, hubo quienes se atrevieron a denunciar. Así lo hizo, por ejemplo, un particular contra el fiscal Antonio Gabiola, por haberse apropiado violentamente de unas casas y una hacienda de labor que poseía en el rico distrito de Puebla de los Ángeles. En el caso de esta demanda, Gabiola protestó arguyendo que aquella era una causa civil ―competencia por lo tanto de los tribunales civiles y no del visitador―, razón por la cual Mañozca pidió y consiguió del Inquisidor General ampliar sus poderes, pudiendo actuar a partir de entonces, incluso, sobre cualquier causa civil en la que estuvieran envueltos los miembros de la Inquisición[17].

A principios de 1650, el Inquisidor General apremiaba a Mañozca para que pusiera fin a su visita y le daba un plazo de cuatro meses para ello[18]. En Madrid se había decidido la sustitución de Mañozca por un visitador más fácil de manejar y que se sometiera mejor a cumplir con los objetivos del Inquisidor General y del Consejo de la Suprema. Preocupaba, en especial, la situación de desamparo en la que habían quedado los abundantísimos bienes pertenecientes al fisco real, y que habían sido reunidos por el tribunal como fruto de las confiscaciones practicadas contra los reos procesados durante los últimos ocho años. También preocupaba, y mucho, el protagonismo que Mañozca había adquirido en los enfrentamientos internos dentro del virreinato, poniendo a la Inquisición en uno de los bandos. De tal manera, la carta que le escribió el Inquisidor General zanjando su comisión debe leerse como un intento de justificar tal medida, sin faltar con ello al respeto debido a un hombre de la talla de Mañozca, miembro del Consejo de la Suprema, arzobispo de México y con un larguísimo historial de méritos como ministro inquisitorial[19].

El nuevo visitador, el inquisidor de Sevilla Pedro de Medina Rico, se ajustaba mejor al perfil requerido para este tipo de tareas. Estaba todavía, por edad y rango, abierto a una futura promoción en la administración de la monarquía, y por lo tanto, dispuesto a realizar méritos ante el Inquisidor General y su Consejo. Sin duda, sería más fácil de someter a la autoridad de Madrid. Contaba, además, con experiencia suficiente, la que estaba acumulando en la visita general que estaba realizando en Cartagena de Indias, para la que fue nombrado en 1647[20].

A primeros de mayo de 1651 se dio comisión a Medina Rico para visitar el tribunal de México, aunque no la comenzaría hasta julio de 1654, tres años después, pues estaba todavía ocupado con la de Cartagena de Indias[21]. La terminó en 1660, enviando entonces sus conclusiones y los papeles de la misma al Consejo. Así, las sentencias pudieron leerse en México en la primavera de 1662. Sin embargo, sus trabajos seguirían durante toda esa década, pues eran multitud los pleitos que se había abierto en el juzgado de los bienes confiscados del tribunal, asunto capital y extremadamente complejo que había sido provocado por la propia visita.

La comisión dada a Medina Rico muestra semejanzas y diferencias interesantes con la que se había dado a su antecesor, el arzobispo Juan de Mañozca. La principal diferencia en la comisión del nuevo visitador era el especial interés que ponía el Inquisidor General y el Consejo en que se examinaran con detalle todas las cuestiones relativas a la hacienda inquisitorial y, más concretamente, en lo relativo a los bienes que se habían secuestrado y confiscado a los reos encausados desde 1642 en adelante. Este era el asunto principal que Medina Rico debía examinar en su inspección y, por ello, la comisión se extendía en detalles sobre este particular. En el Consejo se sabía con absoluta certeza que el valor del patrimonio secuestrado y confiscado en los años anteriores ascendía a cantidades extraordinarias, pues entre los más de doscientos reos procesados había mercaderes, ricos propietarios y hombres de negocios de mucho caudal[22]. Sin embargo, poco había quedado de todo ello para la hacienda del rey, pues el tribunal de México ―administrador de aquellos bienes― los había malversado de mil maneras. En consecuencia, la tarea del visitador se prometía extremadamente larga y compleja ya que debía conseguir saber cuál era el monto total del patrimonio confiscado, quiénes y de qué manera se lo habían apropiado y, finalmente, cuál era su paradero para intentar rescatarlo.

Es por esta razón por la que la comisión de Pedro de Medina Rico ―a diferencia de la de Mañozca― era tan detallada, pues en ella se le daban poderes y facultades específicas para intervenir en estas complejas cuestiones. Tenía que revisar a fondo el juzgado de bienes confiscados, sus libros, cuentas, inventarios y ventas, así como a los oficiales y ministros que en él intervenían ―inquisidor-juez de bienes, receptor, contador, notarios del secreto y del juzgado, depositarios―: «procediendo contra las personas que pareciere ser deudoras o haber defraudado la hacienda del fisco». Como se preveía una multitud de pleitos ―Medina Rico habla de cifras entre 1.200 y 2.700―, el Inquisidor General también le dio poder para que viera y sentenciara todas las causas civiles y criminales que surgieran por esta razón.

Por lo demás, la comisión de Medina Rico repetía el poder dado a su antecesor para levantar cargos contra cualquiera de los inquisidores, oficiales y ministros «culpados en algunas cosas dignas de punición y castigo». Debía notificarles dichos cargos y darles copia de ellos delante del notario, «sin declararles los nombres ni número de testigos que contra ellos hubieren depuesto». Y una vez recibiera sus defensas en el tiempo que les fijara para elaborarlas, el visitador tenía que mandarlo todo al Consejo, con su parecer incluido, para que allí se sentenciaran las causas. En esto, el sistema repite el modelo común que se practicó en el conjunto de las visitas generales realizadas a otros tribunales[23].

3. LOS INTERROGATORIOS: LAS DISTINTAS FORMAS DEL FRAUDE

Aunque la cuestión hacendística acaparó el interés de la visita, en los interrogatorios encontramos los distintos asuntos que el Inquisidor General y el Consejo de la Inquisición querían conocer sobre la actuación del tribunal y de sus miembros. El interrogatorio enviado al primer visitador, el arzobispo Juan de Mañozca, fue elaborado por el Consejo y enviado al visitador, junto con su comisión, en 1645. Constaba de 115 preguntas y le acompañaba una lista de cincuenta y seis personas que debían ser interrogadas. Recibido todo, Juan de Mañozca comenzó sus interrogatorios el 2 de enero de 1647 siguiendo el orden de la lista, y veintitrés meses después ponía fin a la tarea, a primeros de diciembre de 1648. Fueron prácticamente dos años de trabajo intenso para recoger una información que resulta preciosa sobre distintos aspectos de la vida del virreinato en los que entraban el tribunal y sus miembros. El interrogatorio del segundo visitador, Pedro de Medina Rico, era más complejo y todo parece indicar que en su elaboración participó él mismo. Constaba de 149 preguntas y estaba compuesto de tres partes: la primera recogía casi 50 preguntas que se tomaban del interrogatorio utilizado durante su visita anterior a la Inquisición de Cartagena de Indias entre 1647 y 1652, lo cual nos muestra ciertos rasgos comunes en todas estas visitas generales, así como el aprovechamiento que el Consejo hacía de la experiencia acumulada. La segunda parte del interrogatorio ―más de 70 preguntas― recogía una selección de las que realizó Mañozca. Y por último, el Consejo incluyó alrededor de veinte preguntas específicas relativas a la acusación contra Mañozca y algunos de quienes colaboraron con él en la guerra abierta contra Juan de Palafox, enviado por el rey para visitar el virreinato de Nueva España[24].

Este segundo interrogatorio tenía más preguntas y, además, incluía un mayor número de personas a interrogar: 131 en total. Es por ello por lo que el segundo visitador se entretuvo en esta fase de la visita desde el verano de 1654 hasta marzo de 1658, poco menos de cuatro años. Y una vez concluidos todos los interrogatorios, le tocaba al visitador formular los cargos contra aquellos que hubieran cometido algún delito. Tras comunicárselo con un traslado por escrito, los acusados contaban con un plazo para presentar, también por escrito, sus defensas. Según explicaba el propio Medina Rico, esta solía ser la parte más ardua en el trabajo del visitador. En cambio ―continuaba diciendo―, en esta ocasión fue distinto, pues todo lo que vino a continuación resultó de mayor complejidad, por el volumen de los fraudes cometidos con los bienes confiscados a los reos y, en especial, por las muchas e intrincadas artimañas realizadas por los defraudadores:

Que lo riguroso de las visitas suele ser hasta dar los cargos; en esta, señor, aquella parte fue la menos rigurosa: que la que lo ha sido y es más es dar cargos a tanto número de gentes, con tanta inmensidad de pleitos, pidiéndoles que vuelvan la hacienda que se les dio o den razón por donde les pertenece[25].

Merece la pena repasar, aunque sea de manera sucinta, los textos de ambos interrogatorios. Interesaba en el Consejo conocer cómo actuaba el tribunal en la provisión de los títulos de familiares, consultores y calificadores, y si se guardaban las instrucciones que existían para ello. Mucho reparo causó saber que no siempre se hacían las pruebas de limpieza de sangre a los candidatos a familiares, razón por la cual se abrió un proceso de revisión de todos los títulos concedidos hasta entonces. También se quería saber si se nombraba como calificadores a religiosos con suficientes estudios y una adecuada preparación teológica para poder entender en algo tan principal como era el delito de herejía y sus distintos matices. Además, se revisaron a fondo las ventas realizadas de varas de alguaciles y las recaudaciones de medias annatas, así como las donaciones de particulares recibidas por la Inquisición.

Resultan de enorme interés ―por la información que nos ofrece sobre la participación del tribunal y de sus miembros en los conflictos políticos y sociales del virreinato― las preguntas referidas a las «parcialidades y discordias» entre los ministros de la institución: si «hay algunos cizañadores y malsines que anden poniendo discordias entre los dichos oficiales». Y si los inquisidores se entremetían en las elecciones de los provinciales de las órdenes religiosas, «abanderizando los religiosos». También se preguntaba si los miembros de la Inquisición tenían amistad con los procesados, y sobre las relaciones parentales entre los distintos miembros de la plantilla, para intentar desvelar si tales relaciones interferían de alguna manera en la actividad procesal. La veintena de preguntas con las que terminaba el interrogatorio de Medina Rico iban directamente a esta cuestión política. Se interesaban por asuntos concretos acerca de las actividades del arzobispo Juan de Mañozca y su primo el inquisidor Juan Sáenz de Mañozca, implicados en los graves conflictos abiertos en el virreinato durante los años de 1640, a raíz de la visita de Juan de Palafox y sus proyectos de reforma[26].

Por otro lado, en el Consejo se quería saber sobre la vida de los inquisidores y demás ministros de la institución: si vivían casta y honestamente, y «si de sus costumbres ha habido escándalo», si jugaban a los naipes, si llevaban una vida ostentosa, y si para mantener ese tren de vida aceptaban sobornos y dádivas de particulares. «Si saben que alguno de los dichos oficiales o ministros del santo Oficio trate en algunas de las mercaderías y tenga otros tratos ilícitos o indecentes especialmente que les impida que no ejerzan su oficio»[27]. Las respuestas, cotejadas y sumadas unas con otras, nos ofrecen una vívida imagen de la vida de estos miembros de la administración del rey en tierras americanas. Y como cabría esperar, en el Consejo estaban interesados en la manera en la que se desempeñaban los trabajos en el tribunal, el nivel de cumplimiento con los horarios y con las distintas obligaciones, preocupándoles, sobremanera, si se guardaban las instrucciones referidas al secreto y discreción con la información procesal que manejaban.

Pero el principal asunto que preocupaba al Inquisidor General y al Consejo, a decir por la cantidad de preguntas dedicadas a ello, era lo relativo a la manera en que se había procedido con el secuestro, confiscación y venta de los bienes pertenecientes a los reos. Su número ascendía a varios centenares de personas a lo largo de la década de 1640, siendo algunos de ellos, como se ha dicho ya, poseedores de enormes fortunas. Aproximadamente, la mitad de las preguntas del primer interrogatorio iban dirigidas a esta cuestión, y en cuestionario de Medina Rico la proporción era semejante. Además, en la comisión que se le dio a este último, se insistía en la atención especial que debía poner en este punto. Es por ello por lo que había preguntas específicas dirigidas a los miembros del juzgado de bienes, una sección fundamental del organigrama de la institución inquisitorial: al juez de secuestros, al receptor general, al contador de bienes y también a los notarios, escribanos, abogados y procuradores del juzgado. Lo cierto fue que, hasta que en 1643 el Inquisidor General no nombró al inquisidor Juan Sáenz de Mañozca como juez de bienes, esta tarea la vinieron realizando los inquisidores de una manera colegiada o, peor aún, por medio de un hombre interpuesto[28]. Y tal manera de proceder dio pie a actuaciones fraudulentas, como demostró con detalle la visita. Por su parte, el receptor de los bienes secuestrados, pieza clave en el control de todo lo que entraba y salía de la hacienda del tribunal, se quejaba directamente al Inquisidor General de que el inquisidor Domingo Vélez y el notario del secreto, Eugenio Saravia, no le dejaban hacer su trabajo y que, a sus espaldas, metían la mano en esta materia[29].

4. CARGOS, DEFENSAS Y SENTENCIAS

El día 4 de mayo de 1658, el inquisidor Francisco de Estrada y Escobedo recibía un traslado por escrito de los cargos que le hizo el visitador: 111 cargos particulares, a los que habría que añadir los 175 cargos comunes contra todos los inquisidores: un total de 286. El número de cargos, elevadísimo, era mucho mayor que el que le había dado el primer visitador, que sólo le hizo 25. En agosto de ese mismo año pudo presentar sus defensas, aunque sólo eran parciales, por faltarle tiempo para más, a pesar de las sucesivas prórrogas que obtuvo[30]. También presentó testigos en su favor, pero el visitador no quiso examinarlos, de lo que se quejó por carta al Inquisidor General.

En la misma fecha, el inquisidor Juan Sáenz de Mañozca recibió los 18 cargos que contra él fueron presentados ―cuando el anterior visitador Juan de Mañozca, su primo, le había hecho tan sólo tres―, a los que debían sumarse, como en el caso de su colega, los 175 que eran comunes a todos los inquisidores. Sus defensas denotan una mayor elaboración que las de Francisco de Estrada[31]. El tercer inquisidor del tribunal, Bernabé de la Higuera y Amarilla presentó sus defensas, tras la concesión de sucesivas prórrogas, el 12 de agosto de ese mismo año, tres meses después de haberle comunicado los 21 cargos de los que se le acusaba[32].

Antonio de Gabiola, el fiscal, había muerto cuando se presentaron sus cargos ―9 en total―, por lo que fueron sus herederos quienes, a finales de agosto, presentaron las defensas[33]. De modo semejante procedieron los demás miembros del tribunal que salieron con cargos de la visita de Pedro de Medina Rico. Por su parte, Tomás López de Erenchun, notario del secreto, recibió traslado también a primeros de mayo de los 29 cargos que se encontraron contra él y presentó sus defensas a mediados de agosto[34].Y Eugenio de Saravia, secretario y después notario, presentó las suyas el 14 de agosto a los 47 cargos que el visitador le trasladó en un auto fechado también a primeros de mayo[35].

Una vez reunida toda la documentación ―abundantísima―, el visitador la envió a Madrid en la flota, dejando en México una copia autorizada por si el envío se malograba. Entre toda esta documentación iba un cuaderno, el número 15 de la visita, en el que se recogían todos los cargos comunes y particulares contra los inquisidores, oficiales y demás ministros. El cuaderno, de 218 folios, contiene de manera resumida toda la sustancia de los delitos cometidos. Con solo la lectura de este expediente es posible entender la complejidad y hondura del problema que se había destapado[36]. Les tocaba ahora a los miembros del Consejo de la Suprema estudiarlo todo en Madrid, para después sentenciar cada una de las causas abiertas y, en lo tocante a los defectos del tribunal, decidir la mejor manera de reformar la institución. Fueron necesarios más de dos años de trabajo en la corte del rey para completar la tarea.

El 15 de mayo de 1662, oficiales reales llevaron a la portería de la Inquisición de México la resolución de la visita que había sido aprobada por el Inquisidor General y por el Consejo. Con las sentencias adoptadas se pretendía una reforma profunda de la institución, propósito que se vio facilitado por la muerte de algunos de sus miembros. Para los que continuaban con vida se aplicaron suspensiones en sus cargos y penas conforme a sus culpas. Sin embargo, leídas hoy las sentencias pueden parecer de poca dureza en comparación con la gravedad y cantidad de los cargos que se habían formulado. El inquisidor Francisco de Estrada y Escobedo, contra quien se levantaron 111 cargos particulares, fue absuelto de la mayoría ―de 91―, «advertido y reprehendido» de 7 y culpado de 13. Muchos de los cargos de los que se le absolvía era por no haberse podido demostrar su culpa; muy pocos eran, por el contrario, en los que consiguió demostrar su inocencia. Como en el caso de su compañero Juan Sáenz de Mañozca, la mayor parte de los cargos por los que se le declaraba culpable eran por fraude contra el fisco real. Se les condenaba por apropiarse de algunos bienes de los reos: ropas, mercancías llegadas de China, joyas o dinero en metálico procedente de las ventas en las almonedas.

A Sáenz de Mañozca se le absolvió de 6 de sus 18 cargos, por 2 de ellos se le «advirtió y reprehendió» y en 10 fue culpado, entre los cuales también figuraban sus ataques a Juan de Palafox. Al tercero de los inquisidores, Bernabé de Higuera y Amarilla, se le absolvió de 17 de los 21, quedando culpado solo de 4. Y finalmente, en lo referido a quien fuera el inquisidor más antiguo, Domingo Vélez de Argos y Asas, sus cargos quedaron en suspenso, pues había fallecido en el transcurso de la visita, en el verano de 1647, por lo que se ordenó que se comunicara a sus herederos lo tocante a los bienes de los que se habían apropiado indebidamente[37].

Las sentencias fueron leídas ante toda la plantilla del tribunal en una audiencia que se prolongó durante la tarde y noche del día 17 de mayo de 1662 y que, por su larga duración, tuvo que continuarse al día siguiente. Al inquisidor Francisco de Estrada y Escobedo se le condenaba a ser «advertido y reprehendido gravemente», a cuatro años de suspensión en su cargo y al pago de 1.500 pesos en concepto de multa y restitución de los bienes apropiados. La misma advertencia y reprehensión se impuso al resto de los condenados. A Juan Sáenz de Mañozca, además, se le suspendía del cargo durante 9 años y se le obligaba a pagar la cantidad de 1.300 pesos. Para Higuera y Amarilla la suspensión fue de dos años y la multa de 100 pesos. Luego se leyeron las sentencias contra el fiscal Antonio de Gabiola y contra el secretario Eugenio de Saraiva ―ambos ya difuntos―, contra Tomás López de Erenchun, Juan de Zuaznábar, Bartolomé Rey de Alarcón, Bartolomé de Galdeano y Juan Sánchez de Cuenca[38].

Aunque no lo parezca, las sentencias decididas por el Consejo eran de gran severidad, pues de hecho significaron la expulsión del tribunal de los inquisidores y de algún otro de sus oficiales. Consciente de ello, el Inquisidor General indicaba al visitador que tras la lectura de las sentencias se exhortara y consolase a los suspensos y multados. Y para que este gesto tuviera mayor efecto, se le ordenó que leyera en voz alta las palabras de consuelo que el propio Inquisidor General les había escrito, así como su promesa de que les buscaría a todos un nuevo acomodo, ya fuera mediando personalmente ante el Consejo de Indias o ante cualquier otro consejo del rey[39]. Que aquello no era una mera formalidad lo demostraba el nombramiento de Juan Sáenz de Mañozca, en el mismo año de 1661, como obispo de Cuba. Aquel sería el punto de arranque de su brillante carrera como prelado de la Iglesia en América[40].

El castigo no resultaba incompatible con el patrocinio de los castigados. Esta idea, que en principio puede parecer contradictoria, se desprende del modo como se resolvió esta visita, lo que no resulta extraño a la lógica de aquel tiempo. El castigo y el patrocinio se entendían como medidas complementarias e, incluso, su aplicación combinada era algo necesario para mantener el orden propio de la administración de la monarquía. Es por ello por lo que el inquisidor Higuera y Amarilla lo expresara de forma tan abierta, sin ningún disimulo, en una carta que le envió al Inquisidor General tras su condena. En ella le recordaba que él, como Inquisidor General que era, debía «castigar como juez y amparar como padre»[41]. Y a su amparo y clemencia ―como padre del resto de inquisidores, oficiales y ministros― apelaba Higuera, para que le proveyera con algún otro cargo en la Inquisición: «que solo he quedado yo a quien Vuestra Alteza pueda acomodar, porque el inquisidor don Francisco de Estrada y Escobedo murió, y el inquisidor don Juan Sáenz de Mañozca es obispo de Cuba»[42].

Higuera pedía clemencia al Inquisidor General y que le diese un nuevo oficio, para que ―decía― no «padezca mi crédito ni reputación, y la de mis deudos, que son de lo más calificado de este reino, ni queden frustrados 19 años de servicio a mi costa sin salario ni ayuda de costa». Pero, ¿qué crédito y reputación debía salvar cuando se le acusaba abiertamente en la ciudad de haber vivido amancebado con una mujer negra durante más de veinte años, siendo clérigo como era, con la que tuvo además varios hijos? Nada de ello escondía Higuera porque todo era público y bien conocido en la ciudad. Como lo fue también la compra que hizo de una joven mulata esclava, a la que conoció cuando la examinaba en el tribunal, y con quien después hizo vida carnal. Pero es que el crédito y reputación a los que se refería el inquisidor Higuera eran aquellos que su oficio le reportaba, y así se explica que lo desempeñara durante 19 años sin recibir salario alguno por ello.

Es cierto que el mero hecho de tener un oficio del rey compensaba la falta de remuneración dineraria, por el honor que se recibía en su desempeño. Así decía la tradición política todavía vigente en el siglo XVII en lo que tocaba a los servidores del rey. Pero también es cierto que, además del honor, era muy frecuente que se buscaran otros beneficios para compensar el ejercicio de tales cargos. En el caso concreto de Higuera dichos beneficios fueron, como se explica en los cargos formulados contra él durante la visita, el acceso fácil y rápido al crédito financiero en la ciudad de México. Si había entrado pobre en el cargo, una vez se asentó en él vivió ricamente, con casa, servicio y carruaje, y esto fue posible gracias al dinero que le prestaron acaudalados mercaderes, sin que luego se viera en la obligación de devolverlo. Como algunos de los que le dejaron dinero estaban además bajo la mirada de la Inquisición, aquellos préstamos podían ser contemplados como una forma de soborno a cambio de un trato de favor[43].

5. DE LA CORRUPCIÓN Y SUS CAUSAS EN LA INQUISICIÓN MEXICANA

Sobre las prácticas fraudulentas practicadas por los miembros del tribunal de la Inquisición de México reflexionaba el visitador Pedro de Medina Rico en una larga carta que escribió al Inquisidor General. Sus razones expresan con claridad las causas de esta forma de corrupción que la visita general sacaba a la luz y, por ello, nos sirven perfectamente para dotar de sentido a todo este largo y complejo asunto. «Hablo en esta materia por ciencia, que de todo tengo adquirida a fuerza de experiencia»[44]. Medina Rico hacía un análisis del fenómeno que califica de científico, y lo denomina de esta manera por estar fundamentado ―dice― en la observación directa de aquella realidad. Su conocimiento del asunto era resultado de la experiencia adquirida durante sus muchos años de trabajo, primero en Sevilla, donde había sido inquisidor, y después en el tribunal de Cartagena de Indias, donde también fue visitador general antes de serlo en México. Su observación directa y prolongada del funcionamiento de la administración inquisitorial y sus investigaciones ―las denominadas visitas generales― dan a sus palabras un valor excepcional.

Medina Rico señalaba que era el modo como se proveían los cargos en la Inquisición la causa principal de los comportamientos fraudulentos. A su juicio, lo mismo podría decirse para buena parte de la administración de la monarquía en las Indias. Ocurría que la expectativa principal de todo aspirante a un oficio del rey era enriquecerse por medio de este y que esto resultaba imposible con los salarios recibidos. Como sabemos, el salario de los inquisidores y del fiscal de México era entonces de 3.000 pesos anuales, cantidad que se quedaba muy corta para el coste de la vida en Indias[45]. Hubo casos incluso, como el de Higuera y Amarilla, en los que el oficio no contaba con remuneración. Era por esta razón ―explicaba Medina Rico―, por la cual quienes buscaban enriquecerse rápidamente tuvieran que «hurtar mucho». Y en la búsqueda de estos ingresos extraordinarios, los ministros se daban a prácticas que faltaban a las buenas costumbres e, incluso, a la ley, «dando muy mala cuenta de sí». El ejemplo cundía y el fenómeno se generalizaba convirtiéndose en pauta común, por lo que aquellos que navegaban a Indias para desempeñar un oficio ―en el caso que quisieran hacerlo rectamente―, no encontraban «a quien imitar»[46].

Pero de acuerdo al balance del visitador, no solo se trataba de que los sueldos fueran cortos. Lo que empujaba inevitablemente a los agentes del rey a «hurtar mucho» eran, también, las enormes obligaciones que los ministros adquirían antes y después de la provisión de su oficio. El proveído para una plaza en Indias solía ser «pobre», decía el visitador, porque si fuera rico se quedaría en España, como hacían todos los que lo eran. «Los que aceptan estos puestos no son los mayores sujetos de letras y de virtud, y son pobres, porque los ricos y de dichas calidades tienen en qué acomodarse en España»[47]. Además, en las mentes de estos hombres existía una imagen de las Indias como una tierra de riqueza fácil de conquistar. Y era por ello por lo que el aspirante a un cargo ya empezaba a gastar en la corte cuando todavía tan sólo era «pretendiente» al oficio. Una vez conseguía la provisión, gastaba todavía más. Y lo hacía, comúnmente, a crédito, pues no faltaban en la corte «indianos y tratantes en Indias» que buscaran su amistad, excitando su ambición y ofreciéndole después ayuda financiera para alcanzarla. De esa manera, hacían presa de él y su favor quedaba asegurado cuando les era necesario.

Posteriormente, el proveído a un cargo en la administración tenía que ocuparlo, para lo que viajaba a Sevilla, y de allí a Cádiz, donde se embarcaba, y lo hacía rodeado de un séquito de parientes, amigos y criados, que solía excederse en número gracias también al crédito. Su mantenimiento y sus pasajes, aunque no fuera en «la mejor nao» ni en «cámara de popa», disparaban la deuda contraída. Y una vez en Indias, donde «es menester poner la casa de porte», el empeño no hacía más que crecer. Y como «no viven contentos con lo que tienen», el ahora oficial del rey continuaba gastando en nuevas pretensiones que hacía en la corte, para intentar mejorar el lugar ocupado en la administración indiana. «Y cuando todo lo referido se ha conseguido, resta otro lance más apretado, que es buscar para volver a España, que es fuerza y parece bajeza no volver muy rico»[48].

El nivel de endeudamiento dependía de la ambición de cada uno de los oficiales proveídos, pero el sistema afectaba incluso a los más honrados y comedidos, lo que hacía inevitable acudir a vías extraordinarias para mejorar los ingresos. Parecía que nadie podía escapar de ese sistema. El propio visitador Medina Rico fue acusado ante el Inquisidor General de meterse, una vez en México, en tratos que resultaban ilícitos para los inquisidores. Había construido un molino de aceite en una huerta que tenía arrendada y se dedicaba a la molienda de aceituna entre los propietarios de olivares. El Inquisidor General se lo reprochó, ordenándole que lo dejara, aunque él se excusaba diciendo que lo hacía solo por diversión, sin buscar granjería con ello, por la gran afición que tenía a los olivos: «que quien se crio en Lucena y Sevilla no puede olvidar las costumbres de su tierra»[49]. Todos parecían atrapados en esta espiral, incluso él, que les empujaba a buscar ingresos adicionales, y no solo por codicia. La visita de Medina Rico dejó al descubierto las múltiples maneras ―muchas ilícitas― de buscar dichos ingresos, imprescindibles para mantener un tren de vida en Indias que resultaba muy costoso. Ingresos extraordinarios que resultaban necesarios, sobre todo, para afrontar el desempeño de tanta obligación y deuda contraída.

Por último, había otra razón más que empujaba al fraude. Esta era la necesidad de satisfacer a la parentela que vivía adosada al proveído y que demandaba permanentemente su patrocinio. Resultaba frecuente que con el proveído viajara hasta las Indias un grupo de «servidores» que, a una escala menor, reproducía toda esta lógica que alentaba el gasto y endeudamiento. Juan Sáenz de Mañozca señalaba este asunto como una de las causas principales en los conflictos desatados entre los miembros de la Inquisición mexicana, pues unos y otros se disputaban un patrimonio de bienes que era limitado ―el del tribunal― para utilizarlo en beneficio de sus respectivas clientelas. Tal patrimonio, necesario para el ejercicio del patronazgo sobre los suyos, no solo consistía en los cargos y bienes que tenía el tribunal a su disposición, sino que también residía en su capacidad de intermediación para acceder al patronazgo regio, tanto en la corte virreinal como en la corte de Madrid. Y la presión ejercida por estas clientelas sobre sus respectivos patrones ―los inquisidores en este caso― podía provocar tanto el conflicto entre ellos como la actuación fraudulenta. La visita lo puso en evidencia arrojando diversas acusaciones contra los inquisidores en este sentido. Una de ellas iba contra Juan Sáenz de Mañozca, de quien se dijo que había beneficiado a algunos de sus allegados poniendo en sus manos la explotación de propiedades pertenecientes a los reos. Él, por su parte, también acusaba de lo mismo a sus colegas: «Y puedo asegurar a Vuestra Alteza ―escribía a un confidente― que he hecho más en detener a los míos en los límites de la modestia, que en sufrir los trabajos del oficio». Si él había sido mesurado, ¡cuántos favores habían tenido que desplegar sus compañeros, los inquisidores Estrada e Higuera, para colmar las demandas de sus extensas parentelas![50].

En fin, el visitador tocaba la médula de un problema que era estructural en la administración de la monarquía en Indias, y no solo en la inquisitorial[51]. En 1662, una vez concluida la larga visita general conducida por sus dos visitadores ―el arzobispo Juan de Mañozca y su sustituto, Pedro de Medina Rico―, la Inquisición en México quedó reformada, con una plantilla totalmente renovada y con un procedimiento que en adelante se ajustaría en mayor medida, posiblemente, a las leyes de la institución. La depuración, con sentencias que evitaron ser rigurosas, tuvo el efecto buscado y puso el tribunal bajo el control del Inquisidor General y del Consejo. Al menos así sería de momento, mientras durase el recuerdo de lo sucedido, porque el problema de fondo seguía ahí, como una asignatura pendiente. Por último, quedaba por zanjarse otra batalla que seguía abierta y que estaba librando el visitador junto al Consejo de la Suprema contra numerosos particulares ―de la que dan razón esos 2.700 pleitos que menciona―, quienes se habían apropiado de los bienes confiscados a los reos de la Inquisición en la década de 1640[52].

BIBLIOGRAFÍA

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Greenleaf, Richard, «The Great Visitas of the Mexican Holy Office: 1645-1669», en The Inquisition in Colonial Latin America: Selected Writings of Richard E. Greenleaf, ed. James D. Riley, Berkeley, Academy of American Franciscan History, 2010, pp. 79-99.

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Pietschmann, Horst, «Corrupción de las Indias españolas: revisión de un debate en la historiografía sobre Hispanoamérica colonial», en Instituciones y Corrupción en la Historia, coord. Manuel Giménez Jiménez et al., Valladolid, Instituto Universitario de Historia Simancas/Universidad de Valladolid, 1998, pp. 31-52.

[*] Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación «Movimientos migratorios y procesos de asimilación de los portugueses en la monarquía hispánica: Realidades sociales y sus representaciones», dirigido por el doctor Ignacio Pulido Serrano y financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España, con la ayuda de fondos de la Unión Europea [HAR2015-64005-P-MINECO-FEDER].

[1] Panizo Santos, 2014. Agradezco a Ignacio Panizo, archivero de la Sección de Inquisición del Archivo Histórico Nacional, su ayuda en los trabajos de esta investigación.

[2] Medina Zavala, 1952, pp. 211-242: «Capítulo XV: La Visita»; Phipps, 1930, pp. 79-89; Liebman, 1971, pp. 338-341; Greenleaf, 1988, pp. 399-420.

[3] Arhivo Histórico Nacional (AHN), Inquisición, leg. 1737, exp. 1, fol. 385r: carta del Inquisidor General al Arzobispo de México (Madrid: 25/02/1650).

[4] AHN, Inquisición, lib.1054, fols. 303r-310v: carta del Inquisidor Juan Sáenz de Mañozca al Inquisidor General (México: 30/11/1646).

[5] AHN, Inquisición, lib.1055, fols. 79r-82r: carta del visitador Mañozca al Inquisidor General (México: 24/04/1649).

[6] AHN, Inquisición, lib.1054, fol. 14: carta del tribunal al Consejo (México: 30/09/1640).

[7] AHN, Inquisición, lib.1054, fol. 458r: carta del provincial de la Compañía de Jesús al Inquisidor General (México: 04/11/1648).

[8] AHN, Inquisición, leg. 1737, exp. 1, fol. 1r-v.

[9] Ibídem.

[10] Ibídem.

[11] Ibídem.

[12] Ibídem: traslado del acto (México: 6/2/1646).

[13] AHN, Inquisición, lib.1054, fol. 299r: carta del tribunal al Consejo (México: 30/8/1646).

[14] AHN, Inquisición, leg. 1737, exp. 1, fols. 85r-86r: «Comisión para poder desviar de México a las personas que convenga» (Madrid: 21/10/1645). Ya que «el poder y mano de los visitados suele impedir en muchas ocasiones que los testigos que se examinan no digan con libertad lo que saben, por tanto, por la mejor averiguación de la verdad, damos comisión al dicho señor arzobispo…», el Inquisidor General.

[15] AHN, Inquisición, lib.1054, fols. 356 y ss.

[16] AHN, Inquisición, leg. 1737, exp. 1, fol. 6r-47v. En estas páginas están recogidos todos los textos de los edictos con las certificaciones de su lectura en los lugares donde fueron publicados: leídos por tres veces a lo largo de 1646, en todas las iglesias catedrales y parroquiales de estas localidades, en los días festivos que mayor concurso de gente hubiera.

[17] AHN, Inquisición, lib.1054, fol. 272r: demanda de don Antonio de Aguinaga y Arano contra el fiscal Antonio Gabiola; fols. 277v-278v: comisión del Inquisidor General a Juan de Mañozca y su traslado; fols. 283v-286r: demanda del fiscal Antonio Gabiola contra Juan de Mañozca y resolución del Inquisidor General a favor de Mañozca); fols. 289v-290r: recusación in totum de Gabiola y su rechazo en el Consejo «por frívola e inepta».

[18] AHN, Inquisición, leg. 1737, exp. 1, fols. 385r-386v: carta del Inquisidor General al visitador Mañozca (Madrid: 25/2/1650).

[19] Ibídem. El visitador Mañozca certifica haber recibido la notificación el 27 de mayo de 1650 y el 17 de julio avisa desde México que ya tiene ajustados todos los papeles de la visita, más de 5.000 folios copiados por 12 oficiales en la librería del arzobispo, y dispuestos para ser enviados en la flota al Consejo de la Suprema: AHN, Inquisición, leg. 1736, exp. 5, fols. 365r y ss.

[20] Archivo General de Indias (AGI), Contratación, 5793, lib. 2, fols. 697v-700v (Madrid: 17/7/1647). AGI, Contratación, 5428, N. 1, R. 27: licencia de pasaje a Indias de Pedro Medina Rico y varias personas que le acompañan, entre ellas Marcos Alonso Huidrobo, que será notario de la visita en Cartagena de Indias y posteriormente en México, 1/10/1647.

[21] AHN, Inquisición, leg. 1739, exp. 1, fols. 1r-4v (foliación antigua; carece de foliación nueva).

[22] Alberro, 1988, pp. 531-585.

[23] Alonso, 1989.

[24] Estos resúmenes están elaboradora a partir de la información existente en AHN, Inquisición, leg. 1736, exp. 5 y AHN, Inquisición, leg. 1739, exp. 1.

[25] AHN, Inquisición, lib. 1059, fol. 419r: carta de Pedro de Medina Rico al Inquisidor General (México, 29/10/1663).

[26] Álvarez de Toledo, 2011.

[27] Pregunta 25 del 2º interrogatorio: AHN, Inquisición, leg. 1736, exp. 5, fol. 6 del interrogatorio.

[28] Sobre el procedimiento seguido en el tribunal hasta este nombramiento ver AHN, Inquisición, lib. 1054, fols. 65r-66r: carta del tribunal al Consejo (México, 20/9/1643). «Quedamos advertidos que el Ilustrísimo Señor Inquisidor General ha nombrado por juez de los bienes confiscados al Inquisidor Don Juan Sáenz de Mañozca, nuestro colega, y que para ello le vendrá el título y despachos en la primera ocasión».

[29] AHN, Inquisición, lib. 1054, fols. 77r-83r: cartas de quejas del receptor Martín de Aeta y Aguirre al Inquisidor General y al Consejo de la Suprema (México: 21/7/1642 y 28/11/1643).

[30] AHN, Inquisición, leg. 1737, exp. 10: defensas del inquisidor Francisco Estrada y Escobedo. También AHN, Inquisición, leg. 1738, exp. 2: defensas del inquisidor Francisco Estrada y Escobedo.

[31] AHN, Inquisición, leg. 1738, exp. 3: defensas del Inquisidor Juan Sáenz de Mañozca.

[32] AHN, Inquisición, leg. 1738, exp. 4: defensas del inquisidor Bernabé de la Higuera y Amarilla a los cargos del visitador Pedro de Medina Rico. En este cuaderno de 149 folios se recogen tanto sus defensas a los cargos comunes como particulares.

[33] AHN, Inquisición, leg. 1736, exp. 7: defensas de Antonio de Gabiola, fiscal del tribunal, a los cargos del visitador Pedro de Medina Rico.

[34] AHN, Inquisición, leg. 1738, exp. 5: defensas de Tomás López de Erenchun, notario del secreto, a los cargos del visitador Pedro de Medina Rico.

[35] AHN, Inquisición, leg. 1737, exp. 7: defensas de Eugenio Saravia a los cargos de la visita de Pedro de Medina Rico.

[36] AHN, Inquisición, leg. 1737, exp. 12: «México. 1658. Cuaderno 15 de la visita de la Inquisición de México. Cargos comunes y particulares que han resultado de las sumarias y papeles de la visita de la Inquisición de México en que está entendiendo el Señor Doctor Don Pedro de Medina Rico, Inquisidor Apostólico de la de Sevilla. Contra los Señores Inquisidores y fiscal, oficiales y demás ministros de la Inquisición».

[37] AHN, Inquisición, lib.1061, fols. 248r-255r: decretos a los cargos particulares (Provisión 11/8/1661).

[38] Ibídem.

[39] AHN, Inquisición, lib.1061, fol. 220r: auto de la Inquisición de México (17/5/1662).

[40] Su carrera como prelado de la Iglesia en América a partir de ese año la podemos seguir en AGI, Indiferente, 199, N.82: méritos Juan Sáenz de Mañozca.

[41] AHN, Inquisición, lib.1061, fol. 246: carta de Bernabé de la Higuera y Amarilla al Inquisidor General (México, 15/8/1662).

[42] Ibídem, fol. 243: carta de Bernabé de la Higuera y Amarilla al Inquisidor General (México, 29/4/1663).

[43] AHN, Inquisición, leg. 1737, exp. 12, fols. 159r-166v: cargos contra el inquisidor Bernabé de Higuera y Amarilla.

[44] AHN, Inquisición, leg. 1737, exp. 12, fols. 1r-4r: carta de Pedro de Medina Rico al Inquisidor General (México: 29/3/1656).

[45] Sobre el asunto de los salarios AHN, Inquisición, libro 1059, fol. 245: carta del tribunal de México al Inquisidor General (México, 6/10/1662).

[46] AHN, Inquisición, leg. 1737, exp. 12, fols. 1r-4r: carta de Pedro de Medina Rico al Inquisidor General (México: 29/3/1656).

[47] Ibídem.

[48] Ibídem.

[49] AHN, Inquisición, lib.1059, fol. 171r: carta de Pedro de Medina Rico al Inquisidor General (México, 2/11/1662).

[50] AHN, Inquisición, lib.1054, fols. 303r-310v: carta de Juan Sáenz de Mañozca al inquisidor Domingo Vélez (México, 30/11/1646).

[51] Pietschmann, 1998, pp. 31-52.

[52] AHN, Inquisición, lib.1737, exp. 16: en la carta de Pedro de Medina Rico al Inquisidor General cifra el número de pleitos abiertos entre 1642 y 1654 en 1.200 (México, 12/3/1661) y en otra carta fechada en ese mismo mes eleva el número de pleitos, después de haberlos contado, a 2.700 (México, 29/3/1661).

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