Crimen y castigo: prisiones y confinamiento a finales de la colonia.La real cárcel de Arequipa, 1780-1824[*]

Crime & Punishment: Prisons and Confinament during the Late Colonial Period. The Royal Prison of Arequipa, 1780-1824

CÉSAR BELAN

Universidad Católica San Pablo - Arequipa

cbelan@ucsp.edu.pe

https://orcid.org/0000-0002-1030-066X

MEMORIA Y CIVILIZACIÓN

Anuario de Historia, 21 (2018):

525-547

ISSN: 1139-0107

ISSN-E: 2254-6361

DOI: 10.15581/001.21.025

Crimen y castigo: prisiones y confinamiento a finales de la colonia.La real cárcel de Arequipa, 1780-1824

Crime & Punishment: Prisons and Confinament during the Late Colonial Period. The Royal Prison of Arequipa, 1780-1824

CÉSAR BELAN

RECIBIDO: MARZO DE 2018

ACEPTADO: JUNIO DE 2018

Resumen: El presente artículo plantea la descripción de los espacios y mecanismos de reclusión a finales del periodo colonial en el ámbito de la antigua Intendencia de Arequipa. En él se pretende abordar sumariamente asuntos relativos a la infraestructura, seguridad, economía y salubridad de la Real Cárcel de la ciudad capital comparándola con otros lugares de reclusión de la Intendencia. Todo esto con el fin de discernir el carácter de las cárceles en el Antiguo Régimen (como centros de custodia o lugares de aflicción) teniendo en cuenta una realidad periférica como la arequipeña.

Palabras clave: Real cárcel. Arequipa. Período tardo-colonial.

Abstract: The present study analyses reclusion spaces and mechanisms in the former Intendancy of Arequipa, towards the end of the colonial period. Exhaustive detail on organisation, maintenance, infrastructure, security, economy, and salubriousness, concerning various confinement centres will be provided. This paper studies the meaning of the jail in the Ancient Regime, taking in consideration the peripheric experience of an arequipenian jail.

Keywords: Prison. Confinement. Arequipa. Late Colonial Period.

INTRODUCCIÓN

En 1789, Andrés de Eguiluz, abogado de Esteban Carrillo acusado de matar a su mujer, señalaría en sus alegatos de defensa: «La carcel es para un hombre una especie de tormento, y una semejanza de la muerte; y para ser entregado a ella necesitan que se examine primero, con la mayor circunspección y escrupulosidad, la causa que la exija»[1].

El abogado Eguiluz recogía, en un rincón del orbe indiano, como lo era Arequipa a finales del siglo XVIII, el común sentir sobre las prisiones que ya habían expresado con anterioridad muchos juristas peninsulares: Bernardino de Sandoval (1564), Diego de Simancas (1552), Tomás Cerdán de Tallada (1574), Antonio de la Peña (c. 1580)[2], Cristóbal de Chaves (1622) o Jerónimo Castillo de Bovadilla (1759). En tierras americanas el clamor contra las penurias de la cárcel tuvo eco en los escritos del mexicano Manuel Lardizábal y Uribe (1782), ya influenciado por las ideas ilustradas, que tuvieron en Beccaria (1764) su exponente más reconocido.

Sin embargo, de entrada llaman la atención estas consideraciones de los juristas hispanos del s. XVI y siguientes sobre las condiciones y naturaleza de la cárcel, toda vez que, según los cuerpos legislativos y doctrinales imperantes, esta tenía una función de mera custodia y no de escarmiento. Es así que, más allá de la literatura de la época cabe preguntarnos por las condiciones de la cárcel. ¿Estas representaban un tormento tan cruel como describen los autores? O, por contrario, ¿podemos atemperar estas aseveraciones? Se hace pues necesaria, la revisión detallada de las fuentes judiciales a fin de reconstruir la situación carcelaria colonial.

Así, con el presente trabajo, elaborado a partir de información judicial y administrativa extraída de los archivos locales[3], pretendemos describir las características de las prisiones y centros de reclusión existentes en la región de Arequipa en las últimas décadas de gobierno colonial[4]. Asimismo, buscamos aproximarnos al funcionamiento de la principal institución carcelaria de la Intendencia; vale decir, a la situación de los reos, las condiciones de seguridad y salubridad, la actitud de las autoridades (diputados, alcaides y carceleros) frente a los problemas inherentes a ella; el mantenimiento de la población interna y los ingresos que disponía la Real Cárcel de Arequipa a fines del periodo colonial.

1. DISCERNIENDO LOS ESPACIOS DE RECLUSIÓN: CÁRCEL Y PRESIDIO

A partir de los diferentes conceptos sobre los centros de reclusión que se esbozaron en el Antiguo Régimen, es menester diferenciar aquellos espacios dirigidos a la custodia del reo, con el fin de evitar una posible fuga, y los que implicaban una pena o también llamado «encarcelamiento aflictivo». La denominación general del primero de ellos era «cárcel», mientras que al segundo se le denominaba, comúnmente, «presidio». Esta diferenciación queda claramente definida en la Novísima recopilación de las leyes de España de 1805, aunque ya había quedado esbozada en cuerpos jurídicos más antiguos como en la ley 4, tít. 31 de la séptima partida de Alfonso X:

Siete maneras son de penas porque pueden los iudgadores escarmentar a los fazedores de los yerros. […] La quarta es quando mandan echar algund onobre fierros que yaga sienpre preso en ellos o en carçel en otra prision. & tal prision commo esta no la deue dar a onbre libre sino a sieruo. Pues la carçel no es dada para escarmentar los yerros: mas para guardar los presos tan solamente en ella fasta que sean iudgados[5].

Mientras que la cultura jurídica de la época señalaba a la cárcel una función de custodia, el presidio era el lugar por excelencia del confinamiento aflictivo. Este último tenía por objeto la expiación del mal cometido mediante el trabajo y, normalmente, se llevaba a cabo fuera del ámbito territorial donde se cometía la falta; obligándose a labores en beneficio de la Corona, «a pan y agua y sin sueldo».

2. APROXIMACIONES A LA CÁRCEL DEL ANTIGUO RÉGIMEN

Entre los espacios de encierro no aflictivo en el Antiguo Régimen, dos constituían los principales. Además de la cárcel, podemos señalar a la Casa de las Recogidas. En dicho lugar, muchas veces, eran depositadas mujeres que se habían visto envueltas en un escándalo o falta[6]. Sin embargo, la cárcel se concebía como el espacio de custodia por excelencia. Un centro de detención para aquellas personas que venían siendo procesadas por algún delito, y de las que su libertad representaba posibilidad de fuga o de destrucción de pruebas. Así pues, la función de la cárcel radicaba en custodiar al vecino ―de forma indefinida― para evitar daños mayores contra la comunidad, contra la justicia o contra sí mismo.

Esta forma de entender la cárcel como espacio de custodia se puede rastrear desde la Lex Visigothorum o Fuero Juzgo, vigente entre los siglos V y XI, tiempo en el que la idea de la justicia se orientaba fundamentalmente a la satisfacción de las partes involucradas:

Por recibir gran influencia del derecho penal germano, [el Fuero Juzgo] conceptualizaba el delito como una ofensa contra la dignidad personal del individuo y a la pena, mayormente, como una satisfacción personal que, a veces, solo competía a la víctima, preferiblemente mediante castigos corporales. Por tal razón, visto el delito no como ofensa social, no había necesidad de condenar mediante reclusión en las cárceles para satisfacer el bien social apartando a los criminales de la sociedad[7].

A la par que los esfuerzos de la corona de Castilla se orientaban a consolidar su poder frente a las corporaciones locales ―proceso que llega a su culmen en el seiscientos, siglo en el que la Monarquía Católica se configuraba, a decir de algunos, como el primer intento de estado moderno―, se iniciaría en el ámbito carcelario una reforma ―con las Siete Partidas de Alfonso X como punto de partida― orientada a reglamentar la cárcel con mayor detalle, y en la que se «empieza a conceptuar a las cárceles como instituciones»[8]. Algunos siglos más tarde ―en tiempos de Felipe II― la empresa conquistadora en América exigió un esfuerzo organizador nunca antes previsto en el mundo hispánico. En el ámbito carcelario se manifestó en una preocupación aún mayor por la reglamentación y control de esta institución. Así pues, la Nueva Recopilación de las leyes de estos reinos de 1567 da cuenta detallada de lo que debía ser una cárcel, especialmente en los ámbitos de seguridad y salubridad. Sin embargo, nunca se desvirtuó su función de custodia o de espacio de detención menor o disciplinar.

Así pues, a diferencia de lo que ocurriría en la modernidad ―tiempo en la que la libertad será considerada como el bien más preciado, según los ideales ilustrados― la cárcel no será considerada como una pena propiamente dicha. Estudiosos como Tomás y Valiente[9], Rusche y Kirchheimer[10], Foucault[11], y Melossi y Pavarini[12] plantearán, por otra parte, que el cambio del paradigma penal de la Edad Media y el Antiguo Régimen (castigo corporal) se sustituirá por el de la privación de la libertad a consecuencia de la irrupción del mercantilismo como sistema económico. De esta forma la institución carcelaria pasaría a tener una nueva dimensión, producto de la expresión de la cultura burguesa en ciernes, y que, a la vez, buscará contener una nueva clase delincuencial surgida por los desequilibrios económicos que caracterizarían el nuevo escenario de la modernidad. Teorías que, evidentemente, están sujetas a debate[13] y que no corresponden a la realidad carcelaria arequipeña de finales del s. XVIII e inicios del XIX[14].

Por otro lado, según las fuentes archivísticas consultadas, que se condicen con lo ocurrido en otros espacios del Imperio español, era un procedimiento común que los denunciantes requirieran el mandato de prisión y embargo de los encausados mediante un pedido accesorio en las querellas. Este era admitido según el estatus del procesado, ya que en una sociedad estamental como la colonial, el honor, o su rango, representaba, además de un mayor arraigo, una menor posibilidad de fuga o de interferencia en el actuar de la justicia dada la ―presunta― buena fe que ostentaba[15].

Con todo, en relación a Arequipa, solo en contadas excepciones ―como en el caso de las autoridades denunciadas por excesos― se prescindía del mandamiento de cárcel. Muchos comerciantes y medianos propietarios agrícolas fueron presos a pesar de su nombre y caudal, e incluso se dieron algunos casos en que, a partir de una contraquerella, ambas partes involucradas fueron puestas en prisión[16]. Si bien la Séptima Partida ordenaba que la custodia en cárcel estuviera reservada a delitos que mereciesen pena corporal o capital, De las Heras plantea que «de hecho los jueces fueron ordenando cada vez con mayor frecuencia la prisión preventiva en casi todos los casos, siendo esta la práctica general de la Edad Moderna»[17]. Asunto que, por otra parte, se corroboró en el contexto arequipeño.

Finalmente, uno de los mecanismos más utilizados para eludir la prisión ―si el reo no estaba encausado por asuntos graves y contaba con una persona de renombre y solvente que lo avalara― consistía en solicitar la libertad mediante fianza, llamada «del Haz». Esta se cifraba en la liberación del reo quedando bajo la custodia del fiador que se comprometía a vigilarlo y «se obligaba con todos sus bienes a pagar la posible condena que se impusiese al fiado»[18], e incluso sufrir carcelería él mismo si su fiado se fugaba. Salvo contadas excepciones, era concedida en todos los casos.

Si bien la función fundamental de la cárcel era la custodia de los encausados, muchas veces esta era utilizada para fines disciplinares menores. Tal y como señaló Lardizábal y Uribe[19], era costumbre disponer la detención de un individuo hasta ocho días en caso de faltas de carácter leve. Una mera queja verbal ante la autoridad podría dar lugar a un encarcelamiento[20]. Normalmente, tales arrestos se disponían por deudas[21], asuntos de carácter tributario[22] (sobre todo entre los indios), o para forzar la voluntad de quienes cuestionaban la autoridad. Las medidas disciplinarias se daban en su mayoría en lugares alejados de la capital del partido, zonas en las que la alternancia en los cargos de alcalde o justicia y las rencillas entre los grupos de poder locales hacían del desacato un lugar común[23].

Por otro lado, siendo una institución usualmente de carácter municipal, la edificación y el mantenimiento de las cárceles concernían normalmente al Cabildo de la localidad en la que se encontraba. Sin embargo, todo lo concerniente a los presidios dependía de la administración regia. Así pues, resaltándose su naturaleza local, se tiene registro que, en ocasiones, la construcción o mantenimiento del edificio involucraba a todo el vecindario mediante labores comunales. Asimismo, algunos de los vecinos notables o caciques principales también aportaban dinero o enseres, voluntariamente, para la construcción[24].

Ante la permanente falta de fondos municipales (propios y arbitrios), el mantenimiento de los reclusos se satisfacía con su propio peculio o el de sus familiares, aunque no faltaba persona caritativa que realizase alguna donación[25]. En este sentido, no era infrecuente la donación de algunas propiedades con cuyos frutos se buscaba beneficiar a los reos. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en la figura del arzobispo de Granada, Juan Manuel de Moscoso y Peralta, nacido Arequipa, que en su juventud fue párroco de Moquegua:

Respondió el Cabildo que dicho Ilustrísimo señor arzobispo había fundado en la Hacienda de Viña que en este Valle fue de Dn. José Quezada, siete mil setecientos pesos para que [de] sus réditos anuales de 385 pesos se distribuyeran en algún alimento diario de dichos encarcelados, y el correspondiente pan, dándoles algún extraordinario en los días de las Festividades de Nuestra Señora y de los gloriosos Señor San José y San Miguel Arcángel[26].

Asimismo, muchos vecinos (normalmente viudas) dejaban en sus testamentos legados en favor de los reos. Estos bienes debían estar administrados por alguna institución y su renta utilizada en el mantenimiento de los prisioneros a través del regidor o diputado de cárcel del Cabildo, situación que no siempre se cumplía a cabalidad[27].

Finalmente, otra forma de solventar sus necesidades era el socorrerlos a título de limosna, como ocurría en la localidad de Tacna:

Por ahora no hay fondo ni renta alguna, y que por lo mismo se hallaban los miserables presos tolerando las necesidades consiguientes a su prisión; sin embargo de que uno que otro vecino en ejercicio de la piedad cristiana, les mandaban tal cual día del año la comida, y otros cortos socorros[28].

Curiosamente, a pesar del estado de miseria en el que se encontraban los reos y que es ampliamente alegado por las autoridades, vecinos, y juristas, el prisionero debía pagar al carcelero una tasa llamada «carcelaje», de la que únicamente estaban exonerados ―en teoría― los indios[29]. La falta de pago del carcelaje era más que frecuente, lo que forzaba a que no existieran vecinos dispuestos a hacer las veces de alcaide, o los que fueran nombrados no tuvieran buena reputación a pesar de las estrictas condiciones que la ley exigía para su nombramiento[30].

Ya con relación a la planta de las cárceles, según la normativa indiana (tít. 6. libro 7 de las Leyes de Indias) estas debían incluir habitaciones con espacios separados para hombres y mujeres (ley 2), una capilla (ley 3) y un cuarto para el carcelero o alcaide (ley 7). De los documentos revisados se evidencia que las mejor dotadas incluían un patio interior para el recreo de los prisioneros. Era fundamental, además, que estuvieran equipadas de una serie de elementos de seguridad, como los nombrados por el intendente en su visita a la cárcel de Tacna:

Reconociose también lo material de la cárcel y encontrándose dos piezas con una regular seguridad, un calabozo interior y cepo, todo para la custodia de los hombres, y una de ellas con la debida separación para mujeres, en frente de las cuales hay un patio igualmente seguro para que tomen sol los reos. Las prisiones que tiene son tres pares de grillos, una carlanca, y dos anillos, todo costeado por el actual subdelegado don Tomás de Menocal[31].

Como se ha expuesto, normalmente la cárcel implicaba un edificio levantado para la custodia de los reos, o la adecuación permanente de un espacio municipal para tal fin. Sin embargo, en las localidades alejadas de las capitales, cualquier lugar más o menos seguro podía servir para ello: iglesias, la casa del alcalde o de la autoridad de la localidad, y hasta casas particulares[32]. Este fue el caso del pueblo de Characato, localizado a unos cuantos kilómetros al este de la ciudad de Arequipa. El 16 de setiembre de 1786 el intendente Antonio Álvarez y Jiménez llegó al pueblo con ocasión de su Visita General. En su relación sobre el lugar señaló:

Y así pasando al reconocimiento de los edificios públicos se ha visto actualmente que no tiene este pueblo cárcel alguna, pues la que había se halla en paredes desnudas de techo y puertas y desproveída de toda especie de prisiones, naciendo de aquel intolerable abuso de que las justicias ordinarias ejecuten los arrestos de los presos en sus propias casas[33].

Finalmente, de acuerdo al estatus del reo y su buena fama, también se podía detener a este en su propio domicilio (Ley 4, tít. 29, Séptima Partida), o en los confines de una ciudad[34]. Asimismo, los militares (incluso los milicianos) gozaban del derecho de fuero y eran detenidos en el cuartel de la ciudad. Por otra parte, en Arequipa, no se tiene constancia de «detenciones privadas» ejercitadas por las víctimas o los acreedores, algo inusual pero que se ejecutaba desde la Edad Media en algunas partes de España[35], a pesar de estar prohibida por la Séptima Partida (Tít. 29, Ley 15).

3. CÁRCELES EN LA INTENDENCIA DE AREQUIPA

Dentro del ámbito de la Intendencia de Arequipa[36], también era común el mal estado y abandono de las prisiones en otras localidades, lo que ponía en evidencia la incapacidad ―o el descuido― de las autoridades locales con respecto a la debida custodia de los reos. Muchas de las cárceles se encontraban en franco decaimiento, destinándose para tal efecto habitaciones inadecuadas e inseguras, mientras que en otros parajes simplemente no existían prisiones o estas estaban derruidas (Ver cuadro 1). La situación era crítica tanto en los pequeños y alejados poblados, como en las villas que servían de cabeza de partido, como Moquegua, cuya cárcel fue inspeccionada en febrero de 1797 luego de la queja de los reos:

Puestos en ella la reconocieron, y hallaron que el techo de ella esta únicamente sostenido en una pared […] por cuyo motivo jusgaron prudentemente que no podía estar allí ningun hombre, sin que le amenasare el eminente riesgo de que cayese sobre sí el techo […] Asimismo se hiso reconocimiento de los candados que aseguraban las puertas, como la prisión de los reos y se encontraron cuasi inhábiles, uno, y enteramente sin servicio, otro[37].

También era común que se aislara a los delincuentes en la casa del alcalde ordinario, muchas veces en un cepo procurado por este[38]. En otros poblados en los que no existía cárcel, los delincuentes eran trasladados hasta la capital de partido para su confinamiento «en caso de que su delito lo demande y pida»[39]. Este era el caso de poblaciones cercanas a la ciudad de Arequipa, tales como Miraflores, Vitor, Uchumayo, Sabandía, y la parroquia de Santa Marta; o el de localidades como el pueblo de Zama, del cual se trasladaba a los reos a la prisión de Tacna, que fungía como capital del partido de Arica.

Dada la caótica situación de la infraestructura de las cárceles de los diferentes partidos, no sorprendería el hecho de que sus encargados no guardaran recuento alguno de las entradas y salidas de los reos en el libro correspondiente, tal como lo prescribía la normativa indiana. De ello tomó debida cuenta el intendente Álvarez y Jiménez en su visita, exhortando a las autoridades a que se corrigiese esa irregularidad. Él, a su vez, recibió como respuesta que, por la poca cuantía de las faltas que daban lugar a la detención, las medidas disciplinarias no excedían a uno o dos días de cárcel. Asimismo, que cuando la falta era grave el reo era rápidamente trasladado a la capital de intendencia. Todo esto, sumado a lo costoso del papel, y a la permanente insolvencia de los municipios, había forzado a no dejar registro de los reos, situación que ya se tenía por costumbre[40].

Cuadro 1. Estado de las prisiones en la Intendencia de Arequipa (1786-1796) según la Relación de la Visita del Intendente Antonio Álvarez y Jiménez

Fuente: Barriga 1941, 1946, 1948. Elaboración: propia

Una de las pocas autoridades preocupadas por el mejoramiento de las prisiones en la región fue el ya mencionado intendente Antonio Álvarez y Jiménez, quien entre 1786 y 1796 efectuó una larga y exhaustiva visita a los diferentes partidos que estaban bajo su autoridad. En esta visita el intendente buscó remediar con peculiar celo el mal estado de las prisiones en las villas, pueblos e incluso en asentamientos que constituían cabeza de partido ―como el pueblo de Santa Ana de Chuquibamba[41]. Por acción del intendente se procedió a reponer al pueblo de Orcopampa «una pieza que servía de cárcel, y se hallaba usurpada años hace con agravio a la causa pública»[42]. Logró además comprometer a muchos Cabildos de españoles y de naturales, como a caciques y otros vecinos principales, a levantar por su cuenta edificios públicos inexistentes o deteriorados como casas capitulares o prisiones. Además del intendente Álvarez y Jiménez, se tienen constancia de los esfuerzos de autoridades eclesiásticas para mejorar o construir una adecuada prisión. Ejemplo de esto será el párroco de Cayma don Domingo Zamácola y Jáuregui.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades coloniales, las fuentes indican, no obstante, que las fugas eran frecuentes en muchas de las cárceles de la intendencia. Su mayor deterioro las hacía muy idóneas para la evasión de los reos[43].

4. LA REAL CÁRCEL DE LA CIUDAD DE AREQUIPA

La Real Cárcel de Arequipa, desde la fundación de la ciudad, se hallaba ubicada frente a la iglesia catedral a un costado del Cabildo (hoy portal de la Municipalidad). Para fines del siglo XVIII, el mencionado edificio ya había sufrido numerosas modificaciones en su estructura original, producto de distintas incidencias que la afectaron seriamente. El 15 de enero de 1780 la cárcel fue saqueada y prácticamente destruida por una enardecida turba durante la «Rebelión de los Pasquines»[44]. Cuatro años después, el 13 de mayo de 1784 sus instalaciones se vieron seriamente afectadas a causa de un violento terremoto:

La oficina de fundición se vino al suelo; y del mismo modo la Capilla de caridad de la cárcel, bien grande, se vino enteramente al suelo, como también uno de los calabozos, y en los otros once que había muchos facinerosos delincuentes y otras personas, quedaron enteramente buenos. Dios sea alabado por su misericordia[45].

Terminados los esfuerzos de reconstrucción, la planta de la Real Cárcel quedó definitivamente constituida por seis calabozos, dos patios interiores, un cuarto para el carcelero, una celda subterránea destinada a los presos de alta peligrosidad y una capilla, llamada de la Caridad, para la administración de la liturgia. En esta última se celebrarían las fiestas del Espíritu Santo el mismo día de la elección de los cabildantes[46]. Los trabajos de remodelación y reconstrucción más importantes fueron iniciados por el Intendente Antonio Álvarez y Jiménez y culminados en décadas posteriores[47]. Así pues, como era común en otras prisiones del periodo, «no existió un criterio de ordenación espacial en la arquitectura carcelaria: dependencias administrativas, judiciales, penitenciarias, sanitarias, religiosas e higiénicas, se mezclaban en un estado de confusión muy considerable»[48].

A principios del siglo XIX la cárcel de Arequipa llegó a alcanzar su mayor aforo, albergando cerca de 70 presos, entre algunos locales y muchos «de aquellos que venían de La Paz y Cochabamba»[49]. Los encargados de su administración eran el Diputado de cárcel, el alcaide y un carcelero ―este último dormía dentro del presidio sin ningún tipo de resguardo policial―; y solo a fines del periodo colonial recibieron el alivio de una guardia de soldados.

4.1. Condiciones de seguridad

Marcela Lazo, en el año de 1813 declaró que Gregorio Cárdenas «reo criminoso en la Real Cárcel la llamó para darle encargos para su mujer en el Valle de Siguas». Ella, despreocupada, procedió a entrar en la cárcel y al encontrarlos juntos las autoridades la encarcelaron. En un escrito al intendente, ella pide se la ponga en libertad manifestando su «inocencia» porque ante el llamado del recluso «[…] procedí sencillamente a entrar»[50].

Más allá de lo que estas imágenes de la cárcel puedan sorprender a la sensibilidad contemporánea, eran un cuadro común en el Antiguo Régimen. «Los internos de las cárceles reales ―salvo orden expresa en contrario― gozaban de un fluido contacto con el exterior»[51]. Sobre el particular, Cristóbal de Chaves refirió lo siguiente sobre la cárcel de Sevilla en el s. XVI:

Las puertas nunca están cerradas de día ni de noche hasta las diez que se recogen los presos y el alcaide toma las llaves; y todo el día y noche, como hormiguero y procesión, entran y salen hombres y mujeres con comida y camas, y hablan con los presos sin preguntarles a qué entran, ni detenerlas[52].

Abundando sobre el hecho, De las Heras en su análisis sobre el sistema carcelario en tiempo de los Austrias, señalará que la laxa vigilancia y la complicidad de los carceleros darían pie a que, en algunas ocasiones, inclusive ciertas prostitutas pernoctaron en la cárcel para el solaz de los reclusos[53]. En el ámbito arequipeño no tenemos registros de esas situaciones extremas. Sin embargo, en un informe sobre la cárcel presentado al cabildo, luego de una inspección a la planta del inmueble, se daba cuenta de que los reos habían excavado un pedazo de la pared que incomunicaba a los reclusos varones de sus pares femeninos[54].

Cuadro 2. Fugas y muertes en la Real Cárcel de la ciudad de Arequipa. (1784-1824)

Fuente: ARAr. Intendencia/Criminal. Legajos 85 - 92. (1784-1824). Intendencia/Administrativo. Legajo 101. (1508-1824). Elaboración: propia.

Asimismo, dada la flexibilidad del régimen carcelario y la precariedad de la planta de los edificios destinados como prisión, no sorprenderán luego las frecuentes fugas de los reclusos. Este sería el caso del esclavo Andrés Zegarra, que habría fugado de la cárcel de Arequipa, Lima y hasta del presidio del Callao[55]. O como Romualdo Quispe, condenado a muerte por asesinato, que la noche del 16 de enero de 1821, en compañía de otros presos, escapó de la prisión:

…escalando y rompiendo una de las puertas de reja […], que estaban flojas, descompuestas y solo como de apariencias, de tal modo que encerrar a los presos con aquellas puertas defectuosas era lo mismo que dejarlos en el patio[56].

Estas defectuosas condiciones de seguridad de la cárcel arequipeña se repetían a lo largo del virreinato del Perú, y allende[57]. Algo que llamará fuertemente la atención de estudiosos que, como Flores Galindo, acentúan la supuesta crueldad y represión ejercidas por la autoridad colonial:

El estado de las dos cárceles de Lima era deplorable. El lector quizás habría imaginado que, con la violencia y el temor imperantes, las cárceles tenían que funcionar con un mínimo de eficiencia y control; no fue así. Por el contrario, las deficiencias hacían frecuentes las fugas[58].

Más que una administración implacable hasta la ferocidad ―actitud que guardará más relación con un ideal ilustrado que buscará imponer control y sometimiento sobre cuerpos y mentes―, pareciera ser que en todo el orbe hispano ―aún desde la Baja Edad Media[59]― el celo de la autoridad municipal frente a la función carcelaria era deficiente o nulo; o más bien estaba orientado a la satisfacción de intereses diferentes a los de la seguridad pública, muchos de ellos privados. En ese sentido, en la metrópoli, declaraciones y petitorios que aludieron a la precariedad de las cárceles

…servían a los Ayuntamientos para lanzarse directamente al entramado de relaciones políticas donde se permutaban edificios, se asignaban contratas y en definitiva se desempeñaba el papel de un Estado incapacitado para arrebatar a los Ayuntamientos este tipo de prisión común[60].

4.2. Diputados de cárcel, alcaides y carceleros.

Como se ha señalado, a fines del virreinato, la precariedad y abandono de las cárceles de la Intendencia de Arequipa fue una característica habitual. La Real Cárcel de la ciudad capital no fue la excepción. Durante décadas, el Cabildo de la ciudad discutía «la necesidad urgente de repararla con puertas, llaves y cepo»[61]. Y no obstante, las recurrentes sesiones realizadas y proyectos de refacción que se plantearon, aún en las postrimerías del régimen virreinal, carceleros como Manuel Barrantes continuaban «haciendo presente muchas veces esta falta» al diputado de la cárcel de entonces, regidor Bruno Llosa. Curiosamente, tal regidor se negaba mandar componer las numerosas averías afirmando que no había necesidad porque los presos «no eran pajaritos para volar por unas paredes tan altas como las tiene la cárcel»[62].

Los sucesivos diputados de cárcel mantendrían una actitud igual de displicente con respecto a sus funciones. En 1821, al ser interrogado un carcelero luego de la fuga que tres reos efectuaron por una ventana, sin barrotes desde hacía tres años, señalaría en su defensa que, habiendo dado parte al diputado de cárcel de este y otros peligros, este se limitó a decir, por toda respuesta, «que con la Constitución [recientemente juramentada de Cádiz] ya se habían acabado todas las priciones» y, por tanto, no había necesidad de ningún arreglo[63].

La actitud de los alcaides tampoco escapó de la negligencia; asunto aún más delicado que propiciaría fugas tan habituales como insólitas, como la que protagonizó Ignacio Zegarra. La narración de lo sucedido la realizaría el propio alcaide, Buenaventura Velásquez:

Con motivo de haber cumplido años el día de ayer, se le ofreció [el reo] Ignacio Zegarra para festejarlo, trayéndole música. Que el declarante admitió tal ofrecimiento con la mayor sinceridad y en su virtud hizo traer por la noche arpa y guitarra, sacándolo para el efecto de bailar y divertirse del calabozo donde se hallaba a mi sala; que cantando, tocando y bailando hasta muy tarde en la noche, lo echó de menos a cosa de las dos de la mañana, y saliendo en su solicitud no lo encontró[64].

Dentro de la misma línea de insensatez, podemos citar lo sucedido en mayo de 1810, fecha en que se ordenó la captura y encierro del carcelero de la Real Cárcel de Arequipa por haber liberado a los presos bajo la condición de que regresaran voluntariamente por la noche[65].

Dicha indolente y negligente actitud de las autoridades encargadas de la prisión, como eran el diputado de la cárcel y del alcaide, no debe ser considerada un hecho excepcional, sino un comportamiento bastante habitual en la época. Esto se debía, entre otras razones, a que los encargados estaban mal pagados y que rara vez recibían sus miserables sueldos a tiempo, dedicándose a exigir a los reos prebendas para compensar su precariedad económica[66]. Situación que se replicaba en la metrópoli:

Dentro de la jurisdicción real, la Corona nombraba directamente los alcaldes de las cárceles, muchos de los cuales accedían al oficio por compra o arrendamiento del cargo. En cuyo caso, los alcaldes constituían una especie de asentistas privados cuya motivación esencial residía en la búsqueda de su provecho privado. De esta circunstancia se derivaban casi todos los abusos de la vida carcelaria en el Antiguo Régimen. En palabras de Pierre Deyon, el alcalde ofrecía la imagen de un solícito hostelero para quienes vivían en celdas de pago. Estos recibían libremente a sus familiares, comunicaban con el exterior, eran asistidos por sus servidores particulares, etc. Por el contrario, los desdichados sin medios de pago vivían en el recinto carcelario expuestos al hambre, al frío, la enfermedad y a veces al olvido[67].

Así pues, los nombramientos relacionados a las cárceles no eran ambicionados por vecinos honorables ―tal como mandaba la legislación indiana―. Ante la falta de candidatos para cumplir con esos cargos, se recurría a sujetos de extraña procedencia y honor. Sujetos que, a pesar de su investidura, se verían involucrados en escándalos, como riñas callejeras. Un ejemplo de ello, ocurrió en junio de 1806 y estuvo relacionado con la brutal paliza dada a un esclavo, de nombre Gregorio, quien se encontraba en la plaza con otros jugando por la pileta. El alcaide Nicolás López y su hermano Domingo, luego de entrar en disputa con el zambo, lo golpearon brutalmente y lo encerraron en la cárcel. Ante la réplica de la víctima, el alcaide presumió sobre sus facultades y manifestó «que no venga tu amo, si no lo metería en Cárcel también». A pesar de esto el alcaide no sería depuesto del cargo, siendo tan sólo amonestado[68].

Preocupante también era la violencia que se generaba dentro de las propias cárceles. Las luchas entre reclusos no eran extrañas y la mejor forma de acallarlas fue magnificando el uso de la propia violencia por parte de la autoridad. Un hecho paradigmático sucedió la noche del 29 de octubre de 1806, en la que «con motivo de haberse formado en esta Cárcel una quimera [reyerta] entre Julián Ramos, Simón Mamani, Mariano Zoto y Narciso Peralta, reos que existen en ella, fue preciso contenerlos…». La causa refiere que el singular método del alcaide fue abrirles la puerta y, esperándoles fuera, les redujo golpeándolos con un «garrote o palo» con ayuda de su hijo[69].

4.3. Condiciones de salubridad

Siendo la higiene una cualidad muy poco extendida entre las sociedades pre-capitalistas, se entiende entonces por qué las condiciones de salubridad e higiene de la cárcel arequipeña marchaban a la par con las de seguridad. Acerca de ella, una visita realizada por el Diputado de la Cárcel en 1816 refirió que:

La Real Cárcel de esta ciudad se halla inmunda por su hondura y humedad, que a más de la prisión que sufren las encarceladas aumenta por esta causa su opresión… se acordó terraplenar el expresado calabozo con piedra de Añashuayco[70].

En esa situación ―de ninguna manera extraña entre las cárceles hispánicas[71]― tampoco fue de extrañar que muchos reos viviendo en tales estados de reclusión, quienes tenían serias dificultades para procurarse alimento, enfermasen permanentemente o lo que es peor, murieran. Así les sucedió a Gregorio Mosqueira y Bartolomé Flores, indios forasteros acusados de un brutal asesinato, quienes en 1802 murieron del «mal de angina» y «evacuaciones de sangre» respectivamente, luego de dos años de reclusión esperando sentencia. También, y del mismo modo, ocurrió en diciembre de 1800, cuando la india Ventura Guaita, cómplice del mismo asesinato, falleció en el hospital de San Juan de Dios «a donde fue llevada enferma desde la cárcel»[72].

De otro lado, las miserables condiciones de la prisión, harían que se elevasen numerosos pedidos de los reos a la máxima autoridad de la región solicitando la excarcelación. En el tenor de estos escritos se aludirá a las enfermedades que padecían los procesados, después confirmadas por las declaraciones de los cirujanos que reconocieron a los solicitantes[73].

Paradójicamente, una situación tan lamentable como la experimentada en el único penal arequipeño, favorecía indirectamente la fuga de los reos. En vista de que al ser trasladados por enfermedad al principal hospital de la ciudad, los susodichos aprovechaban la falta de vigilancia del nosocomio para evadirse (ver cuadro 2). Así sucedió con los reos Matías Alpaca e Hilario Quispe, cómplices de un robo a la caja de comunidad del pueblo de Paucarpata, quienes en abril de 1804 se fugaron mientras eran conducidos al hospital. De igual manera, Eulalia Cuadros, implicada en un homicidio, escapó del hospital San Juan de Dios en donde se le había puesto a curar[74] .

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Habiendo analizado las condiciones carcelarias hasta bien entrado el siglo XIX, y teniendo en cuenta que la estructura política, administrativa y jurídica de la naciente República Peruana mantuvo casi totalmente las instituciones y prácticas establecidas por la Corona durante la dominación española, podríamos señalar que las características antes señaladas de la cárcel arequipeña se mantuvieron ―o eventualmente se agravaron por efecto del período de anarquía política que siguió a la emancipación― hasta el periodo de reorganización estructural que sufrió el Perú a mediados del siglo XIX, ya bajo la influencia del ideal modernizador[75].

Más allá del aparente bajo índice de criminalidad en la región que reivindican las fuentes primarias[76], las deficientes condiciones carcelarias antes mencionadas eran similares a la de muchas prisiones ubicadas en regiones de mayor índice de violencia. Como ya ocurría en la España medieval, la cárcel en la Arequipa virreinal resultó un lugar ―en contra de lo que determinaban sus fines― donde imperaba el padecimiento y la eventual muerte. Sin embargo, distinguiéndose del paradigma moderno, y fuera de lo que cierta literatura sostiene al presentar al régimen colonial como un sólido aparato de represión contra sujetos marginales; el ejercicio de la reclusión en el virreinato peruano se convertirá en un medio de violencia y espacio de terror, más por la omisión y desidia de las autoridades competentes, que por su celo o afán de control.

Es así que, si bien en teoría su función era la de custodiar a los reos, en el imaginario de la población, esta constituía una verdadera pena ―que muchas veces conllevaba a la muerte―; a veces más terrible por arbitraria e indefinida, debido a la facilidad con la que podía ser dictada por quien detentaba el poder de policía. Situación especialmente paradójica, si tenemos en cuenta la dulzura y flexibilidad de la justicia del Antiguo Régimen en tanto la imposición y ejecución de la pena propiamente dicha, abundando ―tanto en la metrópoli[77] como en Arequipa[78]― los casos de conmutaciones, indultos y exoneraciones.

Asimismo, e insistiendo en la paradoja, la indolencia de las autoridades municipales hacía de la cárcel una institución totalmente insegura, operándose en ella reiteradas fugas por las defectuosas instalaciones y la irresponsabilidad o complicidad de sus guardianes. En ella solo permanecían sufriendo calamidades los reos más débiles ―especialmente las mujeres―, mientras que los delincuentes más avezados normalmente escapaban. Así pues, y como lo señalara Huizinga al referirse al sistema penal de la Edad Media, esta justicia «sólo conoce dos extremos: la plenitud del castigo cruel o la gracia»[79], y no siempre a quien correspondería.

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[*] El presente artículo se ha llevado a cabo bajo el auspicio del «VIII Concurso de Fortalecimiento Anual de la Investigación» de la Universidad Católica San Pablo.

[1] Archivo Regional de Arequipa (ARAr)/Intendencia/Criminal. Leg. 85: (1789) «De oficio contra Estevan Carrillo por la muerte de su esposa».

[2] López Rey y Arrojo, 1935.

[3] Para el desarrollo de la investigación, se han consultado fundamentalmente el íntegro de los expedientes criminales ―alrededor de 176 causas― custodiadas por el Archivo Regional de Arequipa (ARAr). Se tratan de ocho legajos (del n° 85 al n° 92) que corresponden a las causas seguidas en el período de 1784-1824. Parte importante del estudio también se refiere al único libro de visitas de cárcel que se ha conservado en la ciudad en el Archivo Regional de Arequipa (ARAr), correspondiente a los años 1818-1822 y que figura dentro de la sección Intendencia administrativa como legajo 107. «Libro 2° de Visitas de Carcel...». Asimismo, se ha consultado documentación sobre el Cabildo de Arequipa, como son los libros Propios y de Arbitrios, los de Expedientes y los Libros de Actas, que se conservan en el Archivo Municipal de Arequipa (AMA).

[4] Se ha planteado el lapso de investigación de 1780 a 1824 ―periodo en que se organiza y se desarrolla el régimen de Intendencia en Arequipa― por la mayor conservación y acceso a fuentes primarias de aquella etapa.

[5] «Siete Partidas», p. 1342. La cursiva es nuestra.

[6] Excepcionalmente, en los casos en que la edad avanzada o la mala salud de una denunciada la hacían incapaz de permanecer en prisión, y por tratarse de delitos menores, se solía depositar en la Casa de las Recogidas. Este fue el caso de Januaria de Tal, costurera de Miraflores acusada de hechicería e injurias. ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92: (14-II-1816). «Doña Manuela Centeno contra Januaria de Tal por injurias».

[7] García Rodríguez, 2016, p. 9.

[8] García Rodríguez, 2016, p. 10.

[9] Tomás y Valiente, 1969.

[10] Rusche y Kirchheimer, 1984.

[11] Foucault, 2015.

[12] Melossi y Pavarini, 2010.

[13] Si bien admitimos que la cosmovisión moderna descansa fundamentalmente en la búsqueda ―ya secularizada― de trascendencia humana en términos del dominio de la naturaleza mediante la técnica, lo que en el ámbito penal se traduciría en la cárcel-fábrica o el «aprovechamiento de fuerzas muertas» para el progreso social; consideramos que el criterio utilitarista ligado a la imposición de penas de sistemas disciplinarios, trabajos forzados o similares se han aplicado con mayor o menor énfasis a lo largo de la historia. Sobre la célebre condena a trabajos en minas en Roma ver Millar, 1984.

[14] Carrasco Guijarro, 2015.

[15] En ese sentido, en la Arequipa de fines del dieciocho, José Santos Tagle, acusado de homicidio en conato de Ignacio Enrique Portales, solicitaría en un escrito ―citando asimismo diversas leyes de la Recopilación de Indias pertinentes― lo siguiente: «La carcelería se designe conforme a la calidad que parezca tener el delincuente y la clase de crimen perpetrado». ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85: (22-IV-1791) «Ignacio Enrique Portales contra José Santos Tagle por homicidio en connato».

[16] ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (3-X-1792). «Don Antonio Acosta contra don Diego Llerena y su hijo Mariano por injurias reales y verbales».

[17] De las Heras, 1988, p. 526.

[18] Alonso Romero, 1982, p. 203.

[19] «Aunque la cárcel no se ha hecho para castigo, sino para custodia y seguridad de los reos, como se ha dicho, sin embargo, suele imponerse por pena en algunos delitos que no son de mucha gravedad», Lardizábal y Uribe, 1782, p. 211.

[20] ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85: (I-1785) «Doña Josefa Cegarra y Caserez, viuda de don Josef Rodríguez, contra Juana de Tal, samba libre, por perdimiento de respeto».

[21] ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 87: (1803) «Cruz Susca, indio tributario de la parroquia de Santa Marta, solicita la excarcelación por deuda contraída con Toribio Orco Guaranca y su esposa»; Leg. 88: (8-X-1804) «Contra el alcalde de la villa de Moquegua, don José María Arguedas, por excesos cometidos en la persona de Rita Fernández Dávila, por el cobro de 6 pesos»; Leg. 89: (26-VI-1809) «Exhorto del señor gobernador intendente de Arequipa al alcalde mayor de Pucará, Ayaviri y Lampa de la intendencia de Puno, para que se prenda a un sambo quien pasa cárcel por deudas».

[22] ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 86: (15-IX-1799) «Contra don Tomás Quintanilla, cobrador de tributos del pueblo de Carumas e Ychuma, por excesos contra Lorenzo Mamani»; Leg. 90: (6-V-1815) «Causa promovida por don Marcos Martínez Begazo, recaudador de diezmos, contra Manuel Asencio Corrales».

[23] ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 86. (27-VI-1797) «Contra don Gabriel de la Granda contra Calisto Silva por injurias e insubordinación»; (18-I-1798) «María Torres contra don Norberto Arenas por injurias»; (13-XI-1798) «Contra don Pascual Bargas, alcalde de naturales de la parroquia de Santa Marta, por excesos contra Vicente Vilca y su mujer Ysabel Condori»; Leg. 87: (15-X-1800) «Contra don Ignacio de la Granda, alcalde ordinario del valle de Ocoña por injurias y excesos cometidos sobre Juan Carnero»; Leg. 88: (V-1806). «Contra Marcos Riveros, alcalde ordinario de Socabaya, por atropellamientos contra María Valdivia, viuda de Hilario Núñez»; Leg. 90: (15-X-1810). «Contra don Juan Valdivia, alcalde provincial de Tambo, por injurias reales y verbales contra Francisco Básquez».

[24] Barriga 1941, 1946, 1948.

[25] De igual manera ocurría en la metrópoli: «Como ya hemos indicado arriba, la manutención de los reclusos corría por cuenta de ellos mismos. La Corona se desentendía totalmente de las obligaciones alimenticias», De las Heras, 1988. p. 530.

[26] Barriga, 1946, p. 144

[27] Barriga, 1946, p. 144 y ss; y 1948, p. 24.

[28] Barriga, 1948, p. 15. También fue el caso de María Manrique, traída a Arequipa desde el valle de Tambo para ser puesta en prisión, acusada por el homicidio de su esposo.

ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92: (I-1822). «Expediente de María Manrique presa en la cárcel por orden del alcalde del Valle de Tambo D. Leandro Ampuero».

[29] A pesar de ello, en muchas causas por abusos de alcaldes ordinarios y otras autoridades, las corporaciones indígenas reclaman el encarcelamiento arbitrario con el fin de ejecutar cobros de carcelaje. Barriga, 1946, 1948.

[30] Debía desempeñarse por personas de buena vida y fama, sin sospecha de prevaricación.

[31] Barriga, 1948, p. 15. La cursiva es nuestra.

[32] Molina, 1950.

[33] Barriga, 1941, p. 174.

[34] ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92. (14-II-1816). «Gerónimo Blanco contra José Trelles, alcalde sustituto del puerto de Mollendo por excesos».

[35] Córdova de la Llave, 2012.

[36] Esta jurisdicción, que a la vez era parte del virreinato del Perú, comprendía los partidos o subdivisiones de Arequipa, Camaná, Cailloma, Condesuyos, Moquegua, Arica y Tarapacá; cada una a cargo de un subdelegado. En ella, para el año 1793, habitaban algo más de 130 000 personas, repartidas en «60 doctrinas, 2 ciudades, 2 villas y 80 pueblos anexos», Haenke, 1901, p. 186. Las ciudades eran Arequipa, capital de la Intendencia, y San Marcos de Arica; entre las villas contamos a la de Santa Catalina de Guadalcázar del Valle de Moquegua, y la Villa de San Miguel de Ribera (Camaná).

[37] ARAr/Int/Crim. Leg. 86. (18-XII-1797). «De oficio contra Pedro Corrales, Matías Postigo y José Zavala por extracción de aguardientes de miel de purga».

[38] ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 91: (20-VI-1818) «Contra Tomás Sambrano, alcalde ordinario de Siguas por tropelías»; (1-I-1817) «A solicitud del procurador don Toribio Aguilar como apoderado de D. Francisco Xavier de Villena y demás vecinos del Pueblo de Andaray Partido de Condesuyos en esta provincia»

[39] Barriga, 1946, p. 292.

[40] Barriga, 1941.

[41] «[Cárcel a] la que encontré sin comodidades ni aseo alguno y, lo que es más, descumbrado el techo de las piezas que respectan a la carcelería de mujeres y pieza en que debe vivir el alcaide para mejor custodia de los reos», Barriga, 1941, p. 15.

[42] Barriga, 1941, p. 87.

[43] En 1793 Esteban Carrillo, aprehendido por el robo de una mula, confesaría que luego de haber sido acusado por el homicidio de su mujer «al cabo de los ocho días de su prisión un alguacil de aquel Pueblo [Lluta] le franqueó la puerta de dicha cárcel por la que pudo escapar». ARAr/Int/Crim. Leg. 85. (1789). «De oficio contra Esteban Carrillo por la muerte de su esposa» fjs. 5. En 1822, el alcalde ordinario de Tambo remitiría a María Manrique a la Real Cárcel de la capital, «por no haber seguridad en la de ese pueblo», ya que de allí se había fugado el cómplice de la mujer en el homicidio de su esposo. ARAr/Int/Crim. Leg. 92. (I-1822) «Expediente de María Manrique, presa en la cárcel por orden del alcalde del Valle de Tambo D. Leandro Ampuero» Fjs. 1. Existen también sobradas noticias de fugas de cárceles ubicadas en localidades tan diferentes como el valle de Siguas, Sachaca, Chiguata o Torata.

[44] Galdós Rodríguez, 1967.

[45] Zamácola y Jáuregui, 1958, p. 60

[46] Gutiérrez, 1992, p. 81. En ella se custodiaba la efigie del Cristo de la Caridad, actual patrono jurado de la Ciudad.

[47] Gutiérrez, 1992, pp. 58; 76. AGI/Lima. Leg. 763. «Cabildo de Arequipa al Rey, 9 de mayo de 1787 y 27 de octubre de 1788».

[48] De las Heras, 1988, p. 544.

[49] ARAr/Intendencia/Criminal (1820) Leg. 92. «Pedido de indulto de Antonio Gonzáles».

[50] ARAr/Intendencia/Criminal (13-X-1813) Leg. 90. «Marcela Lazo solicita se la ponga en libertad»

[51] De las Heras, 1988, p. 527

[52] Chaves, 1864, p. 52.

[53] De las Heras, 1988, p. 528.

[54] AMA/Libros de Expedientes. Leg. 1.

[55] ARAr/Intendencia/Criminal (15-VII-1789) Leg. 85: «Ignacio Zegarra por fuga de la cárcel».

[56] ARAr/Intendencia/Criminal (18-I-1821) Leg. 92: «Romualdo Quispe y Manuel Valencia, alcaide de dicha cárcel por la fuga de aquel y de Egidio Zegarra y Apolinario Flores».

[57] En 1789, uno de los alcaldes de Catamarca informó a la audiencia: «La cárcel no tiene otra seguridad que la voluntad de los que quieran estar en ella y esta cárcel solo sirve para hombres de bien» Levaggi, 2002, p. 402.

[58] Flores Galindo, 2010, p. 190.

[59] Sobre semejantes situaciones en la España del s. XV: Serna Alonso, 1990 y Córdova de la Llave, 2012.

[60] Gómez Bravo, 2004, p. 73.

[61] Archivo Municipal de Arequipa (AMA)/Libros de Expedientes. Leg. 1. y Libros de Propios y Arbitrios. Leg. 1.

[62] ARAr/Intendencia/Criminal (18-I-1821) Leg. 92: «Romualdo Quispe y Manuel Valencia alcaide de dicha cárcel por la fuga de aquel y de Egidio Zegarra y Apolinario Flores».

[63] ARAr/Intendencia/Criminal (18-I-1821) Leg. 92: «Romualdo Quispe y Manuel Valencia Alcayde de dicha cárcel por la fuga de aquel y de Egidio Zegarra y Apolinario Flores». Fjs. 4v.

[64] ARAr/Intendencia/Criminal (15-VII-1789) Leg. 85: «Ignacio Zegarra por fuga de la cárcel».

[65] ARAr/Intendencia/Criminal (12-V-1810) Leg. 90: «Contra Joaquín Velázquez por fuga de la cárcel».

[66] AMA/Libros de Actas del Cabildo 27 (1813-1815)/ «Don Ramón Morante, solicita se le paguen cuatrocientos pesos correspondientes a un año cumplido que ha servido en la Real Cárcel en calidad de alcaide de ella».

[67] De las Heras, 1988, pp. 524-525.

[68] ARAr/Intendencia/Criminal (7-VI-1806) Leg. 88: «Don Manuel Pérez, cadete del Regimiento de Infantería contra Nicolás y Domingo López por injurias».

[69] ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 88. (29-X-1806). «Informe sobre incidente en la Real Cárcel».

[70] AMA/Libros de Actas del Cabildo 28 (1815-1820) «Comunicación sobre haberse reparado el calabozo…».

[71] «Las cárceles coloniales [mexicanas] eran generalmente lugares húmedos, desagradables e insalubres en los que muchos presos perdían su salud y hasta su vida» Taylor, 1987, p. 156; de igual manera en Santiago del Estero, Córdoba y Tucumán: Aspell, 2008; y en la metrópoli: De las Heras, 1988.

[72] ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 87. (26-IX-1800) «Por el homicidio de don Antonio Raberto, encargado de azentista general de azogues de Huancavelica». La inexistencia de víctimas mortales en la cárcel en el periodo entre 1805-1824 se puede deber a que, tal como lo ilustra el único libro de visitas de cárcel, el número de los reos oscilaba muchísimo, habiendo periodos en los que se contaban por algunas decenas. Sin embargo, por periodos aún más largos, la cárcel se encontraba prácticamente vacía, ya que eran contados los reclusos que permanecían en ella por tiempo considerable.

[73] ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 85. (23-II-1789) «Brígida Salas solicita se le libre de la cárcel»; (4-XI-1796) «Contra Eulalia y Matheo Rosado por homicidio». Leg. 87. (1792) «Contra don Tomás Galindo por la muerte de su esclavo Pascual». Leg. 92. (15-IV-1822) «De oficio contra Domingo Cuadros por tener comercio con países enemigos».

[74] ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 87. (4-X-1800) «De oficio contra Mathias Alpaca, su mujer Manuela Cusirramos, Mathias Chagua e Ylario Quispe por robo de plata y caja de comunidad del pueblo de Paucarpata». ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 87. (26-IX-1800) «Por el homicidio de don Antonio Raberto, encargado de azentista general de azogues de Huancavelica».

[75] Aguirre, 2008. Esto a pesar de los ímpetus renovadores de tempranos juristas republicanos que como Vidaurre señalaron en su proyecto de Código Criminal.

[76] El intendente Antonio Álvarez y Jiménez refiere continuamente en su relación de visita no encontrar causas judiciales pendientes, y aún reos, en los pueblos visitados «ya por la tranquilidad y buena armonía en que todos se han encontrado y se mantienen», Barriga, 1941, p. 138. De igual forma, su sucesor, el Intendente Bartolomé María de Salamanca, resalta en su relación de gobierno «la religiosidad y sencillez de sus moradores», señalando que «fue muy raro el homicidio perpetrado en los grandes despoblados de tan dilatada provincia», Fisher, 1968, p. 37. Casi contemporáneamente, el viajero alemán Tadeo Haenke al visitar la ciudad en la última década del siglo XVIII sostendrá que «los delitos dominantes de la plebe no son de consideración, por ser toda aquella gente apacible y de buena inclinación», Haenke, 1901, p. 189.

[77] «De entrada llama la atención, el que la mitad de los procesados culmine su calvario con condenas mínimas, cuando no francas exoneraciones. Los tintes terribles con que se suele revestir a la Justicia del Antiguo Régimen parecen suavizarse. Para no todos los que caían en manos de los tribunales se abría un abismo de terror y represión brutal. De hecho, algo más del 10 % de todos los sentenciados son indultados, absueltos, ven su causa sobreseída y su liberación ordenada sin pago de costa alguna, como taxativamente se estipula», Palop, 1996, p. 14. Sobre la profusión de indultos el ámbito del virreinato novohispano, en el mismo período, ver Taylor, 1987.

[78] En Arequipa, en el periodo descrito, encontramos: ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 87. (22-XI-1803) «Contra Gregorio Ramos por el homicidio de José Fuentes»; Leg. 90. (1809) «Contra Miguel Pumacoto por parricidio»; ARAr/Intendencia/Criminal. Leg. 92.(25-XII-1824) «Criminalmente seguido: contra Pasqual Chalco, por la muerte que perpetró…». Éste último comprendido en el indulto concedido «en celebridad del Cumple Años de S.E. Libertador [Simón Bolívar]», Fjs. 21.

[79] Huizinga, 2001, p. 39.

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