El acotamiento de tierras en la Galicia medieval: aproximación al origen, naturaleza jurídica y

evolución de un privilegio real

Lands Protection in Medieval Galicia:

Approaching to the Origin,

Legal Nature and Evolution of Royal Privileges

RODRIGO POUSA

Departamento de Historia, Arte e Xeografía

Facultade de Historia

Universidade de Vigo

Campus Universitario As Lagoas s/n

32005 Ourense, España

rodrigopousa@gmail.com

http://orcid.org/0000-0001-9323-8728

RECIBIDO: SEPTIEMBRE DE 2021

ACEPTADO: MARZO DE 2022

Resumen: Los privilegios de exención o inmunidad fueron una realidad social y política común en los reinos medievales europeos. En la península ibérica los privilegios de acotamiento jugarán un papel esencial en la política real del reino de León para eludir y abandonar un modelo político visigodo por otro que reforzase el control real de todo el territorio. Para comprender dicho rol es necesario precisar la cronología, qué monarcas se sirvieron de ellos, y en qué contexto administrativo. El presente trabajo pretende ofrecer un estudio sistemático de su cronología de desarrollo, uso y desuso; sus características esenciales y la evolución de sus cláusulas. Para ello se ha elaborado un base de datos que ha recopilado todos los privilegios publicados, y muchos inéditos, correspondientes al reino de Galicia.

Palabras clave: Reino. Administración. Jurisdicción. Señorío. Exención. Galicia. Edad Media.

Abstract: The privileges of protection and immunity were a social and political reality common to European medieval kingdoms. In Iberian Peninsula, «coto» or «acotamiento» privileges played a main role in royal politics of the kingdom of León to preserve the royal jurisdiction in all territory and abandon the visigothic administrative model. In order to understand this role, it’s essential to clarify the chronology, when monarchs used these privileges, and in which administrative context. This paper aims to offer a systematic study about their development, use and disuse; their main characteristics and their clauses evolution. To get it a database with all Galicia’s published privileges, and so many unpublished, has been created.

Keywords: Kingdom. Administration. Jurisdiction. Lordship. Exemption. Galicia. Middle Ages.

MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 25 (2022): 311-345 [1-35] [ISSN: 1139-0107; ISSN-E: 2254-6367]

DOI: https://doi.org/10.15581/001.25.008

Los cotos constituyeron una particularidad del reino galaico-leonés de la que difícilmente podemos encontrar paralelismos en otros reinos medievales coetáneos. Es esta singularidad jurídica, junto con el papel que jugaron en torno a la fijación de derechos señoriales, la que los hace un objeto digno de estudio sistemático y pormenorizado. A diferencia de merindades o tenencias[1], los cotos no formaron parte del aparato administrativo de la Corona en su fase de desarrollo, aunque su aparición sea casi coetánea y sus raíces jurídicas vinculadas al principio feudal de inmunidad-exención sean más antiguas si cabe, no cabe considerarlos territorios con personalidad jurídica, al menos en origen, aunque muchos no solo terminaron erigiéndose en tales, sino que terminaron sirviendo de marco a la fijación de estructuras feudo-vasalláticas superiores a las meramente dominicales y, finalmente, en circunscripciones cuyos propietarios ostentaban la jurisdicción civil y criminal con mero mixto imperio[2].

El presente trabajo pretende aproximarse a la realidad jurídica de estos privilegios, a las causas históricas que determinaron el nacimiento de una figura sin precedentes en el ámbito romano-germánico y a su evolución histórica. Para ello nos hemos servido de las fuentes documentales editadas de la actual área gallega, en su mayoría procedentes de archivos eclesiásticos. Además de los privilegios de concesión, estas han permitido elaborar una base de datos en la que hemos registrado todos los cotos documentados a lo largo de la Edad Media en territorio gallego, cuya cifra apunta o bien a un recurso a este privilegio muy desajustado con el número de privilegios conservados, a una posible invención, o bien a una acotación paralela a la realenga llevada a cabo por particulares en sus dominios.

La concesión de cotos tuvo una intensa y larga trayectoria en Galicia en estrecha relación con el número de monasterios existentes y a las cotas que el señorío eclesiástico alcanzó en este reino. Sin embargo, la escasez de privilegios conservados pone en tela de juicio, a la vista de la invención bajomedieval y moderna documentada de más de uno, que en todos los casos fueran objeto de concesión regia. Si bien es cierto que la concesión a laicos podría haber opacado el origen de muchos, como los que los Traba donan a la Iglesia de Santiago o los de Gonzalo Ozores, debido al dispendio de la documentación medieval de estos.

A través de la revisión de fuentes se han documentado en el territorio de la actual Galicia más de 360 cotos durante el Medievo. En la mayoría de casos las referencias son circunstanciales, desconociéndose el privilegio o fecha de concesión y destinatario; en otros, tenemos noticias de algunos acotamientos en otros posteriores, como los practicados por Alfonso VI, a Lourenzá, o por Urraca, a Naves, Mondoñedo[3] y Tuy[4], cuyos privilegios no se han conservado. Aunque se han tenido en cuenta a la hora de elaborar la base de datos, se eluden en el discurso expositivo aquellos privilegios que presentan dudas sobre su autenticidad, caso del concedido a Orense[5], los tocantes al coto de Velle de San Pedro de Rocas, etc. o los más controvertidos concedidos a Montederramo, entre otros. También se eluden algunos como el de Tuy, en el que la condición urbana y como sede episcopal del bien confiere al privilegio características susceptibles de disociación[6].

Una dificultad añadida para contabilizar estos espacios medievales se debe a la prolijidad y abstracción de algunos privilegios, que servían para acotar propiedades individualizadas y dispersas, en especial aquellas donadas por los monarcas ―ejemplos las vilas altomedievales de Naves[7], Montederramo[8] o los casales donados por Alfonso IX a Oya―. La cosa se complica dada la existencia de privilegios generales, como el concedido al monasterio de Oya por Fernando IV, en 1305, por el que acotaba la granja que poseía en Carballal y genéricamente «todas» las propiedades del valle del Tebra[9] (Tomiño-A Guarda, Pontevedra).

Otra cuestión a matizar es la consideración tradicional de las instituciones eclesiásticas como las principales receptoras de acotamientos, debido a la preservación de privilegios casi exclusivamente por estas, en estrecha relación con esa imagen de vulnerabilidad y necesidad de protección frente a otros poderes, historiográficamente desechada. Sin embargo, como ya se ha indicado, fueron varios los señores laicos que nos consta tuvieron cotos. De hecho, en algún caso, la recepción monástica de dicho privilegio, como el de San Miguel de Bóveda, se produjo como merced real a favor y por petición de sus patrones laicos[10]. El origen eclesiástico de la mayor parte de las fuentes podría explicar que solo hayamos registrado 34 cotos en manos ―lo que no significa necesariamente concedidos a― de laicos, pues el número de cotos laicos documentados, ya en época moderna, podría apuntar una realidad bien distinta.

1. NATURALEZA JURÍDICA DEL PRIVILEGIO DE ACOTAMIENTO

En primer lugar debe aclararse que la constitución de un coto no supuso por sí misma el traspaso de jurisdicción alguna, como algunos autores han transmitido y aun hacen[11], ni siquiera la exención fiscal, para las que se requirieron privilegios específicos, concedidos en cronologías muy posteriores a las de origen de estos privilegios, quizá incluso por la saturación de territorios exentos. Otra cosa es que, debido a la restricción a la concesión de jurisdicción en señorío entre los siglos X y XIII ―debido al abandono de las figuras del comitatus germánico y el comisso, en aras a un control regio del territorio mediante merindades y tenencias―, constituyese la máxima categoría de donación, siendo la exención la enseña de un señorío superior a la mera posesión de la tierra, al eximir a los hombres de su circunscripción de la jurisdicción directa de merinos, sayones y tenentes. Y que, sobre esta base, fuese empleado como marco para erigirse en señorío jurisdiccional en la Baja Edad Media y la Moderna, cuando el sistema de tenencias y merinos ha decaído, y el régimen jurídico de estos privilegios había sido opacado y contaminado por las concesiones a monasterios y señores hechas a partir del reinado de Sancho IV de nombrar merinos y jueces, según el caso[12]; junto a la proliferación de mercedes jurisdiccionales a laicos desde el reinado de Alfonso XI[13].

Pese a la confusión en torno a la naturaleza jurídica del territorio en la historiografía gallega, la naturaleza del espacio exento ha estado clara para autores como Gama Barros o Mariño Veiras[14] desde hace décadas; enmarcados en el ámbito de las inmunidades, bien estudiado para el ámbito franco[15], y definida en el ámbito castellano-leonés por García Valdeavellano:

el otorgamiento de la inmunidad comporta en León y Castilla la prohibición hecha a los funcionarios y agentes del rey de entrar en el dominio que goza de inmunidad, es decir el introitus a veces comprende igualmente la exención de ciertos servicios, tributos y rentas debidas al rey, y del cual goza en adelante el señor del dominio; a veces la inmunidad incluso el otorgamiento de la jurisdicción al señor[16].

Con respecto a esta, y a la vista de los diplomas regios conocidos, discrepamos en la asociación entre inmunidad y exención tributaria. Esta rara vez se incorpora en los privilegios de coto, sino que tuvo un carácter extraordinario e independiente, vinculado a cronologías concretas, y, en ningún caso, la exención implicó el traspaso de tributos regios a los receptores de acotamientos. Tal traspaso requería de donación expresa, algo que fue igualmente escaso. En ningún caso los acotamientos transfirieron jurisdicción, y de hecho tales traspasos, encarnados en el derecho a nombrar merino o juez, no arrancan hasta el reinado de Sancho IV, cuando la figura del coto está casi en desuso, precisamente a consecuencia de los cambios en el marco jurídico, que avanza hacia la entrega de señoríos jurisdiccionales, ante los cuales la inmunidad se convertía en un privilegio menor.

El origen cronológico y ontológico de los acotamientos da cuenta de su naturaleza y novedad. La monarquía asturleonesa busca nuevas fórmulas de concesión señorial que le permitan honrar a sus favorables sin transferirles poderes «jurisdiccionales» que puedan rivalizar con los de la Corona, como los que habían tenido los señores de los antiguos comitatus. Las primeras concesiones de acotamientos que conocemos coinciden cronológicamente con las de otra figura novedosa, no documentada antes, y que no parece proceder del reino visigodo, el comisso. El tiempo llegará incluso a generar cierta confusión en torno a ambas, y, en algunos casos, como el del Loci Santi ―después Santiago de Compostela―, ambos conceptos son aplicados por igual para referirse a la misma circunscripción territorial.

La causa y motor de estas innovaciones o reformas de las instituciones del nuevo reino fue frenar las fuerzas señorializadoras imperantes y los abusos cometidos por algunos titulares de los antiguos comitatus, restringir su acceso a recursos y potestades que habían puesto en peligro a la propia corona, intentando el derrocamiento del monarca y su suplantación, en constantes rebeliones[17]. En este contexto la administración territorial pasa progresivamente a depender directamente de la Corona, a través de tres tipos de oficiales: merinos, tenentes y jueces, que supusieron un reparto de la jurisdicción en sus circunscripciones por ámbitos, abandonando aquella administración del realengo mediante imperantes y potestati[18] con prerrogativas holísticas en sus territorios, y terminó poniendo la jurisdicción de todo el reino leonés sub manu regis. A tal fin apuntan estas medidas políticas que vienen a modificar la raíz del sistema feudal hispánico, de hecho, a ponerle fin.

En este nuevo contexto la merced y el don seguían siendo un pilar fundamental en el aparato de poder y las relaciones del reino medieval galaico-leonés[19]. Los monarcas siguieron donando vilas[20], iglesias y otros bienes, pero, en la medida en que el nuevo contexto administrativo restringía la posesión de jurisdicción sobre tierras y hombres, requirió de privilegios que eximiesen a los bienes señoriales de responder directamente ante los oficiales regios, en especial ante los merinos, con frecuencia de rango social inferior a los receptores de estas mercedes. El acotamiento jugó un doble papel: a) protegía los bienes concedidos al favorecido y agraciado por el rey de la intervención de oficiales locales, y de un estrato social más bien bajo; y b) además les confería un rango especial, que los convertía en una forma de señorío superior, en el que los oficiales regios no podían intervenir, en sus tierras y sobre sus hombres ―del tipo que fueren―, sin su autorización. Ello elevaba el acotamiento y los bienes acotados y establecía una graduación en la merced, distinguiendo al propietario privilegiado con un coto del llano. Esta fue la base sobre la que el coto sería empleado para erigir un nuevo modelo de señorío, no jurisdiccional, que convertía a los habitantes del coto en vasallos del titular. La conversión no era difícil si tenemos en cuenta que estaban sujetos a la tierra, y en esa tierra no podía intervenir nadie, ni siquiera los oficiales del rey sin su consentimiento. El dueño de un coto era en cierto modo «su único señor».

En este contexto los cotos, y en especial los eclesiásticos, fueron empleados como herramienta en la desarticulación y merma territorial de los comitatus que quedaban en pie, pues sustraían ipso facto de la jurisdicción directa del comes la tierra de su término. La manifestación más evidente la encontramos en el extenso comitatus de Montenegro, que pese a su amplia extensión llegaba al reinado de Alfonso VII ―no sabemos si ya como tenencia― mermado por las concesiones a la sede episcopal mindoniense y al monasterio de Lourenzá[21].

La concesión de esta protección no fue desinteresada. Iglesias y monasterios fueron empleados por la Corona para mermar el poder de los agentes laicos, además de como un medio vertebrador del mundo rural, para fomentar una explotación racional de las tierras y canalizar sus rentas, algo que el aparato gubernativo del reino ―en desarrollo― no podía hacer, sobre todo en Galicia, con un modelo de poblamiento disperso en vilas, casares, granjas, pardiñeiros...[22], lejos aún de la estructuración en parroquias y concejos, que encontramos en la Baja Edad Media. Las vilas que compartimentaban y articulaban el territorio de su entorno en esta época[23], fueron, por tanto, los principales bienes acotados.

Además, algunos testimonios manifiestan la existencia de un intercambio/retribución directa, precedente a la venalidad pura, por el que las instituciones habrían entregado cuantías de dinero a los monarcas previa concesión del privilegio. Un ejemplo de ello lo encontramos en Samos, cuyo privilegio de coto de 1120 refiere un pago a la reina Urraca[24], justificante del amplio uso que la monarca hizo de este privilegio.

2. LOS PRIVILEGIOS DE CONCESIÓN: APROXIMACIÓN CRONOLÓGICA

El primer testimonio asociado y asimilado, a posteriori, con un acotamiento conservado lo encontraríamos en el privilegio por el cual el rey Alfonso III restituye a la sede lucense en sus antiguas propiedades. En él encontramos claros antecedentes de las cláusulas características de los privilegios de coto de los siglos XI y XII, por cuanto el privilegio una vez describe los términos del monasterio de los Santos Esteban, Pedro y Pablo lo exime de cualquier pecho y condenación regia:

Quam ex poselitis terre commitatus seu regiet familie ibi comorantes sine omni calumni regie vocis et sine omni servitio et censu fuisci regis vobis eso condonamus tu nullam nobis reddant censuram seu servicum ab hodierno die sed sint liberi et absoluti aparrte regis homines ineodem commorantes kauto[25].

Exención que repite al entregarle el castillo de Santa Cristina con sus términos:

Cum suo cauto sine omni calumnia regie vocis et quidquid foris invenire poteritiir ab antiquo debitum ipsius eclesie sancta christine[26].

Cláusulas semejantes de protección e inhibición a la intromisión de oficiales las encontramos en privilegios como el de 922, por el que Ordoño II entrega, al obispo de Mondoñedo, el valle del Labrada; sin embargo, en él tampoco se emplea todavía el verbo «cauto». En 997 Vermudo II concedía un privilegio semejante a Pombeiro, en el que, tras delimitar sus límites, determinaba:

Et in super intra ipsos dextros non habeant licentiam ingrediendi in eis, non sagiones de rege, non de pontifice, non de comissali, non de cuacumque forma hominis novilium vel vilium, non pro homines, non pro homicidio, nec pro rauso, nec pro ulla culpa, sed ad ipsos sactos et fratres damus licentiam faciant de talia quod voluerint[27].

Sin embargo, y pese al no empleo de una referencia verbal o substantiva de «cauto» o sus derivados, Alfonso VII reconocerá a futuro dicho término como un coto[28].

Con ello, los monarcas simplemente están poniendo en práctica las primeras exacciones jurisdiccionales y fiscales. Estos privilegios clarifican las dudas en torno a la naturaleza fiscal o jurisdiccional de las menciones al homicidio o el robo en acotamientos posteriores:

Sic dono hanc meam esiguam oblationen cum suo saione et sua uoce ut nullus omo aditum sit furiose intus ingredi [...] uocem rausi et omicidii et fossatorie pertineant ad predictum sanctum confessorem et episcopis qui sub Dei gubernacione in ipsa sede primatum tenuerint sicuti nos eam modo damus et hucusque tenuimus[29].

Dichas cláusulas son idénticas a las de otro privilegio muy posterior, el de la vila de Cerama:

Et saco inde tibi sagionem, rausum, homicidium, fossadariam et abeas ista et cetera que ad regale ius pertinet[30].

Dichas cláusulas acaban simplificándose en otros posteriores como los de Naves, dándola por consabida, donde simplemente se enumeran los derechos traspasados, pero que de no ser por los anteriores podrían confundirse con el traspaso de la jurisdicción sobre tales materias. Un ejemplo es el de Naves, de 1155:

«Cum suis hominibus, cum rauso et cum omicidio, cum caritel et cum suis terminis et pertinentiis et cum suis directuris»[31].

«Cum rauso et cum omicidio, cum caritel et cum suis pertinentiis et cum suis directuris»[32].

Sobre si tales cláusulas expresaban exacción o entrega, la inclusión del sayón en el privilegio de Mondoñedo ―sobreentendiéndose que se exime de su entrada en el coto y exigencia de tributos y ejecuciones― apunta que se trataba de una mera exacción; de ahí que estas penas punitivas se vean acompañadas en ocasiones de la fonsadera, un derecho que nada tenía que ver, reivindicado como privativo del monarca[33], quizá en relación directa con el carácter seglar del brazo eclesiástico, pues según rezan las Cortes los de abadengo no podían reclutar hombres. El medio de expresión empleado, vocem, y su inclusión con una carga como la fonsadera, podría indicar bien traspaso, restricción en el acceso y cobro o bien exención. Queda claro, eso sí, que lo que se traspasaría en tal caso era la carga o derecho impuesto sobre robos y homicidios, pero no el derecho a juzgar o ejecutar a los infractores en consonancia con las restricciones habidas en la legislación regia sobre la impartición de justicia, plenamente vigentes en este periodo, y el esquema administrativo-jurisdiccional de merindad y tenencia, en el que los cotos no constituyen sino una exacción de estos. De hecho, los privilegios del siglo XII que hacen mención expresa a los sayones, no incluyen ni a merinos ni jueces:

Nulli potenti vel inpotenti nobili vel nobili maiordomo, sive sagioni liceat de cetero illum forum ad omnibus vestris vel ab illis hominibus qui ibi habitaverint exigere vel eso super hoc inquietare[34].

Aunque la prohibición a la entrada de los sayones queda clara por este y otros privilegios, en cuanto a la retirada de robos, homicidios y fonsadera algunos privilegios han sembrado la duda de si se referían al derecho a entrar a por ellas, si podían hacerlo con autorización, como otros privilegios posteriores explicitan, si se traspasaba el derecho a recaudación o simplemente se le eximía de su satisfacción ―poco probable por tratarse de penas punitivas de actos criminales―. Dicha cuestión ha quedado clara gracias a privilegios como el de Pombeiro del siglo X, en el que la prohibición está claramente vinculada al acceso al coto por el verbo «ingrediendi»[35]. Otra cuestión es si tales derechos económicos se traspasaron. Hay que esperar a privilegios posteriores para que lo que encontremos sea una exención: «et omnes homines qui ipsis terminis habitaverint libero et absolvo de reditu et de petitu et de fossadu et de omni fisco et foro regio»[36].

Con el tiempo todas estas cláusulas se verán reducidas a la mínima expresión. En el reinado de Fernando II ya no son, pues, un privilegio excepcional dotado de cláusulas concretas, sino que la proliferación de privilegios concedidos por su padre Alfonso VII habría consolidado la figura jurídica, no siendo necesario expresarlas. Entre ambos reinados puede considerarse que el privilegio de excepción se había convertido en una figura con régimen jurídico propio:

«Hanc autem incautationis et donationes in kartationem facio»[37].

«Et cauto vobis supradictis gragiam vestram de reparadi et predictum monte de Priorio»[38].

«Do et cauto et firmiter concedo monasterio Sancte Marie de Azivario»[39].

«Et encoto o dicto monasterio con todas las suas heredades et con todollos suos omes per u quer que llos ayan»[40].

«Cauto et munio totam et integram villam vocitatam Ruvianes»[41].

«Cautamus etiam sautum et liberamus ab omni debitum quo hactenus regie parti tenebatur»[42].

El grueso de privilegios se concentra en los reinados de Alfonso VII, Fernando II y Alfonso IX. La reducción en los posteriores es drástica y cuasi nula en reinados como el de Alfonso X o Sancho IV, que se limitan a confirmar los ya concedidos, apareciendo otros privilegios generales de protección, que manifiestan el decaimiento de la figura jurídica.

El problema ya mentado, es que, en correlación a los cotos documentados, incluso de los monásticos, los privilegios conservados constituyen una minoría, y varios presentan evidencias de su falsedad. Otras situaciones sospechosas las encontramos en los casos de confirmaciones concedidas como fruto de pesquisas y averiguaciones, que presuponen un supuesto extravío del privilegio original, caso del privilegio de coto de Xunqueira de Espadanedo (Orense) de 1227[43] o el de Dozón (Pontevedra) supuestamente concedido por Fernando II, y confirmado por Sancho IV en 1286. Dicho privilegio presenta características propias, y de hecho no se trata de un privilegio de acotamiento en sí, sino de uno de protección sobre los cotos ya existentes:

Nullus, neque miles, neque alius homo, habeat vassallum in cautis vestris, nisi vos vel ille abatisse quod vobis succederit.

Además, añade cláusulas de exención típicas de privilegios más antiguos, combinados con otras como la exención del pedido más modernas:

Et libero et absolvo omnes cautos et hereditates vestras et homines ibi morantes de pecto, de petito, de fossadaria, de homicidio, de rauso et de voce et caracterio et de [enliza] et de omni fisco et [foro] regio; et mando quod de suis hominibus supradictis nulli alii respondeant, nisi suprascripto monasterio et vobis, domne Terasie, ipsius monasterii venerabile abbatisse et successoribus. [Cauto] etiam omnes hereditates vestras in tribus milibus solidorum[44].

Las exenciones de homicidio, fonsadera y rauso son ajenas a los privilegios de este monarca, como lo son las exenciones de pedido[45].

3. ESPACIOS CREADOS: CIRCUNSCRIPCIONES DENTRO DE CIRCUNSCRIPCIONES Y ACOTAMIENTO DE BIENES

A diferencia de otro tipo de concesiones, los privilegios de cotos conservados tienen en común hasta el siglo XII la descripción de sus límites. Ello se debe a que a diferencia de las entregas de circunscripciones jurisdiccionales como comitatus y comissos, primero, y tenencias y merindades, después, en este caso se está generando una realidad nueva, territorialmente inexistente, inclusa en otra, cuyos límites deben ser definidos. Con el tiempo, una vez instituida y asentada la figura jurídica del coto, la descripción de cláusulas deja de ser importante, sin embargo, la descripción de límites pervive. Una excepción la constituirán los acotamientos de vilas que en cuanto que eran explotaciones individualizadas disponían de unos límites ciertos y conocidos.

Del rey Ordoño conocemos el acotamiento hecho a Cins (Oza, Cesuras, La Coruña) en 911 en el que aparte de describir los límites poco más añade, aunque esto podría deberse a su modificación, que hace situar al autor en los siglos XI-XII:

et cautum quod nihi in giro dedit et datum concessit: per castrum de Ienrocio et per veredam de super Ienrocio, per mamulam que stat inter Porcimilius et Villar de Custodia et per viam antiquami per quam vadunt a Lois et per quercum perfuratum et per mamulam que stat super Sanctum Mametem et per viam qua itur ad Montem Farum et per rivulum que fluit inter Cesuras et Mandaio et per capud Oussim per archam que stat inter Vimaranes et Tugurion per archam inter Carraes et Cularagundo per valum inter ambos Iohoancios per petram que dividit inter presidum et Ioancium et Villar per rivulum de Simia per ipsam aquam usque ad Merum et inde per Merum usque ad Liminum et inde per rivulum usque Liminum usque ad castrum Ienrocio ubi incipimus[46].

Así, mientras en el privilegio de los condes de Galicia, Raimundo y Urraca, de 1104 al monasterio de Samos (Lugo) aún se describen límites:

per petra alba que stat in aqua de Denna et inde ad patrones de illa verea et inde ad fonte de Sisto et inde ad arca de mumolu tanuizi et inde ad burgus de super villa de Gondalur et inde ad mumolu de super Vimannes et inde ad mumolu de Pelagio et inde ad mumolu de Arianis et inde ad arca de petra fita et inde ad pennocus de Faro et inde ad penna curva et inde ad burgues de Molner et inde ad fonte de Suevuos et inde per illa aqua de Lamas et inde ad fonte de Ollarios et inde ad destrio que venit de Noalla et inde ad Loranu et inde per vado de Lobamorta et inde finit se in petra alba de portu de Denna quos nominatim audiens conformo[47].

Y lo mismo, en otro de 1120 de la reina Urraca al mismo Samos[48], y en los concedidos por sus sucesores Alfonso VII y Fernando II, con la salvedad de aquellos que se establecen sobre vilas cuyas demarcaciones se entienden definidas. De modo que en los acotamientos al monasterio de Naves (Palmés, Orense), las vilas acotadas solo se nominan. Y lo mismo en las concesiones hechas al monasterio de Asma (Chantada, Lugo) por Alfonso IX que incluían varios cotos, uno sobre la feligresía de Santa María de Camporramiro (Chantada, Lugo): «et incauto ipsa villa cum quanto ibi ad regia pertinent vocem», y en el que acota las tierras del monasterio y la vila de Nogueira: «incauto iam dictum monasterium cum ómnibus rebus et pertinenciis suis, ubicumqui potuerint inveniri, et incauto eidem monaterio villam que dicitur Nogueira»[49]. Aunque en 1182 en el acotamiento de la parroquia de Armariz (Nogueira de Ramuín, Orense) a Ribas de Sil todavía se describen los lindes[50].

Carácter especial y extraordinario tienen el privilegio concedido al monasterio del Pino (Lemos, Lugo) por Alfonso VII, en 1126, por el que acota 3 casas en la «populatura»: «et cautamus ubi tres casas in ipsa populatura ad monasterium»[51]. O el del emperador, del que no se conserva sino referencia en una confirmación posterior por el que acotaba los ganados de la sede mindoniense en 1116:

Viemos otro priuillegio del emperador dom Alffonso que disie commo cotaua todos los ganados de los obispos de la eglesia de Mendonedo et mandaua que fuessen cotados assy commo los suyos mismos so penna de sex mill sueldos. Fecho el priuillegio en Leon postremo dia de desenbre. Era de mill clxiiii annos[52].

El emperador concedía en 1125 un privilegio a la mitra mindoniense por el que «acotaba» a sus serviciales. Si bien el acotamiento sobre hombres no es nuevo, pues tradicionalmente se aplica a hombres y tierras, la novedad es su acotamiento separado, y que se refiera solo a los serviciales:

cartam cautationis de omnibus seruicialibus uestre sedis tam de priori sedi Sancti Martini habitis quam ecclesiam de mutata sede sancte Marie vallibriensis postea aquisitis et de omnibus hereditatibus utriusque sedis tam de populatis quam etiam de illis quas populauistis predictas siquidem hereditates per suos concluduntur terminos. Cauto ego...[53].

En la misma línea Fernando II acotaba a Sobrado (La Coruña) en 1185 los bienes que el monasterio tuviese en Campo Leboreiro, sin especificarlos:

concedo vobis quicquid in ipso predicto burgo et in terminis eius ad regiam pertinet vocem tam caretellum quam auliziam sive vocem...hanc autem incautationis et donationis in kartationem facio ob remedium anime mee...[54].

4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: PROHIBICIÓN, MALDICIÓN Y MULTA

La violación de un coto conllevaba siempre una cláusula condenatoria del acto, que tampoco representa una novedad, y es común a los privilegios de donación de bienes raíces:

1104: «Si quis vero contra hanc scripturam ad infringendum venerit adque cautum istud fregerit in primis sit excomunicatus et a cetui sanctorum segregatus et in super ipsos quingentos pariat solidos»[55].

1120: «Ei cautum quem nullus violenter introea. Quem siquis fregerit tam comes quam cavallarius quam ex plebeio parente natus regio fiscu et ad abbate illius pro iruptioni pariat solidos de argento»[56].

1109-1126: «Siquis igitur tam de meo genere quam de alio hoc factum meum spontaneum et cautum infringere modo aliquo attemptauerit, iram Dei habeat et regiam indignationem incurrat, et quantum in his locis quos incauto inuaserit, in duplum restituere compellatur»[57].

1137: «Si quis autem in posterum hoc meum factum infregerit de quocumque genere sit, anathemate feriatur perenni et in inferno cum Iuda proditore semper dampnetur nisi resipuerit»[58].

1151: «Si vero in posterum aliquis de meo vel alieno genere hoc meum factum rumpere voliuerit, sit a Deo maledictus et excommunicatus et cum Iuda proditore Domine in inferno dampnatus»[59].

1155: «Si uero aliquis homo ex meo genere uel alieno hoc meum factum rumpere temptauerit, sit a Deo maledictus et excomunicatus et cum Iuda traditore Domini in inferno dampnatus»[60].

1158: «Siquis igitur tam de meo genero quam de alieno hoc meum voluntarium factum infringere temptaverit iram Dei omnipotenti et regis indignation incurrat et cum Iuda traditore domini et cum Datam et Abirom quos vivos terra absorvit in inferno dapnatus»[61].

1182: «Si quis tam meo quam de aliorum genere istud factum meum spontaneum infringere presumpserit iram Dei omnipotentis ac regiam indignationem incurrat, et cum Iuda Domini proditore Datam et Abiron quos vivos terra absorvit ghennam patiatur eternam»[62].

1185: «Siquis igitur tam de meo genero quam de alieno hoc factum meum irritare voluerit iram Dei omnipotentis habeat et cum Iuda in inferno perpetuo particeps fiat»[63].

1232: «Quicunque igitur tam de meo genere quam de alieno contra hoc factum meum spontaneum venire modo aliquo atemptaverit, iram Dei omnipotentis et maledicionem habeat et regiam indignationem incurrat et quod invaserit in dupplum vobis restituat»[64].

Aunque las cláusulas no sean idénticas, se aprecia una notable estandarización en el reinado de Alfonso VII, reinado en el que, además, se abandonan las menciones a comes y potestatis en correspondencia con el cambio social que se está fraguando, impuesto el sistema de tenencias en el que, aunque los comes disfrutasen de dominios territoriales no lo hacían sino en nombre del rey, en la misma medida, en 1120 aparece un concepto sustancialmente distinto del de caballero. El generalismo de las cláusulas a partir de 1137 es otra manifestación de la consolidación jurídica del coto, así como su reducción a la mínima expresión ya en 1185 y su mantenimiento en 1232, reinante Alfonso IX.

A esta le seguía una multa económica contra los que violasen estos privilegios, bastante variada, pero siempre cuantiosa, superior a la de otros delitos como el homicidio. Un ejemplo de esto lo encontramos en los fueros coetáneos como el de Allariz (Orense) de 1152, en el que las penas no superan los 60 sólidos[65]. ¿Se debía esto a la condición excepcional del privilegio? ¿A la importancia de este o incluso a que se trataba de una contraprestación? ¿O simplemente a que era más valiosa la voluntad o palabra del rey que una vida?

Cuadro 1. Penas impuestas a los que quebrantasen un privilegio de coto.

Fuentes: Portela Silva, 1981; Arias Cuenllas, 1981; Arias Cuenllas, 1983; Duro Peña, 1977; Dono López, 2010; Romaní Martínez, 1989; Méndez Pérez, Otero Pyñeiro Maseda y Romaní Martínez, 2016; Lucas Álvarez y Lucas Domínguez, 1996a

La gran disparidad entre las multas en oro y plata y las de moneda corriente (maravedíes) guardan cierta correspondencia con la violación del coto residencial monástico, siendo más leves las atribuidas a los cotos de otras propiedades inmuebles. Pero además se percibe una estandarización en las penas a partir del reinado de Fernando II (1157) que pudo deberse a múltiples factores, bien la propia consolidación de la figura jurídica, bien una menor importancia de este tipo de privilegios, o incluso la reforma monetaria con el maravedí alfonsí[66], estandarizando la pena en torno a los 5000 sueldos, o lo que es lo mismo 1000 maravedís alfonsíes. El caso es que el precio por violar un acotamiento sigue siendo muy superior al contenido en fueros como el de Castro Caldelas de 1172[67].

5. CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN, NO DE JURISDICCIÓN

La concesión de cotos no tenía otra finalidad que la de proteger los bienes, rentas y vasallos, en especial de instituciones religiosas, a las que cabía presuponer una mayor indefensión. Aunque algunos autores han visto en estos privilegios un traspaso jurisdiccional como se refleja en los regestos de varias colecciones diplomáticas[68], tales concesiones no existieron. Los cotos nunca constituyeron jurisdicciones de por sí en tanto que tales. En los reinados de estandarización y proliferación de la figura jurídica, los de Alfonso VII y Fernando II, no se traspasaban estas prerrogativas[69]. La condición jurídica del coto es la de un espacio «acotado» «separado» pero no independiente en lo jurisdiccional. Así lo manifiesta la donación de la tierra de Pallares, sujeta a la tenencia de Monterroso (Lugo), a la iglesia de Lugo, que manifiesta la sujeción de varios cotos a sus oficiales. Y lo mismo la entrega al arzobispo de Santiago de la tenencia de Cedofeita (Pontevedra), en que se incluían los monasterios de Lérez y Poio (Pontevedra). Y lo mismo documentamos en Monfero (La Coruña) y otros, causa de varias disputas con los oficiales de Betanzos (La Coruña).

Ello iba en consonancia con la legislación regia imperante en la franja central de la Edad Media, en que se concentran los acotamientos, que preservaba la jurisdicción, y en concreto el derecho a administrar justicia como propio y privativo del monarca. Queda claro, en el fuero viejo de Castilla, redactado durante el siglo XIII ―en torno a 1248― como recopilación del derecho medieval castellano, que declara el derecho a impartir justicia como una prerrogativa exclusiva del monarca, cuyo texto se atribuye a Alfonso VII en las Cortes de Nájera del siglo XII[70]. «Estas cuatro cosas son naturales del señorío del rey, que non las debe dar a ningún ome, nin las partir de sí, ca pertenescen a él por razón del señorío natural: Justicia, moneda, fonsadera e suos yantares» (Fuero Viejo, lib. I, tit. I, l. 1).

Y en los reinados de sus sucesores no hubo mudanza al respecto, hasta llegar a Alfonso X, que, en las Partidas definió el mero imperio como la potestad de juzgar pleito sobre que puede ser dada sentencia de muerte o de perdimiento de miembro, o de echamiento de tierra, o destierro de hombre en servidumbre o darle por libre, y negaba la posibilidad de adquirirlo por posesión inmemorial, por ser una:

alhaja propia de Emperadores y los Reyes e los otros grandes príncipes que eran a judgar las tierras e las gentes dellas. Ca otro ombre no lo puede ganar ni aver por linaje nin por uso de luengo tiempo si señaladamente no le fuere otorgado por privilegio.

Pese a ello, la necesidad en las Cortes de Zamora de 1274 de fijar los ocho casos de corte, reservados a la justicia del monarca, parece indicar que ya se estaban produciendo apropiaciones en materia de administración de justicia por los señores[71]. En la documentación regia la locución merum imperium solo comienza a aparecer a partir de 1304 y en casos contados ―generalmente vinculados a la familia real, como en las donaciones hechas al nieto de Alfonso X por el Tratado de Torrellas―. Y aun así la incompatibilidad con la realidad jurídica del reino hizo que Fernando «el emplazado», en 1306, pidiese que no se usase de aquellas cartas.

Por la misma época en la Corona de Aragón, las Cortes de Barcelona de 1283 consideraban que la acumulación del mero y mixto imperio componían una «omnimmodam iuristionem altam et baxam» que correspondía en exclusiva a los príncipes, salvo cesión explícita[72].

Ni siquiera en el privilegio de Dozón (Pontevedra), el más explícito en sus concesiones, se incluye la facultad de administrar justicia o nombrar oficiales que lo hagan[73]. En cuanto a Celanova (Orense), el monasterio gallego que presenta unos mayores dominios jurisdiccionales en la Edad Moderna, si bien disponía de un coto supuestamente concedido por Alfonso VII, llegado el reinado de Alfonso IX el propio monarca no tenía muy claro qué tipo de prerrogativas podía poseer Celanova sobre aquellas tierras, y en el privilegio concedido en 1216 se limitaba a garantizar la autonomía y protección de este:

Ut de caetero nullus ricus homo habeat vel teneat ipsam comendam, nec sagio, nec majordomus, nec aliquis alius intret ibi pro voce regia, nisi forte ad siqua corrigenda, vel ad melius paranda, et vocaverit eu aut demandaverit Abbas qui in ipso monasterio fuerit.

A partir de este reinado, al menos, se reconoce al monasterio de Celanova y su mayordomo la percepción exclusiva de varios derechos señoriales, como la fonsadera o la luctuosa, y el derecho a prendar de los mayordomos de los castillos[74].

Muestra de que tal competencia era ajena al acotamiento es la concesión de tales privilegios a posteriori a varios monasterios: Santo Estevo de Ribas de Sil (Nogueira de Ramuín, Orense), Monfero (La Coruña), Santa Cristina (Parada do Sil, Orense) u Oya (Pontevedra)[75]. En otros casos la enajenación/invención de tal derecho partiendo de la figura de un merino rentero está perfectamente clara. Es el caso de Lobás (Carballino, Orense)[76] tras su anexión a Antealtares, antes sujeta a la merindad de Orcellón (Orense). Algo semejante se observa en el coto de Santa Comba de Naves (Palmés, Orense), antes bajo la autoridad del merino real de Búbal, que pasa a designar su propio merino[77]. Y lo mismo hará San Clodio (Orense), acorralado por los condes de Ribadavia, que habían sido no solo sus encomenderos, sino sus cómplices a la hora de anexionarse el monasterio de Bóveda, erigiendo así este coto en jurisdicción[78].

Lo que sí explicitan varios de los privilegios de acotamiento conservados es la restricción a la entrada de los oficiales de justicia regios. Los más antiguos presentan cierta diversidad formal también a este respecto. Así en uno de los pocos conservados de la reina Urraca, el concedido a Bóveda (Amoeiro, Orense) en 1121 se restringe la entrada del mayordomo real, vicarios y sayones:

Ut ab hodierno die sin tille vestre hereditates honorate et cautate tam a nobis quam a notris vicariis et procuratoribus, sive etiam ab ómnibus viventibus, et nunquam ingrediatur in illud cautum maiordomus meus pro aliqua calumnia requirenda, nec vicarius, nec sagionus, nisi unde proprius fuerit et per vestram voluntatem intraverit[79].

Y otros anteriores no restringen la entrada de los oficiales sino la de magnates y caballeros. Caso del de Samos (Lugo) de 1120:

Ei cautum quem nullus violenter introea. Quem siquis fregerit tam comes quam cavallarius quam ex plebeio parente natus[80].

En los de Alfonso VII las restricciones al sayón se extienden y homogenizan, caso del privilegio de coto de la nueva sede mindoniense en 1125:

Cauto ego iam dictus rex domnus Adefonsus ad honorem omnipotentis Dei et Sancte Marie semper Uirginis in remissionem peccatorum mei parentumque meorum et pro seruicio fideli quod mihi predictus episcopus domnus Munio fecit et abstrao inde sagionem et omnem regiam uocem[81].

Para adquirir con el tiempo una forma más resumida:

Cauto illud et omnia que ad ipsum pertinent scripto communio tu nullus homo in locum illum et hereditates eius intrare causam mali faciendi vel pignerandi presumat[82].

La realidad cambia en el reinado de Fernando II, pasando a prohibirse, sobre todo a partir de los años 50 del siglo XII, específicamente la entrada de merinos, además de la de sayones, en correspondencia con la fase de mayor poder e implantación de esta figura, aunque el que no figuren en todos los privilegios, ―muchos siguen la línea sintética de Alfonso VII[83]―, manifiesta que tal medida podría responder a situaciones de conflicto concretas, el caso es que dichas prohibiciones van in crescendo, con respecto a la síntesis de cláusulas experimentada por los privilegios precedentes. Así lo hace en el concedido en 1151 a Marín (Pontevedra):

Cauto eam vobis tu non intret in ea maiorinus nec sagio nec aliquis homo sed habeatis eam cautatam et quietem iure hereditario in perpetuum[84].

También en los de San Pedro de Rocas (Esgos, Orense) y Velle (Orense)[85] de 1153:

Nullus maiorinus vel sagio regis vel alicuius hominis sit ausus pignorare vel aliquod malum facere in omni termino istius cauti[86].

El del coto de Souto Sequeiros de 1178:

Neque maiorino regis, neque sagioni, neque etiam alicui de parte regia vel extranea in sautum intrare neque violenter castaneam valens accipere, sed habeant et vendant, donent et acommutent et totam suam voluntatem faciant[87].

Caso del privilegio concedido a Mondoñedo en 1179:

Cauto etiam illam / ecclesiam cum suo castro quod nemini liceat inde aliquid uiolenter extrahere non uicino non extraneo non alicui potenti uel inpotenti no maiorino / neque sagioni neque in illud per uiolentiam intrare sed toda illa ecclesia quiete et secure prermaneat in perpetuum[88].

El de Monfero de 1180 es muy semejante:

Cautans ipsam quod ampli nulli liceat nec maiorino regis ut sagioni nobili vel ignobili aut tre dno tu ecla alicus de parte regia vel extranea[89].

En el de varias iglesias a Samos (Lugo) en 1180:

Similiter ab omni voce regali quod mihi et domino terre tenebantur. Cauto et defendo quod nemini liceat non maiorino regis, non sagioni, non principibus, non nobili vel innobili, non clerico aut laico seu domino terre non eciam ulli de parte regia vel extranea in esa intrare vel ibi violenter amplius quicquam demandare[90].

Caso del privilegio de 1181 aplicado a la feligresía de Santa Comba de Duancos (Castro de Rei, Lugo):

Cauto etiam de nouo istum locum per terminos suos omnes ubicumque sint et omnes homines qui ibi sunt et erunt et quicumque habent tan casas quam hereditates et iumenta sua et ceteras possessiones quas ab ista die nullus audeat illic intrare neque domnus terre neque ecclesiastica nulla persona aut laycalis maiorinus regis aut sagio ulla ratione presumat inde aliquid uiolenter accipere nec etiam aliquis de parte regia uel extranea attentet hanc cartam senper duraturam uiolare[91].

A este respecto se detecta especial variabilidad en las cláusulas del privilegio concedido a Jubia por Fernando II que, junto a otros elementos podría apuntar a su falsedad, entre otras la anteposición de los comes a los obispos, hecho que se repite en otro privilegio del mismo monasterio[92], y ambas muy semejantes a otras alfonsíes[93]:

Ut ab hodierno die nullus nobilium sive ignobilium militum satellitum seu rusticorum hoc meum cautum violaverit seu violare temptaverit…[94].

Más frecuentes son cláusulas cortas del tipo «vel de genere meo genere vel alieno infringere» en privilegios concedidos a Oya, en 1159[95], Sar, en 1170[96], Melón, en 1172[97], Ribas de Sil, en 1183[98], o Cins, en 1183[99]; compartidas por los privilegios de donación simple como las hechas a Oya en 1159[100] o en 1165 a un laico[101].

Por su parte, otros, como el de San Miguel de Bóveda de 1121 (Amoeiro, Orense), manifiestan que la entrada de los oficiales regios estaba sujeta a la autorización de los titulares:

Et nunquam ingrediatur in illud cautum maiordomus meus pro aliqua calumnia requirenda, nec vicarius, nec sagionus, nisi unde proprius fuerit et per vestram voluntatem intraverit[102].

Y lo mismo en otro documento de Ribas de Sil de 1215 (Nogueira de Ramuín, Orense): «Si Abbas vocaverit illos, ricome vel meyrinus faciant ibi suam iustitiam»[103].

Y en Celanova (Orense) Alfonso IX sentencia el pleito con los oficiales jurisdiccionales de la zona, este restringirá su intervención en el coto de Riba de Miño al mandato del monasterio: «debent etiam isti homines in fosatum Regis ire per mandatum maiordomi Cellanove»[104].

Pero en algunos casos el monarca autorizó la entrada de los merinos sujeta al acompañamiento de vecinos: «intret maiorinus cum duos vicines et pignoret»[105]; y genéricamente por determinadas causas: «volo et mando quod maiorinus meus intret in predictum cautum ad quatuor causas»[106].

Las cláusulas que restringen la entrada de los oficiales regios en los cotos monásticos dejan de ser frecuentes a partir del reinado de Alfonso X, en consonancia con la reivindicación que el monarca hace de la jurisdicción regia, a diferencia de lo que sucede en la Corona de Aragón[107].

6. DEPENDENCIA O SUBORDINACIÓN JURISDICCIONAL DE LOS COTOS

Son numerosos los testimonios documentales, desde el pleno medievo hasta el siglo XV, que demuestran que los cotos nunca fueron espacios dotados de jurisdicción propia, sino subordinados a merindades y juzgados externos. Cuando Sancho IV dota de fuero a la villa de Muros en 1299 habida cuenta de la existencia de varios cotos, sujeta todo el territorio de Entíns, Celtigos y Carnota a la jurisdicción de la villa, como sede del juzgado[108].

En la jurisdicción de Betanzos encontramos otro buen ejemplo de ello. En 1286 Sancho IV concedía un privilegio a la villa por el que los cotos de Rois, Sanfins, Liáns y Bandoja quedaban sujetos a la jurisdicción urbana. El documento de entrega de la tierra de Pallares a la iglesia de Lugo, de 1311, desgajada de la merindad de Monterroso, pone de manifiesto, al obviarlos, cómo los cotos existentes en la tierra no constituían jurisdicciones, sino que se consideraban sujetos a la general[109]. Y de nuevo en las Cortes de Toro de 1371 Juan II consideraba integrados en ella el coto de Cins ―con Oza y Lesa―, el coto de San Vicenzo de Vigo, y Guillade, Cortinao y Liáns ―que no estamos seguros si eran cotos―, lo mismo sucede con la Mariña dos Condes (Ferrol-Pontedeume, La Coruña) con el lote de tierras entregadas a Martín Sánchez das Mariñas[110]; y lo mismo el coto de Cecebre (Cambre, La Coruña) que había sido de Ares Pardo[111]. Incluso ya en el siglo XV, el testamento de doña Francisca de Zúñiga refiere los cotos de Abavides y Río Freixo como sujetos a la jurisdicción de Vila de Rei (Trasmirás, Orense); y los de Ganade y Laroá al juzgado de Xinzo (Orense)[112].

7. ACOTAMIENTOS NO REGIOS

El testamento de doña Francisca, documento junto con los donados a Santa Clara de Allariz en Baños de Molgas (Orense), y muchos otros como los donados por los Traba a la iglesia de Santiago o los presentes en el testamento de doña Leonor, hacen que nos preguntemos si existieron acotamientos señoriales, es decir acotados por un señor en tanto que tal, dada la abundancia de menciones documentales y la escasez de privilegios reales que los amparasen. Otra cuestión es que, si se dio, esta fuera una práctica legal o legítima. Ello presuponía que este dispusiese de jurisdicción, evidentemente y a excepción de algunos episcopales, e individuos como los Traba que los ejercían por ellos, hasta el siglo XIV tales enajenaciones no se dan como ya refirió Grassotti. Llegar al fondo de esta cuestión es difícil, porque en muchos casos cuesta documentar la propiedad última de dichos cotos, no siendo algunos contenidos en testamentos laicos a favor de eclesiásticos sino devoluciones, y lo mismo en aparentes donaciones o compras.

No obstante, disponemos de algún testimonio que apunta a tal realidad. En época de Alfonso VII el comes Rodrigo Vélaz concederá al obispo de Mondoñedo un coto para solventar los problemas territoriales que les venían enfrentando:

Ego comes domnus Rodericus Uelaz per laudamentum domni nostri regis et bonorum hominum facio episcopo domno Munioni firmitatem et perpetuam stabilitatem per manum domni nostri regis de cauto quod est de aqua de Lacu usque ad Pennam Albam[113].

Pero salvada la excepcionalidad anterior, no disponemos de ejemplos de esto hasta la Modernidad, con creaciones como las hechas por el conde de Ribadavia en el siglo XVI[114], y también se ha documentado otra por el conde de Altamira en el seno de su jurisdicción de Corcubión[115]. No obstante, tales innovaciones han de considerarse eventuales, y como declaró la Real Audiencia de Galicia, en el segundo caso ilegales.

8. EXENCIONES TRIBUTARIAS

Si bien los acotamientos restringían la entrada de oficiales regios, o la subordinaban a la autorización del titular, ello no implicaba la exención del pago de tributos salvo cuando se concedía privilegio expreso. Los monasterios y los habitantes de sus dominios debieron contribuir a los oficiales del rey con los derechos y cargas debidos a él y sus oficiales: pedidos, fonsaderas, yantares, moneda, etc. Así lo manifiestan los múltiples privilegios de exención y no confirmación que se practica ex novo. Ergo, el coto no eximía del pago de tributos, ni parece que necesariamente de servir con el «apellidum» a tenentes o ricohomes aledaños sin privilegio expreso[116].

En la siguiente tabla exponemos las exenciones de distintos derechos reconocidas a los monasterios gallegos con sus fechas de concesión:

Cuadro 2. Exenciones tributarias a monasterios e instituciones eclesiásticas

Fuentes: Pichel Gotérrez, 2009; López Sangil, 1999; Romaní Martínez, 1989; Dono López, 2010; Lucas Álvarez, 2001; Lucas Álvarez, 1999; Lucas Álvarez y Lucas Domínguez, 1996a y 1996b; Arias Cuenllas, 1983, pp. 7-81; Cal Pardo, 2005; Rodríguez Muñiz, 2011; Duro Peña, 1977; Méndez Pérez, Otero Pyñeiro Maseda y Romaní Martínez, 2016, doc. 60; docs. 16 y 24; Fernández Viana Vieites, 2009: doc. 30.

Este análisis permite comprobar que los monarcas no se deshicieron ni eximieron deliberadamente a todos los monasterios de sus tributos, sino que tales concesiones tuvieron un carácter particular y gradual. Las más antiguas datan del reinado de Fernando II, pero se hacen habituales a finales del reinado de Alfonso IX, cuando los privilegios de coto por su parte, decrecen. Esto pudo deberse tanto a que entregadas tierras, hombres y exenciones jurisdiccionales, no restaba otro modo de premiar y favorecer a estos, quizá a cambio de una contrapartida, aunque también pudo tener como fin evitar los conflictos habidos con merinos y sayones, por cuanto la mayoría afectan a pedidos y yantares. Las primeras exenciones que comienzan a conceder los monarcas son las tocantes al «petitum». Esta era una carga circunstancial como su nombre indica y se practicaba cuando el fisco precisaba ingresos extras fundamentalmente con motivos militares. Las exenciones vienen a coincidir con las fechas en las que tal contribución se generalizó[117] a lo que los monasterios podrían haber respondido con protestas al monarca o incluso una contribución directa a cambio de la redención permanente. Tal parece de la exención de moneda concedida por Enrique III a cambio de «dos cáñamas de moneda cada 7 años» en 1393[118].

El fonsado, por su parte, era una prestación personal por la que los vasallos debían acudir al «fossatum», límite del reino, para su defensa. Las escasas exenciones de este deben considerarse fruto de la distancia cada vez mayor de la frontera, donde Ladero Quesada ya ha indicado que su peso fue mayor[119]. Las menciones a la moneda forera son menores, y podrían estar vinculadas a conflictos con su imposición. Esta se habría establecido entre 1197 y las Cortes de Benavente de 1202. La exención de yantares parece generalizarse entre el reinado de Alfonso X y Fernando IV. Esta tiene su origen en la obligación de alimentar y manutener al rey[120], sin embargo, nos consta que los yantares fueron atribuidos a los oficiales regios para su manutención, en especial a sus tenentes. El sistema debió de cambiar con la creación de merinos mayores para cada reino, y después con los adelantados, como consta de la concesión de derechos sobre lugares específicos a estos oficiales. De ello se infiere que las exenciones se concentren tardíamente, en la fase de desmantelamiento del sistema de tenencias.

La necesidad de exención de martiniegas, y lo tardías que son, vienen a confirmar la permanencia, quizá regional, de este tributo regio, del que los cotos monásticos, en este caso, tampoco estuvieron exentos salvo privilegio expreso. La exención de la facendera, en consonancia con su naturaleza, es escasa, por ella los vasallos quedaban obligados a la reparación de puentes y caminos. La única documentada es la concedida a Mondoñedo, que parece ser total[121]. Por otro lado, la inclusión de derechos como la goyosa y la luctuosa en las exenciones de Oseira de 1221 y de 1226 manifiesta la necesidad de privilegio regio para percibir tales derechos señoriales, y por tanto la enajenación en todos aquellos casos en que no se había producido, y que debió ser muy abundante si atendemos a que, al menos, la luctuosa era percibida en el siglo XV por todos los propietarios de tierra en condición de señorío jurisdiccional.

Señalar finalmente, que tales exenciones no fueron exclusivas, aunque la documentación conservada así pueda transmitirlo, ni de monasterios[122], ni solo aplicables a los cotos como denota el concedido a Santa Clara de Santiago por Enrique III (1401), confirmado luego por Enrique IV (1456)[123].

9. LOS COTOS Y LA FIJACIÓN DE ESTRUCTURAS FEUDOVASALLÁTICAS

En su trabajo sobre los cotos los historiadores Portela y Pallares, después de señalar como característica inherente a los cotos su inmunidad, incluían también la asunción «por parte de los señores, funciones propias del poder público y acaparar las rentas derivadas de este ejercicio»[124]. Esta visión como la de tantos historiadores y paleógrafos gallegos se encontraba seriamente contaminada por una visión que proyectaba lo que los cotos llegaron a ser en el bajomedievo con lo que fueron originalmente. En su contra tenían la escasez de estudios sobre la administración territorial de Galicia, tanto altomedieval como plenomedieval que les permitiese encajar los cotos en un contexto administrativo más amplio llevándoles asimismo a justificar la creación de cotos desde el realengo exclusivamente en la incapacidad de este para controlar unos dominios en expansión, y justificándola con que la época de mayor concesión de cotos se concentre en los reinados de Alfonso VI-Alfonso VII[125]. Sin embargo, tal justificación carece de todo viso de realidad si tenemos en cuenta que es en ese período cuando el control real del territorio vive su mejor época, cuando los señoríos altomedievales se han visto reducidos a su mínima expresión, y tenentes, merinos y jueces regios asumen la jurisdicción de cuasi todo el territorio, con excepción de algunos de los señoríos episcopales.

Ni los cotos fueron espacios jurisdiccionales, ni sus titulares podían recaudar los tributos regios sin privilegio expreso. Debe corregirse, por tanto, la visión histórica, creada, desde lo que estos espacios llegaron a ser, a distintos ritmos y por distintos cauces; tanto, como evitar hablar de señorío jurisdiccional a la ligera para el período plenomedieval[126], pues estamos aplicando una terminología que no guarda relación alguna con la realidad jurídico-administrativa del reino en este período, y que tarda aún dos siglos en adquirir su forma moderna, que es por la que lo conocemos.

Sin embargo, Portela y Pallares sí hacen un interesante desarrollo de cómo los cotos sirven de marco para la instauración de derechos y vínculos vasalláticos. Algunos de ellos se basan en las concesiones que en los privilegios se hacían genéricamente como del «ius regali» y similares, ya destacadas por Moxó[127]; pero no debemos perder de vista que tales expresiones no están presentes en muchos privilegios de coto, y por el contrario sí lo están en donaciones de tierras e iglesias sin acotamiento.

Es por ello por lo que para justificar estas tesis se proporciona el ejemplo de los señoríos episcopales, en especial compostelanos y tudenses. Pero, en el primer caso, que constituye el señorío más temprano[128], longevo y amplio de Galicia, la construcción de tal «señorío jurisdiccional» no se hace sobre los privilegios de coto, sino sobre la entrega de comisos, primero, y tenencias «cum tota suo honore», después, extendiendo esta forma de señorío sobre cotos y dominios solariegos, unas veces de forma más legítima que otras. En el caso de la sede tudense, el hecho de que en un mismo privilegio Alfonso VII acote y conceda el derecho a nombrar jueces no vincula una cosa a la otra: «Do etiam vobis potestatem ponendo iudices tam in civitate Tudensi quam in omnibus cautis vestris»[129].

Menos cuando es el único caso documentado hasta Sancho IV; y tanto en el conflicto jurisdiccional de Celanova resuelto por Alfonso IX, como en el de los justicias de Santiago, los monarcas no reconocen de por sí este derecho. En el caso compostelano incluso lo limitan en favor del concejo, estableciendo el sistema de cobrados e inhibiendo a los jueces del cabildo su intromisión en materia civil.

Sí concedemos un papel importante a los acotamientos en la apertura de un camino hacia su posterior jurisdiccionalización. Mandatos como el de Alfonso IX, en 1195, por el que prohíbe a terceros tener vasallos en el coto de Samos lo corroboran, aunque tampoco lo prueban. Es decir, el coto sirvió a la fijación de derechos vasalláticos en tanto su condición de espacio protegido sirvió para restringir la intromisión de otros que a través de contratos enfitéuticos pudiesen hacer lo mismo. Caso de Oya: «quod nullus militum habeat vasallos infra cautos monasterii de Oya sine voluntati abbatis»[130].

Las manifestaciones más claras las tenemos en las acciones desde arriba y desde abajo, legítimas e ilegítimas documentadas:

-        Desde arriba y legítima: los reyes acotaron genéricamente todos los bienes de un monasterio o les permitieron su fusión. Ejemplos de ello son los cotos de Naves y Montederramo.

-        Desde abajo y legítima: los monasterios tendieron a adquirir todos los bienes dentro de su coto monástico a fin de garantizar un dominio pleno de este. Ejemplo de ello es el intercambio entre Oseira y Lobás de San Miguel da Piteira por bienes que Lobás tenía en tierras de Oseira[131]. En el caso de Oya comprando heredades para completar los cotos de Chaín, Panxón[132], Maloes y Pitán[133].

-        Desde abajo ilegítima: cuando los monasterios adquirieron bienes en torno a sus cotos, incluyéndolos en estos y ampliándolos. Ejemplo de ello es el coto de Louredo (Maside, Orense) de Naves, formado a partir de la acotación de un par de vilas, y la agregación de otras sucesivas compradas[134]. O peor aún en Lobás donde no existía coto alguno, el monasterio procuró adquirir todos los bienes de su entorno formando un dominio uniforme, para después reivindicar la existencia de este. O en el mismo intento frustrado de la encomienda de A Batundeira sobre algunos de sus dominios solariegos dispersos[135].

Este marco sirvió a la enajenación de determinados derechos vasalláticos ―luctuosas, goyosas, derechuras, etc.―, primero, y de la jurisdicción, después, bien consiguiéndola del monarca para protegerse de los oficiales de otros en un contexto de fuerte presión señorial, bien a través de los merinos y oficiales encargados de cobrar las rentas reconvertidos a agentes dotados de jurisdicción. Esta última estrategia tuvo una aplicación mucho más tardía y en muchos casos no se documenta hasta el siglo XVI ―casos de Naves, Lobás o Bóveda―.

El empleo de los cotos y los contratos enfitéuticos para vincular vasallos, tanto como la transferencia y superposición de estos suscitó sucesivos conflictos en torno a la convergencia de un mismo interés: ser señor de vasallos[136].

La instrumentalización del foro para erigir derechos vasalláticos queda patente en la restricción al mantenimiento del usufructo de las tierras en manos de caballeros, clérigos u otras instituciones religiosas, que pudiesen seguir la misma estrategia poniendo en riesgo el dominio monástico. En tal dirección apunta el pleito, que en 1314, mantienen los monasterios de Oya y Santa Baia de Donas por las luctuosas del coto de Panxón[137]. Esta construcción de señoríos explica la compartimentación de algunos cotos, algunas llegadas a la Edad Moderna, otras solventadas por pleito, compra o donación en la Edad Media. En el señorío de Oya encontramos ejemplos de las tres: en 1303 de una compra de la mitad del coto de Samoelle[138]; en 1409, de una donación del escudero Lorenzo Eanes Cadaval, de su mitad del coto de Borreiros[139]; y además sendos pleitos por los cotos de Chaín[140], y Borreiros[141], de los que salía victorioso.

Pero la condición de vasallo de un señor no privó nunca a la Corona de la percepción de tributos, ni siquiera cuando se erigieron en jurisdicciones modernas; como tampoco lo estuvieron los propios monasterios, que necesitaron de privilegios expresos que los eximieran del pago de yantares entre otros[142]; la exención a veinte pescadores de pagar pechos, a fin de poblar su coto, concedida por Sancho IV a Oya en 1286 y confirmada por Enrique III, en 1392[143].

Por esta razón, las condiciones recogidas en cada privilegio tuvieron un carácter separado no implícito en el hecho de acotar. La exención del pago de derechos, la concesión de hombres y el servicio debido al rey «serviciales», la concesión del derecho a nombrar un merino con jurisdicción para cobrar rentas, la concesión del derecho a nombrar un juez o la concesión del derecho a nombrar un escribano de número fueron una suerte de suplementos.

E incluso el acotamiento en sí mismo puede presentar, como se ha visto, ciertas diferencias en cuanto a la prohibición y regulación de la entrada de oficiales regios en él. O incluso sufren reformas en un mismo reinado. En algunos casos detectamos cambios en la política regia respecto a un mismo coto. Fernando II restringía la entrada de sus oficiales a percibir caloñas sin autorización monástica; Alfonso IX lo confirma en 1198, para, en 1227, en un nuevo documento establecer cuatro excepciones a los oficiales regios «ad istas quatuor voces: ad latronem cognitum, ad [aleyue], ad roussum, et ad caminum britatum»; reforzado por una segunda carta en la que prohíbe a su portero entrar en el coto aun portando carta especial del rey[144].

CONCLUSIONES

Los privilegios de acotamiento constituyeron un privilegio de inmunidad muy recurrido por los monarcas leoneses. Su importancia y difusión en el noroeste de la península no solo debió jugar un papel determinante en la política regia de los siglos XI y XII, sino que será determinante en la configuración administrativa territorial bajomedieval y moderna, y en las estrategias señoriales.

Su origen, es causa y manifestación del deseo de la Corona de restringir el antiguo modelo político-administrativo feudal germánico por otro que sujetaba la administración territorial directamente a la Corona. Por ello, el coto, cuyos primeros precedentes encontramos en los privilegios concedidos a las sedes episcopales del noroeste, nace en paralelo a la desaparición de otro tipo de privilegios y modelos administrativos como fueron el comisso o la mandación; mientras estos transferían jurisdicción, el coto no será más que un privilegio de inmunidad.

En el siglo XII, y reinado de Alfonso VII, podemos considerarlo ya una figura jurídica definida, aunque parece haber sido la reina Urraca[145], e incluso su hermana Teresa, la primera en hacer uso de estos privilegios, para favorecer y compensar a sus aliados, documentando en algunos casos una contraprestación económica. Esta inmunidad y segregación de la jurisdicción directa de los oficiales regios servirá para afianzar un modelo superior de señorío, al meramente solariego, amparado en la enfiteusis. Pero dicho privilegio no eximirá a sus habitantes y titulares ni de la jurisdicción regia, ni del abono de tributos.

Si su generalización y definición habían llevado al resumen en las cláusulas, en el reinado de Fernando II se generalizan las que específicamente prohíben la entrada de merinos y sayones, coincidiendo con el período de mayor implantación y poder de estos oficiales. No obstante, en el siglo XIII, estos siguen sin transferir a los titulares una jurisdicción homónima a la del monarca, especificando algunos que para impartir justicia los merinos debían ser llamados, o acceder con el consentimiento del titular del coto.

Como medio para zanjar los conflictos con los oficiales regios, serán muchos los que desde finales del reinado de Fernando II comiencen a recibir privilegios de exención de las rentas reales. Estos, unidos a los anteriores que restringían la entrada de oficiales regios, supusieron un paso fundamental, para, en los siglos venideros, terminar enajenando la jurisdicción civil y criminal con mero mixto imperio en estos espacios, de modo que ya en la Edad Moderna hemos contabilizado en Galicia hasta 446 cotos jurisdiccionales. El siguiente paso hacia esto lo determinaron los privilegios que permitieron a algunos monasterios, a partir del reinado de Sancho IV, nombrar jueces, con una jurisdicción inferior a la del merino, y en menor medida, merinos para recaudar rentas.

No será hasta época Trastámara cuando los cotos se transformen en señoríos jurisdiccionales, en paralelo a la señorialización jurisdiccional generalizada del territorio gallego, transformación en su mayoría innovada, sin título expreso de la Corona. De modo que casi todos los cotos gallegos, incluso los inexistentes, llegarán a la Edad Moderna convertidos en jurisdicciones. Y es que el cambio jurídico y coyuntural habido, desde su cronología de origen, se traducirá en una confusión de los diversos privilegios conferidos a estos espacios, llevando a algunos a intentar defender la condición acotada de sus dominios solariegos que nunca lo fueron, amparando su señorío en la disposición de un merino rentero y los derechos señoriales vinculados a la enfiteusis.

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez Borge, Ignacio, Monarquía feudal y organización territorial: alfoces y merindades en Castilla (siglos X-XIV), Madrid, CSIC, 1993.

Arias Cuenllas, Maximino, «El monasterio de Samos desde sus orígenes hasta el siglo XI», Archivos Leoneses, 35, 1981, pp. 335-350.

Arias Cuenllas, Maximino, «El monasterio de Samos durante los siglos XI y XII», Archivos Leoneses, 37, 1983, pp. 7-81.

Ayala Martínez, Carlos, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media, Madrid, Marcial Pons, 2007.

Baliñas Pérez, Carlos, «Rebeldes con causa: un análisis interpretativo de la conflictiva relación entre la nobleza gallega y los reyes asturianos, ca. 750-910», en Estudios de Homenaje al profesor José M. Pérez García, ed. María López Díaz y José Manuel Pérez García, Vigo, Universidade de Vigo, 2009, pp. 37-65.

Baliñas Pérez, Carlos y González Paz, Carlos, «Del castro al puerto: la villa de Burela y los orígenes del poblamiento medieval del litoral cantábrico gallego», En la España Medieval, 40, 2017, pp. 375-407.

Bermejo Cabrero, José L., «En torno a las Cortes de Nájera», Anuario de Historia del Derecho Español, 70, 2000, pp. 245-250.

Bermúdez Veloso, Mariña, O espazo do occidente peninsular e a súa organización territorial (ca. 700-ca. 1250), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2017.

Cal Pardo, Enrique, Colección diplomática medieval do arquivo da Catedral de Mondoñedo: transcripción íntegra dos documentos, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2005.

Castro Correa, Ainhoa y Manuel Rodríguez Sánchez, Colección diplomática altomedieval de Galicia II, Lugo, Diócesis de Lugo, 2019.

Correa Arias, José F., A casa de Andrade, 1160-1540, Noia, Toxosoutos, 2009.

Curta, Florin, «Merovingian and Carolingian Gift Giving», Speculum, 81, 2006, pp. 671-699.

Dono López, Pedro, Colección de documentos en pergamiño do mosteiro de Santa Comba de Naves, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2010.

Duro Peña, Emilio, El monasterio de San Pedro de Rocas y su colección documental, Orense, Instituto de Estudios Orensanos, 1972.

Duro Peña, Emilio, El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil, Orense, Instituto de Estudios Orensanos, 1977.

Estepa Díez, Gonzalo, Los territorios del Rey. Castilla, siglos XII-XIII, Madrid, Marcial Pons, 2021.

Fernández Fernández, Adolfo, O mosteiro feminino de San Miguel de Bóveda, Noia, Toxosoutos, 2005.

Fernández Suárez, Gonzalo, La nobleza gallega entre los siglos XIV-XV: los Sarmiento condes de Ribadavia, Santiago de Compostela, El Eco Franciscano, 2002.

Fernández Viana Vieites, José I., Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2009.

Fernández Viana Vieites, José I. y María T. González Balasch, «El Tumbo de Caaveiro», Cátedra: revista eumesa de estudios, 3-4, 1996, pp. 221-385 y 267-437.

Fouracre, Paul, «Eternal Light and Earthly Needs: Practical Aspects of the Development of Frankish Immunities», en Property and Power in the Early Middle Ages, ed. Wendy Davies y Paul Fouracre, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 53-81.

Gallego Domínguez, Olga, «Mercedes de los condes de Ribadavia a dos hidalgos de la jurisdicción de Valdeorras», Boletín Auriense, 31, 2001, pp. 131-142.

Gama Barros, Henrique, Historia da administraçao pública en Portugal nos séculos XII a XV, Lisboa, Livrairia Sa da Costa, 1945.

García Álvarez, Manuel R., «Ordoño Adefonsiz, rei de Galicia de 910 a 914», Cuadernos de Estudios Gallegos, 21, 1966, pp. 217-248.

García Álvarez, Manuel R., «Antecedentes altomedievales del casal galaico portugués», Revista de Etnografía, 9, 1967, pp. 105-131.

García Oro, José, «San Salvador de Cecebre. ¿Un coto de Betanzos?», Anuario Brigantino, 9, 1986, pp. 11-22.

García Oro, José, «Betanzos y las Mariñas: disputas jurisdiccionales en el siglo XV», Anuario Brigantino, 16, 1993, pp. 33-48.

García Oro, José, Don Fernando de Andrade, conde de Villalba (1477-1450): estudio histórico y colección documental, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1994.

García Valdeavellano, Luis, «Les liens de vassalité et les inmunités en Espagne», Recueils de la Societé Jean Bodin, I,1958, pp. 223-255.

García Valdeavellano, Luis, Señores y burgueses en la Edad Media Hispana, Madrid, Real Academia de la Historia, 2006.

González Balasch, María Teresa, Tumbo B de la Catedral de Santiago, Santiago de Compostela, Seminario de Estudios Galegos, 2004.

Gordín Veleiro, Ana M. y Luisa A. Peña Pérez, O mosteiro de Santa María Xunqueira de Espadañedo, Ourense, Deputación Provincial de Ourense, 2018.

Grassotti, Hilda, «Hacia las concesiones de señorío “con mero mixto imperio”», Estudios en homenaje a don Claudio Sánchez-Albornoz en sus 90 años, Madrid, Instituto de España, 1983, pp. 113-150.

Grassotti, Hilda, «Novedad y tradición en las donaciones con mero y mixto imperio en León y Castilla», Homenaje al profesor Juan Torres Fontes, Murcia, Universidad de Murcia, 1987, pp. 723-736.

Jular Pérez-Alfaro, Cristina, Los adelantados y merinos mayores de León (siglos XIII-XV), Burgos, Universidad de Burgos, 1990.

Lacarra, José M., «“Honores” et “Tenencias” en Aragón (XIe siécle)», Annales du Midi, 80, 1998, pp. 485-528.

Ladero Quesada, Miguel Á., «El sistema impositivo en Castilla y León siglos X-XIII», en I Jornadas sobre documentación jurídico-administrativa, financiero-económica y judicial del reino castellano-leonés, ed. Javier de Santiago Fernández y José María de Francisco Olmos, Madrid, Universidad Complutense, 2002, pp. 284-302.

López Alsina, Fernando, «La cristalización de Tui como espacio de poder señorial entre 1095 y 1197», Tui, presente, pasado y futuro, ed. Silvia González Soutelo y Marta Cendón Fernández, Pontevedra, Deputación Provincial de Pontevedra, 2006, pp. 57-95.

López Sabatel, José A., «La villa altomedieval gallega: núcleo de estructuración social y escenario de feudalización», Historia Social y de la educación, 2, 2013, pp. 78-100.

López Sabatel, José A., «Pantón como ejemplo de la organización del territorio y del poblamiento en la Galicia medieval: la parroquia, el coto, la aldea, el casal y la vivienda», Cuadernos de Estudios Gallegos, 65, 2018, pp. 133-165.

López Sabatel, José A. «Apuntes para el estudio de la jurisdicción monástica en la Galicia medieval: renta señorial, sujeción a la tierra y justicia (siglos X-XIII)», Madrygal, 23, 2020, pp. 215-222.

López Salas, Estefanía, «El papel del clero regular en la ordenación del paisaje. El caso del monasterio de San Julián de Samos», Hispania Sacra, 69,139, 2017, pp. 119-129.

López Sangil, José L., Historia del monasterio de Santa María de Monfero, A Coruña, Deputación Provincial, 1999.

Lorenzo, Ramón, Mosteiro de Montederramo. Colección documental e índices, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2019.

Loscertales García Valdeavellano, Pilar, Tumbos del monasterio de Sobrado de los Monjes, Madrid, Dirección General del Patrimonio Cultural, 1976.

Lucas Álvarez, Manuel, El archivo del monasterio de San Martiño de Fóra o Pinario de Santiago de Compostela, Sada, Do Castro, 1999.

Lucas Álvarez, Manuel, San Paio de Antealtares, Soandres y Toques, Sada, Do Castro, 2001.

Lucas Álvarez, Manuel y Pablo Lucas Domínguez, El priorato benedictino de San Vicenzo Pombeiro y su colección diplomática, A Coruña, Do Castro, 1996a.

Lucas Álvarez, Manuel y Pablo Lucas Domínguez, El monasterio de San Clodio do Ribeiro, Sada, Do Castro, 1996b.

Maiso González, Jesús, «El señorío del monasterio de Veruela sobre una villa morisca», Studia Historica. Historia Moderna, 6, 1988, pp. 361-399.

Mariño Veiras, Dolores, Señorío de Santa María de Meira de 1150-1525: formación y evolución de un dominio monástico, A Coruña, Nos, 1983.

Martínez Martínez, Faustino, «Antología de textos forales del Antiguo Reino de Galicia (siglos XII-XIV)», Cuadernos de Historia del Derecho, 10, 2003, pp. 257-343.

Méndez Pérez, José, Pablo Santiago Otero Piñeyro Maseda y Miguel Romaní Martínez, El monasterio de San Salvador de Chantada (siglos XI-XVI), Madrid, CSIC, 2016.

Moxó Ortiz de Villajos, Salvador, Feudalismo, señorío y nobleza en la Castilla Medieval, Madrid, Real Academia de la Historia, 2000.

Oliva Manso, Gonzalo, «Cien años de moneda en Castilla (1162-1278). El siglo del maravedí de oro», Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval, 31, 2018, pp. 483-519.

Ortego Rico, Pablo, «Pedido regio y repartimientos en Castilla: aproximación a partir del ejemplo del arzobispado de Toledo», Baetica, 36-37, 2015, pp. 119-156.

Pallares Méndez, María C., «Los cotos como marco de los derechos feudales en Galicia durante la Edad Media (1100-1500)», Liceo Franciscano, 31, 1978, pp. 201-225.

Pallares Méndez, María C., «La villa por dentro: testimonios galaicos de los siglos X y XI», Studia Historica. Historia Medieval, 16, 1998, pp. 13-43.

Pallares Méndez, María C. y Ermelindo Portela Silva, «Los cotos como marco de los derechos feudales», De Galicia en la Edad Media: sociedad, espacio y poder, Santiago de Compostela, Consellería de Relacións Institucionais, 1993, pp. 75-100.

Pallares Méndez, María C. y Ermelindo Portela Silva, «De la villa del siglo IX a la aldea del siglo XIII: espacio agrario y feudalización en Galicia», Asturensia Medievalia, 8, 1995, pp. 47-70.

Pallares Méndez, María C. y Ermelindo Portela Silva, La reina Urraca, Donostia, Nerea, 2006.

Pérez Rodríguez, Francisco J., El dominio del Cabildo Catedral de Santiago de Compostela en la Edad Media (siglos XII-XIV), Santiago de Compostela, Tórculo, 1994.

Pérez Rodríguez, Francisco y María Beatriz Vaquero Díaz, Colección documental del archivo de la catedral de Ourense, León, Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, 2010.

Pichel Gotérrez, Ricardo, Fundación e primeiros séculos do mosteiro bieito de Santo Estevo de Chouzán (sécs. IX-XIII), Noia, Toxosoutos, 2009.

Portela Silva, Ermelindo, La colonización cisterciense de Galicia, Santiago, Universidade de Santiago de Compostela, 1981.

Portela Silva, María José, Documentos da Catedral de Lugo, século XIV, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2007.

Pousa Diéguez, Rodrigo, El señorío de San Pedro de Lobás en la Edad Moderna, Ourense, Deputación Provincial de Ourense, 2016a.

Pousa Diéguez, Rodrigo, «El señorío de la Orden de Alcántara en Galicia: la encomienda de A Batundeira (siglos XV-XVIII)», Boletín Auriense, 46, 2016b, pp. 203-225.

Pousa Diéguez, Rodrigo, El señorío de Santa Comba de Naves, Ourense, Deputación Provincial de Ourense, 2018a.

Pousa Diéguez, Rodrigo, La administración local de Corcubión, Muros y Noia en el siglo XVIII, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2018b.

Pousa Diéguez, Rodrigo, San Miguel de Bóveda. Monasterio, señorío y vasallos en la Edad Moderna, Ourense, Deputación Provincial de Ourense, 2022a.

Pousa Diéguez, Rodrigo, «La señorialización medieval de la jurisdicción en Galicia», Jurisdicción administración territorial en la Galicia del Antiguo Régimen, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2022b, pp. 250-268.

Ramón Fernández Ojea, José, Descripción de los estados de la casa de Monterrey en Galicia. Don Pedro González de Ulloa (1777), Santiago de Compostela, CSIC - Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, 1950.

Recuero Astray, Manuel, María Á. Rodríguez Prieto y Paz Romero Portilla, Documentos medievales del Reino de Galicia. Doña Urraca (1095-1126), Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2002.

Ríos Rodríguez, María Luz, As orixes do foro na Galicia medieval, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1993.

Rodríguez Fernández, Justiniano, «Coto de Celanova (Orense) y su fuero», Archivos Leoneses, 73, 1983, pp. 83-90.

Rodríguez Fernández, Carlos, Colección diplomática de San Vicente del Pino, Granada, Universidad de Granada, 1991.

Rodríguez Martín, Francisco G. y Jorge López Quiroga, «El final de las villae en Hispania. La transformación de la pars urbana de las villae durante la antigüedad tardía», Portugalia, 22, 2001, pp. 173-186.

Rodríguez Muñiz, Victor, O mosteiro de Santa Cristina de Ribasdesil, Ourense, Grupo Marcelo Macías, 2011.

Romaní Martínez, Miguel, A colección diplomática do mosteiro cisterciense de Santa María de Oseira, 1025-1310, Santiago de Compostela, Tórculo, 1989.

Rubio Pérez, Amparo, «Los primeros vizcondes de Altamira en la villa de Vivero», Cuadernos de Estudios Gallegos, 59, 2012, pp. 95-114.

Sánchez-Albornoz, Claudio, «Imperantes y potestates en el reino asturleonés», Cuadernos de Historia de España, 45-46, 1967, pp. 292-306.

Sánchez Carrera, María C., El Bajo Miño en el siglo XV: el espacio y los hombres, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1997.

Sánchez Pardo, José C., «Poblamiento rural altomedieval de Galicia: balance y perspectivas de trabajo», en The Archeology of Early Medieval Villages in Europe, ed. Juan Antonio Quirós Castillo, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2009, pp. 137-148.

White, Stephen, Custom, Kinship, and Gifts to Saints. The Laudatio Paretum in Western France, 1050-1150, Chapel Hill, University of North Carolina, 1988.

White, Stephen, «Service for Fiefs or Fiefs for Service. The Politics of Reciprocity», en Negotiating the Gift. Pre-modern Figurations of Exchange, ed. Gadi Algazi, Valentin Groebner y Bernhard Jussen, Gottingen, Vandenhoeck & Rupretch, 2003, pp. 63-98.

Wickham, Chris, «Compulsory Gift Exchange in Lombard Italy, 650-1100», en The Languages of Gift in the Early Middle Ages, ed. Wendy Davies y Paul Fouracre, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, pp. 193-216.

Zadora-Rio, Elizabeth, «Le village des historiens et le village des archéologues», Campagnes médiévales: l´homme et son espace. Études offertes à Robert Fossier, ed. Elisabeth Mornet, Paris, Publications de la Sorbonne, 1995, pp. 145-153.

[1] Jular Pérez-Alfaro, 1990; Álvarez Borge, 1993; Lacarra, 1998.

[2] Grassotti, 1983, pp. 113-150; Grassotti, 1987, pp. 723-736.

[3] «in cauto uallibriensi sicut est factum et determinatum per suos terminos scriptos et affirmatos per testamentun regine domne Urrace», Cal Pardo, 2005, doc. 13.

[4] Recuero Astray, Romero Portilla y Rodríguez Prieto, 2002, doc. 1.

[5] Pérez Rodríguez y Vaquero Díaz, 2010, pp. 75-82.

[6] Bermúdez Veloso, 2017, p. 99 y López Alsina, 2006, p. 89.

[7] Dono López, 2010, docs. 1-3.

[8] Lorenzo, 2019, doc. 10.

[9] AHN, Clero, car. 1820, 5.

[10] Fernández Fernández, 2005, doc. 1.

[11] Pallares Méndez, 1978; y Pallares Méndez y Portela Silva, 1993, pp. 75-100; o Lucas Álvarez o Romaní Martínez en los regestos de sus colecciones documentales. Recientemente López Sabatel empleaba el término coto jurisdiccional para referirse a los cotos eclesiásticos anteriores al siglo XIII. López Sabatel, 2020, p. 217, y lo mismo hacía López Salas con respecto a Samos (2017, p. 19).

[12] Sancho IV lo hacía a Ribas de Sil y a Santa Cristina. Duro Peña, 1977, doc. 60; Rodríguez Muñiz, 2010, doc. 28. Cins tiene merino propio en el reinado de Fernando IV y Montederramo obtiene el derecho a nombrar juez en 1304. Lucas Álvarez, 1999, doc. 35 (10. Cins) y AHN, Clero, car. 1.489, n. 15.

[13] En Galicia estas arrancan con la entrega de amplios territorios a su bastardo, el futuro rey Enrique. Que a su vez Pedro I entregará a diversos partidarios, y terminarán en manos de los Enríquez, que contribuirán sobremanera a la fractura del dominio y a la señorialización jurisdiccional del reino. A estas le seguirán las donaciones hechas por la dinastía Trastámara a varios linajes como los Enríquez, Sarmiento, los Biedma, los Zúñiga, los Andrade o los Pérez de Viveiro (Fernández Suárez, 2002, pp. 88-94; Correa Arias, 2009, p. 713; García Oro, 1994, pp. 51-53 y 33-34; Ramón Fernández Ojea, 1950; Rubio Pérez, 2012, pp. 95-114.)

[14] Mariño Veiras, 1983, p. 138 y Gama Barros, 1945, p. 246.

[15] Fouracre, 1995, pp. 60-66.

[16] García Valdeavellano, 1958, p. 252

[17] Baliñas Pérez, 2009, pp. 37-65.

[18] Sánchez-Albornoz, 1967, pp. 292-306.

[19] White, 1988 y 2003; Curta, 2006; Wickham, 2010.

[20] Pallares Méndez, 1998, pp. 13-43.

[21] Cal Pardo, 2005, doc. 13.

[22] García Álvarez, 1967, pp. 105-131; López Sabatel, 2013, pp. 12-73; Pallares Méndez, 1998, pp. 13-43; Pallares Méndez y Portela Silva, 1995, pp. 47-70; Baliñas Pérez, 2017, pp. 375-407; López Sabatel, 2018, pp. 133-165; Sánchez Pardo, 2009, pp. 137-148.

[23] Zadora-Rio, 1995; Pallares Méndez y Portela Silva, 1995; Pallares Méndez, 1998; Rodríguez Martín y López Quiroga, 2001.

[24] Arias Cuenllas, 1983, doc. 7

[25] Castro Correa y Rodríguez Sánchez, 2019, p. 88.

[26] Castro Correa y Rodríguez Sánchez, 2019, p. 88.

[27] Lucas Álvarez y Lucas Domínguez, 1996a, doc. 3.

[28] Lucas Álvarez y Lucas Domínguez, 1996a, doc. 7.

[29] Cal Pardo, 2005, doc. 5.

[30] Moxó Ortiz de Villajos, 2000, p. 125.

[31] Dono López, 2010, doc. 1.

[32] Dono López, 2010, 127.

[33] Fuero Viejo, I, tit. I, 1.

[34] Portela Silva, 1981, doc. 8.

[35] Lucas Álvarez, 1996, doc. 3.

[36] Portela Silva, 1981, doc. 8.

[37] Portela Silva, 1981, doc. 12.

[38] Portela Silva, 1981, doc. 8.

[39] Méndez Pérez, Otero Piñeyro y Romaní Martínez, 2016, doc. 9.

[40] Méndez Pérez, Otero Piñeyro y Romaní Martínez, 2016, doc. 16.

[41] Romaní Martínez, 1989, doc. 43.

[42] Romaní Martínez, 1989, doc. 58.

[43] Gordín Veleiro y Peña Pérez, 2018, doc. 3.

[44] Fernández Viana Vieites, 2009, doc. 30.

[45] Romaní Martínez, 1989, docs. 43 y 44.

[46] García Álvarez, 1966, pp. 226-227.

[47] Arias Cuenllas, 1983, doc. 5.

[48] «per illam petram de Calvor et inde quomodo in directum vadit pro ad illo sauto de Menendo Daudiz deinde per illa strata que vadit super illud castrum quod ab antiquis Aliariz vocatum est et inde per medio monte Cremado et inde per illo vallado que est circa villa de Castello contra illa villa de Varzenella et inde per Lama Cubidi et inde intrar in ipsa aqua de Sarria et sic vadit per illa aqua de ipso fluvio Sarrie usquw dum ingreditur in Sarambello et sic per girum per illo antiquo cauto». Arias Cuenllas, 1983, doc. 7.

[49] Fernández Viana Vieites y González Balasch, 1996, pp. 264-265 y 187-188.

[50] Duro Peña, 1977, doc. 4.

[51] Rodríguez Fernández, 1991, doc. 7.

[52] Cal Pardo, 2005, doc. 67.

[53] Cal Pardo, 2005, doc. 12.

[54] Portela Silva, 1981, doc. 12.

[55] Arias Cuenllas, 1983, doc. 5.

[56] Castro Correa y Rodríguez Sánchez, 2019, doc. 23.

[57] Dono López, 2010, doc. 4.

[58] Romaní Martínez, 1989, doc. 15.

[59] Romaní Martínez, 1989, doc. 21.

[60] Dono López, 2010, doc. 1.

[61] Portela Silva, 1981, doc. 8.

[62] Duro Peña, 1977, doc. 4.

[63] Portela Silva, 1981, doc. 12.

[64] Méndez Pérez, Otero Piñeyro y Romaní Martínez, 2016, doc. 9.

[65] Martínez Martínez, 2003, pp. 276-278.

[66] Oliva Manso, 2018, pp. 483-519.

[67] Martínez Martínez, 2003, pp. 281-284.

[68] Romaní Martínez, 1989, Lucas Álvarez, 1999, Duro Peña, 1977, entre otros.

[69] Grassotti, 1987, pp. 723-736.

[70] Bermejo Cabrero, 2000, pp. 245-249.

[71] Ayala Martínez, 2007, p. 655 y Grassotti, 1987, pp. 723-725.

[72] García Valdeavellano, 2006, pp. 148.

[73] Fernández Viana Vieites, 2009, p. 54.

[74] Rodríguez Fernández, 1983, pp. 83-90.

[75] Alfonso X concede en 1272 privilegio al monasterio de Oya a nombrar juez en su coto. AHN, Clero, car. 1803, 18.

[76] Pousa Diéguez, 2016a.

[77] Pousa Diéguez, 2018a.

[78] Pousa Diéguez, 2022a.

[79] Fernández Fernández, 2005, p. 120.

[80] Castro Correa y Rodríguez Sánchez, 2019, doc. 23.

[81] Cal Pardo, 2005, doc. 12.

[82] Romaní Martínez, 1989, doc. 15.

[83] Como el concedido a Naves en 1181: «Et jungo et cauto illud quod nullus d[e cetero pro] aliqua vocea tu calumpnia in predictum monasterium [violenter] audea intrare eu inde aliquid prendere vel alineare», Dono López, 2010, p. 130.

[84] Romaní Martínez, 1989, doc. 22.

[85] Aunque el de Velle es presumiblemente una falsificación, con idéntica cláusula y variación de los límites del coto, según la copia del documento que consultemos.

[86] Duro Peña, 1972, p. 138.

[87] Romaní Martínez, 1989, doc. 58.

[88] «quam absoluo et libero ab omni regali fisco et ab omni debito et uoce que usque mea parti regis respondere tenebatur totam uocem regalem et totum cariteiro extraho de illo castro tam de hominibus quam de ecclesia ut a meo non respondeant neque de calumpnia neque de enpenazo neque de aliqua causa nisi tibi et ecclesie minduniensi por mortem tuam». Cal Pardo, 2005, doc. 21.

[89] AHN, Clero, Car. 497, n. 20.

[90] Arias Cuenllas, 1983, doc. 13

[91] «et ecclesie sue post ipsum totum caritellum qui ibi est et esse potest [do et concedo et omnes homines] qui modo ibi [sunt et erunt ei soli seruiant». Cal Pardo, 2005, doc. 22.

[92] AHN, Clero, car. 495, n. 23.

[93] Portela Silva, 1981, doc. 8.

[94] AHN, Clero, car. 495, n. 22.

[95] AHN, Clero, 1794, n. 18.

[96] ARCHV, Pergaminos, Car. 207, 4.

[97] AHN, Clero, Car. 1438, n. 7.

[98] AHN, Clero, Car. 1561, n. 5.

[99] AHN, Clero, Car. 494, n. 13.

[100] AHN, Clero, Car.1794, n. 16

[101] AHN, Clero, Car.1481, n. 14.

[102] Fernández Fernández, 2005, p. 120.

[103] Duro Peña, 1977, p. 260

[104] Rodríguez Fernández, 1983, pp. 83-90.

[105] Loscertales García Valdeavellano, 1976, doc. 200.

[106] Duro Peña, 1977, doc. 11.

[107] Maiso González, 1988, pp. 361-369.

[108] González Balasch, 2004, docs. 114 y 157.

[109] Portela Silva, 2007, doc. 109.

[110] García Oro, 1993, p. 34.

[111] García Oro, 1986, p. 13.

[112] Ramón y Fernández Ojea, 1950.

[113] Cal Pardo, 2005, doc. 13.

[114] Gallego Domínguez, 2001, 131-142.

[115] Pousa Diéguez, 2018b, p. 25.

[116] Caso de los de San Estevo con respecto a los de la tierra o castello Aguiar. Duro Peña, 1977, p. 259.

[117] Ortego Rico, 2015, pp. 119-156. Ladero Quesada, 2002, p. 296.

[118] AGS, RGS, leg. 148.403, 2.

[119] Ladero Quesada, 2002, p. 290.

[120] Ladero Quesada, 2002, p. 291.

[121] Cal Pardo, 2005, doc. 90.

[122] AHNob., Priego, 318, doc. 3.

[123] AHN, Clero, Car. 525, n. 7.

[124] Pallares Méndez y Portela Silva, 1993, pp. 169-170.

[125] Pallares Méndez y Portela Silva, 1993, pp. 165-167.

[126] Sánchez Carrera, 1997, p. 147.

[127] Moxó Ortiz de Villajos, 2000.

[128] Pousa Diéguez, 2022b.

[129] Pallares Méndez y Portela Silva, 1993, p. 173. Nótese que el privilegio presenta algunos rasgos sospechosos como es la expresión «ponendo».

[130] Pallares Méndez y Portela Silva, 1993, p. 173.

[131] Pousa Diéguez, 2016a, pp. 115-119.

[132] AHN, Clero, car. 1.802, n. 23

[133] AHN, Clero, car. 1812, 16, 1808, 13.

[134] Pousa Diéguez, 2018a, pp. 122-125.

[135] Pousa Diéguez, 2016b, pp. 204-207.

[136] Pérez Rodríguez, 1994, pp. 104, 113-114 y Ríos Rodríguez, 1993.

[137] AHN, Clero, car. 1819, 15.

[138] AHN, Clero, car. 1814, 8.

[139] AHN, Clero, car. 1840, 20.

[140] AHN, Clero, car. 1814, 9.

[141] AHN, Clero, car. 1840, 8.

[142] Dono López, 2010.

[143] AHN, Clero, car. 1807, 15 y 1837, 20.

[144] AHN, Clero, car. 1799, 15.

[145] Pallares Méndez y Portela Silva, 2006, pp. 125-127.

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