Brigada Especial Valentí: la justicia franquista frente al contraespionaje que combatió a la «Quinta columna»

Brigada Especial Valentí: the Francoist Justice against Counterespionage that Combated the «Fifth Column»

ERNESTO VILLAR CIRUJANO

Universidad Complutense

evillar@villanueva.edu

http://orcid.org/0000-0001-6263-5093

MEMORIA Y CIVILIZACIÓN

Anuario de Historia, 21 (2018):

653-682

ISSN: 1139-0107

ISSN-E: 2254-6361

DOI: 10.15581/001.21.001

Brigada Especial Valentí: la justicia franquista frente al contraespionaje que combatió a la «Quinta columna»

Brigada Especial Valentí: the Francoist Justice against Counterespionage that Combated the «Fifth Column»

ERNESTO VILLAR CIRUJANO

RECIBIDO: DICIEMBRE DE 2017

ACEPTADO: FEBRERO DE 2018

Resumen: La lucha contra la «quinta columna» franquista en el Madrid republicano fue una prioridad para el Gobierno durante la Guerra Civil Española. De esta labor se encargaron unidades o «Brigadas» especializadas en contraespionaje formadas por miembros de marcada ideología de izquierdas. En el presente trabajo se analiza la más representativa de ellas, la Brigada Especial Valentí, a través de la actuación de aquellos de sus integrantes que procedían del ámbito civil, la inmensa mayoría de ellos, y, sobre todo, de la respuesta judicial por parte del bando ganador tras la Guerra. En los sumarios abiertos contra ellos se puede apreciar que detener a los máximos responsables de esta Brigada, aclarar cada una de sus acciones y juzgar las actuaciones de sus miembros fue también una prioridad para las autoridades del bando nacional, como lo demuestran lo minucioso de las instrucciones y la severidad de las condenas a los responsables.

Palabras clave: Guerra Civil Española. Franquismo. «Quinta columna». Contraespionaje. «Brigada Valentí». Servicio de Investigación Militar (SIM)

Abstract: The fight against Francoist «fifth column» in Madrid was a priority for the Government during the Spanish Civil War. This work was made from units or «Brigades» specialized in counterespionage, formed by members of marked left wing ideology. In the present work we analyse the most representative of them, the Valentí Brigade, through the action of those of its members who came from the civil sphere (the immense majority of them) and, above all, the judicial response by the winners at the end of the War. In the summaries against them can be seen that arresting the top officials of this Brigade, clarifying each of their actions and judging the actions of their members was also a priority for the authorities of the national side, as shown by the judicial inquiry and the severity of the sentences to the main perpetrators.

Keywords: Spanish Civil War. Francoism. «Fifth column». Counterespionage. «Valentí Brigade». Servicio de Investigación Militar (SIM).

Los estudios de los que disponemos hasta la fecha sobre las motivaciones que guiaron a los españoles a permanecer fieles a uno u otro bando durante la Guerra Civil (1936-1939) han dejado suficientemente claro que no en todos los casos esta elección vital obedeció a factores ideológicos, sino que también entraban en juego criterios meramente geográficos (estar en una zona u otra), prácticos (en los casos en los que no había una militancia política marcada) o incluso de tradición familiar o de mera supervivencia. Sin embargo, cuando la implicación en alguno de los bandos es activa y directa estamos ante un grado de compromiso que debe analizarse desde otro prisma y con otros elementos que el aplicable al conjunto de la sociedad. Es el caso, por ejemplo, de aquellos españoles que residían en el Madrid republicano y colaboraron en la detección y persecución de grupos de «quintacolumnistas» fieles al bando nacional.

Este es el contexto en el que se enmarca esta investigación, centrada en una de aquellas unidades o «Brigadas» creadas por las autoridades republicanas para desarticular los grupos de contraespionaje franquista y, en último término, juzgar y/o eliminar físicamente a estos individuos. En concreto, el estudio abordará cuál fue la respuesta judicial de los tribunales del bando sublevado, una vez concluida la Guerra, hacia estos agentes integrados dentro de los servicios secretos republicanos. Para ello, se analizará el caso de la unidad especializada en combatir a la «quinta columna» más representativa, la Brigada Especial de Fernando Valentí Fernández, integrada dentro del Servicio de Investigación Militar (SIM) del Gobierno de la República. El trabajo de campo se centra en el análisis de los sumarios abiertos tras la Guerra para juzgar a la cúpula y los colaboradores de esta Brigada, que se encuentran en el Archivo General e Histórico de Defensa de Madrid, y en los que están especificados todos los elementos necesarios para esta investigación: perfil del agente, procedencia, filiación y actividad política antes del 18 de julio del 36, destinos anteriores durante la Guerra, labor de contraespionaje realizada tras el golpe de estado, conducta en los últimos momentos del enfrentamiento bélico y estrategia de defensa ante el juicio sumarísimo. ¿Quiénes integraban este servicio de espionaje empeñado en desmontar la llamada «quinta columna» de Franco en Madrid? ¿De qué estratos sociales procedían? ¿Eran agentes de policía antes de la Guerra o se integraron en ella solo cuando estalló? ¿Combatieron solo en la retaguardia de Madrid o también en el frente? ¿Cuál era su perfil y en qué se diferenciaban del conjunto de los combatientes de la República? A todas estas preguntas aspiramos a responder, recurriendo cuando sea preciso a comparar las conclusiones con el conjunto de la población sentenciada por los tribunales franquistas, elemento imprescindible para una necesaria contextualización.

Además, se analizarán aquellos casos en los que el encartado esgrime en su defensa su papel activo para salvar a derechistas detenidos o en peligro de serlo, una llamativa «doble conducta», casi nos atreveríamos a decir una «doble vida», que en ocasiones se compaginaba con acusaciones graves en sentido contrario. Para cerrar el capítulo de hipótesis de partida, se determinará qué efectos tuvieron, si es que esto ocurrió, esos avales presentados por testigos simpatizantes con el bando franquista ―en alguna ocasión activos miembros de Falange―, para evitar una condena de muerte o para reducir la pena.

El caso de las Brigadas especiales como la de Fernando Valentí permite corroborar de forma nítida cómo el componente ideológico de los acusados adquiere un peso fundamental en su expediente procesal, un matiz en el que han insistido muchos autores y que, en este caso, se sustancia en las reseñas de «antecedentes ideológicos» plagadas de militancias marxistas, socialistas y sindicales. Para llenar de contenido estos «antecedentes» se recurría a tres tipos fundamentales de fuentes (familiares de las víctimas, las propias víctimas de sus acciones y testigos conocedores de los hechos), recopiladas por lo general inmediatamente después de la toma de los territorios, lo que Gil Vico define como un «popurrí de informaciones» que iba generando la apertura de múltiples procesos a un mismo individuo en una o varias regiones militares. Paralelamente, la Prensa animaba a denunciar ante juzgados militares, comisarías o la Causa General, generando una «estructura institucional de la delación» que derivó en una «compleja y a veces caótica maraña que por un afán de recogerlo todo condujo a una sobreabundancia informativa imposible de manejar»[1].

Sin embargo, en ocasiones esta militancia más o menos activa a duras penas puede justificar la integración en estas Brigadas, ni desde luego esta es defendida por los agentes cuando son detenidos. Más bien, al contrario, en ocasiones se esgrime el argumento de que la integración en esta Brigada Especial Valentí obedece exclusivamente a un traslado ordenado por un superior o la supresión de una unidad anterior en la que se prestaba servicio. Una vez allí, es también frecuente comprobar que una de las estrategias de defensa empleadas para evitar una condena es la de que se realizaban solo «tareas burocráticas» o simplemente se obedecían órdenes. Por último, este trabajo se centrará en el perfil de aquellos miembros de esta Brigada Especial de Valentí que procedían de la sociedad civil, es decir, que no tenían ni formación ni ocupación militar, y que representaban el porcentaje más elevado. El análisis de esa otra parte de la Brigada integrada por guardias civiles deberá ser objeto de una posterior investigación, ya que ni su perfil, ni sus condicionantes vitales ni, sobre todo, las tareas que les fueron encomendadas aconsejan analizarlo con los mismos elementos.

En última instancia, se trata de desentrañar qué llevó a un ciudadano, de ideología indudablemente de izquierdas pero no por ello dotado de las capacidades necesarias para el desempeño de ciertas labores de vigilancia, a integrarse en una unidad policial centrada en el seguimiento de elementos del espionaje franquista.

Entre los historiadores hay práctica unanimidad en atribuir al general Mola el término de la «quinta columna», en referencia a aquella que trabajaba en la sombra en la capital para actuar cuando las tropas franquistas tomaran la ciudad, y que serviría de apoyo a las cuatro columnas de Varela (las comandadas por Asensio, Barrón, Delgado Serrano y Castejón). Esa misma unanimidad parece existir al considerar el anuncio, realizado en octubre del 36 y ratificado después en un documento del mes de noviembre, como una torpeza[2], ya que puso en guardia a las autoridades republicanas, colocó a la resistencia franquista en el punto de mira y, seguramente, endureció el trato judicial y extrajudicial contra sus integrantes. «Aquel simple comentario dio lugar a una oleada de represión indiscriminada y violencia por parte de los republicanos, que impulsó en parte lo que quería evitar», resumen Heiberg y Ros Angulo, que recuerdan que el origen de la «quinta columna» fue, ante todo, una reacción espontánea, no una acción ordenada desde el exterior, y llegó a tener en su momento de mayor apogeo a unos 5.000 miembros[3]. Los estudios más recientes[4], como el de Julius Ruiz, ponen el acento además en que

cuando el 3 de octubre de 1936 Dolores Ibarruri afirmó en las páginas de Mundo Obrero que el general Mola había anunciado la existencia de una «quinta columna» en Madrid, no estaba más que poniéndole nombre a una entidad que había existido en la mente de los antifascistas desde el comienzo de la Guerra Civil[5].

En el bando leal al Gobierno, y más allá de aquella violencia indiscriminada de los primeros meses de la Guerra a golpe de detenciones, «sacas» de presos y «paseos», el plan sistemático para combatir a la «quinta columna» se perfecciona en diciembre de 1936, cuando Segundo Serrano Poncela abandona la Dirección General de Seguridad (DGS), y el director adjunto, José Cazorla, nombra a David Vázquez Valdovinos comisario general de Investigación y Vigilancia con el encargo de potenciar la Brigada Especial ya existente creada por Santiago Carrillo y por el agente del NKVD soviético Josif Grigulevich ―alias «camarada Miguel» o «José Ocampo»― y crear otras dos, a las órdenes de los comunistas Santiago Álvarez Santiago y José Conesa Arteaga. Las tres brigadas estarán bajo el mando operativo de Valentí ―lo que da una idea de su poder―, y se marcarán como objetivo fundamental localizar, interrogar y, en su caso, eliminar, a cualquier elemento sospechoso de colaboración con los franquistas, aunque también a miembros de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT)[6].

Entre otras acciones contra la retaguardia franquista, la Brigada de Valentí participó en los asaltos a las legaciones diplomáticas de Turquía, en enero del 38, donde se refugiaba un grupo de la «quinta columna»; la de Perú, en mayo de 1937, con el resultado de 300 españoles detenidos; y la de Finlandia, en diciembre del 36[7], en cuyos locales repartidos por todo Madrid la Junta de Defensa aseguraba que se escondían 2.500 fascistas armados, muchos de ellos «quintacolumnistas» refugiados a cambio de dinero[8]. El ataque incluyó, por tanto, no solo la sede diplomática, sino también algunas de estas viviendas, y de su ejecución se ocupó la Brigada Especial cuyo responsable último era Vázquez Valdovinos[9]. Este tipo de acciones tenían más de golpe de efecto que de otra cosa, aunque sus consecuencias son indudables, tanto internas como sobre todo fuera de las fronteras. Como han destacado algunos autores[10], el asilo diplomático como tal en una guerra civil «es una medida de protección que se otorga con carácter muy excepcional», y a ojos de los agentes republicanos el número de las existentes, en torno a una treintena, rebasaba lo admisible. Y no solo estas legaciones que concedían asilo eran numerosas, sino que el número de las personas allí refugiadas era, en la mayoría de los casos, superior al centenar, con una notable presencia de mujeres y niños[11]. Lo interesante para esta investigación es el papel que estas sedes diplomáticas ―entendido como el lugar en el que se escondían algunos dirigentes del contraespionaje franquista― jugaron en las labores de infiltración y desarticulación de grupos de la «quinta columna» en Madrid por parte de la Brigada Valentí.

Esta Brigada se encuadraba dentro del SIM, el organismo concebido por el gobierno para combatir el espionaje y el sabotaje enemigo durante la Guerra Civil, dependiente del Ministerio de la Guerra[12]. Su creación en agosto de 1937[13] vino motivada por la carencia de servicios de contraespionaje militar al inicio de la Guerra Civil, y en su seno se vivieron luchas internas entre comunistas y socialistas por su control. La extrema importancia que el bando nacional dio a la actuación del servicio de espionaje del SIM como brazo ejecutor contra el «quintacolumnismo» está reflejada en este retrato que de él y de sus hombres hace el fiscal asignado a uno de estos juicios:

Creado el SIM a fines de 1937 como único organismo representativo de contra espionaje y defensa interna del régimen rojo en que éste podía confiar plenamente para contener por el terror y el recelo y, sobre la base de una tupida red de confidentes, la creciente desmoralización de la zona roja, su personal se reclutó, en gran parte, entre los miembros de las antiguas checas, de las tristemente célebres milicias de vigilancia de retaguardia, en sus más siniestros organismos de la Policía Roja, como la Brigada García Atadell (…).

La actividad del SIM se reparte entre la retaguardia y los frentes, donde solo su vigilancia, unida a la criminal actividad del Comisariado político, no obstante la discrepancia política entre ambos organismos, que casi siempre era más teórica que práctica, lograba prolongar la resistencia marxista imponiendo la disciplina y evitando por la general desconfianza los actos de sabotaje y las evasiones de los soldados a las filas nacionales[14].

1. LOS INTEGRANTES DE LA «BRIGADA ESPECIAL VALENTÍ»: CARACTERÍSTICAS Y PARTICULARIDADES

1.1. La relevancia de las ideas izquierdistas «avanzadas»

Para entender el perfil de los miembros de la Brigada Especial Valentí se han analizado los juicios sumarísimos a 42 encausados de los que queda patente su relación más o menos directa con esta unidad de contraespionaje. La abrumadora mayoría (34 de los juzgados) pertenece al ámbito civil, una parte como integrantes de la Policía republicana, y sólo algunos de ellos pertenecían a un cuerpo militar, en este caso la Guardia Civil. El más importante de todos estos expedientes es el 51.782, en el que se juzga a una veintena de miembros de esta Brigada, incluido el propio Valentí, y que se salda con 10 condenados a muerte (nueve fusilados y uno por garrote vil), ninguno de los cuales recibió la gracia del indulto por parte del Jefe del Estado. Pero hay, además, presencia de integrantes de esta unidad de contraespionaje en, al menos, otros 20 sumarios, con la particularidad de que muchos de los encartados están presentes en varios de ellos. En total, habrá 14 ejecuciones (12 a personal civil y dos a agentes de la Benemérita), lo que da una idea de la dureza con la que la justicia de Franco trató a estos agentes. En otros cuatro casos, esta pena capital fue conmutada.

El tribunal encargado de imponer la sentencia (el 25 de septiembre de 1940) por el procedimiento sumarísimo de urgencia será el Consejo de Guerra Permanente número 5, presidido por el comandante Pablo Alfaro Alfaro, precisamente el mismo que firmó la sentencia de muerte contra el poeta Miguel Hernández. Tuvo como vocales a Marcelino Domínguez, Manuel de la Torre y Miguel Caballer, y como vocal ponente a Dámaso Ruiz Jarabo. Como era norma en estos casos, todos ellos pertenecían a la carrera militar (también el abogado defensor y el fiscal), aunque no era necesario que tuvieran formación jurídica. El procedimiento sumarísimo de urgencia implicaba que los plazos tanto para la instrucción como para la celebración de los consejos se acortaban sobremanera. De hecho, como norma general en los juicios celebrados en 1939 y 1940, aunque el procesado solicitara nuevas pruebas no había tiempo material para presentarlas, y al fiscal y al defensor se les entregaban los autos pocas horas antes de la vista, lo que daba una apariencia de «sentencia decidida de antemano»[15].

Con esta información como base, podemos hacer una aproximación al perfil de los integrantes de esta Brigada del SIM republicano. En primer lugar, el estado civil, en el que el predominio de los agentes casados es abrumador (4 de cada 5) frente a los solteros (hay especificado el caso de un viudo). Este porcentaje de casados es sensiblemente superior al que se registró en el conjunto de la población sentenciada por el bando sublevado (61%, frente al 35% de solteros y el 4% de viudos)[16]. Un apunte en este sentido: si se tiene en cuenta que participar en la guerra en la retaguardia como agente de Policía, primero, y como policía del SIM, después, es menos peligroso que hacerlo en el frente de batalla, quizás el hecho de tener cargas familiares puede haber sido un elemento importante de decisión para optar por una labor en la que está menos expuesta su integridad ―en los expedientes no se consigna si se tienen hijos o no, pero es de suponer que esto es así en muchos de los casos, especialmente en aquellos agentes que tienen 30, 40 o, en algunos casos, casi 50―.

El de la edad es, precisamente, el segundo aspecto a tener en cuenta. Frente al perfil mayoritariamente joven de las víctimas de los consejos de guerra en su conjunto ―el grupo predominante era el de los que tenían entre 18 y 35 años―[17], en el caso que nos ocupa el 50% de los miembros de la Brigada rebasaba ya los 30 años, y el otro 50% se lo reparten prácticamente a partes iguales los menores de esa edad y los que tienen entre 40 y 50 años. La proporción de agentes en torno a los 40 años es mayor cuanto más cercana es su presencia en la toma de decisiones de esta unidad de espionaje, lo que nos puede permitir arrojar una segunda conclusión: para estas labores de retaguardia se reclutaba a agentes con una cierta edad y experiencia, tanto en la militancia de izquierdas como en la profesión que desempeñaban, en contraste con el soldado del frente en el que podía ser más frecuente el perfil de menor edad.

En cuanto al lugar de nacimiento de los integrantes de la Brigada, un aspecto que no tiene influencia alguna en el proceder de este grupo, la proporción es al 50% entre los nacidos en Madrid y provincia y los naturales del resto de España, con una representación muy variada, desde las provincias fronterizas con Madrid, como Toledo, Segovia o Ávila, hasta agentes de Zaragoza, Melilla o Bilbao.

El cuarto elemento a analizar es la procedencia laboral de estos agentes reclutados por Valentí. Siguiendo con la necesaria contextualización, el gremio más castigado en el conjunto del país por las sentencias de los tribunales franquistas entre 1939 y 1950 fue el del campo (28%), seguido por los militares (18,10%), trabajadores manuales (8,9%), servicios (5,5%) y profesiones liberales/estudiantes (4,5%)[18]. Solo en sexto lugar, y con apenas un 4,3%, aparece el sector del comercio. Sin embargo, para dar forma a esta Brigada se recurrió en gran medida al gremio de los dependientes de comercios de la capital, el más numeroso ―más de una tercera parte―, desde una perfumería hasta una relojería o una farmacia. A esto se unen aquellos agentes de la Brigada que por su especialización laboral podían ser muy útiles para la «intendencia» y las tareas burocráticas del contraespionaje. En ocasiones, incluso, se deja a un lado ―y este es un dato infrecuente que no se produce en el resto de miembros de la Brigada― el «pedigrí revolucionario» para reclutarles, como el caso de mecanógrafos o conductores. Algunos se presentan como voluntarios, pero otros son destinados allí ―y en demostrarlo se esfuerzan con denuedo durante sus declaraciones―. La presencia de este segundo oficio no es casual, ya que era muy cotizado para cometer lo que Ruiz llama «crímenes motorizados», es decir, el traslado de las víctimas de los «paseos» para ser posteriormente asesinados[19]. Con todo, no faltarán casos en los que la implicación en su trabajo será tal que les hará extralimitarse en sus funciones, como los mecanógrafos Julio de la Fuente, alias «el boxeador», y Joaquín Cantón, «el cojo», que empezaron acudiendo a los interrogatorios solo para levantar acta ante la máquina de escribir, pero sobre los que pesan graves acusaciones de haber maltratado a los arrestados.

Otro llamativo ejemplo es de los joyeros, muy presente en esta Brigada, entre otras cosas porque en muchas de las referencias el propio Valentí aparece como miembro de este gremio. También empleados de joyería eran Jacinto Rosell Colomo (41 años) o Jacinto Uceda Mariño (36), casados y naturales de Madrid, que emplearon sus dotes profesionales en la apertura de cajas fuertes a las órdenes de Valentí. A este último se le acusa en concreto de la apertura con fuerza de una caja del Banco Hispano Americano y de participar en la detención del hijo del director de Credit Lyonnais, que acabó siendo fusilado en una de las sacas. También estaba comisionado por Valentí para la apertura de las cajas fuertes de los bancos el relojero Mauricio Hernando Moreno.

Sin embargo, el hilo conductor de todos estos agentes será el de los marcados antecedentes de izquierdas. La ideología, cuanto más sólida mejor, es un ingrediente imprescindible para desempeñar una labor tan delicada como esta. Como es norma general en los juicios que tras la guerra celebró el bando ganador, en cada sentencia, auto-resumen o simplemente diligencias previas se especifican la filiación e ideología del detenido, y en cada informe que se encarga a los agentes de la DGS se pone especial énfasis en desentrañar, mediante los testimonios de porteros, vecinos y compañeros de trabajo, los antecedentes marxistas, sindicalistas o simplemente izquierdistas de los encartados. Este proceder es un fiel reflejo, esta vez sí, de una práctica generalizada.

Inmediatamente después de su entrada en Madrid ―recuerda Gil Vico― las tropas franquistas fueron puerta a puerta depositando formularios de declaración jurada en los que se inquiría por la actuación de cada cual durante la guerra (…). Uno de los formularios era específico para el gremio de los porteros, cotejándose por lo dicho por el resto del vecindario[20].

El resultado es que entre los hombres de Valentí abundan los «izquierdistas avanzados», los «comunistas de primera hora» o incluso los «viciosos». El propio jefe de la Brigada es definido como de «arraigado izquierdismo» y de «baja moralidad», justificado en detalles como que en 1931 firmó un manifiesto «incitando al asalto de los pisos cuyos balcones ostentaban determinadas colgaduras»[21]. Su mano derecha, Jacinto Uceda, era un «elemento indeseable de la completa confianza del gobierno rojo». De otro de los tenientes del SIM, Manuel Vallejo, se dice que era un «significadísimo marxista», un calificativo muy similar al que se emplea para Félix del Pozo ―«exaltado marxista»―, mientras que al capitán Agustín Marín Carrillo se le presenta como «persona culta e inteligente pero dado a la bebida» y «un gran entusiasta de la causa roja»[22]. Calificativos igualmente severos recibían las checas en las que se llevaban a cabo los interrogatorios y torturas. La de la propia Brigada Valentí, en la calle Serrano 108, o la de los salesianos de la Ronda de Atocha son las más mencionadas. En Madrid, al igual que en Barcelona o Valencia, prácticamente todos los partidos y sindicatos de izquierda crearon sus propios escuadrones para eliminar a derechistas en general y fascistas y, por extensión, sus propias checas[23]. En las primeras semanas de la Guerra hubo en la capital cerca de 200, de las cuales 25 estaban gestionadas por partidos o sindicatos[24]. Pese a que en el lenguaje popular tomaran el nombre de los comités soviéticos, su funcionamiento era muy distinto, ya que la «ckeka» rusa era un órgano centralizado formalizado por un decreto e impulsado por un poder estatal, frente a la falta de control de los órganos madrileños[25], con su consiguiente traslación a la forma de actuar de Brigadas como las de Valentí.

1.2. Los «avales» de falangistas no sirven para escapar de la justicia franquista

Al menos en lo que concierne a los agentes de contraespionaje de la Brigada Valentí, para el juez tenía poco valor el testimonio de personas de derechas según las cuales el procesado había intercedido para que salieran de la cárcel o incluso salvaran la vida, que de ambas cosas hubo, ya que rara vez esto les sirvió para aminorar condenas. Es el caso, por ejemplo, de Jacinto Uceda Mariño, en cuyo favor testificó un redactor de Informaciones y vocal de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que declaró que Uceda le ayudó a él y a su hermano, Carlos Merino García, comandante retirado por la Ley Azaña y después Jefe de Enlaces de la Columna de Orden y Policía del Ejército del Centro, a pasarse a la zona nacional. Más aun, el jefe local de Falange Española Tradicionalista (FET) y de las JONS de San Sebastián de los Reyes (Madrid) y un afiliado a Falange testifican que evitó que ambos, al ser movilizados, fueran al frente, con el riesgo que habría supuesto para ellos. Además, 13 de sus vecinos de la calle Hermosilla de la capital dijeron que siempre les trató bien, y que medió para que los dos únicos detenidos que hubo en la finca volvieran, «y hasta a uno de ellos, destacado derechista, lo trajo en su coche desde la cárcel a su domicilio». El propio Uceda declara que para pasar a la zona nacional a los hermanos Manuel y Carlos Merino habló incluso con David Vázquez Valdovinos, a quien le dijo que eran republicanos que tenían que hacer negocios en zona nacional. Y que medió, a petición de un vecino, para liberar a un detenido de derechas y logró la liberación de otros dos falangistas. Sin embargo, en el criterio tanto del fiscal como del juez pesó más el testimonio de varios testigos que le acusaban de tres detenciones en el barrio de Chamartín de jóvenes de derechas, cuyos cuerpos no aparecieron. También la declaración del hijo de Enrique Rojo Velázquez, director de Credit Lyonnais, que dice que el encartado, junto a otro agente de la Asociación Socialista Madrileña, se llevó a su padre de su casa el 2 de noviembre del 36, de ahí a la cárcel de Porlier, a la DGS y por último a la Cárcel Modelo, de donde fue sacado el día 8 y asesinado en una de las sacas ―testimonio extraído de la Causa General e incorporado al sumario―.

Pero quizás el caso más explícito es el de Jacinto Rosell Colomo. A su causa se han incorporado testimonios como el del falangista Germán Colomo González ―la coincidencia del apellido no permite aventurar si había parentesco familiar, que no se consigna, aunque tampoco cabe descartarlo, teniendo en cuenta que era relativamente habitual en «avales» como estos―. Colomo González era un «quintacolumnista» que organizó un Grupo de Socorro Blanco, y que aseguró que Rosell sabía que estaba organizando ese grupo, conocía sus ideas, y que «trabajaba cuanto podía por el espionaje». Sin embargo, en ningún momento le molestó. De hecho, dice que llegó al SIM una denuncia contra él en la que decía que era un «faccioso peligroso» y que había que matarle. Jacinto Rosell, según este testimonio, se apoderó de la hoja y la rompió, lo que ―sostiene el testigo― le permitió pasar a las oficinas del SIM para trabajar en el espionaje dentro de las mismas. Es decir, de ser cierto este testimonio, que ratifica su jefe local de Falange, José Gaitán Muñoz, el acusado permitió con su acción directa la infiltración de un «quintacolumnista» en el SIM de la República. Además, un detenido en la cárcel del Ministerio de la Guerra dice que su familia recurrió a Rosell, y que a él, a su hermano y a otros seis vecinos los sacó de la cárcel pese a saber que eran de derechas. Y tres testimonios más: un joyero que estaba en la embajada de Perú dice que Rosell medió para que ni a él ni a su familia les registraran, como compañeros de profesión que eran, y puso de su parte para que los pusieran en libertad. Otro joyero dice que los apartó a otra habitación y logró que no les arrestaran. Por último, un afiliado de Acción Popular y de Falange amigo suyo dice que Rosell era cristiano, que aceptó ser agente por estar en la indigencia, y que él fue detenido por antimarxista pero que Rosell logró, no una sino dos veces, su liberación. Pese a todo ello, el encausado fue sentenciado a muerte.

Algún ejemplo más. Agustín Marín Carrillo tenía a su favor testimonios de que protegió a derechistas evitando encarcelamientos, sacó dos veces de la cárcel de Fuencarral a un detenido y avaló a una veintena de compañeros de oficina, al margen de su ideología, para que no les persiguieran. En su contra, un extremismo acreditado pero no implicación directa en detenciones ni asesinatos. Fue condenado a 20 años de cárcel por un delito de adhesión a la rebelión.

El mencionado Joaquín Cantón Rodríguez, mecanógrafo de la DGS que trabajó para Valentí, presentó informes firmados de que era «persona de inmejorables antecedentes, contrario a todo acto de violencia y conducta intachable», incluso directamente afecto al Movimiento Nacional, y, más aún, un pacífico y mesurado profesor de clases particulares de francés. Parece ser una suerte de doble vida ya que, en el otro lado de la balanza, atesoró una veintena de acusaciones de malos tratos a los detenidos y de que se inventaba sus declaraciones, que luego obligaba por la fuerza a firmar, lo que hizo que la balanza se inclinara en su contra con una pena de muerte, aunque conmutada inmediatamente después por la de 30 años.

Algo parecido ocurre con otro de los procesados, Alfredo Martín Aguilar, implicado en la represión contra dos de los grupos de la quinta columna más relevantes (Fernández Golfín y Llamas). Presenta testimonios de un testigo que dice que le ayudó a salir de una checa y que después le proporcionó medicinas porque estaba enfermo, de otro que le avisó dos veces de que iba a ser detenido, para que huyera, de un abogado que dice que intercedió para que a él, su hermano procurador y un dependiente del despacho les sacaran de madrugada de la checa de Fomento, aunque no les conocía, y que incluso les acompañó en coche a casa. Por último, la declaración de un boina vieja tradicionalista que dice que intercedió por él cuando registraron su domicilio y que le protegió. Sin embargo, un informe de Falange le sitúa como «jefe de martirio» de la checa de Fuencarral, especializado en localizar derechistas en el frente republicano para asesinarlos. Fue condenado a 30 años.

Este aparente desequilibrio es una prueba más del extraordinario peso que se daba a los informes sobre un encartado extraídos de la Causa General o requeridos a Falange, los ayuntamientos y, sobre todo, los agentes de la DGS encargados de «reconstruir» los antecedentes de los sospechosos[26], especialmente en ciudades como Madrid[27]. Esto lleva a autores como Prada a no pasar por alto que la responsabilidad en ese aluvión de delaciones no está solo en las autoridades que presionaron para conseguirlas, sino también «una parte de esa misma sociedad civil, la que exigió la máxima dureza contra la otra parte»[28].

Y un último apunte que se constata en los sumarios analizados: siempre juega en contra el hecho de que a los agentes del SIM se les detenga en el Levante con un pasaporte de huida ya sellado en el bolsillo ―como el propio Valentí― o al menos que los inspectores de la DGS ya en manos franquistas descubran que habían solicitado este salvoconducto para escapar al extranjero ―Uceda, Rosell, Lucas Gilsanz, Atilano Molano, Agustín Marín, Alfonso Serrano, Alfredo Martín Aguilar…―. Siempre que esto ocurre se incluye en la relación de cargos en su contra.

1.3. El sumario contra Fernando Valentí Fernández

Una vez enmarcado el asunto, analicemos ahora, entrando en el detalle de la instrucción de los sumarios, la respuesta de la justicia franquista ante la actuación de este activo grupo de contraespionaje y las condenas impuestas, así como la labor desempeñada por sus miembros. Esto nos permitirá, por un lado, tener una visión privilegiada de cómo organizaba el Gobierno republicano su lucha contra la quinta columna, cuáles eran las prioridades y cómo fueron los métodos de actuación. Por el otro lado, establecer los criterios seguidos por las autoridades franquistas para reconstruir la labor de estos activistas y determinar la dureza o magnanimidad de las sentencias impuestas.

Empecemos por el sumario más importante, de la veintena que nos ocupa en esta investigación: el que tiene al propio Fernando Valentí Fernández[29] y a otras 19 personas como encartados[30], la mitad de las cuales terminó ejecutada. Valentí, en concreto, fue fusilado en las inmediaciones del Cementerio del Este (hoy Cementerio de la Almudena) el 13 de diciembre de 1940. En su mayoría, estos agentes tienen en común el mismo recorrido vital: partiendo de su profesión anterior a la guerra, y con el marchamo de un fuerte compromiso con las ideas izquierdistas, afiliación a algún partido o sindicato y en muchos casos una participación activa en su defensa, ingresan en la Policía como agentes horas o días después del 18 de julio del 36. Tras un breve período en diversas comisarías, pasan a formar parte de la Brigada Especial de Valentí, donde por lo general se ven involucrados en registros, saqueos y detenciones y, sobre todo, en labores de contraespionaje centradas en grupos de quintacolumnistas. Al disolverse esta Brigada Especial, en febrero de 1938, pasan al DEDIDE por un breve espacio de tiempo, y de ahí a la Brigada Especial «Z» del SIM, dedicada también a labores de contraespionaje y detención e interrogatorio de colaboracionistas con la causa nacional.

Valentí, detenido en Alicante cuando intentaba huir de España, comparece ante el juez el 22 de julio de 1939 bajo la acusación, entre otras cosas, de haber sido el jefe de la «llamada Brigada “Z” del Servicio de Investigación Militar rojo». Tal y como se recoge en su declaración y en el auto-resumen, y después de recabar todos los testimonios entre testigos, vecinos, acusados y las diversas declaraciones del propio acusado, Valentí, de 38 años en el momento de ser detenido, casado, natural y vecino de Madrid, trabajaba en 1936 como agente comercial para la empresa «Salt Ferricite and Trading Company», aunque con «escaso rendimiento»[31]. Al producirse el golpe de Estado, se presentó en el local de Izquierda Republicana, a cuyo partido pertenecía desde 1932 como antiguo afiliado de Acción Republicana. Unos días después solicitó el ingreso en la Policía, donde fue nombrado agente provisional de tercera clase de Cuerpo de Investigación y Vigilancia. De ahí pasó a la Comisaría de Buenavista, donde declara que se le encomendó precisamente controlar a los milicianos que se dedicaban a registrar casas de personas de derechas y evitar que les dieran los temidos «paseos».

Entre otras labores, tuvo el encargo de investigar los sabotajes sufridos por el Ejército republicano y vigilar a elementos desafectos con el Gobierno. En octubre de 1936 fue reclutado para la Brigada de la Agrupación Socialista Madrileña donde, según el auto, tomó parte en la detención de Luis de Iturriaga, posteriormente asesinado tras ser conducido a la checa de Fomento[32]. Intervino en los asaltos a las embajadas de Finlandia y Perú. A partir de ese momento, queda al frente de la Brigada Especial que llevará su nombre, «dedicada al contraespionaje y a la represión política», manteniendo un «asiduo contacto» con la delegación soviética en Madrid, hasta el punto de que «acepta sus orientaciones técnicas basadas en el empleo de confidentes y agentes provocadores» para engañar y desenmascarar a quintacolumnistas. Con esta táctica, durante 1937 la Brigada que dirige será la responsable de dos golpes de efecto de notable importancia. El primero, ampliamente publicitado y explotado por la propaganda republicana, fue la desarticulación de la organización «quintacolumnista» «Golfín-Corujo». El segundo, la detención y posterior ejecución del líder del POUM, Andreu Nin, después de haber fabricado contra él una supuesta conspiración contra la República con la participación directa de los hombres de Valentí, que solo ha podido ser desentrañada en su totalidad tras investigaciones posteriores. El grupo de la «quinta columna» dirigido por Javier Fernández Golfín e Ignacio Corujo pudo desmantelarse gracias a la infiltración del hombre de confianza de Valentí, Alberto Castilla ―también presente en esta causa y, al igual que su líder, ejecutado―, quien mediante un nombre falso se ganó la confianza de los miembros de este grupo. Cuando dispuso de toda la información, propició la detención de sus dirigentes, que fueron trasladados a la checa de Atocha, donde sufrieron malos tratos, según la sentencia, fueron después juzgados, condenados a muerte y ejecutados en Barcelona. En cuanto a la detención de Nin, tal y como recuerda el juez instructor en el proceso contra la cúpula de la Brigada «Z», el propio Valentí fue «felicitado y premiado por los mandos rojos por esta acción»[33]. Sin embargo, y como prueba de los métodos violentos que empleaban estos agentes del SIM republicano, el magistrado esgrime que los mandos policiales llegaron a pedir para él y para algunos de sus agentes una sanción «por los probados malos tratos contra los detenidos».

Una vez disuelta esta Brigada Especial, de la que Valentí era jefe con categoría de Subcomisario, pasa en febrero de 1938 como agente al DEDIDE y de ahí al SIM en calidad de agente inspector, en donde se le concede la graduación de comandante y se le entrega el mando de la llamada Brigada «Z», «realizando numerosas detenciones, mantenidas en las prisiones del SIM». El relato de hechos probados incorporados a la causa concluye que Valentí, «de baja moralidad», ha sido también «presunto inductor y partícipe» en el asesinato de varios joyeros compañeros de profesión. Todos estos motivos llevaron al juez a sentenciarle con la pena capital.

Estrecho colaborador de Valentí era el mencionado Jacinto Uceda Mariño, joyero de profesión y afiliado a UGT. Siguiendo el perfil habitual, pidió el ingreso como agente de Policía nada más declararse la guerra, aunque poco después pasó a la Brigadilla de la Agrupación Socialista Madrileña «realizando en esta agrupación toda clase de registros y detenciones». En noviembre del 36, al ser disuelta esta Brigadilla, se incorpora a la Brigada Especial e interviene en el asalto de la Embajada del Perú, registrando y deteniendo a los refugiados. Al disolverse esta Brigada Especial, a comienzos del 38, pasó a la Brigada Social, a las órdenes de Valentí, con la categoría de subjefe, donde «realizó innumerables registros y detenciones». El relato del auto-resumen es muy concreto en cuanto a su modo de comportarse: «Se le veía unas veces vestido de paisano y otras con el uniforme de capitán, teniendo siempre a disposición un coche». También se le acusa de participar en la detención en el barrio de Chamartín de tres jóvenes de derechas, trasladados después a la checa de esta Brigada y posteriormente asesinados.

Otro destacado agente fue el también mencionado Jacinto Uceda Colomo, jefe de servicio de personal de la Brigada Valentí y posteriormente subjefe de la Brigada «Z» que, en su haber, acumula hasta cinco testimonios de testigos de su actuación en defensa de derechistas encarcelados, pero que, en el debe, tiene consignadas varias gratificaciones en el Boletín de la Policía republicana por su labor en la desarticulación de redes de espionaje[34]. «Trabaja con mayor entusiasmo en el descubrimiento de organizaciones dedicadas al espionaje, interviniendo en todos los asuntos encomendados a su Brigada», concluye la sentencia, en la que se recoge también que fue uno de los encargados de trasladar de Barcelona a Madrid a Andreu Nin[35]. Posteriormente, como miembro de la Brigada Z, intervino en la desarticulación de la organización de los «Cándidos» y en la detención de sus miembros, participando incluso en los interrogatorios.

Tampoco era muy halagüeño el horizonte judicial para dos colaboradores de Valentí, Lucas Gilsanz Martínez ―41 años, casado, natural de Navalmanzano, Segovia, ex agente de policía republicano― y Atilano Molano Molano (38 años, casado, jornalero natural de la localidad cacereña de Hinojal), implicados en la detención y muerte de al menos cuatro personas. Ambos serán condenados a muerte y fusilados.

Gilsanz, agente de la DGS a propuesta del PSOE, prestó servicio en tres comisarías de la capital antes de pasar a la Brigada Especial, y de ahí pasa al DEDIDE y a la Brigada Z del SIM. Acumula casi una decena de denuncias de robo, incluido uno en el que excavó en un hotel de Ventas encontrando oro. Pese a que el informe inicial del Ejército admite que «se ignora si tomó parte en actos delictivos», los investigadores de la DGS constatan que «casi con absoluta certeza» participó junto al agente Molano en la detención del abogado José Morales Magallón, después asesinado, y en la del teniente coronel Enrique Sincluna y sus dos hijos, afiliados de Falange, a quienes sacaron de su casa de la calle Goya el 24 de octubre de 1936 camino de la checa de Fuencarral, de ahí a la Modelo y, por último, con destino a Paracuellos el 7 de noviembre. Aunque no profundizaremos en ello, tenemos en sumarios como este una de tantas pruebas aportadas por los historiadores de acusaciones no probadas («casi con absoluta certeza», se dice) incorporadas a los sumarios.

El juez implica a Molano, que participó en el asalto del cuartel de la Montaña, en «un sinfín de detenciones y registros» más, diversos robos y continuos malos tratos a los detenidos, con tal dureza de que sus superiores pidieron una sanción para él. En el auto-resumen, resultado de las indagaciones hechas por los agentes de la DGS, se le describe como un habitual protagonista de robos de joyas, botellas de licores o puros y se dice que «en la barriada (calle Juan Pradillo) está considerado como indeseable de carácter violento y poco culto». En el momento del golpe de Estado, Molano trabajaba como albañil en las obras de la Ciudad Universitaria, se presenta voluntario y va por poco tiempo al frente de la sierra. De ahí pasó a ser agente de policía, destinado en tres comisarías distintas, antes de engrosar las filas del SIM. Fue felicitado por participar en la desarticulación de una red de espionaje (la de «los 195»)[36].

Otro de los integrantes del círculo de Valentí fusilado es Lisardo García García, un electricista de Siemens de 42 años, casado y natural de Madrid. En este caso, era afiliado del PSOE desde 1931 y descrito por el informe de la DGS como «uno de los que se echó a la calle el primer día». Sus compañeros dijeron de él que se jactaba de sus «servicios a la causa roja» y de haber perseguido a un mando militar que fue asesinado. La acusación que se recoge contra él en la sentencia sigue la misma línea argumental que la de sus compañeros: durante su participación en la Brigada Especial de Valentí «tomó parte en todos los servicios de contraespionaje y persecución de organizaciones que trabajaban en favor de la causa nacional», y en su etapa en la Brigada Z, con la graduación de teniente, «intervino en todos los asuntos» que se le encomendaron[37].

La relación de condenados a muerte incluida en este sumario la completan otros cuatro policías, solo uno de los cuales vio cómo se le conmutaba la pena por la de 30 años. El primero de ellos es un impresor de 35 años, casado e hijo de portero, un teniente del SIM llamado Manuel Vallejo Fariñas, afiliado a UGT y PSOE y al que se describe como «significadísimo marxista». Intentó boicotear el voto de derechistas en las elecciones del 36 en un colegio electoral y tras la insurrección militar conducía un coche con el cartel «Los sin Dios y los sin Patria». Al menos se le consideró responsable de una detención y asesinato, y se le acusa de pasearse con los cordones de los que usan las hermandades religiosas rodeados a su cintura «como trofeo de sus hazañas»[38].

Con similar índice de detalle se describe a Félix del Pozo de Diego, linotipista y dependiente de la perfumería GAL de 37 años, casado y natural de Cercedilla (Madrid). Uno de sus vecinos denuncia que le detuvo en dos ocasiones, salvando milagrosamente la vida cuando iba a ser fusilado, porque en el año 35 ambos tuvieron una discusión después de que Del Pozo y su familia cantaran la Internacional a voz en grito y él se quejara porque no le dejaban dormir. En la discusión le dijo que era falangista y gritó «Arriba España». Meses después, el policía republicano le denunció. Durante la huelga de 1934, Del Pozo fue encarcelado por ser «el cabecilla entre los más destacados marxistas de la barriada» y, según los testimonios aportados por los vecinos a los agentes de la DGS tras la caída de Madrid, en la Nochebuena del 35 «en compañía de varios vecinos hicieron grandes alardes en las escaleras dando vivas al comunismo y diciendo palabras incalificables con lo que representa la fiesta de esa noche». Trabajó como mecanógrafo y telefonista en la Brigada Valentí aunque, según la sentencia, se extralimitó en sus funciones y participó en detenciones, registros e interrogatorios.

Uno de los agentes con una participación más determinante dentro de este grupo fue el bilbaíno de 34 años Alberto Castilla Olavarría, casado y ayudante de ingenieros. Castilla se infiltró en la organización de la quinta columna Golfín-Corujo, por orden de Fernando Valentí, con tal éxito que, tras ganarse la confianza de sus dirigentes, posibilitó la detención de 130 personas, «siendo objeto de los más inhumanos tratos en la prisión de Atocha»[39]. 13 de ellos fueron sentenciados a muerte, aunque tres lograron evadirse. Era este, sin duda, uno de los espías más activos y eficaces de Valentí, como lo demuestra el hecho de que fue empleado en los servicios considerados más importantes para la organización, como la mencionada Golfín-Corujo[40]. De los diez encartados en este sumario que fueron ejecutados, Castilla es el único que sufrió garrote vil, en lugar de ser fusilado.

Este último fue el destino reservado por la justicia franquista para Gabriel González Ruiz de la Peña, «de antecedentes derechistas y conducta inmoral», dice la sentencia, ya que de hecho era miembro del grupo Golfín-Corujo pero aceptó trabajar para el infiltrado Castilla, propiciando la desarticulación del grupo, y repitiendo después actuación para desmantelar, en otoño de 1937, otra de las organizaciones de la «quinta columna», la conocida como «Antonio», con el resultado de la detención de sus miembros, su arresto en la cárcel de Atocha y la muerte de alguno de ellos como consecuencia de los malos tratos recibidos.

El único de los condenados a muerte al que se le conmutó la pena por la inferior de 30 años fue José María Lezameta. De ideología de derechas, fue incluso detenido por milicianos al comienzo de la guerra, se refugió en el Consulado de Perú y, tras salir, se fue a vivir a un piso junto a Castilla. Poco después, Lezameta, según la sentencia, aceptó trabajar para este agente del SIM hasta el punto de desvelar el paradero y las actividades de los responsables de otra organización de la resistencia en Madrid, la conocida como «Antonio», con el resultado de la detención de todos sus integrantes y la muerte de 13 de ellos, incluido el máximo responsable, Antonio Rodríguez Aguado. Por la gravedad de estos hechos, el fiscal jurídico militar rechazó en su informe un indulto porque sus actos «son incompatibles con todo género de sentimientos humanos honrados y cristianos». Pero Franco decidió, en este caso, conceder la rebaja de la pena.

En resumen, se decidió la pena de muerte por un delito de adhesión a la rebelión para Valentí, Uceda, Rosell, Gilsanz, García, Molano, Vallejo, Del Pozo, Castilla y González Ruiz de la Peña. Todos ellos, salvo Castilla[41], son fusilados el 13 de diciembre de 1940 en las inmediaciones del cementerio del Este, a las 7.15 horas. Como se ha reseñado, la condena a Lezameta fue conmutada por la de 30 años.

Esa misma condena, sin necesidad de medida de gracia alguna previa, fue la que recibió otro de los encartados en esta causa, Mauricio Hernando Moreno, empleado de una joyería-relojería de la calle Pez de 44 años, afiliado a UGT y al PSOE, considerado un «elemento muy destacado de izquierdas y de acción, habiéndose distinguido por su tenacidad en la persecución de personas afectas al Glorioso Movimiento Nacional».

En la misma resolución, el juez determinó condenar a 20 años de cárcel a otros cuatro acusados, en este caso por un delito de auxilio a la rebelión militar, no de adhesión. El primero de ellos, Agustín Marín Carrillo, era un empleado de la Sociedad Fomento de Obras y Construcciones encargado de la contabilidad de canteras, de 35 años, casado y natural de Madrid, que alcanzó el grado de capitán en el SIM y trabajó como mecanógrafo. En la sentencia no se le imputa ningún delito de sangre, aunque durante la instrucción se dice de él que era «el terror de los pacíficos y honrados vecinos» y que ―detalle que al instructor le parece importante― tenía una hija de 18 años sin bautizar. Además, contaba con varios testimonios a su favor, ya relatados.

La misma condena se impuso a Alfonso Serrano Palacios (30 años, casado, chófer, natural y vecino de Madrid), un afiliado a la CNT que, básicamente, era el jefe de una banda de atracadores liberado en agosto del 36 de la cárcel Modelo, donde cumplía condena por haber matado a un hombre en uno de estos asaltos, y que trabajó como conductor de la Brigada de Valentí; y para Ángel Carmona Reverter, un empleado de Ferrocarriles soltero, de 26 años y natural de Madrid, al que destinan a la Brigada de Valentí porque sabía escribir a máquina. En la sentencia no se le imputa ningún delito más allá de la pertenencia a esta unidad, y los vecinos dicen de él que era persona «de buenos sentimientos», pese a lo cual es condenado a 20 años. Se afilió a UGT y el PSOE después de julio del 36. Por último, este grupo lo completa Javier Jiménez Martín, dependiente de 24 años y soltero, que ejercía como guardaespaldas de Alberto Castilla, de significada ideología de izquierdas pero sin acusaciones más concretas.

Este denso sumario 51.782, que como se ha dicho aglutina otras muchas piezas separadas, se cierra con la absolución de los procesados Cándido Garay García, Juan Antonio Vega Flores y Juan Manuel de la Aldea Ruiz Fernández. El primero de ellos es un conductor del SIM de quien todos los testimonios definen como de derechas, y que aceptó el empleo para mantener a un hermano enfermo de pulmón. El segundo participó activamente en una de las organizaciones de la «quinta columna», la de «Ciriza», y el tercero fue miembro de la organización de Golfín, y de él muchos testimonios atestiguan su fe inquebrantable en la ideología falangista[42].

1.4. De «el cojo» a «el boxeador»

Completaremos este repaso por los principales agentes de la Brigada Especial de Fernando Valentí por otra docena de expedientes sumarísimos en los juzgados a policías de esta unidad de contraespionaje. Y empezaremos por cinco ejemplos de procesados relacionados con la Brigada Valentí condenados a muerte, aunque a tres de ellos se les conmutó la pena por alguna inferior. El primer caso es el de Bonifacio Reinoso López[43], un albañil viudo de 39 años, natural de Zarza la Mayor (Cáceres), afiliado a UGT, policía del SIM y teniente del cuerpo de Carabineros del Ejército republicano que responde al perfil tipo de agente especializado en infiltrarse en células de la resistencia franquista en Madrid. Según testificó uno de los jefes de la red «Antonio», este grupo fue desmantelado y encarcelada la mayoría de sus miembros por el contraespionaje, entre otros, de Reinoso, «el cual se infiltró en la organización llegando a conocer a gran parte de los integrantes, a los cuales denunció». Como consecuencia de su labor, fueron «duramente maltratados» varios de los miembros de la organización, con el resultado de la muerte de los dirigentes Francisco Grañén y Antonio Rodríguez Aguado «como consecuencia directa de estos malos tratos», y el fallecimiento posterior de algunos otros por los golpes recibidos. Una labor de infiltración similar realizó también, según la sentencia, para desmontar otra célula, el grupo quintacolumnista «Milicias Llanas», con el resultado de seis de sus miembros muertos. Sentenciado a muerte el 3 de mayo de 1941, Reinoso fue fusilado el 16 de septiembre de 1941.

Muy llamativo, por el modo de proceder del encartado, es el expediente de José Parra Guillamón[44], de 29 años, natural de Alumbres (Murcia), vecino de Madrid, casado y de profesión reparador de calefacción. Antes de ser teniente del SIM perteneció a la Brigada de García Atadell, por lo que de forma automática, sin más rodeos, el juez concluye que participó en asesinatos. Su aportación al contraespionaje y a la labor de desenmascarar a derechistas escondidos en Madrid se fraguó en torno a la creación de una falsa legación diplomática de la Embajada de Estonia en un piso de la calle Villanueva de Madrid, en mayo de 1937. Bajo engaños, y junto a al menos dos colaboradores, entre ellos su esposa, conseguía que acudieran a ella vecinos de Madrid de ideología de derechas deseosos de pasar al otro lado, cobrándoles en torno a 8.000 pesetas. En septiembre, Parra y su compinche, Ernesto Stalviche, que se hacía pasar por director de la embajada, convencen a cinco de los refugiados para que vayan con ellos para pasarles a Francia. Y días después, a otros cinco. A los que quedan les llegan a enseñar un telegrama de que habían llegado bien. Todos ellos fueron asesinados en la sierra por miembros del SIM previamente avisados. Fue condenado, junto a su esposa, Isabel Hernández, y un colaborador, Ángel del Val, a pena de muerte. Parra Guillamón y este último fueron fusilados. A la mujer se le conmutó la pena por la de 30 años, reducida después a 20.

Para otros tres condenados a la pena capital sí hubo conmutación por la inferior de 30 años de prisión, y en uno de los casos una posterior revisión extremadamente generosa. Joaquín Cantón Rodríguez[45], un melillense soltero de 22 años, era mecanógrafo de la DGS cuando estalló la Guerra, y eso le posibilitó seguir desarrollando esta labor a las órdenes de Valentí. El juez instructor le implicó en interrogatorios y palizas a los arrestados por el «asunto Golfín», aunque los testimonios de vecinos incorporados a la causa le tildan de «persona de inmejorables antecedentes, contrario a todo acto de violencia y conducta intachable», incluso afecto al Movimiento Nacional, como ha quedado reseñado con anterioridad. Sin embargo, se le acusa de extralimitarse en los interrogatorios en sus meras funciones ante una máquina de escribir, de tal manera que, conforme va avanzando la instrucción, se van recogiendo testimonios de arrestados que denuncian la violencia con la que Cantón actuaba tanto en la checa de los Salesianos, en la calle de Atocha, como en la de la Brigada Valentí, en la calle Serrano, hasta definirle algunos de los supervivientes como uno de los elementos más crueles. De hecho, detallan que Cantón, apodado «el cojo», les daba patadas con la bota de corcho que tenía en el pie izquierdo[46], y que para obligar a firmar la declaración a un detenido le rompió una botella en la cabeza. El propio procesado admite que uno de los detenidos se tiró por la ventana y se mató, pero matiza que fue para escapar de las palizas que le propinaban otros compañeros suyos encargados de los interrogatorios. De hecho, uno de los 120 detenidos de la red de Golfín, Elino Merchal Rodríguez, dice que Cantón intervenía en los interrogatorios «no como mecanógrafo, sino como elemento activo de los mal llamados agentes especiales». El acusado admitirá también haber participado en lo que la policía republicana denominó «Complot de las hojas de calendario»[47]. Fue condenado a muerte, pena conmutada por la de 30 años.

Un apodo aún más clarificador tuvo Julio de la Fuente Hita[48], auxiliar de la DGS de 38 años, casado, y conocido como «el boxeador» por la violencia con la que se empleaba en Atocha con los detenidos, pese a que su primera función fue la de mecanógrafo. La sentencia considera probada su pertenencia a la Brigada Valentí, en la que era el encargado de «tomar declaración a los detenidos de derechas, a los que maltrataba de palabra y obra (…) Por su actuación en tales maltratos recibió el nombre de “el boxeador”, siendo conocido por todos sus compañeros por su crueldad». Los testimonios de supervivientes de estos interrogatorios, incorporados a la causa, afirman que «el boxeador» les quemaba el vello de los genitales y de las axilas para hacerles declarar, por lo que era muy solicitado para hacer «cantar» a los arrestados con sus «métodos inhumanos». Condenado a la pena capital, se le rebajó por la de 30 años de cárcel.

Por su parte, Manuel Ruiz García Cuevas, un industrial de 39 años que hasta 1934 regentaba una droguería en General Pardiñas, casado, natural de Cabeza de Buey (Badajoz) y masón[49], vio también rebajada su condena a muerte. Reúne algunos de los ejemplos del perfil tipo de hombres de Valentí ―fue capturado cuando preparaba su salida de España desde Levante y tenía «pésimos antecedentes», hasta el punto de que en la revolución del 34 fue detenido y condenado por tener en la droguería un centenar de bombas caseras―. Testigos le sitúan en el asalto de la embajada de Perú y en varios saqueos. Cuando es detenido en Almería, donde fue comisario, tenía en su poder joyas, relojes y dos mandiles masónicos. Más suerte ante la justicia franquista tuvo el agente Severiano Arnáiz Vega[50], 27 años, casado, dependiente de comercio, de Madrid, al que se le acusa de torturar durante 15 días a cuatro reclusos de la cárcel de Porlier. Su condena a muerte fue conmutada por Franco por la de 30 años, y en 1946 se le concede la libertad condicional. A 30 años de cárcel fue condenado en primera instancia un auxiliar de farmacia de 37 años, casado y natural de Adamuz (Valencia), de nombre Alfredo Martín Aguilar[51]. Este teniente del SIM estuvo implicado en las acciones contra los grupos de Fernández Golfín y de Rodríguez Aguado-Llamas, aunque en este último caso expedientado por el propio mando de la Policía republicana por malos tratos a los detenidos, que dieron como resultado el mencionado fallecimiento de Francisco Grañen Masiá, «Llanas». Se pidió para él diez días de multa por estos hechos, según consta en la Causa General contra Valentí. Al final de la Guerra intentó, al igual que otros agentes, huir desde Alicante, y de hecho fue arrestado en el mismo puerto de la ciudad.

La misma condena recibió otro de los procesados, Gregorio Madrigal Méndez[52], un sastre de 43 años, casado y natural de la localidad segoviana de Cebreros, afiliado a UGT y el PSOE. En su caso, la sentencia le inculpa, como teniente del SIM, por haber participado en la desarticulación de células de la «quinta columna», en la detención y muerte de personas de derechas, en el asalto del Cuartel de la Montaña y del Palacio de Medinaceli y de haber robado joyas y objetos de valor, entre ellos unos pendientes de la duquesa de Medinaceli. «Elemento muy desafecto, peligrosísimo para la Santa Causa Nacional», concluye el juez. Pese a la condena a 30 años, salió a la calle en 1946.

Cerramos esta relación de procesados con la enumeración, de forma ya más somera, de algunas condenas de inferior grado, dejando a un lado algunos expedientes de acusados que han huido de España o de algunos en los que se decreta el sobreseimiento por falta de pruebas concluyentes. Por ejemplo, al electricista Manuel Aguirre Cepeda[53], soltero, 25 años y natural de Madrid, se le impusieron 20 años, de los que solo cumplió seis, por participar en el asalto a la Embajada de Perú y robar joyas y objetos de valor, detener a derechistas y formar parte de algún pelotón de fusilamiento a estos detenidos. Y Pedro Antonio de Carlos Martínez, 34 años, casado, secretario de Juzgado Municipal de Villajero de Fuentes (Cuenca), tuvo que hacer frente a similar condena, aunque en este caso cumplió en prisión 14 años. Lo llamativo de su caso es que era miembro de Falange de su pueblo en el 36, y asegura que ese es el motivo por el que escapa a Madrid, para evitar ser perseguido por los milicianos[54]. En la capital, sin embargo, ingresa de forma voluntaria en la Policía republicana y participa en varios registros.

CONCLUSIONES

Terminamos esta investigación volviendo a las hipótesis y preguntas planteadas en su inicio, que nos sirven para establecer una serie de conclusiones sobre la Brigada Especial Valentí y el juicio que sobre ella hicieron los tribunales franquistas. Empezamos por el perfil de los miembros de esta unidad que, como hemos visto, son mayoritariamente casados y de entre 30 y 40 años, una edad superior a la media de los sentenciados ―estados civil y edad son dos diferencias evidentes entre luchar en el frente o hacerlo en la retaguardia en labores de contraespionaje―. Tienen en cualquier caso una ideología izquierdista muy marcada con afinidades con los sindicatos y partidos más perseguidos, salvo algunos puestos muy específicos de carácter burocrático. «Izquierdistas» en general, PSOE, UGT e Izquierda Republicana (IR) son los más citados en estos sumarios. Del recuento global que hace Gil Vico sobre la militancia atribuida a los sentenciados ―izquierdista 21%, derechista 14%, CNT 12%, UGT 8% y «buena conducta y antecedentes» 4,5%―[55] están ausentes los perfiles de derechas y de la CNT. El hecho de que el propio Valentí, encargado de reclutar a su equipo, procediera de IR y se hubiera integrado en la Brigada de la Agrupación Socialista Madrileña influye, sin duda, en este sesgo.

La inmensa mayoría sigue el mismo recorrido antes de ponerse a las órdenes de Valentí. Pisa poco o nada el frente, ingresa en la Policía al poco de iniciarse la guerra y pasa por entre una y cuatro comisarías de barrio, durante unos meses ―los del segundo semestre del 36― en los que participa de forma activa en registros, detenciones e incluso «paseos» a madrileños de ideología derechista o sospechosos de serlo. A mediados de 1937 son reclutados para la Brigada Especial por Valentí, quien parece buscar dos rasgos característicos ―activo compromiso con la República y cierta experiencia en el trato con detenidos y rivales políticos, algo muy importante para las labores de contraespionaje―, salvo en los perfiles profesionales pensados ad hoc para determinadas tareas ―mecanógrafos, reclutados de comisarías o de la propia DGS; conductores, muy necesarios para el funcionamiento de la Brigada; o joyeros, a quienes se les encomienda la apertura de las cajas fuertes de los bancos―. Tras la disolución, ya en 1938, de esta unidad, estos agentes pasarán en bloque, por breve plazo, al DEDIDE, y de ahí a otra Brigada del SIM, con la nomenclatura «Z», que dependerá también de Valentí, en una prueba de la confianza que éste tenía en este grupo de agentes.

Algunos apuntes más respecto a la comparativa de estos agentes con el conjunto de los partidarios de la República juzgados tras la guerra. Siguiendo la reflexión de Prada sobre si en la represión franquista hubo cierto componente «clasista» y de «escarmiento» ante determinadas profesiones con influencia social ―de las que, cita, por ejemplo, a médicos, maestros, abogados o intelectuales―, esto no parece reflejado en el perfil de los miembros de la Brigada SIM, donde hay una total ausencia de estos gremios frente al predominio de comerciantes, conductores u obreros. Sí hay una traslación, sin embargo, en las exigencias de «ejemplaridad» ante servidores públicos ―en este caso, agentes de Policía, y en especial con cierta graduación― a quienes se les pide la máxima sanción por la «ascendencia» que tienen sobre el resto[56]. De referencias a ello están repletos los sumarios analizados.

Como conclusión se puede apuntar que, siempre según lo reflejado en estos sumarios instruidos por el bando ganador de la guerra, la labor de estos efectivos de contraespionaje fue activa y prolífica, con el resultado de numerosas detenciones, un puñado de condenas a muerte a miembros de la «quinta columna» y la desarticulación de importantes grupos de la resistencia. Y también que la justicia franquista fue contundente contra la mayor parte de sus miembros, incidiendo en la fuerte ideología de estos agentes (con el trasfondo de una necesaria e imprescindible «reeducación social» de la que hablan algunos autores)[57] aunque no con un criterio uniforme ni en la pena impuesta ni sobre todo en las rebajas posteriores, una característica que es común al análisis de las sentencias en su conjunto:

(No) es muy fiable deducir el delito impuesto de la pena resultante porque muchas veces se aplicaban atenuantes que conducían a un descenso del escalón penal, de tal forma que una adhesión a la rebelión podía acabar con una condena de reclusión menor o incluso más baja[58].

Del total de 42 encartados integrantes de la Brigada Valentí, un tercio fue condenado a muerte. En casi el 40% de los casos hubo una rebaja de condena, la mayoría de ellas enmarcadas en la política de indultos puesta en práctica en la década de los 40, que se tradujo en que a partir de 1943 comenzaran a abandonar la cárcel los condenados a penas de más de 20 años. El resto, con una participación mucho más secundaria en la red de Valentí, fue condenado a penas menores o absuelto.

El análisis detallado de los prolijos expedientes relacionados con los hombres de Valentí arroja, como hemos visto a lo largo de esta investigación, una serie de claves interesantes. Una de ellas es que localizar a estos agentes que con tanto denuedo combatieron a la «quinta columna», atesorar el mayor número de pruebas contra ellos y reconstruir su actuación durante los años de Guerra en el Madrid republicano se convirtió en una prioridad para el bando vencedor. Los esfuerzos que se emplean en la búsqueda de testimonios dan fe de ello. La segunda es que, salvo con alguna excepción, los testimonios a favor de los detenidos tuvieron poco peso en el ánimo del juez, especialmente en los miembros más significados de la Brigada, aunque sí parecen haber ayudado a aminorar la condena en los casos en los que la implicación fue menor. Y la tercera y última es que el rigor con el que se aplicaron las condenas tras la Guerra se fue suavizando en los indultos de los años posteriores, conforme fue avanzando la Dictadura.

BIBLIOGRAFÍA

Alcocer, Santos, La «quinta columna» (Madrid, 1937), Madrid, G. del Toro, 1976.

Cervera, Javier, Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939, Madrid, Alianza Editorial, 1998.

Cervera, Javier, Violencia política y acción clandestina: la retaguardia de Madrid en Guerra (1936-1939), Madrid, Universidad de Complutense de Madrid, 2002.

Cervera, Javier, Contra el enemigo de la República… desde la Ley, Madrid, Biblioteca Nueva, 2015.

Eiroa, Matilde, «Prácticas genocidas en guerra, represión sistémica y reeducación social en posguerra», Historia Nova, 10, 2012, pp. 563-577.

Gil Vico, Pablo, «Derecho y ficción: la represión judicial militar», en Violencia roja y azul. España, 1936-1950, ed. Francisco Espinosa Maestre, Barcelona, Crítica, 2010, pp. 25-32.

Heiberg, Morten y Manuel Ros Angulo, La trama oculta de la Guerra Civil. Los servicios secretos de Franco 1936-1945, Barcelona, Crítica, 2006.

Jiménez Herrera, Fernando, «El Comité Provincial de Investigación Pública a través de la documentación custodiada en el Archivo General Militar de Madrid», Historia Nova, 12, 2014

Jiménez Herrera, Fernando, Los comités madrileños en 1936. Un análisis microhistórico de la represión, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2017.

Moral Roncal, Antonio Manuel, Diplomacia, Humanitarismo y Espionaje en la Guerra Civil Española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008.

Moreno Cantano, Antonio César, «Quintacolumnismo y Guerra Civil en Madrid: la trayectoria del falangista Juan Manuel de la Aldea», Aportes: Revista de Historia Contemporánea, 83, 2013, pp. 53-68.

Moreno Cantano, Antonio César (coord.), Checas. Miedo y odio en la España de la Guerra Civil (coord.), Madrid, Trea, 2017.

Paz, Armando, Los servicios de espionaje de la Guerra Civil de España, 1936-1939, Madrid, Editorial San Martín, 1976.

Prada Rodríguez, Julio, La España masacrada: la represión franquista de guerra y posguerra, Madrid, Alianza Editorial, 2010.

Preston, Paul, El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Barcelona, Debate, 2011.

Rubio, Javier, Asilos y canjes durante la Guerra Civil Española, Barcelona, Planeta, 1979.

Ruiz, Julius, El terror rojo: Madrid, 1936, Barcelona, Espasa, 2012.

Sánchez Recio, Glicerio y Roque Moreno Fonseret (eds.), Aniquilación de la República y castigo a la lealtad, Alicante, Publicaciones de la Universitat d’Alacant, 2015.

[1] Gil Vico, 2010, pp. 296-297.

[2] Cervera, 1998, pp. 145-146.

[3] Heiberg y Ros Angulo, 2006, pp. 186-195.

[4] Entre otras aproximaciones más tradicionales al fenómeno de la «quinta columna» están el clásico Paz, 1976 o, descrito en primera persona, Alcocer, 1976.

[5] Ruiz, 2012, p. 28.

[6] Preston, 2011, p. 512.

[7] Detalles de estas tres legaciones, los asaltos y sus consecuencias en Moral Roncal, 2008, pp. 193-202, pp. 483-491 y pp. 523-533.

[8] Preston, 2011, p. 502.

[9] La descripción de estos asaltos a embajadas y la importancia del papel de las legaciones diplomáticas en la retaguardia de Madrid, de nuevo en Cervera, 1998, pp. 364-380.

[10] Rubio, 1979, p. 30.

[11] En 19 de las 27 sedes diplomáticas que analiza Rubio había más de cien personas y en muchas de las restantes la cifra no era muy inferior, «un muy amplio ejercicio del asilo comparado con los usos tradicionales». Dos terceras partes de los refugiados son mujeres, niños y hombres no comprendidos en la edad militar. Todo esto, como es lógico, causaba indudables problemas de alojamiento e infraestructura. Rubio, 1979, pp. 33-35.

[12] Su homólogo en el ámbito civil era el Departamento de Investigación del Estado (DEDIDE), que dependía del Ministerio de Gobernación.

[13] Cervera, 2015, pp. 106-111.

[14] Sumario 25.906, Archivo General e Histórico de Defensa [AGHD], legajo 5499, fol. 77.

[15] Sánchez Recio, 2015, p. 26.

[16] Gil Vico, 2010, p. 311.

[17] Prada Rodríguez, 2010, p. 207.

[18] Gil Vico, 2010, p. 356.

[19] Según su relación de profesiones antes de la Guerra de los implicados en la represión republicana, la mayoritaria era la de trabajos manuales (30%), seguida por agentes de policía (26%), empleados del sector servicios (24%), funcionarios y administrativos (8%) y profesionales y estudiantes (7%). En la categoría de servicios, de los 758 miembros de este grupo, 124 eran chóferes. Ruiz, 2012, p. 24.

[20] Gil Vico, 2010, p. 299.

[21] Sumario 51.782, AGHD, caja 1902/1, tomo 3/3, fol. 810.

[22] Sumario 51.782, AGHD, caja 1902/1, tomo 3/3, fol. 939.

[23] Preston, 2011, p. 357.

[24] Se puede consultar un listado-resumen de todas ellas, con localización incluida sobre un plano del Madrid de la época, en Cervera, 1998, pp. 64-70.

[25] Jiménez Herrera, 2017, p. 107.

[26] Esta ‘obsesión’ de las autoridades franquistas por «reconstruir el pasado» lleva en ocasiones a forzar los testimonios, dominados por factores como la subjetividad, los beneficios personales que se obtienen con la declaración incriminatoria o la influencia del trauma. Y obliga al historiador, de paso, a no dar todas las verdades por sentadas, como alerta Moreno Cantano, 2017.

[27] Gil Vico, 2010, p. 297.

[28] Prada Rodríguez, 2010, p. 201.

[29] En el expediente figura como «Valentín» en lugar de «Valentí», quizás en un intento por castellanizar el apellido.

[30] Aunque en el expediente del Archivo General e Histórico de Defensa figura con la numeración genérica de sumario 51.782, éste es la suma de una docena de expedientes en el que están mencionados todos los encartados.

[31] Sumario 51.782, AGHD, caja 1900/8, tomo 1/3, fols. 4-5 y 37-40.

[32] El funcionamiento del Comité Provincial de Investigación Pública (CPIP) o checa de Fomento, con los nombres de los integrantes de los distintos tribunales, brigadillas, servicios de limpieza o conductores, así como su edad, filiación política y procedencia laboral, puede consultarse en Jiménez Herrera, 2014.

[33] Sumario 51.782, AGHD, caja 1902/1, tomo 3/3, fol. 810.

[34] Sumario 51.782, AGHD, caja 1902/1, tomo 3/3, fol. 810.

[35] Sumario 51.782, AGHD, caja 1902/1, tomo 3/3, fol. 938.

[36] Cervera, 1998, pp. 328-332.

[37] Sumario 51.782, AGHD, caja 1902/1, tomo 3/3, fol. 939.

[38] Sumario 51.782, AGHD, caja 1902/1, tomo 3/3, fol. 940.

[39] Sumario 51.782, AGHD, caja 1902/1, tomo 3/3, fol. 940.

[40] Cervera, 1998, pp. 251, 304-306, 324, 331 y 371.

[41] Muerto por garrote vil en la cárcel de Porlier el 29 de enero de 1941.

[42] De hecho, De la Aldea había sido detenido y torturado por la Brigada Valentí, encarcelado en dos ocasiones y en ambas (la segunda ya con un nombre falso) logró fugarse, según su testimonio narrado en unas memorias inéditas escritas en 1977. Antes de finalizar la guerra combatirá en el ejército franquista y, a su término, será condecorado. Moreno Cantano, 2013, pp. 53-68.

[43] Sumario 2.666, AGHD, legajo 3.679.

[44] Sumario 16.889, AGHD, legajo 2.445; sumario 19.544, AGHD, legajo 3.754 y sumario 3.939, AGHD, legajo 5.193.

[45] Sumario 20.471, AGHD, caja 870/7 y sumario 61.708, AGHD, caja 2.379.

[46] Padecía una atrofia en la pierna izquierda por culpa de una parálisis espinal infantil, según acreditan los forenses.

[47] Organización clandestina de la «quinta columna» dividida en cuatro grupos y que tenía como misión preparar el terreno para la entrada de los nacionales en Madrid. No descartaba acciones de espionaje o sabotaje si eran necesarias para ese fin. Cervera, 2002, pp. 433-439.

[48] Sumario 151, AGHD, caja 279/14.

[49] Sumario 13.921, AGHD, caja 3.199/7.

[50] Sumario 111.162, AGHD, caja 3695/5; sumario 14.458, AGHD, legajo 3871; y sumario 6.041, AGHD, legajo 4.670.

[51] Condenado por el sumario de urgencia 63.015, AGHD, su caso está también en el sumario 29.048, AGHD, legajo 7.238; y en el sumario 63.015, AGHD, caja 21.441/2.

[52] Sumario 111.162, AGHD, caja 3695/5 y sumario 29.892, AGHD, legajo 4.697.

[53] Sumario 62.272, AGHD, caja 3803/8.

[54] Sumario 7.594, AGHD, legajo 5.224.

[55] Gil Vico, 2010, p. 356.

[56] Prada Rodríguez, 2010, pp. 209-211.

[57] Eiroa, 2012, pp. 563-577.

[58] Gil Vico, 2010, p. 302.

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