Las Juntas fuera de la Corte:

una perspectiva desde la Sevilla del XVII[*]

The Juntas out of the Spanish Court:

A Perspective from Seville, 17th Century

JOSÉ MANUEL DÍAZ BLANCO

diazblanco@us.es

ALFONSO J. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

aherrod94@us.es

Universidad de Sevilla

Facultad de Geografía e Historia

Departamento de Historia Moderna

c/. María de Padilla, s. n,

41004 Sevilla (España)

RECIBIDO: FEBRERO DE 2021

ACEPTADO: MARZO DE 2021

MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 24 (2021): 23-45 [1-23] [ISSN: 1139-0107; ISSN-E: 2254-6367]

DOI: https://doi.org/10.15581/001.24.009

Resumen: Los estudios acerca del fenómeno institucional representado por las juntas se han centrado, por lo general, en el ámbito cortesano, asentándose la idea de que estos organismos fueron endémicos de la sede del poder central, íntimamente ligada a la figura real. El presente trabajo, sin embargo, plantea la posibilidad de que su desarrollo en el seno de la Monarquía Hispánica se extendiera a otros espacios, como, por ejemplo, Sevilla. Esta ciudad, cabeza del monopolio comercial con las Indias, conoció a lo largo del siglo XVII varias experiencias junteras: la Junta de la Avería, la Junta de Ministros de 1630 y la Junta de la Quietud en 1652. A través del análisis de su estructura, facultades y trayectoria, confrontaremos sus similitudes y diferencias, ponderando su importancia en relación con otras instituciones contemporáneas.

Palabras clave: Juntas. Monarquía Hispánica. Sevilla. Carrera de Indias (siglo XVII).

Abstract: The studies about the institutional phenomenon represented by the juntas have generally focused on the court environment, establishing the idea that these organizations were endemic to the headquarters of the central power, intimately linked to the royal figure. The present work, however, raises the possibility that its development within the Hispanic Monarchy extended to other spaces, such as, for example, Seville. This city, head of the commercial monopoly with the Indies, met throughout the seventeenth century several assembly experiences: the Junta de la Avería; the Junta de Ministros, in 1630, and the Junta de la Quietud in 1652. Throughout the analysis of its structure, faculties, and trajectory, we will confront its similarities and differences, pondering about its importance in relation to other contemporary institutions.

Keywords: Juntas. Hispanic Monarchy. Seville. Career of Indies (17th Century)

En los difusos márgenes entre la Edad Moderna y la Contemporaneidad, la resistencia española durante la Guerra de la Independencia heredó la experiencia política de las juntas[1]. Un sistema de juntas se diseminó por todo el país. La Junta General de Gobierno inició la disidencia frente al invasor francés en Cartagena y le siguió una constelación de juntas locales que más tarde se coordinaron a través de la Junta Suprema presidida por Floridablanca. Los acontecimientos de 1808 hablan de la madurez y la funcionalidad de aquel modelo político con varios siglos de tradición a sus espaldas. Hizo posible, entre otras cosas, que existieran juntas por toda España[2].

Esta amplitud geográfica nos llama la atención e introduce bien la cuestión de la que deseamos ocuparnos aquí. Frecuentemente, cuando se intenta comprender estos organismos en la Edad Moderna, se confiere una comprensible prevalencia a los acontecimientos cortesanos. Interesa de manera primordial cómo las juntas proliferaron dentro y alrededor del sistema polisinodial; en qué se parecían a los consejos del rey y en qué se diferenciaban; cómo se conjugaron con determinados fenómenos políticos como el valimiento y, en definitiva, qué cambiaron o no durante el tiempo en el que estuvieron activas[3]. Ante la preeminencia concedida al escenario de la capital, surge inevitablemente la pregunta de si el modelo juntero tuvo un desarrollo apreciable en otros contextos. ¿Debemos esperar a 1808 para ver juntas más allá de Madrid? Lo cierto es que no. La duda puede empezar a resolverse prestando atención a las referencias tangenciales sobre juntas en publicaciones modernistas[4]. Sin embargo, la cuestión merecería una reflexión en sí misma, sobre la que todavía se echa en falta una literatura ad hoc.

Partiendo de esta premisa, la argumentación que queremos defender aquí propone que las juntas tuvieron un desarrollo considerable fuera de la corte durante el siglo XVII, al menos en contextos con un alto grado de institucionalización localizados mayoritariamente en ámbitos urbanos. Para sostener e ilustrar esta idea, recurriremos a casos extraídos de la historia de Sevilla durante el período considerado[5]. Como cualquier ejemplo concreto, este tiene algunos elementos que le son particulares y casi privativos; aquí, la estrecha relación de buena parte de la vida pública con el comercio atlántico y la Carrera de Indias, ausente o mucho más difusa en otras poblaciones donde pudiera indagarse. Pese a ello, escribimos con la intención de articular un razonamiento histórico que exceda los avatares de la vida local y pueda ser útil para confrontarlo con los resultados susceptibles de obtenerse en otras ciudades.

El elenco de juntas con el que trabajaremos para sostener nuestras conclusiones no es completo ni pretende serlo. Existe una investigación mínima sobre las juntas de Sevilla, ninguna de las cuales es monográfica[6]. Ese vacío no puede rellenarse en un artículo de extensión convencional. En el presente, tras resumir la morfología del modelo institucional urbano en el que se insertaron, se esbozarán las características de tres de ellas: la Junta de ministros de 1630, la Junta de la Quietud de 1652 y la Junta de la Avería, que funcionó al menos entre 1608 y 1613. A través de estos casos, pueden empezar a observarse características que confluyen en la idea de un desarrollo estructural frecuentemente limitado. Una circunstancia que, en nuestra opinión, no debe mermar el interés por este objeto de estudio. En general, es evidente que el modelo de juntas se implantó en Sevilla con bastante menos madurez que en Madrid. Sin embargo, es igualmente cierto que si estas juntas «periféricas» o «provinciales» ―si la expresión es admisible― no se tienen en cuenta, difícilmente podrá llegarse a una visión completa de la expansión del modelo político de las juntas en la España de los Austrias.

1. LA SEVILLA DEL XVII: UN MAPA DEL GOBIERNO URBANO

Comencemos por una breve síntesis del escenario político urbano en el que estas juntas aparecieron. Sevilla era a comienzos del XVII la ciudad más poblada de Castilla y, a pesar de las numerosas dificultades que atravesó a lo largo del XVII, mantuvo esa posición sin que la sobrepujase ninguna otra excepto Madrid, impulsada por la consolidación del aparato cortesano de 1606 en adelante[7]. Semejante concentración humana, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, tenía que convertirse en un foco de atracción, germinación y reunión de poderes formales e informales muy diversos. Entre los primeros no nos extrañará encontrar a organismos representativos de la Corona, piezas institucionales de la Iglesia Católica o estamentos municipales. Aparecerían en cualquier ciudad de la época, incluyendo muchas considerablemente menores en tamaño. El diferencial aquí se halla en los procesos de institucionalización de la actividad comercial ―singularmente la que se sostenía con las Indias―, que no tenía más equivalentes que sus precedentes, Burgos y Bilbao[8].

La proyección tradicional de la Monarquía corría, en primer lugar, a cargo del asistente. Como es bien sabido, se trataba del cargo que permitía la expansión en Sevilla del sistema de corregimientos. El asistente era el corregidor que actuaba frente a la sociedad y los poderes locales en la ciudad y un amplio territorio circundante. Debe lamentarse que sea más bien poco lo que se conoce sobre este puesto, a pesar de que nadie cuestiona un ápice de su relevancia. Ignoramos (mucho) más de lo que sabemos sobre su funcionamiento estructural y sobre las gestiones específicas de los asistentes del siglo XVII, a pesar de que entre ellos se cuentan figuras de tanto interés como el marqués de Montesclaros ―antes de ser virrey en México y Perú―, el I conde de Castrillo ―coincidiendo parcialmente con su presidencia en la Casa de la Contratación―, el conde de la Puebla del Maestre ―también mientras presidía la Casa― o el conde de Villaumbrosa ―asimismo presidente de la Casa y, después, figura de primer orden en la política cortesana―. Por si esto fuese poco, la presencia del rey también se hacía notar a través de un tribunal de justicia tan destacado como la Audiencia de Grados. La Audiencia no significó tanto para Sevilla como sus respectivas chancillerías para Valladolid o Granada, pero contribuyó a fortalecer el aparato regio en Sevilla, como también lo hicieron la Casa de la Moneda o la Casa de la Contratación, de la que hablaremos a continuación[9].

El peso de la Iglesia era inconmensurable en tiempos de la Contrarreforma, también desde esta perspectiva política. El denso abigarramiento institucional de la Curia hispalense pivotaba en torno a dos polos fundamentales: los arzobispos y el Cabildo catedralicio[10]. Pese al intenso brillo de ambas referencias, el cuadro al completo no se limitaba al intenso pulular entre la Catedral y el Palacio Arzobispal ni a ningún espacio determinado. La red eclesiástica se desparramaba por toda la ciudad, confundiéndose con ella y llegando mucho más profundo de cuanto pudiera hacerlo cualquier otra instancia de poder. Sus células básicas eran incuestionablemente las parroquias, bastante numerosas ―llegó a haber veintinueve― y de proporción y jerarquía desiguales. Las había de grandes dimensiones y cierta centralidad urbana, como la del Sagrario o Santa María ―la parroquia de la Catedral― o la del Salvador ―cuyo templo tenía categoría de colegiata― y otras bastante más pequeñas o humildes, como las de San Gil, Santa Lucía o San Julián[11].

El gobierno municipal se hallaba en manos del Cabildo. Nuevamente, la palabra esconde una armazón de notoria complejidad, cuyos recovecos permanecen insuficientemente estudiados para la época de los Austrias. Evoquemos, al menos, dos ámbitos diferenciados: el cabildo de regidores y el cabildo de jurados. El primero constituía el corazón de la política ciudadana y sus miembros eran lo más parecido a una oligarquía que podía haber en una ciudad tan abierta y mudable como Sevilla. El segundo nació como una especie de contrapartida suya. Frente al aristocrático cabildo de regidores, el cabildo de jurados debía representar al común de las collaciones. Sin embargo, esa realidad ya se había esfumado antes de entrar en el siglo XVII; había dejado paso a un cabildo algo menos elitista que el de regidores, pero elitista también, un peldaño inicial en el ascenso social de los sectores adinerados[12].

El comercio y la navegación, especialmente la Carrera de Indias, contribuyeron de manera sobresaliente al enriquecimiento de este mapa institucional. El primer organismo surgido para controlar estas actividades fue la Casa de la Contratación, fundada en 1503 para representar los intereses del rey en Sevilla, elegida puerto de referencia principal para articular las relaciones con América. Cuatro décadas después, en 1543, hizo acto de presencia el Consulado de Cargadores, cuya aparición permitió a los comerciantes de la Carrera disponer de una plataforma desde la que expresarse ante la Monarquía[13]. La prevalencia de este consulado, bien que justificada, no debe hacernos olvidar la existencia de otros consulados, fundamentalmente consulados de naciones, pero aun así consulados con un marcado perfil comercial, en los que los mercaderes demostraban su capacidad de liderazgo sobre las comunidades a las que pertenecían. El más antiguo era el de los genoveses, que databa del siglo XIII, aunque en el XVII el máximo protagonismo, émulo incluso del de los cargadores, correspondía al de la nación flamenca y alemana[14].

Aquel gobierno urbano atendía las obligaciones municipales, cubría las necesidades espirituales, dialogaba con la Monarquía y hacía justicia al último apogeo de Sevilla como ciudad portuaria. Parecía una estructura plena, como también podía parecerlo el sistema polisinodial en sus funciones de gobierno de corte. Sin embargo, y de la misma manera que el sistema polisinodial, necesitó la concurrencia de las juntas para funcionar correctamente en muchas circunstancias. También en aquella ciudad, que se aferraba a su espejismo indiano mientras la azotaban la peste y la crisis, las juntas aportaron esas virtudes funcionales sobre las que Francisco Gil Martínez y Sylvain André nos han animado a reflexionar en este dosier[15].

2. LA COLABORACIÓN ECONÓMICA CON LA MONARQUÍA: LA JUNTA DE MINISTROS (1630)

El siglo XVII contempló el incremento de la fiscalidad extraordinaria monárquica, especialmente durante el reinado de Felipe IV[16]. La ciudad escuchó mil requerimientos de su rey. Peticiones de donativos, peticiones de préstamos, peticiones de trueques entre plata y vellón… Peticiones que enmascaraban conminaciones que fueron más perentorias conforme se recrudecía la agonía de la Monarquía en los campos de batalla de Europa. Al punto que, ocasionalmente, la máscara se caía al suelo. El Consulado recibió muchos de estos requerimientos, acaso más que ninguna otra instancia en Sevilla[17]. Por lo general, un solo ministro le hablaba en nombre del rey: un comisario llegado de Madrid o el presidente de la Casa de la Contratación. Sin embargo, no dejaron de verse de vez en cuando juntas encargadas de recaudar las cantidades apetecidas por la Real Hacienda.

Sucedió, al menos, en 1630, en el tiempo posterior al desastre de Matanzas, cuando Piet Heyn desarboló la flota de Nueva España de Juan de Benavides. Los océanos nunca habían parecido más peligrosos y la Monarquía reforzó la protección militar de la Carrera de Indias. Una armada comandada por don Fadrique de Toledo recibió financiación de una avería gruesa para acompañar a los Galeones de la Carrera, pero realizó una invernada en el Caribe que generó sobrecostes y la necesidad consiguiente de realizar nuevos pagos. En aquel momento en el que se acumulaban reveses militares en Europa, Felipe IV no dudó en exigir los mayores sacrificios posibles. Escribió al Consejo de Indias y lo conminó a recaudar en Sevilla un mínimo de medio millón de ducados ―que, en realidad, esperaba elevar hasta el millón completo―. El Consejo planteó algunas dudas, pero no obtuvo otra respuesta que la reafirmación del monarca en su mandato y la determinación de quiénes se encontrarían al frente de la negociación. Se trataba de un conjunto de ministros reales formado por Luis Bravo de Acuña, del Consejo de Guerra; Luis Gaitán, conde de Villafranca, presidente de la Casa de la Contratación; Juan de Castro, miembro del Consejo de Castilla; el vizconde de la Corzana, asistente de Sevilla; y Jerónimo de Avellaneda, alcalde de casa y corte. Algunos de estos hombres se encontraban entonces en Cádiz persiguiendo el fraude aduanero, de modo que resultaría sencillo reunirlos con los demás en Sevilla[18].

Apenas se conserva documentación directamente emanada de esta junta. Políticamente situada entre el Consejo de Indias y el Consulado de Cargadores, para quienes ejercía en cierto modo de intermediaria, lo que podemos saber de ella procede de los papeles que escribieron esos interlocutores. No accedemos a la auténtica palabra de sus ministros. Solo leemos lo que el Consulado y el Consejo resumían y respondían en sus documentos, generalmente con amargura o con preocupación. La imagen de la junta que se perfila es la de un grupo de hombres inmersos en una cultura del autoritarismo, obsesionados con culminar la misión que se les había encomendado, incapaces de mostrar empatía ante las tribulaciones de los súbditos que padecían frente a ellos[19]. ¿Es exagerada esta visión? Probablemente sí. No obstante, no cabe duda de que, a pesar de los filtros, hay una buena parte de realidad en ella. Los junteros se marcaron como prioridad conseguir el dinero que Felipe IV afirmaba necesitar. Y no pararon mientes en las reclamaciones de los tributantes.

La secuencia de acontecimientos deja escaso margen de dudas en torno a la implacabilidad de los representantes de Felipe IV. Se toparon inicialmente con la negativa de los comerciantes[20]. Pero, poco a poco, en relativamente breve tiempo, fueron venciendo su resistencia hasta conseguir resultados superiores a los que su propio señor había esperado. La contribución, tal y como finalmente terminó siendo fijada, contemplaba abonos superiores incluso al millón de ducados que se planteó inicialmente como recaudación óptima. En total, las concesiones llegaron a 1 100 000 ducados. De ellos, 600 000 se entregarían a modo de donativo para sufragar la invernada de la armada de Toledo. Los 500 000 restantes se aportarían como préstamo a la Monarquía, para que los emplease libremente en sus muchos compromisos bélicos, y deberían ser devueltos en tres plazos correspondientes a los tres próximos arribos de plata americana con una tasa de interés del 9%. Se conoce el agradecimiento público que Felipe IV expresó al Consulado por su servicio, pero no cabe duda de que se sentía más satisfecho aun con los diligentes ministros de la junta que tan bien habían defendido la causa real[21].

Una vez cumplida su misión ―y fue cuestión de apenas dos meses―, la junta se disolvió. No tuvo mayor existencia que esa. Mal podría esperarse que algo tan efímero generara unas estructuras institucionales o unos protocolos de actuación. No fue más (ni menos) que una reunión de figuras relevantes, animadas por el empeño de negociar con otros. Desde luego, operó en unos marcos oficiales, pero todos ellos pertenecían a otros. Se mantuvo en contacto con sus superiores en Madrid a través de la vía epistolar que la Casa y el Consulado llevaban décadas aprovechando. Dialogó con el Consulado sumándose a las juntas de comercio que convocaba el tribunal mercantil. Y conquistó unos acuerdos económicos cuya ejecución recaería plenamente, una vez más, en el Consulado. La fórmula, por lo tanto, no podía ser más sencilla. ¿Pero encontramos siempre la misma realidad?

3. EL CONTROL DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL: LA JUNTA DE LA QUIETUD (1652)

La burguesía de negocios protestó continuadamente al verse envuelta en este tipo de circunstancias, pero siempre se contuvo dentro de los límites aceptados del diálogo político. En cambio, las clases populares estallaron, aunque fuera fugazmente, el año de 1652. La atroz política monetaria, convertida sencillamente en política fiscal[22], alteró abruptamente los precios del mercado. Muchas familias alcanzaban arduamente la posibilidad de adquirir los artículos básicos de subsistencia. La revuelta desafió a las autoridades bajo la consabida proclama de viva el rey y muera el mal gobierno. Sevilla escribió el capítulo final de las alteraciones andaluzas[23].

La excepcionalidad del momento propició la creación de una estructura política específica para pilotar el retorno a la normalidad. Aquella estructura aun permanece en determinado claroscuro historiográfico, al igual que muchos protagonistas del llamado motín de la Feria. No obstante, podemos trazar algunas pinceladas que alcancen a revelar su contorno. Empecemos por su nombre, un nombre sugerente, con la virtud de conducir nuestra mirada hacia el tumulto de aquellos días: la Junta de la Quietud. ¿Quiénes formaban parte de ella? No está del todo claro. Puede señalarse con seguridad la presencia del marqués de Aguilafuente, asistente a la sazón, Pedro de Zamora Hurtado, regidor de la Audiencia, y del licenciado Carlos de Vargas, tal vez oidor también en los Grados. Pero es probable que también formaran parte de ella el inquisidor Pedro de Manjarrés o incluso el arzobispo fray Domingo de Pimentel, OP[24].

Es evidente que una junta como esta tuvo que funcionar de un modo completamente improvisado, por no decir atropellado y confuso. No obstante, cuando la situación social se calmó, la Junta pudo trabajar de una manera más sosegada, ajustando su comportamiento a patrones institucionales bien asentados en el siglo XVII. Su objetivo principal consistió en buscar pan y trigo en localidades cercanas a Sevilla, como Carmona, Utrera y Alcalá de Guadaira. Tenían dinero de sobra, dado que la Monarquía contaba con los ingentes ingresos económicos que le había reportado el resello de la moneda de vellón decretado y ejecutado en los meses anteriores. De hecho, el efectivo invertido en aliviar la crisis social representó apenas un porcentaje minúsculo de todo lo que la Real Hacienda logró gracias a aquella operación.

El protocolo para efectuar aquellos pagos desde el erario público puede contemplarse a través de las cuentas de Pedro de Ariste, teniente de tesorero de la Casa de la Moneda[25], a quien se encargó también llevar la caja del vellón resellado en la ceca. La junta carecía de fondos propios y de oficiales vinculados con la gestión económica, como contadores, receptores o tesoreros. Pero, al estar conformada por ministros de reconocida solvencia, estos disponían de autoridad y crédito suficientes para acceder y manejar la bolsa del rey. Gracias a esta circunstancia, es en cuentas generales como las de Ariste donde puede hallarse información sobre sucesos particulares como el motín de la Feria y sobre protagonistas suyos como la Junta de la Quietud.

La consecuencia lógica de todo esto es que la manera de trabajar no difería sensiblemente de la que se practicaba en otras situaciones de menor excepcionalidad. Y, en última instancia, que aquello que no viene explícitamente mostrado en la contabilidad puede reconstruirse hasta cierto punto con relativa seguridad. No contamos más que con la relación jurada que los herederos de Ariste entregaron a la Contaduría Mayor de Cuentas. Es decir, nada más (y nada menos) que con entradas de cargo y data, entre las cuales solo en las segundas hay material de interés a los efectos presentes. Puede parecer poco, pero cada una de aquellas entradas de data contenía una riqueza de información notable y, efectivamente, nos dan pie a que elucubremos respecto a otros documentos necesariamente relacionados con ellas y con los procedimientos institucionales y administrativos que reflejaban (Gráfico 1)[26].

En primer lugar, tenía que haber un auto de libranza por parte de los miembros de la junta. Todos juntos en común o alguno o algunos en particular se reunían, reflexionaban ―no durante mucho tiempo, desde luego― y aprobaban una partida de gasto para la adquisición del pan. Es probable que, dadas las urgencias, no se molestaran en dejarlo por escrito y no redactaran más que las cartas de libranza en sí. Las libranzas no se conservan ―o no se han encontrado aun, preferiríamos pensar―, pero hay referencias a ellas en todas las datas de Ariste, pues eran la orden oficial de pago que daba origen a la ejecución de los abonos. La entrega del dinero generaba a su vez varias líneas documentales que tampoco han llegado tales cuales a la actualidad. En primer lugar, una contabilidad oficial detallada en el «libro registro de la intervención del resello», donde asentaban las entradas Diego López de Salcedo, superintendente del resello, Diego Gómez de Zuazo, contador, Juan de Heredia, veedor, y el propio Ariste como tesorero ―pero de la cual, sin duda alguna, Ariste preparó una versión paralela para su propia seguridad―. Junto a la contabilidad, cartas de pago, dos ejemplares en cada caso, uno para los beneficiarios de las entregas y otro como garantía para el tesorero.

El expediente de Ariste es post facto. No se corresponde con el momento en que la Junta de la Quietud gestionaba los fondos depositados en la tesorería de la Moneda, sino con la revisión de las operaciones por parte de la Contaduría Mayor de Cuentas en Madrid. Los herederos de Ariste ―pues para entonces Ariste ya había muerto― firmaron una relación jurada en la que informaban responsablemente de cuáles habían sido los ingresos y los gastos[27]. Los contadores de cuentas repasaron la relación, comprobando los cargos con el libro registro[28] y las datas, con recados formados por documentación varia que incluía las cartas de pago. En resumidas cuentas, un fenecimiento de cuentas por recepta y recados bastante usual en la época.

Gráfico 1. La Junta de la Quietud en su contexto institucional

Fuente: elaboración propia

Lo significativo es que la recurrencia a esos canales de gestión y revisión de cuentas generales demuestra el escaso desarrollo institucional de la Junta de la Quietud. Otras juntas tenían, aparte de los ministros con responsabilidad política, oficiales de la pluma con gestión administrativa y económica[29]. La Junta de la Quietud, no. Se limitaba al conjunto de prohombres que pensaban y ordenaban lo que había que hacer. El marco institucional que los acompañó dependió nuevamente de estructuras pre-existentes, las de la Casa de la Moneda y la Contaduría Mayor de Cuentas en este caso. Poco tiempo después, se extinguió. Tan pronto como la revuelta popular se calmó, cuestión de días, dejó de tener sentido.

4. EL GOBIERNO DE LA CARRERA DE INDIAS: LA JUNTA DE LA AVERÍA (1608-1613)

En último lugar trataremos la Junta de la Avería, también conocida como Junta de la Administración de la Avería o de la Hacienda de la Avería, a la que documentamos, al menos, entre 1608 y 1613[30]. El contexto de la Junta tal vez requiera alguna explicación previa. Empezando por el concepto de avería, que desde luego no tiene relación alguna con el sentido cotidiano del término[31]. La avería era un impuesto finalista. Lo pagaban todos aquellos que registraban plata y mercancías en las flotas de Indias (incluido el rey) y lo que se recaudaba servía precisamente para financiar las flotas, singularmente la protección militar que les prestaba la Armada de la Guarda de la Carrera. La avería nació en el siglo XVI como una tasa ad valorem, aplicada al valor de lo registrado ante la Casa de la Contratación, y así siguió durante la primera mitad del siglo XVII hasta la importante reforma de 1660. Durante aquellas décadas, además, se gestionó por asiento la mayor parte del tiempo. El arco cronológico que va de 1591 a 1655 aproximadamente puede considerarse el del esplendor y la decadencia de los asientos de la avería. La existencia de tales asientos es lo que justifica la existencia de aquellas juntas.

Cuando se gestionaba por administración directa, la oficina responsable de la avería era la Casa de la Contratación. La transición al régimen de asientos se produjo, en la mayoría de las ocasiones, con la colaboración financiera del Consulado. Poner dinero sobre la mesa permitió al tribunal mercantil participar en la toma de decisiones y el control institucional de la avería. Pero no expulsó a la Casa. La Casa jamás perdió sus responsabilidades en torno a ella. Sencillamente, la repartió con el Consulado durante la vigencia de los asientos. La Junta de la Avería no era otra cosa sino el organismo que permitía a Casa y Consulado colaborar.

La cédula fundacional ordenaba equilibrar la presencia de ambas instituciones en la Junta. Por parte de la Casa, debían entrar el presidente, los jueces oficiales y el fiscal; y por parte del Consulado, el prior y los dos cónsules; a los que deberían unirse, cuando fuera conveniente (y posible), los generales de las flotas y de la armada. A través de los autos de la Junta, es relativamente sencillo identificar a los oficiales que sirvieron en ella (Tabla 1):

Tabla 1. Oficiales de la Junta de la Avería (1608-1613)

Fuente: AGI, Contratación, leg. 4989b

Claves: C – contador; C1/C2 – cónsul primero/segundo; F – factor; Fi – fiscal; P – presidente;

Pr – prior; T – tesorero[32]

Incuestionablemente, la Junta consiguió relacionar a las figuras de mayor relieve de la Carrera de Indias en Castilla. La coincidencia era su mayor fuerza, aunque también representaba su mayor peligro. ¿Cómo conjugar armónicamente a tantos hombres poderosos, todos deseosos de afirmar su autoridad? Poco tiempo después de la fundación de la Junta, Felipe III ya advertía sobre cuestiones característicamente conflictivas como las precedencias o el orden de los asientos. Como cabía esperar, concedió una clara prelación a sus representantes en Sevilla sobre los representantes de la Universidad de Mercaderes, a quienes situó también por detrás de los generales de las armadas y de las flotas de Nueva España. Los priores y los cónsules aceptaron la situación. Difícilmente podría haber ocurrido de otra manera, incluso contando con la firma del asiento. El respeto al statu quo, tal como el monarca lo había definido, resultó fundamental para asegurar la relativa perdurabilidad de la junta[33]. ¿Cómo funcionaba la Junta de la Avería? En primer lugar, por supuesto, era un espacio de deliberación, a cuya cotidianeidad podemos acceder a través de los dos libros principales al cargo del secretario Domingo Bernardo Jáuregui. Dicho espacio no se encontraba aislado, sino conectado a varios otros y a muchas personas, como demuestra la línea de correspondencia. Este vínculo epistolar comunicaba a la Junta con la corte, el rey y sus consejos, especialmente con estos últimos[34]. También la relacionaba con un abanico de particulares que, sin duda, eran multitud y podían encontrarse en cualquier lugar. Podemos elucubrar que, si la Junta centró su actividad en las flotas y la avería, la mayoría de sus interlocutores se encontrarían en el reino de Sevilla y, muy especialmente, en el triángulo comprendido entre Sevilla, Sanlúcar de Barrameda y Cádiz y su bahía.

En definitiva, el trabajo de la Junta consistía en tomar decisiones dentro de un circuito de información y transmisión de poder político que abarcaba, al menos, desde Madrid hasta Andalucía y que luego podía expandirse hacia donde fuera necesario. Los libros de acuerdos y recuerdos han guardado muchas de esas decisiones entre sus páginas. Es imposible aportar aquí un elenco exhaustivo de los autos firmados por la junta durante sus años de existencia; ni tendría mucho sentido, en realidad[35]. Lo que sí puede hacerse es proponer un par de ejemplos que nos muestren qué tipo de cuestiones había detrás de expresiones genéricas como las que solían recoger las cédulas que fijaban la normativa de la institución. Expresiones como la «administración, cobranza y distribución de la dicha avería» o «lo que toca a la administración del avería de la hacienda que este año ha venido de las Indias y el despacho del Armada y de las capitanas y almirantas de las flotas».

Veamos un acuerdo de 1609, que comienza con la transcripción de un memorial presentado ante los ministros[36]. No era lo usual, pero se dan varios casos similares. De hecho, quien escribía era uno de ellos, Pedro de Avendaño Villela, el prior del Consulado, que acaso pretendía fortalecer el protagonismo que le correspondía dentro de la junta. Avendaño era un memorialista ocasional y escribía bien[37]. Pensaba en el «mejor gobierno de cualquier monarquía, república y impresa» y, tras haber sido uno de los diputados que negociaron en Madrid el asiento de avería, confesaba que la junta había nacido con el fin de «dar salud a un enfermo desahuciado y por mejor decir de resucitar un muerto». Se refería al derecho de la avería, evidentemente, por el que seguía preocupado y del que temía que ni el enfermo sanaría ni el muerto volvería a andar. Recordaba a los compañeros que, entre los objetivos que habían justificado la creación de la junta, se encontraba el de concertar los asientos de municiones, pertrechos y bastimentos de las flotas y armadas en función del caudal que tuviera disponible la avería. Sin embargo, nada de eso se cumplía, en tanto que el proveedor (que entonces era Diego Canales de la Cerda) efectuaba los gastos sin las garantías financieras suficientes. En general, la propuesta consistía en limitar la capacidad de acción del proveedor, que no dejaba de ser un oficial de la Casa, algo que podía conseguirse derivando el nombramiento del sobrestante de la maestranza a la junta o impidiendo que el proveedor pusiera guardas en las naos.

El memorial de Avendaño fue leído ante varios miembros de la Junta: él mismo y sus dos cónsules ―Montalvo y Alarcón― y, por parte de la Casa, Francisco Duarte y Felipe Manrique. Los cinco «platicaron largamente» sobre el informe y llegaron a varias conclusiones. En primer lugar que, antes que nada, el presidente tenía que finalizar su revisión de las cuentas de la avería y solo entonces podría determinarse qué margen de gasto había y qué partidas podían y debían mantenerse, reducirse o eliminarse. A continuación, se recordaba la importancia de varios oficiales que designaba el proveedor, tales como los tenedores de bastimentos, y se advertía de que Canales debía informar sobre los individuos en lo que había confiado, analizar los nombres y sustituirlos cuando se entendiera que no se encontraban a la altura de la labor que tenían encomendada. También se reconocía la escasa conveniencia de las guardas nombradas por el provisor y la conveniencia de consultar a Felipe III cómo proveer aquellos oficios. Finalmente, se reconocía la necesidad de que los tenedores de bastimentos rindieran cuentas de manera ordenada y periódica, a diferencia de como se estaba practicando entonces.

A todas luces, era cierto que, como afirmaban, se habían tomado su tiempo para debatir. De eso se trataba, precisamente; de crear un espacio en el que pudieran confrontarse las sensibilidades de la Casa y el Consulado. En ese espacio podían discutirse escritos llegados a la junta, ya fueran las cartas que circulaban con abundancia en los correos o bien memoriales propios y ajenos, como el memorial de Avendaño que acabamos de revisar[38]. El debate podía ser muy animado y generar conclusiones bien diferentes a los planteamientos sugeridos en los escritos previos. El memorial de Avendaño es un ejemplo perfecto. Como ha podido comprobarse, sus ideas fueron seriamente escuchadas, pero no plenamente aceptadas. Se dio prioridad a alguna otra cuestión, como la finalización de las cuentas del presidente Duarte, y las que se atendieron resultaron matizadas. En algunos aspectos se dejó cierto margen a Canales de la Cerda para que defendiera su gestión y, en otros, la aprobación definitiva quedó en suspenso ante la conveniencia de escribir al rey para consultarle y recibir una plena ratificación. Cabe ver (o entrever) en esta vivacidad del diálogo tanto el contraste de opiniones individuales como la competitividad entre Casa y Consulado, además de, por supuesto, la superioridad reconocida al gobierno de corte y a la voluntad de Su Majestad.

Veamos cómo estas pautas se repiten en otras sesiones. Como en las consultas de los consejos y juntas de la corte, la divergencia ocasional de opiniones quedaba reflejada en los autos escritos. Sirva de ejemplo uno de 1611[39], en el que se argumentó sobre un asiento de cinco galeones para la Armada a costa de la avería. El duque de Medina Sidonia, otro de los interlocutores habituales como capitán general del Mar Océano, se había puesto en contacto con la junta para informar respecto a cómo podía financiarse el servicio de los barcos de guerra. El cónsul Francisco de Mandojana tomó la palabra en primer lugar, pero realizó algunas puntualizaciones y propuso solicitar a Medina Sidonia que apoyara esos cambios ante el rey. El prior Diego Álvarez Gaibor, como cabía esperar, estuvo de acuerdo con él: «dijo que se conformaba en el voto del dicho señor Francisco de Mandojana». Sin embargo, cuando el factor de la Casa don Felipe Manrique recogió el guante, se resistió a las modificaciones que el Consulado pretendía introducir. Pensaba que era mejor dejarlo tal como Medina Sidonia lo había planteado inicialmente. La solidaridad institucional volvió a funcionar y tanto Antonio López de Calatayud, el contador, como don Melchor Maldonado, el tesorero, se alinearon al lado de su colega. Puesto que los de la Casa sumaban uno más ―resultó decisiva la ausencia de Cristóbal Gutiérrez Rojo, el otro cónsul, probablemente fuera de Sevilla―, su planteamiento resultó vencedor. Pero no es tanto el resultado final lo que nos importa aquí cuanto la dinámica interna que se desarrollaba en el interior de la junta.

Antes de terminar, el secretario Jáuregui anotó que debía escribir a Medina Sidonia y al rey respecto a aquella decisión última. No dejemos de subrayar una última vez la fluidez del contacto con el gran noble ―que, al parecer, luego iría flaqueando―[40], pero constatemos especialmente la dependencia continua de la figura real y los círculos de poder inmediatos que la rodeaban. La junta estaba subordinada a Madrid, no solo del modo general en que podía estarlo cualquier vasallo de la Monarquía, sino también en una práctica constantemente repetida. Era frecuente tomar resoluciones que no terminaban sino en el reconocimiento de que alguna materia de notable trascendencia debía trasladarse a la corte para que allí fuera ponderada y satisfecha. Lo cual suponía que también hubiera otro tipo de acuerdos en los que, básicamente, se garantizaba la ejecución de alguna directriz dictada por la voluntad regia. Así, entre los acuerdos, encontramos este, que se diferencia poco de otros muchos: «Que asimismo los señores Presidente y jueces nombren mañana capitán y almirante como Su Majestad manda con intervención del general y almirante»[41].

De todo lo dicho puede inferirse con facilidad que la Junta de la Avería alcanzó un desarrollo institucional superior a los casos antes vistos, de la Junta de la Quietud o la de los ministros de 1630. No obstante, tampoco hablamos de nada que pueda parecerse a un mecanismo mínimamente autosuficiente ni a una estructura que se equipare a la de los organismos más consolidados en Sevilla. Su calidad de foro de debate permitía que el Consulado y la Casa debatieran sobre la organización del sistema de flotas y armadas, con la apreciable competencia que puede comprobarse en la documentación. Lo que antes solo se había discutido en la Sala de Gobierno de la Casa ahora recaía frecuentemente en las sesiones de la Junta de la Avería, sin generar más burocracia que el oficio de Jáuregui[42]. Al igual que antes o después de su existencia, la ejecución de las decisiones tomadas y su materialización económica corrían por los cauces habituales de la Casa de la Contratación, bajo la responsabilidad de oficiales claves en su organigrama interno como el receptor de la avería o el pagador general de armadas, cuyas cuentas siguieron siendo auditadas por una contaduría de cuentas propia precisamente llamada Contaduría de Averías[43]. De hecho, si se repasan las cuentas de aquellos oficiales sin saber de la junta, sería francamente difícil detectar su existencia a través de ellas. Podría parecer que nada había cambiado y que nada relevante había sucedido.

CONSIDERACIONES FINALES

Pero sí habían cambiado cosas y sí habían tenido lugar transformaciones relevantes. La existencia de las juntas puede ser difícil de detectar. Puede serlo incluso su propia trascendencia. Su (relativa) pequeñez puede confundir nuestra mirada. Es fácil que la convirtamos inconscientemente en trivialidad. Y ahí, sin duda, incurriríamos en un error. No añadiremos nada más a lo que ya hemos apuntado sobre la escasa madurez estructural de estas juntas. Los ejemplos aludidos son significativos en relación con varios aspectos esenciales: poquedad normativa ―sin más material que las cédulas de la Junta de la Avería―, carencia de soportes burocráticos propios ―solo Jáuregui entre todos los casos estudiados―, escasa visibilidad documental ―en gran medida, consecuencia de lo anterior― y, por no continuar más, la efímera duración de sus trayectorias ―a veces reducida a semanas o meses―.

Esta premisa resulta irrebatible en lo esencial. No obstante, en primer lugar, puede admitir algunos matices. Al menos porque existe la posibilidad de establecer algunas categorías tipológicas y percibir diferencias entre unas juntas y otras. Exagerarlas no tendría sentido, pero tampoco resultaría adecuado pasarlas por alto. Distingamos así entre:

-        Juntas de individuos. Se trataría de juntas creadas ex novo, sin ninguna base previa, formadas por diferentes personajes públicos a quienes se encargaba el desempeño de alguna misión.

-        Juntas interinstitucionales. En este caso, hablaríamos de juntas nacidas para coordinar de manera ordenada a dos organismos previamente existentes, temporalmente compelidos a colaborar entre sí.

En la primera categoría, lógicamente, encuadraríamos a la junta de 1630 y a la de la Quietud. Y en la segunda, a la Junta de la Avería. Más allá del gusto por las tipologías, la distinción puede explicar la superioridad estructural de esta última respecto a las otras dos. Evidentemente, es más complicado compaginar instituciones preexistentes que meros individuos, incluso aunque estos individuos ostenten de antemano dignidades monárquicas y eclesiásticas de subida autoridad.

En todo caso, si admitimos las limitadas dimensiones de estas juntas, más allá de cualquier matiz como estos, debería evitarse el advertido peligro de traducir esta circunstancia como irrelevancia histórica. Aunque estas juntas fueran pequeñas, se inmiscuyeron en asuntos que no fueron pequeños (i.e. irrelevantes) en absoluto: la crisis social en Andalucía a mediados del XVII, la fiscalidad extraordinaria a la que fue sometida la Carrera de Indias o la gestión ordinaria del sistema de flotas y armadas[44]. En último extremo, todas ellas demuestran la existencia de un fenómeno que, pensamos, requiere mayor atención de la que ha recibido hasta la fecha. Constituye, de hecho, el centro de la argumentación que hemos pretendido construir: la plasmación del modelo político de las juntas fuera de la corte. Por incompleto que pueda ser nuestro conocimiento sobre el número de juntas que llegaron a existir, no cabe duda de su presencia en la vida institucional de la Sevilla moderna, que puede documentarse hasta finales del siglo XVIII[45], en años muy próximos a los de la Guerra de la Independencia. Lógicamente, resultaría absurdo pensar que solo pueda encontrarse esta realidad en la capital andaluza, por fragmentario que pueda ser también nuestro conocimiento sobre las juntas en otras ciudades y regiones de España.

Plantear que las Juntas existieron más allá de la corte entraña más que una afirmación estrictamente geográfica. Implica decir que las juntas existieron lejos de la persona del rey y no requerían imperiosamente su proximidad para existir. Inmediatamente, se nos vienen a la mente los Consejos, con los que las Juntas son recurrentemente comparadas. Varios de los argumentos habituales presuponen la concepción de las juntas como un elemento fundamentalmente cortesano. Suele resaltarse que tanto Consejos como Juntas funcionaban como instrumentos del aparato consultivo del monarca y se indaga en diferencias tales como que las Juntas eran más flexibles, rápidas y eficaces, pero también más vulnerables a los condicionantes del valimiento que los consejos, acaso más lentos en su proceder, pero mejor defendidos por las redes de poder nacidas en los colegios mayores de las universidades castellanas. En todo caso, se trata de problemáticas relativas a la evolución histórica de la Corte[46]. Al destacarse la dimensión extra-cortesana de las juntas, surge otra diferencia con los consejos que no suele figurar en la bibliografía. Los Consejos carecieron de esta condición y solo germinaron en la corte del rey o en las cortes virreinales[47].

La explicación para esta diferencia no parece difícil. Tiene que ver con la dignidad institucional. La de los consejos, que era superior a la de las Juntas, dependía de su proximidad a la figura real, sus virreyes o, en todo caso, a los gobernadores de las provincias de la Monarquía que no eran reinos (Flandes, Milán…)[48]. Por tanto, solo podían prosperar en las cortes, junto a aquellos prohombres a los que aconsejaban. De hecho, esa era su función más eminente, más bien requisito sine qua non para la existencia de un Consejo. Los Consejos tomaban algunas decisiones, pero sobre todo asesoraban a los más poderosos de la Monarquía cerca de ellos. Las Juntas podían adquirir una categoría superlativa, como la Junta de Noche en el reinado de Felipe II[49], la Junta de Ejecución en el de Felipe IV o la Junta Superior de Gobierno durante la minoría de Carlos II[50]. Sin embargo, también podían formar parte de una categoría inferior, como las que aquí hemos visto. Eso las privaba del privilegio de aconsejar al rey o a sus alter ego. Pero, paradójicamente ―si quiere expresarse así―, les permitía alejarse de las cortes y expandirse. Tomaban decisiones sobre asuntos relativamente menores en cualquier rincón de la Monarquía y si se presentaba algún asunto que requiriera una autoridad mayor que la de una junta de provincias, la situación podía solucionarse de una manera tan sencilla como escribir a la corte para que algún Consejo ―el de Indias en los casos aquí considerados― tomara la decisión o, finalmente, consultara la cuestión al rey. La ubicuidad de las Juntas, por tanto, es otra manera de valorar o percibir la posibilidad de alejarse de las cortes, facilitada por la desconexión con la práctica del consejo al rey que, a su vez, era consecuencia de la inferior dignidad institucional.

Efectivamente, este tipo de reflexiones y comparaciones solo puede plantearse si se piensa en las Juntas como un fenómeno amplio en vez de exclusivamente cortesano. La perspectiva implica salir de los espacios de poder más encumbrados y fijar la mirada en otras realidades algo más humildes. Lo cual, lejos de ser un inconveniente, suele traer buenos resultados. Cuanto menos, la posibilidad de entender la política del siglo XVII desde perspectivas distintas a las más habituales[51].

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[1] Justo al mismo tiempo, las juntas también sirvieron para impulsar las Guerras de Independencia en Hispanoamérica: Lynch, 2008; Chust, 2007.

[2] Martínez de Velasco, 1972; Moliner Prada, 1984, 1997, 2006, 2008a, 2008b; Moreno Alonso, 2001, 2013; Yépez Piedra, 2004; Pérez Garzón, 2007; Hocquellet, 2008; Salvador Benítez, 2010; Guerrero Cano y Barrientos, 2015.

[3] Para una revisión bibliográfica sobre las juntas, remitimos a la introducción de Francisco Gil Martínez y Sylvain André a este dosier. En el elenco pueden observarse estudios de carácter general o monográfico como los aquí seleccionados: Alloza Aparicio, 2003; André, 2015; Andújar Castillo, 2009; Andújar Castillo y Gil Martínez, 2015; Baltar Rodríguez, 1998; Bermejo Cabrero, 2016; Burgos Lejonagoitia, 2013; Díaz González, 2002; Gil Martínez, 2017; Sánchez González, 1995, 1993.

[4] Merino Malillos, 2017, es una magnífica excepción a este panorama general, al construir un análisis estructurado en torno a dos momentos; «I. Un primer despliegue administrativo: juntas en la corte y comisionados fuera de Madrid (h. 1630-1637)» y «II. El segundo despliegue: órganos colegiados en los frentes (1637-1643)».

[5] Este planteamiento, recalquémoslo, alude a juntas cuyo centro radicaba en la ciudad de Sevilla, tal como debía de suceder en muchas o todas las grandes ciudades de la España Moderna. No supone una separación neta entre las juntas de la corte y los espacios urbanos periféricos. De hecho, otro interesante motivo de reflexión sería la proyección de las juntas de corte en ellos, tema sobre el cual puede consultarse: Rodríguez Hernández, 2012, p. 438.

[6] Para los casos que nosotros estudiaremos, ver Domínguez Ortiz, 1973; Gelabert, 2001; Díaz Blanco, 2012.

[7] Domínguez Ortiz, 1991.

[8] Domínguez Ortiz, 1984, cap. 4.

[9] Domínguez Ortiz, 1984, pp. 81-90.

[10] Pineda Alfonso, 2015.

[11] Domínguez Ortiz, 1984, cap. 9.

[12] Domínguez Ortiz, 1984, pp. 95-96; Márquez Redondo, 2010.

[13] García-Baquero González, 1992; Díaz Blanco, 2012, pp. 34-44; Perez, 2016.

[14] Díaz Blanco, 2015, y 2017a.

[15] Gil Martínez y André, «Mando se junten mis ministros» Las juntas como herramientas de gobierno bajo los Austrias (ca. 1570-ca. 1715)», en este mismo dosier.

[16] La cuestión se enmarca en un contexto general que nos han explicado obras clásicas como Domínguez Ortiz, 1983 o Gelabert, 1997.

[17] Una cuestión clásica respecto a la que existen varias aproximaciones cuantitativas, entre las cuales: Veitia Linaje, Norte de la contratación; Céspedes del Castillo, 1945, p. 132; Rodríguez Vicente, 1977; García Fuentes, 1984; García-Baquero González, 2003.

[18] Archivo General de Indias [AGI], Indiferente General [IG], leg. 756; consulta del Consejo de Indias, Madrid, 3 de agosto de 1630. La junta tuvo su origen en otra junta formada por los mismos individuos en Sanlúcar de Barrameda para supervisar la salida de la flota de Nueva España: AGI, IG, legs. 756 y 1154.

[19] Valoraciones sobre el incremento del autoritarismo en el reinado de Felipe IV, en Domínguez Ortiz, 1983, p. 49; Gelabert, 2001, p. 131.

[20] AGI, Consulados, lib. 2, con documentación sobre varios acuerdos tomados en junta de comercio sobre la cuestión; AGI, IG, leg. 756, con varias cartas del Consulado que reflejaban el contenido de esos acuerdos y las consultas resultantes del Consejo de Indias.

[21] AGI, Consulados, lib. 2, «Acuerdo sobre un millón y cien mil ducados con que se ha de servir a S.M.», Sevilla, 22 de septiembre de 1630.

[22] Santiago Fernández, 2000.

[23] Domínguez Ortiz, 1973.

[24] Los datos proceden de Archivo General de Simancas [AGS], Contaduría Mayor de Cuentas [CMC], 3ª época, leg. 454. El documento fue utilizado por primera vez con estos fines en Díaz Blanco, 2018a.

[25] Pérez Sindreu, 1992, pp. 116-117.

[26] Los razonamientos se deducen a partir de los esquemas de rendición de cuentas explicados en Díaz Blanco, 2018b, pp. 477-490.

[27] Ariste había fallecido en 1656: Archivo de la Parroquia del Sagrario, Defunciones, lib. 16, fol. 176r; partida de Pedro de Ariste, Sevilla, 8 de septiembre de 1656. Al haber muerto él, la cuenta fue presentada a nombre de sus herederos, sus hijos, que eran menores y estaban representados por un curador llamado Juan de Cabrera (éste, a su vez, presentó las cuentas en Madrid a través de un procurador).

[28] Desconocemos si usaron el original o una recepta copiada.

[29] Gil Martínez, 2017, pp. 164-167.

[30] AGI, Contratación, leg. 4989b; «Libro de Recuerdos de Gobierno de la Junta», 1609-1611 y «Libro de acuerdos de la Junta que para la administración de la Avería y despacho de las Armadas y flotas de la Carrera de las Indias ha mandado formar Su Majestad de los señores presidente y jueces oficiales de la Casa de la Contratación y prior y cónsules de la Universidad de los mercaderes desta ciudad de Sevilla y generales de las dichas Armadas y flotas», 1608-1613.

[31] Céspedes del Castillo, 1945; Serrano Mangas, 1989, pp. 289-298; Caballero Juárez, 1997, pp. 285-314.

[32] En el cuadro no figuran los generales de las flotas y las armadas, dado que acudían a la Junta muy ocasionalmente ―solo cuando se encontraban en Sevilla, lógicamente, y no durante su trayecto oceánico―. No obstante, dejamos constancia al menos de esa presencia episódica por parte de figuras como Juan Gutiérrez de Garibay o Jerónimo de Portugal, entre otros.

[33] AGI, Contratación, leg. 4989b, «Libro de Acuerdos», fol. 244r; Real Cédula, Madrid, 31 de diciembre de 1608.

[34] El testimonio más ilustre de la conexión epistolar con la corte son las cédulas reales que quedaron copiadas en el libro junto a los acuerdos de la Junta. De hecho, detrás del título principal, la portada del «Libro de Acuerdos» continúa diciendo: «donde se asientan también las cédulas que Su Majestad provee en razón de la administración que ha de hacer la dicha Junta».

[35] Además de las motivaciones relativas al espacio, podría dudarse de que los libros recojan todos los acuerdos a los que llegó la Junta. A pesar de su incuestionable sistematicidad y calidad, se aprecian algunos vacíos cronológicos. Estas lagunas podrían corresponderse perfectamente con períodos de inactividad de la Junta. Pero también podrían ser el fruto de ausencias documentales que también se dan en otros libros similares. Algo así parece indicar un apunte contenido en el «Libro de Acuerdos», fol. 109v, que dice así: «desde siete de diciembre de 1612 no se escribió ningún acuerdo en este libro hasta diez y nueve de enero de 1613 y la hoja número 110 que falta del dicho libro la quité y rompí yo en blanco sin haberse escrito nada en ella por un gran borrón de tinta con que se ensució».

[36] AGI, Contratación, leg. 4989b, «Libro de Acuerdos», fol. 17v-20r; «Proposición del señor prior Pedro de Avendaño de algunos puntos tocantes al beneficio y administración del avería y desta Junta», Sevilla, 26 de octubre de 1609.

[37] Lohmann Villena, 2004, pp. 163-171, dedica una biografía a Avendaño Villela cuyas páginas finales están centradas en su faceta como arbitrista.

[38] En trabajos previos hemos revisado estos temas (la circulación de la correspondencia y la información, así como la presencia del arbitrismo, en el entorno de la Casa de la Contratación y el Consulado). Permítasenos recordar: Díaz Blanco, 2017b, 2016 (pp. 555-574), 2014 (pp. 47-77).

[39] AGI, Contratación, leg. 4989b, «Libro de Acuerdos», fol. 80r-82r; Acuerdo, Sevilla, 7 de marzo de 1611.

[40] Hernández Rodríguez, 2018.

[41] AGI, Contratación, leg. 4989b, «Libro de Recuerdos», s.f.; acuerdo, Sevilla, 10 de agosto de 1609.

[42] La propia posición archivística de los libros de la Junta, dentro de los mismos legajos donde se encuentran los libros de acuerdos de la Sala de Gobierno, avala que los organizadores de la sección Contratación a fines del XVIII y principios del XIX ya habían llegado a esta conclusión ―si tal posición archivística no es anterior y estaba presente en el propio archivo de la Casa―.

[43] Díaz Blanco, 2017c, pp. 471-492. En la actualidad se encuentra en preparación un estudio relativo a la rendición de cuentas en el ámbito de la Contaduría de Cuentas de la Avería.

[44] Respecto a esta última circunstancia, véanse entre otros: Serrano Mangas, 1989; Trejo Rivera, 2003; Rahn Philips, 2010.

[45] Campese Gallego, 2009, pp. 347-362.

[46] Remitimos de nuevo a la bibliografía presentada por Gil Martínez y André en la introducción al dosier y en los títulos reflejados supra nota 3.

[47] Este razonamiento podría matizarse con las aportaciones de Merino Malillos, 2015 y, sobre todo, 2017.

[48] En Nápoles, por ejemplo, el virrey se acompañaba de un conjunto de consejos divididos conceptualmente entre «consejos políticos, militares y de administración general» y «consejos judiciales y financieros». Entre los primeros se contarían los Siete Grandes Oficios, el Consejo de Estado y el Consejo Colateral y, entre los segundos, el Sacro Regio Consejo y la Regia Cámara de la Sumaria: Villari, 2012, pp. 24-25. Igualmente, en Flandes los gobernadores generales se hallaban auxiliados por los tres Consejos Colaterales: Vermeir, 2006.

[49] André, 2020.

[50] André, 2013; Sánchez González, 1996, pp. 131-150; Sevilla González, 2004, pp. 583-616.

[51] Gil Martínez, 2017, pp. 12-13.

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