Aproximación a la inserción social de la oficialidad naval en el espacio gaditano, 1725-1900

Approach to the social insertion of naval officers in Cádiz, 1725-1900

PABLO ORTEGA-DEL-CERRO

Universidad de Murcia

pablo.ortega1@um.es

https://orcid.org/0000-0002-4011-7225

MEMORIA Y CIVILIZACIÓN

Anuario de Historia, 21 (2018):

575-610

ISSN: 1139-0107

ISSN-E: 2254-6361

DOI: 10.15581/001.21.030

Aproximación a la inserción social de la oficialidad naval en el espacio gaditano, 1725-1900

Approach to the social insertion of naval officers in Cádiz, 1725-1900

PABLO ORTEGA-DEL-CERRO

RECIBIDO: MAYO DE 2018

ACEPTADO: NOVIEMBRE DE 2018

Resumen: El presente trabajo pretende hacer una aproximación a la inserción social de la oficialidad de la Armada española en Cádiz a través del estudio de sus relaciones sociales con otros grupos sociales y profesionales; es decir, se busca situar a los oficiales navales en la estructura social española del Setecientos y Ochocientos por medio de los círculos de sociabilidad más inmediatos que estos individuos tuvieron. Se ha escogido el espacio gaditano ―Cádiz e Isla de León/San Fernando esencialmente― porque fue el lugar donde la Real Armada tuvo su base principal y, por ende, donde hubo una mayor concentración de oficiales. Utilizando los principios del network analysis, se ha analizado una extensa cantidad de documentación notarial del Archivo Histórico Provincial de Cádiz que nos ha permitido abordar cómo fue el proceso de integración social de este grupo, el cual emerge en el XVIII como parte de las nuevas élites borbónicas y acabará por convertirse en un destacado estrato de las clases medias del XIX.

Palabras clave: Relaciones sociales. Oficiales navales. Siglo XVIII. Siglo XIX.

Abstract: The present work tries to offer an approach to Spanish naval officers’ social insertion through the study of the social relations with other social and professional groups; i.e., the article seeks to place the naval officers in the Spanish social structure of the eighteenth and nineteenth centuries by means of the most immediate circles of sociability that these individuals had. The Cádiz area ―the cities of Cadiz and Isla de León / San Fernando essentially― have been chosen because it was the place where the Spanish Navy had its main base and, therefore, where there was a greater concentration of naval officers. By using the network analysis, it was analyzed an extensive amount of notarial documentation of the Provincial Historical Archive of Cádiz that allowed to deal with the process of social transformation of this group, which emerged in the 18th century as part of the new Bourbon elites and eventually became an outstanding stratum of the middle classes of the 19th century.

Keywords: Social Relationships. Spanish Naval Officers.18th century. 19th century.

INTRODUCCIÓN

El conocimiento histórico sobre las fuerzas armadas y, específicamente, sobre los oficiales militares de los siglos modernos y contemporáneos, ha avanzado mucho en los últimos años. Pero a pesar de este positivo balance, hay temáticas, cronologías y perspectivas no desarrolladas hasta el momento que pueden ser de enorme interés para la comprensión de nuestro pasado[1]. En comparación con el Ejército[2], la Marina de guerra ha recibido una menor atención, aunque desde hace algunos años los temas navales han resurgido con fuerza[3]. Dentro de esta revitalización es posible destacar la oficialidad naval, el grupo encargado de dirigir y capitanear la Real Armada que los Borbones se proponen construir a lo largo del Setecientos. Aunque este cuerpo ha destacado tradicionalmente por sus características profesionales ―formación científica, campañas militares, expediciones―, no podemos olvidar que estuvo compuesto por individuos que fueron seres sociales activos ―creadores de relaciones sociales― y estaban insertos en la sociedad. Aunque algunos estudios, como los de Franco Rubio, Imízcoz Beun-za y su grupo o García Hurtado, han aportado información muy interesante al respecto[4], es necesario indagar en esta problemática. El objetivo de este trabajo es claro: hacer una aproximación a la inserción social de la oficialidad naval, viendo más allá del mundo castrense en el que profesionalmente vivieron y desarrollaron sus vidas. Se trata, en definitiva, de conocer las sociabilidades primarias de los oficiales de la Armada durante el Setecientos y Ochocientos para, así, ofrecer un boceto social del grupo al insertarlo dentro del complejo mapa de relaciones, vínculos y dependencias que conformaron la sociedad española de estos siglos[5]. Los resultados que aquí se ofrecen hacen referencia a las relaciones que estos oficiales tuvieron en la bahía gaditana ―esencialmente en Cádiz e Isla de León/San Fernando―, sede principal de la Armada española en el periodo abordado.

El objeto de estudio ―conocer con qué personas se relacionaban los oficiales de la Armada del Departamento Marítimo de Cádiz― se encuadra dentro de los estudios sobre network analysis. Aunque los orígenes de esta perspectiva se encuentran en la sociología y la antropología social, la historiografía se ha interesado desde los años noventa en las redes de relaciones sociales de los actores que estudia. Los caminos desarrollados posteriormente en esta corriente han sido muy variados[6]. Algunos autores se han centrado y continuado con la originaria teoría de grafos, que fue la matriz de estos estudios, construyendo de este modo grandes cadenas de vínculos y dependencias que han permitido aproximarnos de una manera original a cómo las sociedades del pasado estaban interconectadas. Otra corriente, mucho más cualitativa y sustantiva, ha preferido examinar en profundidad el alcance y la naturaleza de las relaciones sociales[7]. Muy relacionado con este último enfoque, aunque con amplias diferencias, se encuentra el estudio de las sociabilidades formales e informales[8].

Al abordar historiográficamente la inserción social de un grupo, los elementos esenciales que hay que discernir son: por un lado, la identificación de las personas que conformaban los entornos sociales del grupo; y por otro lado, examinar el lazo que unía ambos actores. Dentro de la historiografía, Michel Betrand propone una de las mejores definiciones del problema al afirmar que

el círculo de sociabilidad podrá entonces ser el lugar de relaciones y de vínculos elegidos, o bien de afinidades, y activados en un momento dado por uno de los miembros de una red, en función del análisis de los intereses del momento, pero también en función de las jerarquías o de las limitaciones que pueden pesar sobre ellos en virtud del o de los proyectos que se fijan[9].

Las sociabilidades constituyen un objeto de investigación de innegable interés que es, al mismo tiempo, tremendamente complejo, dinámico y voluble. Una cuestión esencial radica en qué fuente histórica puede utilizarse para llegar a conocer la mencionada inserción social de los oficiales ―entendidos en este caso como colectividad, como grupo social― en un espacio determinado. Esa fuente requiere a priori dos condiciones indispensables: que identifique nominalmente con quiénes había una relación, así como que atestigüe un lazo social; y que sea una serie documental lo suficientemente amplia como para poder acumular un conjunto de datos que permita hacer una valoración de grupo y de conjunto.

Nuestra investigación pretende abordar el problema a través de un análisis de la documentación notarial generada por los oficiales navales en la bahía gaditana ―Cádiz y San Fernando esencialmente―. Algunas de las variables esenciales que se han examinado son: la figura del albacea, la concesión de poderes para testar, el encargo de la curaduría de los hijos o los mensajes explícitos que algunos oficiales dejaron en dichos documentos a personas que no pertenecían a la familia. Los individuos que fueron nombrados albaceas, los que recibieron un poder general o los que tuvieron un encargo específico son interesantes para el estudio de las relaciones sociales por una sencilla razón: a diferencia de los herederos forzosos, estos podían ser nombrados con total libertad. Por tanto, su nombramiento era un acto voluntario y personal, un deseo individual explícito y directo del testador para que cierta persona interviniera en sus asuntos más privados e íntimos. Numerosas investigaciones y autores se han apoyado en esta fuente documental para desarrollar sendos estudios sobre comportamientos sociales en el Antiguo Régimen y en la Edad Contemporánea[10]. Por ejemplo, Juan Pro recuerda que para el Ochocientos, el albacea seguía siendo el ejecutor primario y el gestor directo de la última voluntad, y por tanto debía tener una fuerte relación con el testador, usualmente de amistad y de gran compenetración:

los albaceas testamentarios son personajes esenciales, porque representan aquellos en quienes el testador ha confiado en grado extremo, tanto como para concederles el poder de gestionar los intereses de su patrimonio en el ínterin entre su muerte y la liquidación de la testamentaría, poder que además conlleva la posibilidad de poner orden en la casa del difunto. Semejante grado de confianza es revelador de una relación social alimentada a lo largo de toda la vida[11].

A pesar de las limitaciones intrínsecas de toda fuente histórica[12], los testamentos y poderes notariales aportan una información muy sugerente para nuestros objetivos, porque permiten solventar las dos condiciones que son esenciales para el estudio de las relaciones e inserción social de un grupo. Es decir, es una fuente que permite identificar sujetos y lazos concretos, al tiempo que proporciona una acumulación de datos lo suficientemente extensa como para hacer un retrato sólido de dicha inserción social[13]. En el caso del presente estudio, se han consultado los protocolos notariales de la ciudad de Cádiz y San Fernando, que se encuentran depositados en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. La excelente descripción de estos fondos ―los índices son muy completos y la información que aportan es muy exhaustiva― nos permite afirmar que la mayoría de la documentación generada por la oficialidad naval ha sido consultada[14]. El número total de oficiales identificados es de 452 ―sobre un total de 634 documentos consultados― y las fechas extremas se sitúan entre 1725 y 1900. No obstante, solo 237 oficiales ―un 52,4%― han ofrecido información relevante para examinar su inserción social en el espacio gaditano ―esto es, hacen referencia a individuos que no pertenecían a su familia―. En las Tablas 1 y 2 se ofrece sintéticamente la información recabada; en ellas se hace referencia a las profesiones de los individuos que tuvieron un rol importante en la documentación notarial generada por la oficialidad naval.

Al hacer una valoración inicial, se puede decir que la inserción social de la oficialidad naval en el espacio gaditano durante los siglos XVIII y XIX se sustentó en el vínculo con otros compañeros del cuerpo y con comerciantes al por mayor y negociantes. Si atendemos a las particularidades sociales de las ciudades de Cádiz e Isla de León/San Fernando, este hecho nos permite afirmar que los oficiales se situaron entre los estratos altos, o al menos medios-altos, de la estructura social gaditana. Otros grupos, como religiosos, servidores civiles ―burócratas, empleados de administración― o miembros del Cuerpo del Ministerio/Intendencia de la Armada, fueron igualmente relevantes, aunque muy por detrás de los comerciantes y oficiales de guerra. Si observamos en perspectiva diacrónica, se puede apreciar que la relación con otros oficiales navales fue muy fuerte durante el Setecientos, aunque durante el siglo XIX hubo un vaivén que indica un proceso de cierre y apertura del grupo. Respecto a los comerciantes, es importante señalar la estabilidad de su presencia en el XVIII y su crecimiento continuado a lo largo del Ochocientos ―aunque, obviamente, durante estos dos siglos el perfil del comerciante al por mayor cambió―. Si observamos los datos segregados por ciudades, podremos observar que en Isla de León/San Fernando predominó la relación con oficiales, así como con oficiales del Cuerpo del Ministerio y otros servidores civiles ―hecho lógico debido a la naturaleza de esta población―, mientras que en Cádiz la presencia de comerciantes fue abrumadora.

Tabla 1. Relaciones y vínculos sociales de la oficialidad naval en el espacio gaditano a través de la documentación notarial, 1725-1900[15]

Fuente: elaboración propia a partir de la documentación del AHPC

Tabla 2. Datos segregados de relaciones y vínculos de la oficialidad naval por ciudades (Cádiz y San Fernando)

Fuente: elaboración propia a partir de la documentación del AHPC

1. RELACIONES DE LOS OFICIALES EN LA PLAZA GADITANA HASTA LA DÉCADA DE 1770

No cabe duda de que la ciudad de Cádiz experimentó un importante cambio en la década de 1710, cuando fue nombrada sede del monopolio comercial de Indias. Aunque ya por aquel entonces era una ciudad abocada claramente al mar, al intercambio de mercancías[16] ―desde 1680 las flotas de Indias podían despachar directamente en la ciudad, sin pasar a Sevilla― y sede de un astillero ―el Real Carenero de Puerto Real―, el traslado de la Casa de Contratación, y todo lo que ello suponía, significó un punto de inflexión en la configuración social de la plaza. Manuel Bustos afirma que

más que la aristocracia, como ocurría en otras poblaciones andaluzas, será la burguesía en términos generales quien dé forma a la sociedad gaditana de los tiempos modernos, aunque con distintas intensidades en sus diferentes momentos. El padre Labartes lo expresa con claridad a principios del siglo XVIII cuando define Cádiz «como una ciudad de comercio y una morada de comerciantes más que de nobleza y gentes de letras»[17].

Dicho en otras palabras, y utilizando igualmente una cita de Manuel Bustos, «era, sin duda, la burguesía, y más específicamente la burguesía de negocios, quien daba la tónica a la ciudad en su época moderna»[18] ―a pesar de que cuantitativamente no supuso más del 15% de la población, según este autor―.

Por otro lado, las reformas que se hicieron en la Marina en la década de 1710 también tuvieron un impacto directo sobre la sociedad gaditana, principalmente porque los proyectos sobre el comercio y la emergencia de la Armada estuvieron estrechamente vinculados. Cabe poner como ejemplo que la Intendencia General de la Marina, que fue la institución central de la construcción de la nueva marina de guerra, y la presidencia de la Casa de Contratación de Indias, máximo órgano regulador del comercio americano, estuvieron unidas entre 1717 y 1754[19]. Este hecho nos sirve para incidir en una idea: si los comerciantes fueron el grupo esencial de la sociedad gaditana del Setecientos, y más aún cuando se potenció como sede del comercio indiano, todo el personal de la Armada también pasó a constituir un elemento crucial de dicha ciudad y su entramado social. Al menos hasta 1770, aproximadamente, ese hecho fue indudable[20]. A partir de este año, el protagonismo de la oficialidad naval quedará repartido entre Cádiz e Isla de León ―más tarde llamada San Fernando―, una ciudad anexa creada por y para alojar las instalaciones y el personal de la Marina ―aunque, a pesar de ello, muchos oficiales siguieron en la ciudad de Cádiz―.

Durante los tres primeros cuartos del Setecientos, la inserción social de los oficiales se sustentó esencialmente en su relación con otros miembros del Cuerpo General, comerciantes y, en menor medida, con clérigos. En este periodo destaca, muy especialmente, el vínculo entre miembros de la oficialidad de la Armada, aunque su fuerza fue creciente a lo largo del siglo. Durante la primera mitad del siglo, cuando la Real Armada y el Cuerpo General eran todavía realidades en construcción, no hubo tanta reciprocidad entre los oficiales como en la segunda mitad de la centuria ―periodo en el que la mitad de la población de estudio tenía entre sus lazos más estrechos, al menos, a un oficial―. Los vínculos que se plasman en la documentación notarial permiten ver que dichas conexiones trascendieron de los marcos estrictamente profesionales: las largas temporadas estando juntos, los retos compartidos y las experiencias similares hicieron que se desarrollaran unas altas cotas de reciprocidad y ayuda. Estas relaciones entre oficiales no solo se limitaron a los que conformaban una misma generación, cohortes parecidas y, por tanto, grados militares más o menos similares; también encontramos casos en los que había una vinculación transversal en la jerarquía militar. Por ejemplo, en 1756 el teniente de fragata Pedro Ponce de León de la Cueva nombraba como albaceas a su padre y su hermano pero, no obstante, especificaba que si estos dos no pudieran ejercer tal encargo, se debería instituir al capitán de navío Álvaro Cabreros y al teniente de fragata Máximo Esteban Dubert[21]. Por su parte, el alférez de navío José Calvo Irazábal estipulaba en 1755 que sus albaceas deberían ser su esposa, «Juan de Soto Aguilar, capitán de navío de la Armada y Mayor General, y Gutierre de Evía, también capitán de navío»; pero si la muerte se producía «en los reinos de Indias», esto es, en servicio o en campaña, serían «Martín Lastaría, capitán de fragata y Juan de Canzens, teniente de navío»[22].

La obligada movilidad profesional fue una de las razones que promovió esa mayor cercanía entre oficiales. Este hecho se comprueba especialmente cuando a mitad del siglo se generalizó nombrar albaceas específicos por si la muerte acaecía en América o a bordo. En tierras lejanas y prácticamente desconocidas, confiaron mayoritariamente en compañeros del cuerpo para que llevaran a cabo, si era preciso, su última voluntad. Por ejemplo, el capitán de navío José Aguirre nombraba en 1761 a su esposa Tomasa Irisarri como albacea, pero «en caso de muerte en mi viaje, al capitán de navío Juan Ignacio Madariaga y a Juan Leonardo, capitán de batallones de Marina»[23]. Obviamente, escoger a individuos que estaban embarcados con ellos, o que estuvieran presentes en los lugares de destino, condicionaba y limitaba mucho la elección. Sin embargo, se demuestra que, incluso dentro de las redes de relaciones entre los oficiales, había círculos más cercanos y más lejanos. Así se refleja claramente en el caso del capitán José Blanco Tizón en 1768. En ese año otorgaba un testamento en el que nombraba como albaceas, con los mismos poderes, a su esposa, a José de Rojas, que era capitán de navío, y a Juan Soto Aguilar, que era capitán de navío y de pilotos. No obstante, también especificaba que «en caso de morir en navegación a Antonio Bucheli y Gaspar Guiral, capitanes de fragata»[24].

La relación con otros oficiales de la Armada debe entenderse como un vínculo entre militares, pero especialmente como una relación entre servidores de la Monarquía y como miembros de las emergentes élites estatales. Numerosas investigaciones han demostrado que estos grupos, a pesar de su diversidad y heterogeneidad, comenzaron a crear una cultura común[25]. Compartieron experiencias sociales y tuvieron intereses similares, y es por ello por lo que en diversas ocasiones ―en el 15% de los casos, sumando Cuerpo del Ministerio de la Armada, otros militares, servidores civiles y justicia―, los miembros de la oficialidad naval plasmaron una estrecha relación con otros servidores de la Monarquía. Véase como ejemplo al oficial Agustín Espinosa Blanqueto. En 1761 declaraba que era su deseo que, en caso de morir de viaje, fueran sus albaceas Pedro Castejón, capitán de navío, Manuel de Eguía, teniente de fragata, y Domingo de Pavía, contador de navío[26]. Por su parte, el oficial José Sapiain Estebano nombraba como albacea a su esposa y a Carlos Valenciano[27], que era «del Consejo de Su Majestad, caballero de Santiago y contador principal de la Contaduría de Reglamento de la Casa de Contratación de Indias»[28]. En cualquier caso, donde mejor se aprecia este hecho fue en los primeros años en los que la Isla de León comenzó a acaparar las instalaciones de la Armada. Este núcleo urbano, que apenas tenía población y construcciones antes de ser sede de la Marina, fue recibiendo lentamente a todos los funcionarios y trabajadores relacionados con la Armada y el grandioso complejo que fue el Arsenal de La Carraca. En 1764, el mismo José Aguirre que mencionábamos anteriormente marchó a Isla de León y allí volvía a nombrar como albaceas a su esposa, Tomasa Irisarri, a Juan Ignacio Madariaga, capitán de navío, a Juan Leonardo, capitán de batallones, y en esta ocasión añadía a Ignacio Zurbituaga, Director de la Provisión de Víveres de Marina[29].

También fue frecuente que en esos círculos primarios de sociabilidad hubiera al menos un comerciante al por mayor de la plaza gaditana, aquellos dedicados al intercambio en grandes cantidades de mercancías y al «giro» ―los comerciantes constituyeron en torno al 30% de esos entornos sociales―. El grado de proximidad con estos era fortísimo, lo que permite plantear que entre la élite naval y el grupo comerciante se tratarían y relacionarían como iguales. Este hecho es el que lleva a proponer que la oficialidad naval se situó en los estratos sociales más altos del puerto gaditano, puesto que fueron los comerciantes al por mayor quienes se convirtieron en los protagonistas sociales indiscutibles de la ciudad. Por ejemplo, en 1738 el jefe de escuadra Benito Antonio Spínola daba poder para testar ―esto es, la capacidad absoluta para hacer su testamento― al comerciante José Díaz Guzmán; o dicho en otras palabras, el grado de confianza entre el general naval y el comerciante era máximo. En caso de que este no pudiera, el encargado sería Rodrigo de Torres Morales, teniente general de la Armada, pero residente en Madrid, o Miguel de Argorabe, también del comercio[30]. El lugar central que ocupan estos comerciantes en la mayoría de los documentos notariales encontrados hace pensar que la relación entre estos y los oficiales fue muy fuerte, sólida y estrecha. Póngase como ejemplo al capitán de navío Pedro Mendinueta Araníbar, quien protocoliza su testamento en 1747[31]. En este documento deja por escrito que nombraba como albaceas, y en el siguiente este orden, a su esposa María Gayoso, al comerciante Juan José Arrambide, al comerciante Santiago Irisarri ―en cuyas manos tiene una cuenta con la mayor confianza, pues «ignoro si resulta de ella»―[32], a su sobrino Juan Ignacio Sorondo y a su tío José Mendinueta, este último vecino de San Sebastián ―es decir, antepone a los comerciantes antes que sus parientes colaterales―. También hay evidencias de que, entre estos comerciantes que tenían relaciones con los oficiales navales, hubo nombres que engrosaron la «aristocracia de negocios» que se fraguó a lo largo del siglo. Póngase como muestra al Jefe de Escuadra Agustín Idiáquez y su esposa Teresa Echevarría, quienes en 1760 nombran como albacea al comerciante Juan Michelena y a Juan Ignacio Uztáriz, hombre de negocios, comerciante, financiero, naviero y rentista que se convirtió en marqués de Echandía en 1763[33].

Respecto a estas relaciones entre oficiales de la Armada y comerciantes, debe subrayarse y analizarse pormenorizadamente la red que creó la familia Lasqueti ―o Lasquety―. Esta parentela de origen italiano se asentó en Cádiz durante el siglo XVII para ejercer el comercio y muy lentamente, a lo largo del Setecientos, fue adquiriendo gran relevancia social[34] e introduciendo a varios de sus vástagos en la Academia de Guardias Marinas[35]. Más allá de su integración progresiva en la Armada, es una de las familias que más se repite dentro de los círculos de sociabilidad básicos de los oficiales gaditanos. Los jefes del clan Lasqueti, tales como José Lasqueti, Juan Domingo Lasqueti o Domingo Lasqueti ―quien se convertirá en conde de Casa Lasqueti en 1796[36]― estuvieron muy presentes en la testamentaría de más de una veintena de oficiales y tuvieron un rol de gran importancia. Por ejemplo, en 1741 el oficial Ángel Martos Navarrete nombraba como herederos a sus hermanos Andrés y Enrique, contador de la Real Artillería de Coruña y Director y Proveedor General de reino de Granada respectivamente. Sin embargo, nombraba como apoderado ―le daba poder absoluto para testar― y como albacea al comerciante José Lasqueti[37]. Años más tarde, en 1764, el oficial Manuel Briseño ―soltero de 60 años― nombraba igualmente a José Lasqueti como albacea, en este caso junto a Manuel Tejada, también comerciante[38]. Muy pocos años después, ya en 1768, podemos observar que la siguiente generación de la oficialidad naval y de los Lasqueti volvieron a forjar fuertes relaciones. En ese año, el teniente de navío Matías Barreda Albornoz daba poder para testar a su esposa, a quien nombraba como albacea principal. Sin embargo, también especificaba que en caso de morir de viaje, quería que los albaceas fueran Sebastián Lasqueti ―hijo de José Lasqueti―, «del comercio de la Carrera de Indias», y Pedro Rosique, alférez de fragata[39]. Lo que demuestra el caso de los Lasqueti, aunque sea excepcional dentro de la investigación realizada, es que la oficialidad naval y los comerciantes al por mayor tuvieron una interdependencia y reciprocidad que los convertía en grupos socialmente homólogos, esto es, dos estratos de la sociedad que compartían similares cotas de poder y estatus.

Red 1. Vínculos de la familia Lasqueti con el Cuerpo General de la Armada en la segunda mitad del siglo XVIII

Fuente: elaboración propia

Leyenda: 1) Sebastián Lasqueti; 2) Francisco Lasqueti; 3) Juan Domingo Lasqueti; 4) Sebastián Ruiz Apodaca; 5) Vicente Ruiz de Apodaca; 6) J. Manuel Eliza; 7) Francisco Herrera; 8) Rafael Eliza Lasqueti; 9) Ignacio Olaeta; 10) Antonio Albornoz; 11) Matías Barreda; 12) Isidoro García del Postigo; 13) Pedro Rosique; 14) Manuel Cuadrado Naranjo; 15) Pedro Smidts; 16) Vicente Doz; 17) Nicolás Rojas; 18) José Córdoba Ramos; 19) José Jordán Maltés; 20) José Blanco Tizón; 21) Simón Herrera; 22) Diego José Miranda; 23) Antonio Martos Navarrete; 24) Manuel Briseño; 25) José Lasqueti; 26) Manuel Tejada; 27) Juan Bechik

La confianza, complicidad y cercanía que parece adoptar la relación de los oficiales con los comerciantes hacen indicar que estos vínculos eran igual de importantes que algunas relaciones de parentesco, especialmente cuando la familia estaba físicamente lejos. Por ejemplo, el teniente de navío Gabriel Pérez Alderete declaraba en 1768 que sus albaceas deberían ser su esposa, su padre ―el marqués de Casinas― y Gerónimo Ariscum[40], un importante comerciante gaditano[41]. También en ese año el teniente de navío Juan José Salaberría hacía un testamento recíproco con su mujer, Isabel Sánchez de Madrid―perteneciente también a una importantísima familia de comerciantes―; pero en la cláusula sobre los albaceas decía: «nos otorgamos recíprocamente y a Juan Antonio Jiménez Pérez, vecino y del comercio de esta ciudad, apoderados de mí, el otorgante [Juan José Salaberría], en todas mis dependencias por nuestros albaceas»[42]. En otras ocasiones encontramos que la situación es inversa: son los comerciantes quienes nombran como apoderados a los oficiales navales. En 1763, el teniente de navío Santiago Zuloaga quiso hacer constar en su testamento que el comerciante Pedro Paz le encargó hacer su testamento a través de un poder, y en él especificó que hacía un legado a su hija de 5.000 pesos escudos[43].

Por último, cabe señalar que la oficialidad naval de este primer periodo vio en los religiosos que vivían en la plaza gaditana un grupo en el que confiar y apoyarse, aunque de una forma muy minoritaria ―solo el 7% de los casos[44]―. Por ejemplo, en 1758 el teniente de navío Juan Antonio Camino nombraba como albacea a su mujer y al muy reverendísimo padre fray Francisco Colorado, religioso presbítero de la orden de San Agustín[45]. Muy parecido ocurrió en Isla de León, aunque en el caso de Felipe González Pérez fue un religioso junto a su esposa y a otros servidores relacionados con la administración de la Armada: «Andres Yanettini, oficial primero de la Contaduría de Marina; Domingo Recio, presbítero vicario del convento de Las Descalzas, y Salvador Medina, contador de navío»[46]. También en las relaciones con eclesiásticos podemos incidir en nuestra hipótesis de que los oficiales navales consiguieron integrarse como parte de los estratos más altos de la sociedad gaditana. En concreto, este hecho se evidencia en la estrecha relación que hubo entre algunos oficiales y los canónigos de la catedral de Cádiz, como por ejemplo el alférez de fragata Pedro Suave, quien en 1726 declara como albaceas a su suegro, el regidor perpetuo Juan Tavira, y al canónigo Andrés de Sierna Vargas Machuca[47]. Algo muy parecido ocurre con al también alférez de fragata Antonio Rojas Contreras, quien instituye como albaceas a su hermano, al capitán de fragata José Soriano y al canónigo magistral de Cádiz Francisco Larramanedi[48].

2. INTEGRACIÓN DE LA OFICIALIDAD NAVAL EN CÁDIZ E ISLA DE LEÓN A FINALES DEL XVIII Y COMIENZOS DEL XIX

La ciudad de Cádiz experimentará importantes cambios a lo largo de las décadas de 1760 y 1770, debido a las transformaciones que se producen en el comercio indiano: en 1765 se decreta la liberalización parcial del comercio, permitiendo el intercambio entre el Caribe y varios puertos de la Península; en 1778 se promulga el conocido Reglamento de Libre Comercio; y, finalmente, en 1790 se suprime la Casa de la Contratación, institución que había controlado el comercio colonial desde el descubrimiento de América. Al menos para Cádiz, la progresiva liberalización y el desmantelamiento del viejo sistema comercial trajeron numerosas ventajas ya que el puerto se mantuvo como el principal punto de intercambio: «las circunstancias seguían siendo favorables para Cádiz, tanto por la concentración en ella de firmas comerciales y de capital dedicado al comercio de ultramar, como por las infraestructuras, la experiencia acumulada y la información poseída acerca de los mercados americanos»[49]. En este mismo periodo la Armada experimenta un proceso de consolidación, gracias a la acción reformista llevada a cabo desde comienzos de siglo. Los arsenales terminan de construirse y se convierten en potentes centros industriales, la construcción de buques de guerra aumenta, permitiendo a España contar con potentes escuadras, y la oficialidad se consolida definitivamente, al tiempo que se incrementa enormemente el número de oficiales. Progresivamente, la ciudad de Cádiz irá perdiendo protagonismo en favor de Isla de León como lugar de habitación y trabajo de los oficiales de la Armada. La denominada Isla de León, situada a 14 kilómetros al sur de Cádiz, irá convirtiéndose a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XVIII en la base logística y militar del Departamento Marítimo de Cádiz, es decir, por expreso deseo de la Corona se quiso hacer anexa a la plaza gaditana una ciudad enteramente «naval»[50].

El último cuarto de siglo fue el periodo de máximo esplendor de la Armada y también de la ciudad de Isla de León. Durante las décadas finales de la centuria se convirtió en un potente núcleo donde se aglomeraron militares de mar y tierra, otros servidores reales, comerciantes, negociantes, contratistas, etc. Si la Isla de León era una «ciudad naval», es comprensible que la oficialidad naval se convirtiera en uno de los grupos sociales rectores. Es más, si observamos la inserción social de los oficiales, podemos observar que fueron la clave de bóveda de una estructura social muy particular: intensas relaciones con el Cuerpo del Ministerio de la Armada, con otros militares, con comerciantes, con religiosos y con servidores civiles. Pero el rasgo predominante fue la fuerte y estrecha unión entre los oficiales. En cambio, las relaciones de la oficialidad en la ciudad de Cádiz estuvieron centradas en los comerciantes, aunque el nexo con otros oficiales también fue relevante. Por ejemplo, el capitán de fragata Gonzalo Cañas Tréllez señalaba en 1775 que sus albaceas debían ser sus cuatro hermanos mayores y, junto a ellos, Francisco Huarte, caballero del orden de Santiago, teniente de fragata, regidor perpetuo de la ciudad y alguacil mayor de ella; Rafael Orozco, ayudante de la Compañía de Caballeros Guardias Marinas; y Francisco Alezos, presbítero capellán jubilado de la Armada[51]. Un año más tarde, el alférez de fragata Ciriaco García de Prado nombraba como albaceas a su tío y su hermano, junto a José Fernández de Cossío, tesorero receptor del Tribunal del Consulado de Cádiz. Solo en caso de que la muerte ocurriera en el viaje, deberían ser los albaceas el general Francisco Javier Everardo Tilly, marqués de Casa Tilly, el capitán de fragata Antonio Chacón y el teniente de navío Tomás Gayanogos[52].

En cualquier caso, cabe destacar la relación de la oficialidad naval que vivía en la ciudad de Cádiz con los comerciantes al por mayor. Estos últimos emergen como amigos íntimos y estrechos colaboradores, aunque la naturaleza de estas relaciones fue verdaderamente variable. Por ejemplo, el teniente de navío Lorenzo Villavicencio establecía en 1781 un poder para testar a su mujer y, a falta de esta, a Manuel García de la Torre, comerciante de Cádiz. Sin embargo, con o sin esposa, este debía ocuparse de «todo lo relacionado con mi caudal»[53]. Por otro lado, en 1787 el teniente de navío Juan Ignacio Bustillo Rocha decía «instruiré de mis bienes a Fermín Elizalde, del comercio, sujeto de mi mayor confianza, a quien nombro por albacea»[54]. Expresiones como la del oficial Bustillo demuestra que el nexo con los comerciantes fue algo más que un lazo por motivos económicos; se trataba, en realidad, de una relación de verdadera confianza y reciprocidad. Además, tal y como ocurría antes de la década de 1770, hubo familias de comerciantes que acapararon un gran número de relaciones sociales con los oficiales. Por ejemplo, el comerciante Antonio José Mosti aparece como albacea, entre otros muchos, de Alonso Antúnez Acevedo y Francisco Javier Morales Pineda[55], este último junto con otro comerciante, Juan Santiago Lobo[56]. No obstante, durante todo el último cuarto del siglo, la familia Lasqueti siguió emergiendo como una de esas parentelas que tuvo una fuerte presencia entre los oficiales. Muestra de esta unión es cómo el jefe de escuadra Vicente Doz, que era soltero, nombraba como únicos albaceas a Sebastián Lasqueti y a Pedro Smidts[57]. Por su parte, el brigadier Antonio Albornoz, a pesar de estar casado, nombró como único albacea a Sebastián Lasqueti en 1782, y en 1794, ya como jefe de escuadra, nombró a su esposa, a Sebastián Lasqueti, a José María Lasqueti y al anteriormente mencionado Pedro Smitds, todos ellos del comercio[58].

Los oficiales que vivieron en Isla de León durante estos años tuvieron unos círculos de sociabilidad sensiblemente diferentes. Su unión con otros oficiales fue abrumadora, lo cual permite plantear que el Cuerpo General emergió como un potentísimo grupo dentro de la estructura social isleña. A ello cabe sumar su relación con otros miembros de las élites estatales, tales como oficiales del Ejército, miembros del Cuerpo del Ministerio de la Armada u otros servidores civiles de las instituciones reales. No obstante, no todas las personas que se referenciaban en los protocolos de Isla de León hacían referencia a habitantes de la ciudad; hay que entender que las conexiones entre Cádiz e Isla de León eran fortísimas. Señalamos como un ejemplo interesante al capitán de navío Luis Ramírez de Arellano. Este oficial nombraba en 1779 como albaceas a su mujer, a su hermano, a José González, que era presbítero de Calahorra, a Gaspar Aguado, comerciante de Cádiz, y en caso de morir este al teniente de navío Felipe Villavicencio[59]. En 1800, el jefe de escuadra Felipe González Haedo nombraba como albaceas a sus hijos, tanto de sangre como políticos, junto al capitán de navío José de la Cosa, que era natural de Santoña, como el testador, al capitán de fragata Juan de Sarraoa y al comisario de guerra Antonio de Araz[60]. Por último, podría citarse al jefe de escuadra Juan Soto, que era sobrino del marqués de la Victoria. Su elevada posición dentro de la sociedad isleña se advierte, en gran medida, en los albaceas que presenta: el vicario castrense, el teniente general Juan de Lángara y el capitán de navío Rafael Orozco.

Es necesario insistir en la idea de que la inserción social de los oficiales que viven en Isla de León estuvo dominada por sus relaciones con otros oficiales. Sin embargo, este hecho debe entenderse junto a otros factores y procesos esenciales. El más obvio es la propia disposición y objeto de la ciudad: en una urbe creada por y para la Armada, los oficiales tenían un protagonismo indiscutible. Otros elementos a considerar son: el aumento del número de oficiales ―en la década de 1790 se llega a un máximo con 1600 oficiales navales―; el definitivo desarrollo y consolidación del Cuerpo General que se produce a partir de 1760-1770; y una política matrimonial crecientemente endogámica que tendrá su punto culminante en el primer tercio del XIX. Una muestra de esa confluencia de relaciones entre militares podría encontrarse en el testamento de Luis de Córdoba, capitán general, Director General de la Armada ―vértice jerárquico de la institución― y capitán general del Departamento de Cádiz. El numeroso listado de albaceas que propuso bien podría ser una muestra del estrato superior de la organización naval y, en gran medida, de la sociedad isleña: el marqués de Casa Tilly, general de la Armada, Alejandro Antonio de Terán, comisario real de guerra, los generales Antonio de Ulloa, Miguel José Gastón y Juan de Lángara, el mayor general Manuel Núñez, el brigadier Antonio Domontes, el comisario de la Armada José Alonso Enríquez y, por último, su sobrino José de Córdoba, que también era general de la Armada[61].

En el trascurso de estas últimas décadas del Setecientos, los oficiales se fueron instalando definitivamente en Isla de León y asentándose socialmente en la ciudad. A partir de entonces, los nombres de los albaceas comenzarán a repetirse con frecuencia, lo cual evidencia que existió una conexión de grupo más o menos estable. Por ejemplo, en 1792 Diego Mendoza Suárez de Toledo nombra como únicos albaceas a Manuel Núñez, Juan de Dios Ponce de León y Juan Salcedo, los tres oficiales residentes en la Isla[62]; en 1802, Andrés Perler Angulo nombra como albaceas a su cuñado, el oficial Bruno Ayala, y al brigadier Felipe Villavicencio[63]; en 1808, Juan Mesías Caisedo, a su esposa y a los oficiales Alonso Torres y Manuel Solís[64]; en 1805, Manuel Estrada Pintado instituía a su mujer, que residía en Cuba, y en España a los oficiales Luis Medina y Alonso Torres; y en 1807, José Ramón Gardoqui quería que sus testamentarios fueran su esposa, su hermano y, junto a ellos, el general José Justo Salcedo[65].

El periodo inmediatamente posterior, el que abarca el primer cuarto del siglo XIX[66], es un tiempo convulso que tuvo una incidencia directa sobre las ciudades de Cádiz y San Fernando. No puede olvidarse que los principales episodios de la España que no estuvo dominada por Napoleón ―Junta Central y Regencia, Cortes y Constitución― tuvieron como escenario ambas ciudades[67]. Pero más allá de este intervalo tan convulso, la ciudad de Cádiz siguió siendo una importante plaza comercial, aunque el volumen de mercancías se resintió enormemente, e Isla de León ―desde 1813 llamada oficialmente San Fernando― siguió siendo la ciudad naval por excelencia, aunque ahora no de una forma tan brillante como en el último tercio del XVIII. La pérdida de recursos materiales y humanos de la Armada a lo largo del primer tercio del Ochocientos tuvo un fortísimo impacto sobre la ciudad isleña. En cualquier caso, la inserción social de la oficialidad naval en este periodo siguió las líneas marcadas en el último cuarto del XVIII, aunque con algunos matices: se mantiene la fuerte unión con otros miembros del Cuerpo General, hay una alta presencia de comerciantes al por mayor y crece la presencia de otros miembros de la Armada, militares y religiosos. En este intervalo, además, cristalizan con mayor fuerza las diferencias entre ambas ciudades: en Cádiz prevalecen los vínculos con comerciantes, mientras que en Isla de León/San Fernando destacan sobremanera las relaciones con los oficiales.

En cuanto a los vínculos entre oficiales, en este periodo sí que parece dominar una unión con oficiales de cargos similares y cohortes parecidas. Por ejemplo, el jefe de escuadra Ramón Topete Fuentes nombra en 1821, como únicos albaceas, al también jefe de escuadra Joaquín Rodríguez Rivera y al brigadier Cosme Carranza. Por su parte, el capitán de fragata Ángel Laborde otorga un testamento en 1817, donde expresa que Francisco García González, capitán de fragata, y Victoriano García Valdés, teniente coronel retirado, debían ser los albaceas y los tutores y supervisores de los hijos que su esposa había tenido en un matrimonio anterior[68]. No obstante, eso no excluye que hubiera casos ―se han localizado dos― en los que el oficial mostrara una fuerte relación con compañeros de diferente graduación. Es el caso del capitán de navío José Agustín Lobatón, quien nombró como albaceas a José Joaquín de la Torre, vicario y cura, a Manuel Lobo, brigadier de la Armada, a José Donoso Parra, teniente de fragata retirado, y a Manuel Martín Camacho, alférez de fragata[69].

La relación que tienen los oficiales navales con los comerciantes y otros grupos sociales también es interesante porque es indicativa de los movimientos y transformaciones que se están produciendo en la sociedad gaditana. La élite mercantil del Setecientos fue sustituida en su mayor parte durante el primer tercio del siglo XIX por un renovado grupo de comerciantes y negociantes. Tal y como señala Manuel Bustos,

entre tanto, en medio del marasmo, adquiere un protagonismo destacado un grupo de negociantes, vinculados algunos de ellos al Consulado, que intenta reconducir las inversiones hacia otro tipo de bienes. Junto a la participación en los empréstitos que asume la institución comercial y la deuda pública, aprovechan la desamortización de bienes raíces[70].

Los oficiales de la Armada reflejaron este proceso de renovación dentro del grupo de comerciantes al por mayor porque tuvieron estrechos vínculos con los nuevos negociantes, así como con los dueños de viejas casas comerciales. Por ejemplo, el capitán general de la Armada Ignacio Álava declaraba en 1817[71] que sus albaceas debían ser su esposa y el comerciante Manuel Micheo, negociante de origen vasco que se había asentado y ejercido en Cádiz durante toda la mitad del siglo XVIII[72]. En cambio, el oficial soltero Nicolás Toledo Licht nombraba en 1819 como albaceas a los comerciantes Bartolomé de Agola y Miguel Urbina y al vecino gaditano Isidoro de Vergara[73].

3. ADAPTACIÓN DE LOS OFICIALES A LA SOCIEDAD GADITANA DESDE 1825

A partir de las décadas de 1830, 1840, y muy especialmente desde 1850, la situación de Cádiz y San Fernando cambió profundamente. El puerto gaditano experimentó un resurgir debido a la transformación del modelo comercial que practicaba: ya no se trataba del punto principal del intercambio colonial, aunque tuvo una fuerte vinculación con Cuba, sino que era un puerto de redistribución del espacio americano y exportador a Europa[74]. Este hecho es trascendental, porque la ciudad volverá a reactivarse tras un periodo de relativo declive, aunque ahora de una forma diferente[75]. Lo cierto es que a partir de la década de 1840, la plaza gaditana no solo se centrará en el comercio y sus beneficios inmediatos, sino también en el fomento de la industria, la banca, las finanzas y minas. Un heterogéneo grupo de propietarios, inversores, comerciantes, prestamistas, capitalistas, funcionarios, militares y otros profesionales liberales conformaron el grupo rector de la sociedad gaditana[76]. Por su parte, San Fernando continuó siendo la ciudad naval por excelencia, aunque ahora su estatus iría acorde a la posición ciertamente secundaria que la Armada tuvo en el XIX. En el Diccionario comúnmente denominado Madoz, la ciudad es descrita de la forma siguiente ―refiriéndose al ecuador de la década de 1840―:

…con administración de rentas, de salinas y cargadas, de correos y de loterías. En ella está el departamento de marina, que se titula de Cádiz, y por tanto tiene arsenal, caserío de provisiones de víveres, cuarteles para la tropa de artillería de marina, colegio naval para los aspirantes de la misma, capitanía general, intendencia y contaduría principal, juzgado y demás dependencias de los cuerpos auxiliares de la Armada (…) Tiene unas 2.240 casas (…) de las cuales más de 500 se hallan en un estado ruinoso (…) Desde el año 1824, se han derribado más de 800 edificios, lo que manifiesta la grandísima decadencia a que ha venido la población: primero, porque habiéndose construido muchos edificios y aún barrios enteros de mala fábrica, en la guerra de la Independencia (…) principiaron a arruinarse luego que disminuyó la población a la conclusión de aquella (…); segundo, el enorme atraso que por tantos años consecutivos sufrieron las clases de marina en la percepción de sus haberes, y la disminución que han tenido todos sus cuerpos por la lamentable decadencia a que aquella vino a parar (…) Hoy que está más atendido el departamento, principia a tener más vida esta riqueza y a repararse muchos edificios arruinados[77].

En definitiva, la ciudad de Cádiz experimenta desde 1840 un notable resurgir con respecto al primer tercio del XIX, aunque con altibajos y vaivenes durante el resto de la centuria. Por su parte, San Fernando vivió una moderada recuperación ―la ciudad pasó de 9.729 habitantes en 1842 a 26.825 en 1877 y alcanzó los 29.802 en 1900―. Las sociedades de ambas ciudades sufrieron mutaciones y también los círculos de sociabilidad de la oficialidad naval. Igualmente, es importante destacar que, frente a la fuerte disminución de la presencia de oficiales navales en Cádiz durante el primer tercio del siglo XIX, a partir de 1840 la élite naval volvió a la sociedad gaditana con una relevante fuerza ―el 68,4% de los casos encontrados son de Cádiz y el 29% de San Fernando―.

Comenzando en esta ocasión por la ciudad de San Fernando, la inserción social de la oficialidad naval se encuentra en un borroso contorno entre el cambio y la continuidad. Los rasgos de permanencia se pueden advertir en que el grupo conformó mayoritariamente sus relaciones con otros oficiales de la Armada; la mayoría tuvo en sus entornos sociales inmediatos a, al menos, un oficial de la Armada. Si tenemos en cuenta, además, que el Cuerpo General de la Armada no fue un grupo especialmente numeroso en la segunda mitad del XIX, se podrá entender que muchos de los nombres se repiten. Por ejemplo, en 1856 el oficial Francisco Chacón Horta nombra como albaceas a su esposa y al capitán de fragata Gerónimo Lobatón con igualdad de poder; en 1869, el contralmirante Ramón Pery Ravé nombra como albaceas únicos al mencionado Francisco Chacón Orta, al citado Gerónimo Lobatón Prieto y a Francisco Ramos Izquierdo Villavicencio, todos oficiales; y en 1881, Francisco Ramos Izquierdo Gil de Atienza nombra como albaceas, junto a dos primos suyos, a Camilo Carlier Romero, capitán de navío[78].

Las mutaciones se advierten en la relativa apertura de integración social, especialmente porque aparecen nuevos grupos sociales, los cuales representan perfectamente una nueva forma de entender y articular la jerarquía social. Esta modificación en los círculos sociales se hizo con base a sectores que tradicionalmente, y especialmente durante el siglo XVIII, no habían sido considerados deshonestos, pero sí eran tenidos por grupos sociales claramente inferiores. No obstante, esa relajación de las antiguas fronteras sociales ya había comenzado a manifestarse en la década de 1820 y especialmente en 1830. Sirva como primer ejemplo el oficial Juan María Osorno Gerbau. En 1834, al protocolizar su testamento, quiso nombrar como albaceas a José Medina, «mi hermano político y del comercio de Cádiz», y al «escribano notario púbico» Domingo González Téllez, «por ser personas de toda mi confianza»[79]. Nunca antes se había puesto de manifiesto una relación tan fuerte entre un oficial de la Armada y un notario. Lo mismo ocurrió con las personas que se dedicaron al mundo de la justicia, ya fuera en la jurisdicción civil o en la militar. Un ejemplo de ello se encuentra en el testamento de Francisco Villavicencio Rodríguez de Arias. Este oficial declaraba en 1859 que quería que uno de sus albaceas fuera José Gálvez Álvarez, auditor de Marina de La Habana ―el cargo máximo del cuerpo jurídico de la Armada―, siendo este el primer caso encontrado en toda la muestra en que un miembro de la oficialidad naval pone de manifiesto una relación tan estrecha con este sector[80]. También es ilustrativo el caso de Francisco Vizarrondo: este oficial establecía en 1840 que sus albaceas en San Fernando fueran Manuel Rodríguez, oficial de la administración de Salinas de la ciudad, y el brigadier Miguel Lobo, pero en Estepona, ciudad de donde era originario, debía ocuparse José Guerrero, «el médico de la villa»[81].

La inserción social de los oficiales que vivieron en Cádiz durante la segunda mitad del siglo XIX adquiere mayor diversidad. En el 40,5 % de los casos se relacionaron con otros militares y en una proporción exactamente igual con comerciantes, pero en este caso con el nuevo sector que emergió tras la reconversión de la ciudad. Por ejemplo, en 1840 el teniente de fragata Mariano Sesma dio como legado a Juan Nepomuceno Balzola, comisario de Marina, y a su hijo, el teniente de fragata José Justo Balzola, dos bastones y una caña con puño de oro, a los que también nombraba como albaceas únicos ―el heredero fue su sobrino el coronel Gerónimo Arteta Sesma[82]―. También es ilustrativo cómo los oficiales Francisco Ponce de León Morejón y Pascual Cañizo, ambos capitanes de navío, se nombraron respectivamente albaceas en sus testamentos realizados en el año 1850[83]. Las últimas generaciones estudiadas de la oficialidad naval ―las que se formaron en el Colegio Naval Militar (1845-1868) y vivieron aproximadamente hasta principios del siglo XX― también mostraron una destacable unión entre sí. Por ejemplo, entre 1886 y 1889, el general Manuel Dueñas Sanguineto nombraba como albaceas a diferentes oficiales de la Armada, entre los que se encuentran Agustín Lobatón, Adolfo Robion, José María Lazaga o Miguel Fernández de Celis[84].

Saliendo del ámbito castrense, es interesante observar la constelación de grupos sociales que conformaron la inserción social de la oficialidad naval gaditana, los cuales podrían ser perfectamente definidos como las «clases medias» de la nueva sociedad[85]. A pesar de esta denominación ―más retórica que una descripción real de la estructura social― estamos hablando de los estratos sociales que acaparaban las mayores cotas de prestigio, estatus social, poder y, en gran medida, la propiedad y gestión de los principales recursos económicos. Una muestra ilustrativa de lo dicho lo proporciona el ya mencionado capitán de navío Pascual Cañizo Pareja. Aunque en 1850 había testado en San Fernando, en 1864 vuelve a hacerlo en Cádiz. Este anciano y soltero oficial de 84 años declaraba que era su deseo dejar su herencia a los pobres de la ciudad, aunque haciendo algunos legados a familiares. Nombró como albaceas a José María Butrón, brigadier de la Armada, a Juan Moreno Franco, capellán de la iglesia de Santo Domingo, a José Moreno, profesor de medicina ―la ciudad tenía una de las primeras facultades de Medicina de España, heredera del Real Colegio de Cirugía de la Armada―, y a los comerciantes Francisco Coma Montes y Eustaquio Elejalde ―este último poseía además un almacén de paños y era «propietario»[86]―.

Otros casos encontrados en Cádiz también muestran esa apertura de la oficialidad naval a los grupos socio-profesionales dedicados a la justicia, un sector que, indudablemente, fue adquiriendo gran importancia, poder, estatus y reconocimiento a lo largo de todo el Ochocientos. Relevante es el ejemplo del brigadier Manuel Quesada Barbalonga, que era comandante titular del apostadero de Filipinas. Este oficial, que era soltero, nombraba en 1848 como única heredera a su hermana e instituía como albaceas al comerciante, propietario y fundador del Banco Español de Cádiz, Pedro Pascual Vela, y al abogado Manuel Rodríguez Jarillo[87]. Este último, que era definido como «abogado y propietario», alcanzó bastante relevancia en la sociedad gaditana porque llegó a ser decano del Colegio de Abogados de Cádiz en la década de 1860, fue miembro de la Academia de Bellas Artes de Primera Clase de Cádiz y ostentó la alcaldía de la ciudad en la década de 1850[88]. Por su parte, el mencionado Pedro Pascual Vela tiene una interesante biografía que ha sido abordada en un estudio de Gonzalo Butrón:

Juan de Dios Lasanta y Pedro Pascual Vela también comenzaron a despuntar en el Cádiz de los años treinta. Eran comerciantes y, como muchos otros de sus iguales, supieron diversificar sus inversiones en las décadas centrales del siglo. Su trayectoria se cruzó en más de una ocasión, pues ambos formaron parte, en 1836, de la plana mayor de la Milicia Nacional y coincidirán, ya en los años cuarenta, como socios fundadores del Casino Gaditano y como consiliarios del Banco de Cádiz constituido en 1847 (…) Pascual Vela, que en 1852 se había convertido en el 12º mayor contribuyente de la provincia, fue regidor entre 1834 y 1837, alcalde 4º en 1841 y diputado provincial en 1842 y 1855[89].

En cualquier caso, el comercio siguió siendo la actividad matriz de la ciudad gaditana y constituyó el sector que más dinamismo aportó a la sociedad. La fuerte relación que unió a los oficiales de la Armada con los comerciantes es esencial para llegar a entender dónde se pueden encuadrar socialmente estos individuos, esto es, entre las clases medias que constituían los grupos rectores de la jerarquía social ―en palabras de Juan Francisco Fuentes, la «clase social y económicamente dominante»[90]―. Pero más allá del concepto empleado, cabe señalar que se trata de sectores bastante heterogéneos ―algunos contemporáneos incluían al «artesano rico», el «médico acaudalado», el «militar de alta graduación», el «estimable literato», el «comerciante o rico moderno» o el «fabricante industrioso» y otros incluso añadían a eclesiásticos, notarios o hacendistas[91]― que surgen transversalmente en varios campos de la política, la economía y la cultura[92], pero que tuvieron en común el «aparecer como principal depositarios de aquellos valores ―austeridad, laboriosidad, probidad, solvencia― sobre los que debe pivotar el progreso material y la regeneración moral y política de la sociedad»[93].

Por ejemplo, el capitán de fragata Juan Salomón nombraba como albaceas a su esposa y a Luis Terry, del comercio[94]. Este se convirtió en cónsul del comercio gaditano en Chile y Nicaragua y, además, participó en diversas operaciones y empresas, tales como la «Empresa Gaditana de Hilados de Tejido de Algodón», la «Empresa Gaditana de Buques de Vapor», siendo director del «Monte de Piedad y Caja de Ahorros», participando en la empresas de seguros como «La Aurora de España» o «Lloyd Andaluz», accionista en la «Empresa de Alumbrado de Gas» y los ferrocarriles «Caminos de Hierro», así como presidente de «Minas La Caridad de Aznalcóllar»[95]. El resto de ejemplos sigue la misma estructura y se mantiene hasta principios del siglo XX: un oficial de la Armada muestra una fuerte confianza y reciprocidad con estos «comerciantes», que usualmente eran inversores en otros muchos sectores económicos de la ciudad y de España. Traemos como último ejemplo al teniente de navío José María Tirado y al capitán de fragata Santiago Alonso Franco, que mostraban, en 1891 y 1892, una fortísima relación con los hermanos Aramburu[96].

Estos últimos constituyen un caso excepcional puesto que los Aramburu se convirtieron en una familia de notoria distinción del Cádiz del XIX que da nombre a una de las bancas más importantes de la ciudad[97]. A comienzos del ochocientos, en plena crisis de la plaza gaditana, llegaron desde Zumárraga los hermanos Martín y José Antonio Aramburu Echazarreta para ejercer el comercio. Este último, que casará con Josefa María Fernández, fue padre de tres hijos y dos hijas: Micaela, María Manuela, Francisco, Juan Antonio y José. Todos ellos conformaron un interesante y complejo núcleo de poder a lo largo del XIX que los llevó a los estratos más altos de la sociedad gaditana. Sus actividades difícilmente se pueden limitar a un único vocablo: ejercieron el comercio, fundaron y expandieron la banca «Aramburu Hermanos», fueron propietarios, industriales del gas y participaron en la construcción naval, eran inversores nacionales y extranjeros, productores de teatro e, incluso, uno de ellos -Francisco- fue oficial de la Armada. En torno a este último individuo se fue forjando en las décadas de 1870, 1880 y 1890 una interesantísima red que es de gran interés para comprender la inserción social de la oficialidad naval a finales de la centuria. El mencionado Francisco Aramburu, que llegó a teniente de navío, se volcó junto a sus hermanos en las actividades económicas y se convirtió en un eje central de muchos compañeros militares puesto que confiaron en él no solo para cuestiones económicas ―inversiones, cuentas corrientes, pagos, herencias― sino para temas tan personales como el cuidado de familiares cercanos. Por ejemplo, en 1891 el teniente de navío José María Tirado nombraba como albacea a Francisco Aramburu, con quien había emprendido algunos negocios de inversión. Sin embargo, este oficial exhortaba y rogaba a Francisco para que «se interese por la suerte de sus hermanas», para lo cual le cede la décima parte de sus bienes[98]. También es ilustrativo que en 1889 el general de la Armada Enrique Páez nombrara a Francisco Aramburu como miembro del «Consejo de Familia», que se podía formar tras su muerte en virtud del Código Civil de ese mismo año. En ese mismo consejo aparecen hombres como Carlos Perea Orive, José Luis Díez Fernández de la Somera, Manuel de la Puente Campana o Antonio José Bensusan Bergallo, todos ellos pertenecientes a la élite económica y política de la plaza gaditana de la década de 1890.

Red 2. Relaciones de Francisco Aramburu a finales del siglo XIX

Fuente: elaboración propia

Leyenda: 1) Pedro Ramírez Isasi; 2) J.M. Tirado; 3) Manuel MacCrohon Blake; 4) Eugenio MacCrohon; 5) Agustín Lobatón; 6) señores Gutierrez Ruilova; 7) Pedro de la Piedra Moreno; 8) Santiago Alonso; 9) Francisco Aramburu Fernández; 10) Francisco Llobegrat Martín; 11) Enrique Páez Fernández; 12) Antonio José Bensusan Bergallo; 13) J. Calderón; 14) marqués de Arellano; 15) José Manuel Bustillo; 16) Cristóbal Mallen; 17) Rafael Lozano Galindo; 18) Sebastián Gómez Peñareo; 19) José Sánchez Mellado.

CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo era hacer una aproximación a la inserción social de los oficiales navales que vivieron en la bahía gaditana en los siglos XVIII y XIX y hacer un boceto dinámico del grupo al insertarlo en el mapa de relaciones de la sociedad española. Se trata, en realidad, de un aspecto clave y esencial para comprender a este grupo social, puesto que estos individuos fueron mucho más que militares ―en realidad, tuvieron relaciones con otros campos que no fueron el estrictamente castrense―. La Real Armada fue producto de las primeras reformas que los Borbones pusieron en marcha en la década de 1710 y su construcción fue lenta y progresiva a lo largo de todo el siglo. Con el paso de los años, los oficiales navales van llegando a la bahía gaditana, lejos de sus casas y familias ―aunque una alta proporción de ellos fueron andaluces―, y se encontraron con una de las ciudades socialmente más dinámicas de la Monarquía. El estatus y el poder que les confería su puesto como oficiales, junto al hecho de proceder de la baja y media nobleza provinciana, les permitió situarse entre los estratos más altos y relevantes de una sociedad atípica. Es por ello que durante un primer periodo, que abarca aproximadamente 1725-1775, los oficiales se relacionaron esencialmente con compañeros del cuerpo, con comerciantes al por mayor ―que eran de facto la élite social de la ciudad―, con funcionarios reales y con clérigos.

La relación con los comerciantes no puede ser extraña, porque ambos grupos tenían orígenes sociales similares y porque los oficiales vieron en ellos un sector social hegemónico y preponderante de la sociedad gaditana con el que se podía compartir intereses, problemas y necesidades más o menos comunes. En realidad, ambos grupos están amparados en el esquema social del Antiguo Régimen, pero su verdadera posición privilegiada radica en otros elementos: los comerciantes ejercían una actividad económica esencial que fue potenciada desde la Corona y que permitía amasar grandes fortunas, a la par que les permitía entrar en los círculos de poder y recibir gracias reales ―un ejemplo fueron los numerosos títulos nobiliarios que se repartieron a este grupo―; los oficiales, por su parte, encarnaban el nuevo poder naval que tanto esfuerzo y sacrificio costó a la Monarquía. Por otro lado, la relación de los oficiales con otros servidores reales y con miembros del Cuerpo General de la Armada debe entenderse como una creciente dinámica de grupo que se fue generalizando a lo largo del siglo entre las nuevas élites estatales, es decir, la conformación y consolidación de una nueva clase política-funcionarial que representaba nuevos valores y nuevas formas de vida.

En el último cuarto del Setecientos hubo una acentuación de los procesos ya expuestos, aunque con una particularidad añadida: la construcción y puesta en marcha de la Isla de León como ciudad naval propiamente dicha ―sede del principal arsenal de la Armada y como lugar donde se concentraron los organismos centrales de la institución―. La inserción social de los oficiales se comenzará a diferenciar dependiendo de si vivían en Cádiz o en Isla de León: los primeros tuvieron mayoritariamente relaciones con comerciantes, evidenciando en este momento un profundo y fuerte lazo con ellos; y los segundos demostraron una mayor unión con otros miembros de las élites de servicio, ya que los estratos superiores de la sociedad isleña estuvieron compuestos esencialmente por funcionarios destinados allí. Más allá de este simplificado esquema, se puede afirmar que la oficialidad naval se configura durante este periodo como un grupo relevante y bien posicionado dentro de la bahía gaditana, pero no sobre la base de principios tradicionales, tales como la sangre o el linaje, sino por innovadores criterios como el poder, el estatus, la educación, méritos personales, preparación, profesionalización u honradez ―valores que compartieron con los grupos con los que se relacionaban―.

Durante el primer tercio del siglo XIX se producen transformaciones en todos los ámbitos: en Europa, en la Monarquía, en la Armada, en la sociedad española, en Cádiz e Isla de León, etc. El orden existente hasta ese momento se quiebra, pero no desaparece hasta pasadas varias décadas. Para los oficiales es un periodo de crisis debido a la profunda decadencia en la que entró la Marina, y sus sociabilidades también experimentaron mutaciones. Por un lado, se produce un cierre social parcial, un retraimiento en la propia institución ―miembros de los cuerpos militares y administrativos de la Armada―; y por otro lado, aunque muy tímidamente, las relaciones sociales de los oficiales se abren a nuevos grupos como consecuencia de las grietas evidentes del antiguo orden social y la emergencia de una nueva sociedad. Los notarios o los juristas, grupos sociales muy respetables con creciente importancia social, son buenos ejemplos. No obstante, las particularidades de la plaza gaditana y su naturaleza comercial hicieron que los oficiales siguieran relacionándose con los comerciantes al por mayor ―grupo que a su vez experimentó una fuerte renovación interna―.

A partir de la década de 1840 ya hay muestras suficientes de que un nuevo esquema social ha emergido y la bahía gaditana puede considerarse como uno de sus mejores ejemplos. La antigua primacía de los estamentos privilegiados ―nobleza y clero― es sustituida por la preponderancia de un heterogéneo conjunto de grupos sociales que acapararon las cotas más altas de poder, estatus y riqueza, aunque cada sector con una alineación diferente de estos elementos. Dentro de estas «clases medias» ―pese a que actuaron como los estratos superiores― se integraron los oficiales navales de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, estos individuos trazaron fuertes lazos y dependencias con los nuevos comerciantes de la ciudad, inversores, propietarios, juristas, funcionarios civiles y militares, profesionales liberales, políticos… En definitiva, los oficiales de la Armada del Ochocientos se integraron dentro de esa constelación de «hombres de bien» que dirigieron la sociedad gaditana decimonónica, aunque manteniendo ciertas particularidades por pertenecer al estamento militar.

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[1] Algunos balances sobre los avances de la Historia Militar en los últimos años son: Borreguero, 2016; Jiménez Estrella, 2014; Martínez Ruiz, 2003; Navajas Zubeldia, 1996; Cachinero, Aspizúa y Jensen, 1993.

[2] Circunscribiendo el problema a España y a los siglos XVIII y XIX, se puede mencionar Andújar Castillo, 1991, 2004; Marchena Fernández, 1992; Alonso Baquer, 1980; Fernández Bastarreche, 1978; Busquets, 1967.

[3] Marchena y Cuño, 2018; Guimerá y Chaline, 2018; García Hurtado, 2012; Sánchez Baena, Chaín Navarro y Martínez Solís, 2011; Cepeda Gómez, 2008; Merino Navarro, 1981.

[4] Glesener, 2002; García Hurtado, 2002; Franco Rubio, 2004; Imízcoz Beunza, 2012; Imízcoz Beunza y Bermejo Mangas, 2016. Estos trabajos se sitúan dentro de la historia cultural, como la obra de García Hurtado, que aborda cómo los militares fueron creadores y consumidores de cultura escrita, y también dentro de la historia social, como las aportaciones de José María Imízcoz sobre las relaciones sociales de las élites vasco-navarras en el Setecientos.

[5] Historiográficamente nos apoyamos en propuestas como la de Imízcoz Beunza, 2017 y sociológicamente en Donati, 2006.

[6] Bertrand, Guzzi-Heeb y Lemercier, 2011; Erickson, 1997; Lemercier, 2005; Bertrand, 1999; Moutoukias, 2003, 2013; Gribaudi, 2009; Gribaudi y Blum, 1990.

[7] Para la España de los siglos XVIII y XIX, especialmente las redes de poder, algunos ejemplos son: Sarno, 2017; Chaparro Sainz y Artola Renedo, 2013; Imízcoz Beunza, 2007; Zozaya, 2008; Castellano, 2005; Pro Ruiz, 1995.

[8] Este campo de estudio tiene una fuerte impronta francesa y uno de sus primeros trabajos, y más influyentes, fue el de Agulhon, 1966. En España, ver como referencia Maza Zorrilla, 2001; Uría, 2008.

[9] Bertrand, 1999, p. 29.

[10] Gómez Navarro, 2000, aborda el problema concreto del albaceazgo como una figura esencial de la construcción de la comunidad en la Edad Moderna porque los individuos escogidos para tal fin atestiguan lazos esenciales para la construcción de la sociedad como una red de relaciones, lazos y vínculos. Esta premisa también se apoya en los avances historiográficos de los últimos años, cuyo enfoque ha permitido entender las sociedades del pasado como una configuración de relaciones: Imízcoz Beunza, 2014b; Bertrand, 2009 y 2007; Latour, 2007; Boyd, 2000; Dedieu y Moutoukias, 1998; Moutoukias, 1998; Granovetter, 2003, 2000; Gribaudi, 1992.

[11] Pro Ruiz, 2001, p. 163.

[12] En definitiva, los testamentos son consecuencia de un acto administrativo que expresa un momento particular de un individuo, casi siempre en una edad avanzada o antes de una experiencia que pudiera tener peligro de muerte ―grandes travesías, batallas―. En cualquier caso, la información que ofrece esta fuente no es casual ni arbitraria, sino que hunde sus raíces en trayectorias vitales más profundas. No podemos olvidar que hacer mención a cierta persona en el testamento, y hacerle cargo de una función tan importante como el albaceazgo o la curaduría de los hijos, solo puede ser producto de una relación estrecha y fuerte.

[13] La disyuntiva metodológica en este aspecto es clara: a pesar de las consecuencias que tiene apoyar un estudio en una sola fuente histórica, la documentación notarial es la única documentación que permite hacer un verdadero retrato de grupo porque ofrece información continua, seriada y fiable. Los estudios de caso ―que permitirían un cruce de fuentes efectivo― aportan resultados interesantes pero igualmente limitados por su carencia de representatividad.

[14] A pesar del Fuero Militar y la existencia de una Escribanía concreta de Marina, los oficiales navales que vivieron en Cádiz y San Fernando otorgaron sus testamentos en una variada gama de escribanías ordinarias. Se trata de un comportamiento singular que tiene su contrapunto en Ferrol, donde la mayoría de los oficiales optaron por la Escribanía de Marina.

[15] Los datos recogidos para el periodo 1725-1750 pertenecen en su totalidad a la ciudad de Cádiz. Esta es la razón por la cual no se ha incluido en la Tabla 2.

[16] Díaz Blanco, 2017.

[17] Bustos Rodríguez, 2015, p. 312.

[18] Bustos Rodríguez, p. 316. Ver también Molas Ribalta, 1985; Bustos Rodríguez, 2008.

[19] Crespo Solana, 2004, 1996.

[20] Molina Martínez, 2004.

[21] Archivo Histórico Provincial de Cádiz [AHPC], Cádiz, 4494, fol.1489-1491.

[22] AHPC, Cádiz, 2449, fol. 717-719.

[23] AHPC, Cádiz, 2184, fol. 197-198.

[24] AHPC, Cádiz, 1180, fol. 474-480.

[25] Imízcoz Beunza, 2014b; Gorraiz, 2017.

[26] AHPC, Cádiz, 3638, fol. 212-215.

[27] En realidad, la figura de José Valenciano es bastante representativa de este grupo de comerciantes al por mayor y negociantes del Cádiz del setecientos que fue compaginando cargos en la administración de la Carrera de Indias. Dedicado al comercio con Veracruz, pertenecía al Consulado y fue nombrado Procurador Mayor Síndico General del concejo gaditano, además de ser contador principal de la Contaduría de la Casa de Contratación. Archivo General de Indias [AGI], Contratación, leg. 5492 y 5504, Archivo Histórico Nacional [AHN], Órdenes Militares, expedientillos, núm. 7566; Bustos Rodríguez, 2008, p. 294.

[28] AHPC, San Fernando, 32, fol. 76-77 y 260.

[29] AHPC, San Fernando, 29, fol. 36-43. El mencionado Ignacio Zurbituaga también había ejercido el comercio con Indias y pertenecía a la red de vascos y navarros que amplió su poder a lo largo del setecientos a través de la intervención en las finanzas de la Monarquía y cargos en instituciones reales. Fernández Pérez, 1997, p. 204; Bustos Rodríguez, 1995, p. 343; García-Baquero, 1991, p. 323.

[30] AHPC, Cádiz, 882, fol. 743-745.

[31] AHPC, Cádiz, 3626, fol. 26-27.

[32] Juan José Arrambide fue uno de los comerciantes más activos del Cádiz de la primera mitad del siglo, contando con numerosos negocios en Nueva España y Tierra Firme. Por su parte, Santiago Irisarri fue otro destacable comerciante vasco que se convirtió en director de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Bustos Rodríguez, 1995, p. 248 y 2005, p. 274. AGI, Contratación, leg. 5468, 5470, 5473, 5773.

[33] Anes, 2001; Martínez del Cerro, 2002; AGI, Contratación, leg. 5496 y 5511.

[34] La actividad comerciante de la familia Lasqueti está acreditada para todo el siglo XVIII. Varias ramas familiares se dedicaron al intercambio con América pero es apreciable cierta coordinación dentro de la parentela puesto que siempre hubo una jefatura más o menos clara. AGI, Contratación, leg. 5520, 5516, 5535, 5507 y 5511; Arribadas, leg. 440 y 520.

[35] Ortega del Cerro, 2015.

[36] AHN, Consejos, leg. 8978, exp. 407.

[37] AHPC, Cádiz, 2432, fol. 456-457.

[38] García-Baquero, 1991.

[39] AHPC, Cádiz, 3140, fol. 106-110.

[40] AHPC, Cádiz, 1636, fol. 265-267.

[41] Ruiz Rivera, 1988; García-Baquero, 1991.

[42] AHPC, Cádiz, 1859, fol. 10-12.

[43] AHPC, Cádiz, 2458, fol. 160-168.

[44] Morgado García, 1989.

[45] AHPC, Cádiz, 1850, fol. 293-294.

[46] AHPC, San Fernando, 778, fol. 492-495.

[47] AHPC, Cádiz, 2148, fol. 98.

[48] AHPC, Cádiz, 4255, fol. 19-20.

[49] Bustos Rodríguez, 2005, p. 504; García-Baquero, 1998.

[50] La nueva urbe consiguió su independencia del concejo de Cádiz en 1766 y, lentamente, fue acaparando casi todas las infraestructuras y organismos de la Armada. En 1752 comienzan las obras del arsenal y astilleros de La Carraca, la Academia de Guardias Marinas se traslada en 1769, se construye el Real Observatorio y se mandó proyectar y construir la Población Militar de San Carlos ―una pequeña ciudad dentro de la propia urbe construida exclusivamente para las instituciones de la Armada―. El proyecto comenzó en 1775 y poco a poco se fueron concentrando en la ciudad la Capitanía General, la Intendencia General, contaduría, tesorería, las academias de cadetes, la de pilotos y el cuartel principal de Batallones de Infantería de Marina. Según el Censo de Floridablanca de 1787, la Isla de León contaba con 28.138 habitantes mientras Cádiz llegaba a un máximo con 71.080 habitantes. Torrejón Chaves, 1992; Muñoz Rey, 2015.

[51] AHPC, Cádiz, 2188, fol. 367-370.

[52] AHPC, Cádiz, 1656, fol. 1824-1827.

[53] AHPC, Cádiz, 1057, fol. 171-173.

[54] AHPC, Cádiz, 3854, fol. 601-694.

[55] AHPC, Cádiz, 2221, fol. 509-514; 2207, fol. 2006-2011.

[56] AGI, Contratación, leg. 5495 y 5504.

[57] AHPC, Cádiz, 2566, fol. 234-235 y 238-239.

[58] AHPC, Cádiz, 2567, fol. 148-149; San Fernando, 111, fol. 330-335.

[59] AHPC, San Fernando, 61, fol. 210-212.

[60] AHPC, San Fernando, 136, fol. 32-39.

[61] AHPC, San Fernando, 88, fol. 167-171.

[62] AHPC, San Fernando, 105, fol. 549-552 y 627-628.

[63] AHPC, San Fernando, 142, fol. 412-413.

[64] AHPC, San Fernando, 168, fol. 202-204.

[65] AHPC, San Fernando, 168, fol. 219-222.

[66] Molas Ribalta 2008; Dedieu, 2010.

[67] La bibliografía al respecto es extensísima y muy variada. Los centenarios sobre la Guerra de Independencia promovieron multitud de estudios parciales. Como ejemplo, Aragón Gómez, 2001 y 2005.

[68] AHPC, San Fernando, 218, fol. 170-175.

[69] AHPC, San Fernando, 273, fol. 543-562.

[70] Bustos Rodríguez, 2005, p. 350. Al menos hasta 1820, Cádiz siguió siendo el puerto que acumulaba la mayor proporción de intercambios con América, en torno a las tres cuartas partes, aunque todo ello dentro de un contexto general de decadencia comercial. Bustos Rodríguez, 2005, p. 512; Retegui, 1992.

[71] AHPC, Chiclana de la Frontera, 276, fol. 153-156.

[72] AGI, Contratación, leg. 5527.

[73] AHPC, Cádiz, 5403, fol. 1272-1278. Miguel Urbina pertenecía a una nueva generación de comerciantes que ejerció el intercambio con América en las primeras décadas del siglo XIX. AGI, Arribadas, leg. 440.

[74] Cozar Navarro, 2007; Espigado Tocino, 1992.

[75] Ramos Santana, 1992.

[76] Ramos Santana, 1987; Marchena Domínguez 1996.

[77] Madoz, 1847, pp. 38-39.

[78] AHPC, San Fernando, 372, fol. 212-217; 450, fol. 581-521; 503, fol. 1182-1185.

[79] AHPC, San Fernando, 290, fol. 99-102.

[80] AHPC, San Fernando, 381, fol. 1040-1046.

[81] AHPC, San Fernando, 301, fol. 86-104.

[82] AHPC, Cádiz, 1849, fol. 1376-1381.

[83] AHPC, Cádiz, 500, fol. 337-340, 385-392.

[84] AHPC, Cádiz, 218, fol. 313-317 y 5674, fol. 3289-3294.

[85] Una radiografía interesante del caso español se puede encontrar en Touya Pardo, 2001; Cruz, 2000.

[86] AHPC, Cádiz, 542, fol. 1294-1301.

[87] AHPC, Cádiz, 5249, fol. 225-228.

[88] Rosetty, 1867, pp. 112, 203, 414 y 442.

[89] Butrón Prida, 2005, pp. 84-85.

[90] Fuentes Aragonés, 2002, p. 164. Ver también Carasa Soto, 2007.

[91] Fuentes Aragonés, 2002, p. 162.

[92] Muy ilustrativas son las palabras de Miguel Artola Blanco cuando hace un retrato de las élites madrileñas de comienzos del siglo XX, las cuales tienen muchos puntos en común con los estratos superiores de la sociedad gaditana de finales del ochocientos: «pertenecer a la clase dominante implicaba identificarse con la propiedad, una serie de profesiones liberales (abogado, notario, arquitecto, etc.), dirigir una gran empresa o formar parte de los cuerpos más selectos de la administración del Estado (diplomacia y ejército). Todos estos ámbitos reunían las condiciones propias de honorabilidad e independencia económica propios de la sociedad liberal», Artola Blanco, 2014, p. 44.

[93] Fuentes Aragonés, 2002, p. 161.

[94] AHPC, Cádiz, 5246, fol. 1186-1189.

[95] García Álvarez de la Villa y Terry, 2016, pp. 69-81; Rosetty, 1867, pp. 112, 203, 414 y 442.

[96] AHPC, Cádiz, 2677, fol. 1222-1225.

[97] Marchena Domínguez, 1996, p. 173; Millán, 2005, pp. 773 y 825.

[98] AHPC, Cádiz, 2677, fol. 1222-1225.

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