Soberanía y defensa de la riqueza forestal en la frontera vasconavarra con Francia

durante el siglo XVIII

Sovereignty and Defense of Forest Wealth in the

Basque-Navarre Border with France during 18th Century

ÁLVARO ARAGÓN RUANO

Departamento de Filología e Historia

Facultad de Letras

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea

Paseo de la Universidad, 5

01006 Vitoria - Gasteiz (Álava), España

alvaro.aragon@ehu.es

https://orcid.org/0000-0003-0594-6383

RECIBIDO: JULIO DE 2021

ACEPTADO: DICIEMBRE DE 2021

Resumen: La presente investigación trata de analizar el proceso de consolidación de la autoridad y soberanía de la Monarquía Hispánica sobre las riquezas forestales vasconavarras y, por ende, sobre la frontera pirenaica occidental, a fin de garantizar la provisión de maderas de la Real Armada. Dicho proceso culminó a finales del siglo XVIII, cuando, por un lado, en el contexto de la guerra contra Gran Bretaña, la Monarquía se vio obligada a acudir de forma intensiva a las reservas forestales del Pirineo vasconavarro, y, por otro, a tener un mayor control sobre la frontera con Francia, inmersa en un complicado período revolucionario. Si. hasta entonces. los conflictos en torno a las facerías y comunidades de pasto habían sido resueltos de una forma más o menos amistosa por las comunidades de ambos lados, a partir de finales del siglo XVIII los Estados se vieron obligados a intervenir y, a través de la cartografía, a definir perfectamente sus límites.

Palabras clave: Monarquía Hispánica. Autoridad real. Soberanía. Bosques. Siglo XVIII.

Abstract: The aim of this research is to analyse the consolidation process of Spanish Monarchy’s authority and sovereignty over the Basque and Navarrese timber reserves, and, thus, over the Pyrenean Western borderline, in order to guarantee the Spanish Royal Navy’s supply. This process was completed at the end of the eighteenth century, when, on the one hand, during the British-Spanish War, the Spanish Monarchy was forced to intensively resort to the Pyrenean timber reserves, and, on the other hand, to secure a bigger control over the French frontiers, bearing in mind the revolutionary period. Although, until this time, the conflicts, around the pasture rights, were solved by the local communities, since the end of the eighteenth century, Spanish and French Monarchies were compelled to intervene and, through the cartography, to accurately define their limits.

Keywords: Spanish Monarchy. Royal Authority. Sovereignty. Forest. 18th Century.

MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 25 (2022): 423-450 [1-28] [ISSN: 1139-0107; ISSN-E: 2254-6367]

DOI: https://doi.org/10.15581/001.25.001

INTRODUCCIÓN

El área occidental de los Pirineos fue durante el Antiguo Régimen una zona porosa y puente, más que un obstáculo para las comunidades y grupos humanos que vivían a ambos lados. Fue una demarcación difusa y sin concretar hasta prácticamente el siglo XIX, cuando los Estados francés y español se sentaron a negociar la línea fronteriza y amojonada que dividiría definitivamente los montes Pirineos desde el cabo de Creus hasta el cabo de Higuer[1]. De hecho, las comunidades que vivían a ambos lados de los Pirineos occidentales (Navarra Alta, Navarra Baja, Guipúzcoa, Labort) compartían lengua y cultura, además de relaciones comerciales e, incluso, familiares y personales. Más aún, en el caso de la Alta y la Baja Navarra habían pertenecido a la misma unidad política hasta 1530[2]. Eso provocó que la presencia de vascofranceses fuese habitual al sur de los Pirineos y, viceversa, que los vascoespañoles pasaran al norte, por motivos laborales, comerciales o familiares.

Es por ello por lo que era frecuente la presencia de mano de obra especializada vascofrancesa en los montes del sur de los Pirineos, enmarcados en cuadrillas de vascoespañoles, trabajando en los bosques para la obtención de madera, leña, carbón, duelas o remos, y, viceversa, mano de obra vascoespañola trabajando al norte de la cadena montañosa. Sin embargo, los problemas y la transgresión se producían cuando las cuadrillas y capataces, haciendo caso omiso de la legislación o las normas establecidas, coyunturalmente, obtenían materiales en un lado para comercializarlos en el otro, por supuesto, obviando el pago de derechos aduaneros. Estas actividades ilegales hicieron saltar las alarmas entre las autoridades de ambos lados, si bien en esta ocasión el análisis se centrará en el caso de los territorios del sur de los Pirineos, esto es, en los territorios vasconavarros pertenecientes a la Monarquía Hispánica. De hecho, el objetivo principal de la presente investigación es analizar las estrategias que implementaron las autoridades locales, territoriales-virreinales y reales para tratar de atajar los abusos y la salida de productos forestales en el área fronteriza vasconavarra, con respecto a Francia. Esto es, qué medidas se adoptaron para garantizar la defensa de la riqueza forestal del área pirenaica suroccidental. En cuanto al marco geográfico, el análisis se centrará principalmente en la frontera entre Francia y Navarra, puesto que esta es la más extensa, por lo menos si la comparamos con la frontera entre Francia y Guipúzcoa, que escasamente cuenta con unos pocos kilómetros en tierra, siendo en su mayoría marítima; aunque se harán referencias puntuales a esa realidad que, además, puede ayudar a una mayor comprensión general. La frontera entre Francia y Navarra cuenta, así mismo, con ciertas particularidades, pues siendo un área intrincada y de difícil acceso, en ella se combinan espacios fluviales y montañosos. Teniendo en cuenta dichas condiciones geográficas, esta frontera se convirtió en un elemento de difícil control y dominio, más aún para unas monarquías con unos instrumentos limitados para la detección del fraude[3].

1. FRONTERAS Y «FRONTERIZOS». MEDIDAS PARA ERRADICAR LAS PRÁCTICAS FORESTALES

FRAUDULENTAS

Las transgresiones aparecieron desde comienzos del siglo XVII, como expresión de la inestabilidad política en la frontera hispano-francesa; lo que antes eran regulares intercambios legales, ahora, a causa de la confrontación entre España y Francia, y las prohibiciones establecidas al efecto, se convirtieron en ilegales y fraudulentos. Sin embargo, el punto álgido de este tipo de actos se dio a partir del siglo XVIII, sobre todo en la segunda mitad, prolongándose hasta mediados del siglo XIX.

Las principales áreas afectadas por la extracción de materiales hacia Francia fueron los montes de Aramayona y Altube en la década de los años veinte del siglo XVIII, los municipios guipuzcoanos cercanos a la frontera con Francia, como Irún, Fuenterrabía u Oyarzun, a lo largo del siglo XVIII, y los montes limítrofes y facerías situadas entre Navarra y Francia, caso de los montes faceros del valle de Baztán y del valle de Salazar. En lo que respecta a los productos afectados por estas actividades fraudulentas, fueron hayas para la confección de remos y bombas, remos elaborados y acabados con destino a Labort, desde donde se exportaban a otras partes de Francia, Inglaterra o las Provincias Unidas, o a Pasajes y San Sebastián para su uso en embarcaciones auxiliares balleneras (chalupas), tablonería con destino a la Marina Real de Francia, duelas para barriquería y tonelería, principalmente para la industria vitivinícola francesa, situada, por ejemplo, en la cercana área de Burdeos, leña para las ferrerías del sur de Francia o para la confección de productos industriales, o madera de boj ―abundante en el área de los montes del Bidasoa― para la confección de peines, cucharas y tenedores. Con respecto a este último caso, en 1737 el Consejo de Navarra envió una carta orden al alcalde del valle de Erro para que velase por evitar la extracción de ese tipo de madera a Francia, que ya venía contemplada en la Ley LIX, libro primero, título XVIII de la Novísima Recopilación publicada en 1735[4].

Generalmente, los protagonistas de tamaño fraude pertenecían indistintamente a ambos lados de la frontera. Encontramos cuadrillas lideradas por maestres franceses con trabajadores también franceses y maestres de remos navarros con trabajadores navarros. No obstante, en la mayoría de los casos, las cuadrillas estaban compuestas por trabajadores de ambos lados, que trashumaban realizando «lanteguis» u obradores por los montes altonavarros y bajonavarros. Así lo testificaba en 1755 Martín de Astiz, de 50 años y natural de Beruete, quien declaraba que salió a hacer remos en los montes de España y Francia en compañía de otros remeros naturales de Beruete, Aldaz o Huici (todos ellos situados en la merindad de Pamplona), entre los que también había un francés, juntándose posteriormente, por el mes de mayo, en Orbaiceta con otros remeros, desde donde pasaron al valle de Cize en la Baja Navarra, todos ellos bajo el mando de Martín José de Garro, también natural de Beruete. Ese mismo año, durante julio y agosto, una cuadrilla de unos 30 trabajadores originarios de la misma área navarra del valle de Larraun, al mando de Juan de Onsalo, natural de Aldaz, estuvieron trabajando grandes cantidades de remos en los montes españoles para extraer a Francia; esa misma cuadrilla había estado en el valle bajonavarro de Cize, al mando de Miguel de Echeverría, natural de Urruña[5]. Cuatro años antes, en 1751 el valle de Baztán era acusado de cortar grandes cantidades de madera para llevarlas al paso de Biriatu, concretamente un considerable número de remos y 8 millones de duelas para barriquería; precisamente, muchos comerciantes de duelas aparecen implicados directamente o detrás de aquellos que las transportaban hacia Francia. Por su parte, en 1825 la villa de Ochagavía era acusada de haber vendido a diferentes franceses 25 000 remos entre 1816 y 1825; en este caso, Miguel José de Iriberri, fabricante de remos en San Sebastián, denunciaba que cada verano de ese período se habían derribado 1400 hayas bravas, empleando entre abril y septiembre a 60 hombres y utilizando 150 operarios franceses para su conducción. En el caso del transporte por el río Bidasoa hacia el otro lado de la frontera, era imprescindible la participación y colaboración de los gabarreros, quienes se encargaban de pasar los materiales de un lado a otro o de bajarlos en sus embarcaciones hasta Biriatu o Hendaya[6].

Sin embargo, todas estas estructuras y redes de fraude serían imposibles sin la connivencia de los gobernadores y guardas de los puertos y tablas aduaneras, y de los alcaldes de los municipios vasconavarros, como Irún, Oyarzun, Fuenterrabía, Baztán u Ochagavía. Así, en el año 1755 se acusó a Juan de Ochoa, Juan Ramón Bornás y Antonio Larrat, gobernadores del puerto de Ochagavía, y a Juan Carlos Iribarren, alcalde mayor del valle de Salazar, de haber consentido la extracción de remos hacia Francia, por lo que se condenó a Juan de Ochoa en 500 libras, a Juan Ramón Bornás en 400 libras, a Iribarren en 150 libras y a Antonio Larrat en 80 libras[7]. En cuanto al modo de actuación, era habitual que el paso de materiales se produjese de noche, tratando de no ser vistos y de evitar la acción de los tablajeros o de las partidas armadas. Es por ello por lo que en 1699 una Real Orden establecía la obligación de que el comercio y paso por las tablas se realizase durante el día[8]. No obstante, ello no fue óbice para que los fraudes se siguiesen practicando durante el día. De hecho, en muchos casos mediaba un acuerdo con los municipios propietarios del monte desde el que se extraían los materiales, pero el virrey desbarataba el contrato al establecer una prohibición, lo cual daba lugar a conflictos jurisdiccionales de importancia. Quienes perpetraban el fraude se agarraban con uñas y dientes a dichos acuerdos, aunque fuesen verbales, si bien, finalmente, se imponía el criterio jerárquico del virrey. En 1826 el valle de Salazar solicitaba que la prohibición de extracción de maderas para Francia no comprendiese las que ya tenía contratadas. De hecho, ese año el valle había acordado ―reeditando lo establecido en 1822 y 1823― con don Juan de Sala o Salle, vecino de San Juan de Pie de Puerto, la venta de 2000 pies de hayas, por un valor total de 17 500 reales, de los que había adelantado 5760 reales. Además, tenía otra contrata similar con don Pedro de Echevarne y don Ambrosio Casanova, vecinos de Bayona y Tardets respectivamente, el primero para cortar en dos años 1000 hayas por valor de 4500 reales, habiendo adelantado 2240 reales, y el segundo 120 para noviembre de 1827 por 720 reales, de los que adelantó 600 reales[9]. Normalmente la extracción se realizaba por vía fluvial, a través del río Bidasoa, hacia Hendaya o Biriatu, y desde aquí a San Juan de Luz, Ciburu y Bayona o por tierra, en carros o mulas, como ocurría en el caso del valle de Salazar, desde donde se transportaba hasta San Juan de Luz y, desde allí hasta Bayona por mar[10].

La aplicación de la justicia contra el fraude estaba perfectamente jerarquizada. En la cúspide se hallaba el virrey, quien, además de establecer los decretos de prohibición en función de la coyuntura, actuaba como máximo representante de la justicia real a través del Real Consejo, que es donde se veían las causas relacionadas con la extracción de materiales. A ello se une, por último, la labor de coordinación con las justicias locales o aquellas que actuaban en cada ámbito jurisdiccional y en las tablas aduaneras. A pie de campo, quienes se encargaban de aplicar justicia eran los gobernadores de los puertos y sus subordinados, y los alcaldes de los municipios fronterizos que, ante las noticias de transgresión, reunían partidas de vecinos armados que se encargaban de la localización, requisa, detención y encarcelamiento de los acusados. Por último, cabe destacar el caso especial y específico del abad del monasterio premonstratense de Urdax, que contaba con una cárcel propia y abanderaba las partidas de vecinos armados si la ocasión lo precisaba. Aunque dependiente de la diócesis de Pamplona definitivamente desde 1572, el abad actuaba como cura de almas de las parroquias de Elizondo, Garzáin, Arráyoz, Aniz y Ainhoa, y auténtico señor eclesiástico de Zugarramurdi, Urdax y Ainhoa. No obstante, en este último caso la jurisdicción pertenecía al rey de Francia, por lo que no extraña que cuando en 1769 José Agustín de Zuaznabar quiso extraer madera para la Marina real española desde Urdax, hubo de pedir permiso a la corte de Versalles, al tener que transportarla por Ainhoa y Sara[11]. Por último, las penas aplicadas iban desde la confiscación de los materiales y el establecimiento de multas y penas económicas, hasta la imposición de penas de cárcel o incluso de galeras[12].

Las medidas implementadas para tratar de acabar con estas prácticas fueron numerosas y se dieron en diferentes ámbitos. En primer lugar, en el legislativo, a través de los fueros y leyes de Cortes o por medio de prohibiciones y normas específicas. Por ejemplo, era la ley 11 título 15, libro 1 de la Nueva Recopilación (1512-1716) la que regulaba la extracción de tablas y madera del reino hacia el extranjero. Se permitía la extracción al extranjero o hacia los astilleros guipuzcoanos o andaluces para el servicio real, pero mediando registro en las tablas, debiendo enviar al virrey la tornaguía a los seis meses. Sin embargo, se permitía la extracción de leña sin obligación de ser registrada. Pero a consecuencia de la situación generada entre 1700 y 1723, de la que hablaremos más adelante, en las cortes de 1724-1726 la Ley 57 decidió limitar esa libertad y prohibir la extracción de maderamen, tablas, leña, carbón y remos a Francia, so pena de 500 libras. Coincidía con la Real Orden publicada por Luis I en 1724, confirmada por su padre Felipe V, que prohibía la tala de los montes de Aramayona y Altube, extensiva a todos los montes de Vizcaya y Guipúzcoa, si no era para construcción naval, y da idea del alcance de las extracciones[13]. Finalmente, la ley 67 de las Cortes de 1817 y 1818, teniendo en cuenta la falta de incentivos por el descenso o final de la demanda de la Armada, pero también por la necesidad de los municipios de hacer frente a las numerosas deudas contraídas entre 1794 y 1814, a consecuencia de la Guerra de la Convención y de la Guerra de la Independencia[14], se permitió nuevamente la extracción de hayas y remos a Francia, mediando, por supuesto, la licencia del virrey[15].

En cuanto a las prohibiciones específicas de extracción de madera desde Guipúzcoa y Navarra a Francia, estas se sucedieron a lo largo de los siglos XVII a XIX. En Navarra se publicaron prohibiciones en 1696 ―de hecho en 1697 ante las restricciones al comercio establecidas por Luis XIV, en tiempos de guerra la libertad quedaba restringida a lo «comestible, bebible y ardible»[16]―, 1737, 1751, 1769 ―a pesar de que a partir de 1759 en muchas contratas firmadas por localidades navarras, para la venta de hayas y confección de remos, se incluyó como condición que los remos no pudieran ser vendidos a Francia o Inglaterra, lo cual no parece que surtiera mucho efecto[17]―, 1804 y 1826[18]. Otra de las medidas fue el aumento de derechos de paso sobre las maderas ―y otros productos como el vino―, por ejemplo, desde Aragón, entre 1685 y 1691, para evitar que fuesen reexportadas a Francia. En esa línea, en 1699 se ordenaba que el comercio únicamente se practicara durante el día, para evitar los fraudes con nocturnidad, por otra parte, bastante habituales[19].

Una de las medidas principales adoptadas durante el siglo XVIII fue lo que algunos autores han denominado la «militarización del orden público», es decir, el establecimiento de una red de guardas que, si bien en principio, estaban relacionados con el Resguardo de Rentas, sirvieron para evitar abusos con respecto a otros productos. El número de estos «agentes del orden» fue en aumento a lo largo del siglo XVIII pasando de los 12 en 1700, a los 50 en 1722, los 200 en 1744, los 226 en 1787 y los 244 hacia 1800[20]. Tomando prestada esa idea, podemos asegurar, así mismo, que desde 1780 con la llegada de Plácido Correa a los Pirineos, se produjo una militarización de la frontera, sobre todo en los sectores de los montes Alduides y del bosque de Irati, donde, a partir de entonces, y prácticamente hasta 1856, fue habitual la presencia de destacamentos de mandos y tropas militares acantonados en barracas, que velaban porque no se produjeran talas, robos o incendios, como analizaremos a continuación[21].

Por último, el establecimiento de asientos de pertrechos y maderas podía ser también una fórmula a través de la cual evitar las actividades fraudulentas, al dejar prácticamente en mínimos los niveles de ociosidad e implicar a los habitantes de los valles fronterizos en las labores de extracción y transporte de materiales.

2. CARTOGRAFÍA DE UNA AUTORIDAD Y SOBERANÍA «REALES»

Curiosamente, la incidencia de dichas prácticas disminuyó en aquellos momentos en los que medió una contrata. Así ocurrió durante los asientos de Van Heden, Goyeneche y Vidarte, entre 1699 y 1733, o, a finales de siglo, durante la presencia de Plácido Correa y vigencia del asiento de Pedro Vicente Gambra. Curiosamente, apenas hay noticias de fraudes y paso ilegal de materiales a Francia desde los montes del Bidasoa en el siglo XVIII, entre 1766 y 1784, coincidiendo con el asiento de la Real Compañía de Caracas. Lo que pudiera parecer una casualidad no lo es y está perfectamente justificado, puesto que la existencia de un asiento para la extracción de materiales para la Real Armada suponía un aumento de la autoridad, de manera directa o indirecta, por medio de intermediarios o de representantes legales de la Corona, además de un mayor índice de ocupación de la mano de obra especializada a ambos lados de la frontera, protagonista de las prácticas fraudulentas[22].

El caso de Plácido Correa entre 1779 y 1785 es manifiesto y una clara muestra de los efectos de la presencia institucional y del poder y autoridad reales en zonas intrincadas y alejadas de la monarquía. Analicemos con detenimiento este caso, pues se puede considerar paradigmático. En 1779 Carlos III comisionó al capitán de navío o brigadier de la Real Armada Plácido Correa para que pasase a los montes de los valles de Salazar y Aézcoa, en los Pirineos, para la compra, corte, labra y conducción de madera para la Real Armada, auxiliado por el teniente de fragata Juan Bautista Donestebe, que contaba con Real Orden remitida por Pedro González de Castejón ―oriundo de Tudela, nombrado en 1775 Secretario de Estado de la Marina―. Por espacio de varios años, entre 1781 y 1785 se encargó del envío de mástiles y perchas a través del río Ebro hasta Tortosa con destino a los Reales Arsenales, siendo sustituido en 1789, una vez que se había jubilado, por Francisco Javier Argáiz. Pues bien, nada más llegar al Pirineo navarro en 1781, como jefe del establecimiento de la Marina para conservar Irati, su primera actuación fue desalojar a un francés que había sembrado maíz ―y, posteriormente, amenazó con quemar los montes, armado con una antorcha― y mandar destruir en dos ocasiones las barracas edificadas por los franceses para confeccionar remos, mientras que en 1782 y 1783 se encargó de inutilizar, también por dos veces, una sierra de agua instalada en el río Urbelcha e impidió el trabajo de varias cuadrillas de franceses que pretendían elaborar remos, justificando su actuación ante el comandante general de la Baja Navarra, el mariscal de Campo marqués de Caupenne ―primo del Conde de Echauz―, con quien mantuvo correspondencia y que le visitó, junto al conde Ornano, en Orbaiceta[23]. Es decir, en un área donde las fronteras todavía eran difusas y los habitantes del valle de Cize reclamaban su uso e incluso propiedad, el representante de la Marina llegó a poner orden y a aquilatar ante las autoridades francesas y los habitantes del norte de los Pirineos la autoridad, jurisdicción y propiedad del monarca hispano sobre dichos bosques. Más aun, ante la conflictividad ganadera y forestal, las «amenazas, o facciones semejantes a las experimentadas en los Alduides, valle de Erro, Baztan, Burguete, Roncesvalles, etc.» e Irati, ambas coronas se vieron abocadas a la «fronterización» o delimitación de la frontera de los Pirineos; es decir, al menos en un primer momento, fueron los conflictos entre las comunidades fronterizas y no el propio interés de los Estados, lo que obligó a establecer tratados fronterizos, tratando de acabar con dicha conflictividad y sus consecuencias. En el caso concreto de la riqueza forestal, fueron los repetidos robos y transgresiones y la defensa de esas riquezas estratégicas las que empujaron a los Estados a tomar medidas que garantizasen su protección, defensa y disfrute por parte del propio Estado y su Armada, ante los daños que el uso fraudulento causaba al patrimonio real.

Pero no quedó ahí la labor de Plácido Correa, pues por Real Orden de 13 de diciembre de 1784 el rey le ordenaba que informase a Ventura Caro, en cuanto llegase a Pamplona a hacerse cargo de la comisión internacional, de «las observaciones que tenga hechas en ese territorio y que le suministre las luces y los auxilios que dependan de vuestra señoría para que tenga dicha comisión el éxito que su majestad desea». Efectivamente, desde el año 1780 Plácido Correa había tenido la oportunidad de familiarizarse con el terreno y conocer perfectamente el área y objeto de conflicto; tal es así que durante 1784 envió varios informes, uno sobre el bosque de Irati el 20 de abril de 1784 y el otro sobre los Alduides y Valcarlos el 19 de noviembre de 1784, recopilados e impresos en 1785 bajo el título de Demostraciones sobre las pertenencias de su majestad al real bosque Irati, Alduides y Valcarlos... En la primera parte justificaba el «directo dominio y legítima propiedad de la España al bosque de Irati y todos sus adyacentes», manifestando que «no se puede oponer duda alguna sobre las pertenencias del bosque Irati, respecto a que no solo miraba España todas sus partes, sino también que derraman en ella sus vertientes, y estas constantemente giran por sus dominios hasta desaguar en Tortosa…»[24]. Al efecto y para poder explicar con precisión las actuaciones que llevó a cabo entre 1781 y 1783 para garantizar la posesión española, y que ya hemos descrito, confeccionó un mapa ―más bien un croquis―, «para más clara inteligencia del terreno que intentan disfrutar los fronterizos, pongo al fin la figura primera coloreada en el intermedio del mapa que se presenta a modo de una V truncada». Más aún, en su justificación señalaba que en los mapas franceses ―de los que demostraba un gran conocimiento―, confeccionados desde la firma del Tratado de los Pirineos en 1659 hasta la fecha, en ninguno de ellos se incluía el bosque Irati en el lado francés. Una vez más, insistimos en la importancia de la cartografía como arma política y modo de establecer sobre el papel la soberanía del monarca. Ahondando en ello, cuando en 1784 el mariscal de campo, marqués de Caupene, gobernador de Baja Navarra, junto al conde d’Ornano, varios coroneles del ejército francés y representantes de los valles bajonavarros, acudió a Orbaiceta a aclarar con Correa sus actos contra súbditos franceses, lo hicieron cargados de mapas, que Correa se encargó de comparar y analizar para desbaratar los argumentos de sus invitados[25].

Ilustración 1. Croquis realizado por el brigadier de la Real Armada Plácido Correa (1785)[26]

En carta misiva enviada en abril de 1784, anunciando el envío del informe sobre el bosque de Irati, además de acusar al conde de Echauz ―que, no lo olvidemos, se iba a encargar de administrar y explotar la Real Fábrica de Armas de Orbaiceta, que comenzó a edificarse precisamente ese año y se puso en marcha en 1787[27]― de estar detrás de los ataques e incendios, Correa se congratulaba del éxito de sus propias acciones contra los franceses, pues «de presente no me dan la menor molestia los fronterizos en el bosque de Irati», lo cual demuestra la eficacia de la actuación llevada a cabo por Correa para aquilatar, como decíamos anteriormente, la soberanía del monarca español en el área y corrobora la idea de que cuando mediaron asientos o la presencia y administración directa de la Corona, las transgresiones disminuyeron[28].

En 1785 Ventura Caro, junto a su homólogo francés, el Conde d’Ornano, como plenipotenciarios de sus monarcas, dieron inicio a una serie de gestiones, preguntando a los habitantes fronterizos sobre sus derechos en las facerías, para establecer una línea divisoria, que daría lugar al Tratado de Elizondo de 1785[29]. Dicho tratado y el establecimiento de una comisión, con sus trabajos cartográficos, llevados a cabo por una brigada de ingenieros militares de ambos países, que se encargó del levantamiento de un mapa detallado entre 1786 y 1792, fueron el primer intento de delimitación moderna de la frontera pirenaica. Fue a partir de que las relaciones franco-españolas entraran en un período de paz relativamente estable, tras la Guerra de Sucesión, cuando se comenzaron a confeccionar los primeros mapas detallados. Fue precisamente la conflictividad entre las comunidades fronterizas de ambos lados, en los montes Alduides, el bosque de Irati, la frontera entre el valle de Aézcoa y el País de Cize, entre el valle del Roncal y el País de Soule y el valle de Baretous, lo que impulsó el proyecto para cartografiar la frontera pirenaica (1716, 1717 y 1769). El mapa Caro-Ornano y las informaciones reunidas para su preparación, a pesar de sus limitaciones, constituyeron un hito esencial para el conocimiento moderno de un área que hasta finales del siglo XVIII permaneció casi como una auténtica «terra incognita»[30].

Y es que cartografiar un área es conocerla, pero también proyectar la autoridad del soberano y del Estado que lo lleva a cabo. El Estado necesita controlar legal y militarmente el territorio, es decir, debe asentar su autoridad en él, pero para eso debe conocerlo, hacerlo legible para la toma de decisiones. Por tanto, para hacer un territorio productivo, el Estado debe continuamente medir, describir, categorizar, hacerlo científicamente legible y accesible. Esto es lo que autores como Parenti definen como Geopoder (Geopower), que hace accesible, legible, reconocible y usable la biosfera y en este caso un territorio; los derechos de propiedad, si se prefiere la soberanía, son la principal forma y efecto del Geopoder, pues es el Estado quien en última instancia controla el valor del uso que se hace de la naturaleza ―el Estado es una institución crucial transformadora de la ecología, dentro del metabolismo del capitalismo―. En definitiva, es la frontera el espacio en el que se establece la práctica de poder del soberano, donde proyecta su autoridad y presencia con respecto a otros soberanos y Estados[31].

De hecho, el Tratado de Elizondo vino a poner sobre el terreno la división que había sido proyectada, aunque no ejecutada, en el Tratado de los Pirineos de 1659 e inauguraba un largo proceso al final del cual, no sin avances y retrocesos, quedaría delimitada la frontera hispano-francesa, gracias a la firma del Tratado de Bayona en 1856, en la que los límites se situaron a media ladera y no siguiendo las crestas o la divisoria de aguas, como había establecido el Tratado de 1659. Efectivamente, como ha sido puesto de manifiesto por diversos autores, las comisiones fronterizas o de límites deben considerarse un instrumento crucial de apropiación del territorio, dentro del largo proceso de formación de los Estados Modernos. El establecimiento de comisiones y tratados de límites formaba parte del proceso de territorialización de la autoridad política de los Estados, en un momento en el que la soberanía estaba dejando de ser entendida de una forma patrimonial y jurisdiccional, para gradualmente pasar a ser entendida en términos territoriales y de exclusividad; a partir de ahora estos espacios poco definidos o definidos de una forma ambigua quedaban claramente incluidos en uno u otro Estado. Ello suponía establecer un cierto equilibrio ―allí donde se podía― entre los intereses estatales y los de las comunidades locales, modificando definitivamente su relación, pues el establecimiento de unas fronteras definitivas, acompañadas de los trabajos cartográficos necesarios, permitían a los Estados conocer a sus súbditos y territorio, y tenerles en cuenta en su toma de decisiones; de repente, se hacían visibles y se establecían vías de solución a los endémicos conflictos, además de mejorar el aprovechamiento de territorios que presentaban diferentes problemas de orden natural y territorial. Como argumentan García-Álvarez y Puente-Lozano los informes de las comisiones de límites suministraban a los gobiernos centrales explicaciones inteligibles de las cuestiones y realidades complicadas y multifacéticas que estaban en juego, y les hacía conscientes de las implicaciones y consecuencias que podía tener el establecimiento de líneas divisorias para las comunidades de ambos lados. El establecimiento de las líneas fronterizas permitió la reformulación del desarrollo económico y social de las áreas fronterizas de acuerdo con parámetros y políticas económicas estatales. Precisamente, uno de los problemas del Tratado de Elizondo y la razón de su no aplicación fue que no se respetaron y se ignoraron los deseos e intereses de las comunidades locales en torno a los Alduides ―además del advenimiento de la Revolución francesa―. La experiencia vivida en ese caso hizo que a partir de 1847 las estrategias con respecto al Quinto Real e Irati fuesen diferentes. A pesar de ser los dos principales obstáculos para lograr un acuerdo y las áreas tradicionalmente más conflictivas, eran manifiestamente diferentes en cuanto a naturaleza e importancia. En el caso de Quinto Real la mayor dificultad residía en lograr un acuerdo en torno a los derechos de pasto; es por ello por lo que los comisionados españoles recomendaban escuchar a las comunidades locales, máximas interesadas, mientras que en el caso de Irati, primó el «interés de Estado», ya que esa área aportaba materiales de importancia estratégica para las armadas de ambos países, por lo que los mismos comisionados recomendaban que el Estado no cediese a las presiones de las comunidades locales[32].

Además del aumento de autoridad, el establecimiento de asientos para la extracción y aprovechamiento de recursos en la zona benefició a las comunidades de ambos lados, reduciendo la necesidad de recurrir al fraude. Efectivamente, los asentistas precisaban de mano de obra especializada que conociera las zonas de explotación y el trabajo a realizar, para lo que echaron mano de los habitantes de los valles cercanos, tanto al norte como al sur de los Pirineos. La nómina de los que se encargaron del marcado, tala, devastado, transporte por tierra y en almadías, incluía a personal especializado de ambos lados, tanto altonavarros y vascos como bajonavarros y labortanos: en 1698, José Vidarte, en el asiento firmado junto a Goyeneche para el corte de 150 árboles en el monte Maze del Roncal, contrató a más de 24 hombres aragoneses y franceses, mientras que la presencia de «franceses» entre los almadieros, con los que Goyeneche o Vidarte y años más tarde Pedro Vicente Gambra transportaron perchas y mástiles por el río Ebro hasta Tortosa o hasta el Bocal para su uso en el Canal Imperial de Aragón, es importante[33]. Por tanto, la firma de asientos supuso en el área pirenaica navarra un incentivo para las precarias economías locales y un aspecto dinamizador de las mismas a escala regional (País Vasco, Navarra, Aragón, Labort, Baja Navarra, País de Soule o Bearn), lo que permitió emplear a los habitantes de los valles de ambos lados y que estos no permaneciesen «ociosos» o se dedicasen a actividades fraudulentas e ilegales. Al mismo tiempo, y, por último, la explotación de unos recursos situados en zonas alejadas y de difícil acceso, permitió un mayor conocimiento por parte de la Corona de las riquezas y reservas forestales con las que contaba, pero también del territorio, contribuyendo de esa forma a lo que Wing ha denominado «territorialización» de las riquezas forestales de la Monarquía Hispánica[34].

3. PERIODIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS RECURSOS FORESTALES PIRENAICOS

A comienzos del siglo XVII, coincidiendo con el establecimiento de la Tregua de los Doce Años en 1609 y la llegada de los comerciantes holandeses a los puertos vascofranceses a fin de hacerse con los productos peninsulares e introducir moneda falsa de vellón y productos del norte de Europa, se produjo un aumento de la extracción de remos desde los montes altonavarros[35]. Así, en 1610, el abad del monasterio premonstratense de Urdax encerró en su cárcel a varios franceses a los que encontró por la noche confeccionando remos y duelas. Diez años después, en 1628, Juan de Aróstegui, natural de la localidad labortana de Ichassu, fue apresado por el alcalde de Baztán, a quien acompañaba un destacamento de 40 hombres armados, y recluido en las cárceles reales, a causa del corte de árboles en los montes del valle del Baztán, concretamente en los pertenecientes a la facería que mantenía con las localidades vascofrancesas del otro lado del Pirineo, en los que el pasto proindiviso era libre y estaba permitido, pero no el corte de materiales, para lo que debía mediar licencia del mencionado alcalde. A consecuencia del corte realizado por Aróstegui, se le condenó al pago de 600 libras y de los daños causados al valle del Baztán, y a cinco años de galeras. Aróstegui pretendía llevar los remos confeccionados a San Juan de Luz, Ziburu y Bayona donde los vendía a mercaderes holandeses e ingleses. En realidad, durante este período fue habitual el comercio de remos procedentes de la Alta y la Baja Navarra hacia los mencionados puertos labortanos, con destino a Francia, las Provincias Unidas o Inglaterra, o hacia Pasajes y San Sebastián donde eran cargados en los balleneros que tenían como destino Terranova y los mares del Norte[36].

Una fase importante de transgresiones, robos y contrabando de productos forestales coincidió con el desarrollo de la Guerra de Sucesión (1700-1713) y la ocupación francesa del territorio vasconavarro en el contexto de la Guerra de la Cuádruple Alianza (1719-1721). En 1702, el valle de Baztán vendió 200 hayas a Salvador de Aramburu, natural de la localidad labortana de Luhuso, para reducirlas a remos para los almacenes de la Marina francesa. Pero al pasar por la tabla de Zugarramurdi el cargamento fue embargado, alegando el alcalde de dicha localidad una orden dada por el virrey para que no se permitiese el corte de árboles en las montañas de Navarra a franceses para las armadas extranjeras, por el perjuicio que eso suponía para la propia Marina española. No obstante, finalmente, se desembargaron las hayas y se permitió su paso[37]. Entre 1703 y 1709, se extrajeron desde Navarra grandes cantidades de madera para el reparo de barcos del rey de Francia, para lo que el Ordenador de Marina de Bayona envió un representante al que se dio licencia para extraer madera, siempre y cuando abonase su valor a los municipios[38]. Por su parte, en 1715 se establecía una Real Provisión sobre la extracción de madera a dominios extraños, ante el abuso que se estaba produciendo por aquellos años en Navarra, desde cuyos montes se extraían materiales a través del río Bidasoa con destino a Hendaya y San Juan de Luz. Dicha provisión ordenaba la confiscación de las maderas y su utilización en los puertos y astilleros españoles[39]. Pocos años después, en el contexto de la entrada de las tropas del duque de Berwick por el Bidasoa, en 1723, el juez de Montes, superintendente de Montes y Plantíos, Martín Olozaga y Espilla, se lamentaba resignado de la extracción de maderas para construcción naval y duelas para barriquería desde los montes de Altube y Aramayona con destino a Francia e Inglaterra:

Sienta con mucha animosidad extracciones de madera, y si no expiden providencias para escarmentar estas imposturas no se cesara entrar en desconfianzas a su majestad y al Consejo se quitara el tiempo que ha menester para su despacho; llevaron de aquí a los astilleros de Francia mucho material por expresa consesión real de el año de 1703 y también mientras esta provincia ha estado dominada por las armas de aquel reino y nada de esto ha sido extracción y aun este invierno embaracé que un navío inglés llevase unas tablas de roble, que lo intentó[40].

En las décadas centrales del siglo XVIII, concretamente entre 1750 y 1780 se produjo un aumento de los casos, lo que, como hemos visto, obligó a la Corona a intervenir con el envío del capitán de navío Plácido Correa, a fin de acabar con los excesos, y el establecimiento del Tratado de Elizondo, en el contexto, no se debe olvidar, de la Guerra anglo-española entre 1779 y 1783. En 1751 se establecieron diversas reales órdenes para averiguar y castigar a quienes cortaban leña y la extraían a Francia. En concreto, se acusaba a los baztaneses de cortar gran cantidad de árboles ―gran número de remos y unos 8 millones de tablas o duelas para barriquería― y llevarlos a Biriatu para el francés Miguel de Michelena. Este tenía labrados en Ulzama 2075 remos, 107 000 duelas y 400 tablones, preparados en el margen del Bidasoa, había sacado ya desde Baztán unos 2660 remos, pretendiendo labrar allí otros 2980[41].

Uno de los mayores conflictos durante el siglo XVIII se centró en torno al bosque de Irati. Este problema se remontaba al siglo XV, cuando los habitantes del valle de Salazar y el valle de Cize establecieron acuerdos de compascuidad y aprovechamiento forestal, primero en 1445 y, posteriormente, en 1507, estableciendo la facería, que sería renovada sucesivamente en 1556, 1568, 1569, 1609, 1618, 1669, 1717, 1751 y 1759. Si bien los franceses comenzaron a explotar dichas riquezas forestales para su Marina ya en 1629, aunque no de forma sistematizada, fue el interés por parte de la Marina española lo que rompió definitivamente la concordia entre las comunidades a los dos lados de la frontera. En 1755 se acusaba a los gobernadores del puerto de Ochagavía y al alcalde del valle de Salazar de haber permitido el paso hacia Francia de los remos fabricados por Juan de Onsalo, alias Muzquiz, vecino de Aldaz, y su cuadrilla, a los que se impuso una multa de 100 y 50 libras a cada uno, respectivamente[42]. Los problemas continuaron en 1766, siete años después de la última renovación de la facería, cuando los oficiales de la Marina española realizaron cortes en el área de Irati, necesitando de la protección de tropas armadas, ante los ataques y quejas de los franceses. Ante los continuos incidentes, ambas partes establecieron en 1784 una comisión bipartita, compuesta, como hemos visto, por diplomáticos e ingenieros para llevar a cabo la fijación de la frontera. Curiosamente, durante los trabajos de la comisión Caro-Ornano los incidentes se multiplicaron: en 1785, debido a un incendio, el comisario de Marina acudió a San Juan de Luz para arrestar a una serie de pastores a los que se acusaba de ser los autores materiales, mientras que estos aseguraban que había sido obra de contrabandistas españoles; en 1791 las labores de corte de leña a cargo de gentes del valle de Cize fueron paralizadas por tropas españolas, acompañadas por habitantes del valle de Salazar. Como sabemos, debido a la Revolución Francesa, la comisión no llegó a finalizar sus trabajos. En el caso de los montes Alduides, entre 1717 y 1785 se produjeron unos 59 incidentes, aunque para 1769 ya habían alcanzado tal nivel, que las autoridades de ambos Estados veían la necesidad imperiosa de establecer un tratado de Límites: hasta entonces se había obviado la cuestión de la soberanía y la frontera política, centrándose en la del disfrute de pastos, construcción de edificaciones y cultivos, pero en 1784 cambió radicalmente, para centrarse en la delimitación fronteriza, subordinando a ella las cuestiones económicas[43].

En su lucha contra la Corona para recuperar sus usos y derechos sobre el monte Aézcoa, el valle de Aézcoa daba en 1790 una de las claves para entender la disparidad de intereses entre las comunidades y particulares locales y la Corona, pues sin dicho patrimonio se produciría:

la ruina total de sus pobres fieles vasallos, que sin el remedio soberano, que esperan, se verán en la triste amarga precisión de desamparar su amada patria, confinante con el reino de Francia, en la que han tenido la gloria de ser sus pechos la muralla y baluarte inconquistable contra las invasiones enemigas[44].

En 1759, Francisco Mendinueta, proveedor general de municiones reales de la Real Fábrica de Armas de Eugui, desde 1735 hasta 1765, a través de su procurador Martín de Lasterra, denunció ante el Consejo Real que numerosos habitantes de Baigorri, encabezados por Juan de Lechume y por orden del vizconde de Echauz, se introdujeron en la parte española del hayedo de Quinto Real para cortar madera. Pidió al Consejo que tomara medidas para que no se repitieran dichos excesos y aquel ordenó a Joaquín de Arteta que recabara información y la presentara a Agustín de Leiza y Eraso, oidor del Consejo Real de Navarra y juez conservador de la Real Fábrica de Eugui, que interrogó a 23 testigos. Las demandas de Lasterra se repitieron al año siguiente y el Consejo nombró una nueva comisión que con su interrogatorio a 17 nuevos testigos consiguió que las cosas se calmasen. En ese contexto, en 1768 el Marqués de Grimaldi notificó al virrey Montellano la próxima elaboración de un mapa exacto de los límites del reino, particularmente de la zona de los Alduides, con la finalidad de establecer una frontera precisa para evitar así las usurpaciones y excesos, al cargo del mariscal de campo Antonio Ricardos, por parte española, y del brigadier Grandpré, por parte francesa[45].

Ilustración 2. Copia realizada por Tomás Sendeño del mapa topográfico de los montes y bosque de Irati: sacada en virtud de Real Orden del plano original levantado en 1789 y 1790 para el establecimiento de límites entre España y Francia por los ingenieros nombrados (1797)[46].

No obstante, los conflictos continuaron durante el período revolucionario, pues los franceses siguieron practicando cortes. En 1803, Luis Hebia, ingeniero hidráulico y encargado de la conservación del bosque de Irati, denunciaba ante el virrey que un contramaestre de la Marina francesa había marcado 150 hayas y 6 pinabetes con un ancla y una R. El virrey se puso en contacto con el prefecto de los Bajos Pirineos, solicitando que impidiese el corte y se conminó al embajador español en París, Nicolás de Azara, a que elevase una reclamación ante el Gobierno francés[47]. En 1805 la justicia del valle de Aézcoa encontró a Santiago Borda, vecino de Lasa, y a Pedro Lecumberri, vecino de Lecumberri, ambos en Francia, que se hallaban con cuatro criados, a instancia de Manuel Méndez, contramaestre, y de Pedro Labat, celador, fabricando 200 carretadas de remos en el monte Lizardui, cuando los gobiernos de Francia y España habían prohibido en 1804 la fabricación de remos. Se les exigió que exhibieran los títulos que tenían para semejante trabajo, a lo que alegaron que se hallaban haciendo remos a instancia del asentista Pascual Echeverría, vecino de Bayona, para después notificarles la prohibición, tras lo que abandonaron la labor y volvieron a sus casas[48].

Pero sin duda, el período más conflictivo fue el último, entre 1825 y 1856, hasta la firma del Tratado de Bayona, en el marco de lo que se ha dado en llamar la «Guerra de los Límites» (1827-1836). Para entonces, los intereses de la Real Armada española habían desaparecido o, al menos, ejercían una menor presión sobre los recursos de los Pirineos navarros. En realidad, la mayor parte de las extracciones en este momento tuvieron que ver más con la fabricación de remos, que con el corte y transporte de pinabetes para los arsenales, toda vez que la demanda de la Real Armada había descendido tras la destrucción de la mayor parte de su flota en Trafalgar. Es por ello por lo que las comunidades locales, ante los problemas de sus haciendas y las deudas contraídas durante el período bélico de 1794 a 1839, comenzaron a recurrir a sus montes y bosques, principalmente con la venta de productos hacia Francia. Así, en 1825 se produjo la extracción de un gran número de remos, si bien la ley 67 de las Cortes de 1817 y 1818 permitía la salida de hayas y madera, a pesar de las quejas desde San Sebastián. Incluso los dueños de bosques particulares buscaban rentabilidad a sus propiedades: esa misma ley es a la que se acogió en 1826 Francisco Gregorio Gracia, marqués de Vallesantoro, vecino de Sangüesa, para poder extraer a Francia una porción de sus montes en Ureta, perteneciente a su mujer, María Mercedes Ayanz de Ureta, concretamente 50 000 duelas o tablillas, pero, en un principio, el virrey lo prohibió. Vallesantoro pedía poder extraer 12 000 duelas que tenía preparadas, pues ya había realizado importantes desembolsos:

de otro modo podrá esperarse que se fomenten las plantaciones con más esmero que hasta ahora, porque el interés es el resorte más eficaz para que los hombres obren con actividad y se esmeren en sacar de sus propiedades todas las ventajas posibles y en esa atención.

Aunque en junio de 1826 el virrey le prohibió la exportación, finalmente en septiembre del mismo año se lo permitió[49].

Ese mismo año el valle de Salazar solicitaba la extracción de remos a Francia y que se permitiese a Juan Marco Andrés Jöer, de nacionalidad suiza, sacar hacia su fábrica en Francia leña de haya y abetos descortezados que le había comprado al valle, para reducirlos a ceniza con la que fabricar cristal, justificando que necesitaba el dinero para poder hacer frente a los atrasos en el pago de los suministros de tropas. Como en el anterior caso, aunque el virrey prohibió la extracción en junio de 1826, en enero de 1827 finalmente permitió tanto a Salas como a Jöer la extracción de materiales[50]. En 1827 una corta de madera por parte francesa provocó la intervención violenta de los de Valderro, quienes quemaron las barracas de los obreros franceses. Ambos gobiernos retomaron las negociaciones, derogando las prohibiciones establecidas por el Tratado de Elizondo de 1785, pero respetando la línea demarcada. Se nombraron nuevos comisarios, con instrucciones públicas y secretas, pero la muerte de Fernando VII en 1833 y la Guerra Carlista impidieron que empezaran los trabajos. En ese momento, se estaba considerando la posibilidad de llegar a un acuerdo de arriendo de los territorios situados en la parte española[51]. En 1832, 500 hombres de Ochagavía, que formaban parte del cordón sanitario establecido ese preciso año en la frontera y puertos marítimos, poco antes de estallar la Primera Guerra Carlista, se dedicaron a hostigar y molestar a los obreros franceses que trabajaban en el bosque de Irati fabricando remos. En 1838-1839 los franceses decidieron, de forma unilateral, establecer una nueva delimitación del área de Irati, aunque sin efecto, debido a la ausencia de validación por parte española y a las luchas internas en el bando francés, ante la falta de acuerdo entre las diferentes comunidades y valles. En la década de 1850 se reprodujeron las cortas ilegales por parte española en el área del Monte de la Cuestión; pero lo que empeoró notablemente la situación fue la licencia de corte de 900 hayas que dio el valle de Cize a un particular francés, provocando la quema por parte española de las barracas alzadas por un regimiento de línea enviado para proteger la zona. Este incidente obligó a crear una zona neutral en 1853, la retirada de los contingentes militares de ambos lados y la suspensión de los cortes iniciados, así como el establecimiento de una brigada mixta, formada por tres guardas franceses y tres españoles que actuaban en la zona neutral. Finalmente, el Tratado de Bayona situó la frontera entre España y Francia, no en ambos cauces del río, como venían reclamando los franceses, sino más al norte, en la cresta del monte Ahutzbide, en el cambio de vertiente[52]. Finalmente, en 1845 los habitantes del valle de Cize intentaron un nuevo ataque, determinados como estaban a vender 3000 hayas en el término de Irati denominado Zabaleta, pues consideraban que pertenecía a Francia[53].

La firma del Tratado de Bayona de 1856 terminaría definitivamente con este tipo de actos, aunque inauguraría un nuevo período marcado por el contrabando[54].

CONCLUSIONES

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, a medida que la Monarquía Hispánica se veía cada vez más acuciada por sus compromisos políticos internacionales, se hizo paulatinamente más evidente la discrepancia de intereses entre esta y las comunidades locales fronterizas: la primera interesada en la extracción de maderas y en el mantenimiento de la paz con su vecina aliada; las segundas preocupadas por conservar sus privilegios en torno al aprovechamiento de pastos, base esencial de su economía, que, a consecuencia del crecimiento demográfico experimentado a lo largo del siglo XVIII, hicieron más frágiles los pactos faceros. Fue, principalmente, la presión demográfica desde el norte de los Pirineos lo que empujó a muchos bajonavarros ―aunque tal vez merezca la pena en un futuro una investigación más profunda sobre el papel y la participación del conde de Echauz en los conflictos producidos tanto en los Alduides como en Irati[55]― a lanzarse a los recursos de la vertiente sur, que, como manifestaba Correa, correspondían a España. Esa necesidad generó una fuerte conflictividad, exacerbada a partir del último tercio del siglo XVIII ―coincidiendo con un período de crisis de subsistencia (motín de Esquilache y motines de provincias, incluida la machinada de los cereales en el área vasca, de 1766 en España, y guerra de la harina de 1775 en Francia)―, precisamente cuando se llegó al techo de la expansión demográfica experimentada por los cambios implementados en el siglo XVII, con la introducción del maíz en ambas vertientes, pero, sobre todo, con la expansión de la cabaña ovina, en sustitución de la vacuna, gracias a las políticas incentivadoras de Colbert.

Esta situación provocó el choque de intereses entre diversos protagonistas e instancias jurisdiccionales, como muestra la excesiva connivencia o participación de muchos gobernadores de puertos y tablas o de alcaldes y miembros de las instituciones de los valles y comunidades fronterizas, que participaron de forma más o menos activa en las actividades fraudulentas, toda vez que, además, desde finales del siglo XVIII y a consecuencia del período bélico sufrido ―Guerra de la Convención, Guerra de la Independencia y Primera Guerra Carlista―, el único patrimonio efectivo con el que contaron para hacer frente a las deudas contraídas por el abastecimiento de tropas fueron sus montes y bosques[56]. Los intereses generales de la Corona en torno a la protección y defensa de maderas para la Armada eran difíciles de entender cuando la venta de madera o leñas era la única posibilidad de obtener ingresos, en una situación que se fue haciendo insostenible. Las discrepancias también se empezaron a hacer manifiestas entre la corona y los particulares, dueños de importantes áreas forestales, como muestra el caso del marqués de Vallesantoro, en un momento en el que la teoría económica comenzaba a ser partidaria de dar salida a esas áreas de manos muertas, vínculos y mayorazgos, montes comunales o montes eclesiásticos, todas ellas vinculadas de alguna forma, que necesitaban ser desamortizadas y formar parte del mercado, para de esa forma incentivar la inversión y generación de nuevos capitales. Las palabras del marqués hablan claramente de la necesidad de incentivos y de dar salida a los productos como condición imprescindible para el cuidado y fomento de los patrimonios forestales; sin salida en el mercado, no hay fomento posible de los bosques ―palabras de una rabiosa actualidad hoy en día, por desgracia―[57].

Pero, paulatinamente, la ruptura de la concordia de los convenios faceros y facerías, exacerbaron la «otredad» o «alteridad», esto es, debido a los continuos ataques, robos, quemas, persecuciones e incluso muertes mutuas, las comunidades de un lado del Pirineo comenzaron a percibir a las del otro lado como el «otro», el enemigo, el extraño, de forma que las realidades trasnacionales o transfronterizas ―entendidas en términos básicamente culturales, lingüísticos, etc. ―, y a pesar de los vínculos familiares y económicos que pudiesen existir entre ambos lados, se fueron convirtiendo en realidades nacionales o comunitarias contrapuestas y beligerantes; durante la primera mitad del siglo XIX se produjo la delimitación de los territorios y en la segunda la nacionalización de las sociedades, con el papel esencial desempeñado por las escuelas[58]. Desde 1856, o incluso antes, se produjo una unidad o comunidad de acción e intereses entre las comunidades locales y los Estados de cada uno de los lados, frente a los «otros», a los «vecinos». Incluso el lenguaje cambió paulatinamente, desde el uso de los términos «altonavarro» o «bajonavarro» al de «franceses» y «españoles» para diferenciar a las comunidades «hermanas» de ambos lados.

No obstante, aquellas fronteras no dejaron nunca de ser porosas y permeables, permitiendo la movilidad laboral ―en actividades como el transporte por tierra o en almadías, la confección de remos, la tala de madera, el corte de leña, etc.―, personal, matrimonial, animal, comercial y de bienes. Es más, cuando las fronteras quedaron definidas y los incentivos económicos desaparecieron o se modificaron, los habitantes de ambos lados, para entonces ya «franceses» y «españoles», se vieron abocados para su subsistencia a transgredir la legalidad, aunque ahora de otra forma, por medio del contrabando, que, junto a la agricultura, la ganadería o el transporte, se convirtió en la base de su economía. No obstante, esa transgresión además de recordar las normas las reavivaba: al aprovecharse de los resquicios legales, se estaba aceptando, siquiera de forma inconsciente, la legitimidad, y con ello se contribuía a reforzar y fortalecer las normas, ya que las relaciones dialécticas que las unían generaban un equilibrio entre fuerzas aparentemente antagónicas. Por tanto, las prácticas de contrabando fueron paradójicamente vectores de regulación fronteriza, una vez que se produjo la delimitación fronteriza[59].

A partir de 1780 ―y hasta 1856― la Monarquía Hispánica ―también la francesa―, por un lado, harta de los conflictos y destrucciones de su patrimonio forestal y, por otro, por la necesidad de materiales para la Real Armada, en el contexto de la guerra contra Inglaterra, aumentó su presencia en los Pirineos, a través de miembros de la Armada y el Ejército, con partidas de soldados armados, a fin de garantizar la defensa de la frontera y evitar los excesos. Incluso, ya en el siglo XIX ambos países llegaron a establecer cuerpos mixtos de guardas y soldados para garantizar la paz y evitar los mutuos ataques de las comunidades a ambos lados. Todo ello contribuyó a la definitiva priorización de los intereses de las monarquías y Estados por encima de los de las comunidades locales e, indefectiblemente, a la fijación de una frontera física y tangible, para definir correctamente qué le correspondía a cada Estado; bien es verdad, respetando en lo posible los intereses de esas comunidades, aunque siempre en un segundo plano. En realidad, a las comunidades poco les preocupaba que existiese o no una línea de frontera ―ajenas muchas veces a los cambios políticos o jurisdiccionales―, pues su única preocupación era poder disfrutar de las facerías y los recursos ganaderos y forestales que garantizaban su subsistencia. Por tanto, fueron las monarquías y sus intereses los que incentivaron un proceso ―de no retorno― de «fronterización» del área, de establecimiento y fijación de una frontera física y lineal; bien es verdad, que, empujados por la endémica conflictividad entre las comunidades de ambos lados, que dañaban sus patrimonios y la paz social.

Por otro lado, y en último término, el establecimiento de asientos y el aprovechamiento de los recursos forestales del área pirenaica también beneficiaron a las comunidades de ambos lados, reduciendo la conflictividad, por un lado, seguramente porque contribuyeron a un mayor control y presencia de las autoridades reales y sus representantes; y, por otro, porque garantizaron durante su vigencia la ocupación laboral de los habitantes del área y el desarrollo de las economías locales, no únicamente de aquellos que trabajaban en alguna de las labores concretas, sino también de aquellos que les abastecían de servicios, materiales y alimentos, así como de sus respectivas familias, haciendo innecesarias e incluso contraproducentes las prácticas fraudulentas.

Finalmente, la explotación, pero sobre todo la defensa, de esos recursos ―localizados en zonas que permanecieron prácticamente desconocidas para las administraciones estatales centrales hasta finales del siglo XVIII―, que hicieron obligada la presencia de ingenieros militares y su descripción cartográfica, contribuyeron a un mayor conocimiento de las reservas forestales y del territorio y, por lo tanto, a la culminación de la «territorialización» interna de los recursos ―esencialmente forestales, aunque también ganaderos o mineralógicos― de la Monarquía Hispánica. Es decir, el «nacimiento cartográfico» de estas áreas permitió una mayor integración administrativa, económica y social en los Estados-nación español y francés, y su definitiva inserción en esas nuevas estructuras político-administrativas, toda vez que las monarquías compuestas habían quedado amortizadas.

BIBLIOGRAFÍA

Alberdi Lonbide, Xabier, Conflictos de intereses en la economía marítima guipuzcoana. Siglos XVI-XVIII, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2012.

Alloza Aparicio, Angel, «Guerra económica y comercio europeo en España, 1624-1674: las grandes represalias y la lucha contra el contrabando», Hispania, 65, 219, 2005, pp. 227-279.

Andújar Castillo, Francisco, Antonio Feros y Pilar Ponce Leiva, «Corrupción y mecanismos de control en la Monarquía Hispánica: una revisión crítica», Tiempos Modernos, 35, 2017, pp. 284-311.

Appuhn, Karl, A Forest on the Sea. Environmental Expertise in Renaissance Venice, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2009.

Aragón Ruano, Álvaro, «Ríos de madera. Recursos forestales e hídricos para la Real Armada durante el siglo XVIII en Guipúzcoa y Navarra», Tiempos Modernos, 39, 2019, pp. 426-455.

Aragón Ruano, Álvaro y Óscar Riezu Elizalde, «¿Un proyecto quimérico? Suministros forestales desde los Pirineos occidentales para la Real Armada en el siglo XVIII», Studia Histórica. Historia Moderna, 43, 1, 2021, pp. 13-45.

Arvizu y Galarraga, Fernando de, «Problemas de límites y facerías entre los valles navarros y franceses del Pirineo», Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra, 41-42, 1983, pp. 5-37.

Arvizu y Galarraga, Fernando de, «Problemas de límites y facerías entre los valles navarros y franceses del Pirineo (apéndice documental)», Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra, 43, 1984, pp. 83-136.

Arvizu y Galarraga, Fernando de, El conflicto de los Alduides (Pirineo Navarro): estudio institucional de los problemas de límites, pastos y facerías según la documentación inédita de los archivos franceses (siglos XVII-XIX), Pamplona, Departamento de Presidencia, 1992.

Arvizu y Galarraga, Fernando de, «Frontera y fronterizos: el caso de los Alduides (Pirineo de Navarra)», Anuario de historia del derecho español, 71, 2001, pp. 9-48.

Bartolomé Herranz, Carlos, «Las Tablas de Navarra (1513-1700)», Príncipe de Viana, 193, 1991, pp. 139-162.

Branch, Jordan, The Cartographic State: Maps, Territory, and the Origins of Sovereignity, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.

Capdevila i Subirana, Joan, Historia del deslinde de la frontera hispano-francesa. Del tratado de los Pirineos (1659) a los tratados de Bayona (1856-1868), Madrid, Ministerio de Fomento, 2009.

Capirossi, Olivier, «Les délits de monnaie dans les provinces basques (1551-1700): une criminalité de l’étranger?», Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 117-1, 2010, pp. 223-239.

Chavarría Múgica, Fernando, «En los confines de la soberanía. Facerías, escalas de poder y relaciones de fuerza transfronterizas en el Pirineo Navarro (1400-1615)», en Les sociétés de frontière. De la Méditerranée a l’Atlantique (XVIe-XVIIIe siècle), dir. Michel Bertrand y Natividad Planas, Madrid, Casa Velázquez, 2011, pp. 193-217.

Correa Lodosa y Rivadeneira, Plácido, Demonstraciones sobre las pertenencias de S. M. al Real bosque Irati, Alduides y Valcarlos con referencia a la línea divisoria convenida en el año de 1616 y tratado de 1659 representadas por el brigadier de la real armada Don Plácido Correa, Losada, y Riva de Neyra comisionado a facilitar la dificultadísima navegación del Río Irati para exportar las arboladuras inmediatas al origen de sus aguas, s.l., s.n.,1785.

Desplat, Christian, «La guerre des Limites, 1827-1836», en Pyrénées-Terres-Frontiéres, ed. Christian Desplat, Paris, CTHS, 1996, pp. 27-42.

Duinat, Benjamin, «¿Divisoria e invisible a la vez? La frontera hispano-francesa de la zona vascoparlante desde el prisma de la movilidad nupcial (1780-1920)», Revista de Historiografía, 30, 2019a, pp. 45-71.

Duinat, Benjamin, «Paradojas del contrabando, vector de regulación normativa. Un microanálisis aplicado a la zona vascoparlante (1815-1900)», Seminario de Historia Social y Cultural, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2019b.

Escobedo, Rafael, «El contrabando y la crisis del Antiguo Régimen en Navarra (1778-1808)», Príncipe de Viana, 221, 2000, pp. 695-730.

García-Álvarez, Jacobo y Paloma Puente-Lozano, «Bridging central state and local communities’ territorial visions: boundary commissions and the making of Iberian borders, 1750-1900», Journal of Historical Geography, 57, 2017, pp. 52-61.

García-Álvarez, Jacobo y Jean-Yves Puyo, «Los primeros intentos de delimitación moderna de la frontera pirenaica: la Comisión franco-española Caro-Ornano y su legado cartográfico (1784-1792)», Revista de Historiografía, 30, 2019, pp. 15-44.

García-Zúñiga, Mario, «Comercio y contrabando en Navarra durante el feudalismo desarrollado», Hacienda Pública Española, núm. Extra 1, 1994, pp. 79-87.

Gómez Campelo, Raquel, «El envío de municiones navarras a América. Las fábricas de Eugui y Orbaiceta», Príncipe de Viana, Anejo 13, LIII,1991, pp. 311-319.

González Enciso, Agustín, «La renovación del asiento de transporte de municiones y armas en 1793 y el protagonismo de una familia navarra», Memoria y Civilización, 15, 2012, pp. 51-69.

González Enciso, Agustín, «Asentistas y fabricantes: el abastecimiento de armas y municiones al Estado en los siglos XVII y XVIII», Studia Histórica. Historia Moderna, 35, 2013, pp. 269-303.

Goñi Gaztambide, José, «El monasterio premonstratense de Urdax en la Edad Media (1182-1520)», Príncipe de Viana, 69, 245, 2008, pp. 703-721.

Graham, Hamish, «A Time for Every Purpose? The Seasonality of Forest Exploitation and its Political Implications in Eighteenth-Century France», Journal of the Western Society for French History, 33, 2005, pp. 163-179.

Graham, Hamish, «For the Needs of the Royal Navy: State Interventions in the Communal Woodlands of the Landes during the Eighteenth Century», Journal of the Western Society for French History, 35, 2007, pp. 135-148.

Graham, Hamish, «The Crown and the Community: Communal Woodlands and State Forestry in the Landes during the Eighteenth Century», French History and Civilization, 3, 2009a, pp. 33-43.

Graham, Hamish, «Fleurs-de-lis in the forest: “Absolute” monarchy and attempts at resource management in eighteenth-century France», French History, 23/3, 2009b, pp. 311-335.

Graham, Hamish, «“Seeking information on who was responsible”: policing the woodlands of Old Regime France», French History and Civilization, 7, 2017, 14-26.

Graham, Hamish, «“Forced against our will to make a report”: the nature of woodland property and the problems of policing forests in eighteenth-century France», French History And Civilization, 9, 2020, pp. 51-64.

López de Guereño Sanz, Mª Teresa, «El monasterio premonstratense de San Salvador de Urdax, génesis y evolución histórico-artística», Príncipe de Viana, 207, 1996, pp. 19-60.

Mantecón Movellán, Tomás A. y Susana Truchuelo García, «La(s) frontera(s) exteriores e interiores de la Monarquía Hispánica: perspectivas historiográficas», Historia Crítica, 59, 2016, pp. 19-39.

Miranda Rubio, Francisco, Guerra y revolución en Navarra, 1808-1814, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2011.

Novísima recopilación de las leyes del reino de Navarra (1735), recop. Joaquín Elizondo, ed. Roldán Jimeno Aranguren, Madrid, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2019, Tomo I.

Odriozola Oyarbide, Lourdes, «El bosque de Irati y el transporte de las maderas hasta los reales arsenales de Marina (segunda mitad del siglo XVIII)», Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 64, 2, 2008, pp. 845-863.

Oslé Guerendiáin, Luis Eduardo, Navarra y sus instituciones en la Guerra de la Convención (1793-1794), Madrid, Ministerio de Defensa-Universidad Pública de Navarra, 2005.

Ostolaza Elizondo, María Isabel y Álvaro Adot Lerga, «Le royaume de Navarre et le territoire de Basse-Navarre (1512-1524)», Annales du Midi: revue de la France méridionale, 278, 2012, pp. 204-227.

Ostolaza Esnal, Maitane, «La Nación española en el País Vasco (1857-1931): el papel de la escuela», en El País Vasco y España: identidades, nacionalismos y Estado (siglos XIX y XX), ed. Luis Castells Arteche, Arturo Cajal Valero y Fernando Molina Valero, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2007, pp. 163-184.

Palop Ramos, José-Miguel, «La militarización del orden público a finales del reinado de Carlos III. La instrucción de 1784», Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 22, 2004, pp. 453-486.

Parenti, Christian, «The Environment Making State: Territory, Nature, and Value», Antipode, 47, 4, 2015, pp. 829-848.

Perales Díaz, José Antonio, «Fronteras y contrabando en el Pirineo Occidental», Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía, 17, 1998, pp. 127-136.

Perales Díaz, José Antonio, Fronteras y contrabando en el Pirineo occidental, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2004.

Puyo, Jean-Yves, «Faceries et rectifications frontalières: le cas de la forêt d’Iraty», en, Frontières, ed. Christian Desplat, Paris, CTHS, 2002, pp. 65-78.

Rey Castelao, Ofelia, «Del noroeste español a América: oportunidades y medios de fraude y de corrupción», E-Spania: Revue électronique d'études hispaniques médiévales, 16, 2013.

Sesé Alegre, José María, «Les frontieres entre la Navarre et la France aux XVIIIe siècle», en Pays Pyrénéens & Pouvoirs Centraux (XVIe-XXe), ed. Michel Brunet, Serge Brunet y Claudine Pailhes, Foix, Conseil Général de l’Ariège, 1994, pp. 369-380.

Solbes Ferri, Sergio, «Teoría y práctica de administración y cobranza de rentas reales en Navarra (siglo XVIII)», Investigaciones de Historia Económica, 3, 2005, pp. 73-100.

Torres Sánchez, Rafael, «Administración o Asiento. La política estatal de suministros militares en la Monarquía española del siglo XVIII», Studia Histórica. Historia Moderna, 35, 2013, pp. 159-199.

Torres Sánchez, Rafael, «Mercantilist Ideology versus Administrative Pragmatism: The Supply of Shipbuilding Timber in Eighteenth-Century Spain», War & Society, 40, 1, 2021, pp. 9-24.

Torres Sánchez, Rafael y Óscar Riezu Elizalde, «¿En qué consistió el triunfo del estado forestal? Contractor State y los asentistas de madera del siglo XVIII», Studia Histórica. Historia Moderna, 43, 1, 2021, pp. 195-226.

Truchuelo García, Susana, «El paso de moneda falsa por los territorios vascos costeros en las primeras décadas del siglo XVII», en La fabrique du faux monétaire, du Moyen Âge à nous jours, coord. Olivier Capirossi y Bernard Traimond, Toulouse, Presses Universitaires du Midi, 2020, pp. 223-254.

Warde, Paul, «Fear of Wood Shortage and the Reality of the Woodland in Europe, c. 1450-1850», History Workshop Journal, 62, 2006, pp. 28-57.

Wing, John, «Keeping Spain Afloat: State Forestry and imperial Defense in the Sixteenth Century», Environmental History, 17, 2012, pp. 116-145.

Wing, John, «Spanish Forest Reconnaissance and the Search for Shipbuilding Timber in an Era of Naval Resurgence, 1737-1739», Journal of Early Modern History, 18, 2014, pp. 357-382.

Wing, John, Root of Empire. Forest and State Power in Early Modern Spain, c. 1500-1750, Leiden-Boston, Brill, 2015.

Este trabajo se engloba en el Grupo de Investigación Consolidado del Sistema Universitario Vasco País Vasco, Europa y América: Vínculos y Relaciones Atlánticas (IT1241-19) y se enmarca en el proyecto I+D del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades «Guerra, Estado y Sociedad. La movilización de recursos militares en la construcción de la Monarquía Española en el siglo XVIII» (PGC2018-096194-B-I00) y en el proyecto de investigación «SUSTINERE» financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos.

[1] Mantecón Movellán y Truchuelo García, 2016, p. 22.

[2] Ostolaza Elizondo y Adot Lerga, 2012 y Herreros Lopetegui, 1998.

[3] Andújar Castillo, Feros y Ponce Leiva, 2017; Alloza Aparicio, 2005; Rey Castelao, 2013.

[4] Archivo General de Navarra (AGN), Tribunales Reales. Archivo Secreto, Tit. 4, Fajo 1, N. 70. Novísima Recopilación, I, p. 809.

[5] AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 21341.

[6] AGN, Tribunales Reales. Archivo Secreto, Tit. 4, Fajo 1, N. 84 y AGN, Montes, legajo 2, carpeta 33.

[7] AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 21341; García-Zúñiga, 1994, p. 82.

[8] Bartolomé Herranz, 1991, p. 154.

[9] AGN, Montes, legajo 2, carpeta 37.

[10] AGN, Tribunales Reales. Archivo Secreto, Tit. 4, Fajo 1, N. 41 y 84.

[11] Goñi Gaztambide, 2008; López de Guereño Sanz, 1996; AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 73971 y 111690.

[12] AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 73971; AGN, Montes, legajo 2, carpeta 37 y AGN, Tribunales Reales. Archivo Secreto, Tit. 4, Fajo 1, N. 41. En el caso francés también se estableció un sistema de «policía» para evitar los delitos forestales a partir la ordenanza de «Eaux et Fôrets» de 1669. Ver Graham, 2017, p. 14-26.

[13] Archivo Municipal de Hondarribia, E, 6, V, 2/4 y Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos 10859.

[14] Oslé Guerendiáin, 2005; Miranda Rubio, 2011.

[15] AGN, Montes, legajo 2, carpeta 33.

[16] García-Zúñiga, 1994, p. 80.

[17] AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 49980.

[18] AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 111690; AGN, Tribunales Reales. Archivo Secreto, Tit. 4, Fajo 1, N. 70 y 84; y AGN, Montes, legajo 2, carpeta 39.

[19] Bartolomé Herranz, 1991, pp. 143-154.

[20] Escobedo, 2000; Palop Ramos, 2004; Solbes Ferri, 2005.

[21] Arvizu, 1983 y 1984; Correa Lodosa, Demonstraciones sobre las pertenencias, p. XIV.

[22] Sobre el aumento de autoridad en el caso de la Monarquía Hispánica, Torres Sánchez, 2013 y 2021; Torres Sánchez y Riezu Elizalde, 2021; mientras que para el sudoeste francés es de obligada consulta Graham, 2005, pp. 167-168; 2007, pp. 136-138 y 148; 2009a, pp. 34-42 y 2009b, pp. 311-313 y 2020, pp. 54-55.

[23] AGN, VR_DOCUMENTOS, leg. 47, N.3 y leg. 71, N. 17; AGN, Tribunales Reales, Archivo Secreto, Tit. 4, Fajo 2, N. 35, 36 y 53; Tit. 33, Fajo 1, N. 2, 3 y 5; AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 62392 y 112355. Aragón Ruano, 2019, pp. 432 y 446-447; Aragón Ruano y Riezu Elizalde, 2021, 22, 23, 32 y 38; Capdevilla y Subirana, 2009, p. 26; Odriozola Oyarbide, 2008, pp. 581-582. «Habiendo yo exterminado en principios de agosto de 81 a un fronterizo, que sembró maíz entre el riachuelo Idayvea, y el rio Irati; destrozando poco después varias barracas que erigieron algo más arriba por dos veces; expulsado el año 82 una sierra de agua que otro fronterizo construyó en el riachuelo Urbelcha, dos leguas y media más arriba de la habitación de nuestros operarios y haber ejecutado lo mismo con el propio aserrador al año siguiente, que la volvió a edificar a una legua más arriba…Igualmente que impedidos los trabajos de varios remeros, que sin orden alguna de su corte, ni magistrados talaban el bosque a discreción…». Correa Lodosa, Demonstraciones sobre las pertenencias.

[24] Correa Lodosa, Demonstraciones sobre las pertenencias, pp. I-IV.

[25] Correa Lodosa, Demonstraciones sobre las pertenencias, p. XXVI. Sobre la cartografía como arma, Wing, 2012, pp. 130-131 y 2014; Appuhn, 2009, pp. 144–194.

[26] Correa Lodosa, Demonstraciones sobre las pertenencias.

[27] Gómez Campelo, 1991; González Enciso, 2012.

[28] Correa Lodosa, Demonstraciones sobre las pertenencias, Carta misiva desde Pamplona, 21 de abril de 1784.

[29] Capdevila y Subirana, 2009, pp. 16-29.

[30] García-Álvarez y Puyo, 2019.

[31] Parenti, 2015; Branch, 2014, p. 135.

[32] García-Álvarez y Puente-Lozano, 2017.

[33] AGN, CO_PS.1ªS, Leg. 65, N. 9 y AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 204852; Archivo de la Junta del valle del Roncal, caja 021, 08 (1699).

[34] Wing, 2015.

[35] Truchuelo García, 2020; Alberdi Lonbide, 2012, pp. 791-792.

[36] AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 73971.

[37] AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 229556.

[38] Novísima Recopilación, libro primero, tit. IV, ley XLVIII, pp. 355-356.

[39] AGN, Tribunales Reales. Archivo Secreto, Tit. 4, Fajo 1, N. 41.

[40] AHN, Consejos, 10859.

[41] AGN, Tribunales Reales. Archivo Secreto, Tit. 4, Fajo 1, N. 84.

[42] AGN, Tribunales Reales. Procesos, núm. 21341.

[43] Arvizu, 1992 y 2001, pp. 20-23; Sesé Alegre, 1994, pp. 371-378.

[44] Archivo de la Junta del valle de Aezkoa, libro 003.

[45] González Enciso, 2013; Sesé Alegre, 1994, pp. 376-378.

[46] AGN, 13-2, FIG_CARTOGRAFÍA, N. 223.

[47] Capdevila i Subirana, 2009, pp. 25-27; Arvizu, 2001, pp. 22-39.

[48] Archivo de la Junta del valle de Aezkoa, caja 41-01.

[49] AGN, Montes, legajo 2, carpetas 35 y 38.

[50] AGN, Montes, legajo 2, carpeta 39.

[51] Capdevila i Subirana, 2009, p. 100.

[52] Puyo, 2002, pp. 65-76.

[53] Puyo, 2002, pp. 28-29; Desplat, 1996, p. 36.

[54] Perales Díaz, 1998 y 2004.

[55] En el caso del conflicto de Alduides entre 1400 y 1615, el conde de Echauz acaudilló y protegió en numerosas ocasiones los ataques y represalias de los habitantes de Baigorri, por cuatro razones principales: su enemistad con los barones de Ezpeleta, vizcondes de Valderro en la Alta Navarra; el control de los pastos de Alduides, pues gran parte del ganado que pastaba en aquellos montes era de su propiedad; la apropiación de la concesión del derecho de «quinto»; y, por último, el pago por parte de los colonos que se habían ido asentando en los Alduides de una renta anual, por concepto de diezmos y primicias, que ascendía a 500 robos de trigo y 300 robos de mijo. Ver Chavarría Múgica, 2011.

[56] Una connivencia y comportamientos similares son detectados a comienzos del siglo XVII en el caso del contrabando de moneda en el área marítima vasca. Capirossi, 2010.

[57] Este proceso de privatización también se produjo coetáneamente en otras latitudes europeas. Warde, 2006, pp. 49-51.

[58] Ostolaza Esnal, 2007; Duinat, 2019a, pp. 48-49.

[59] Duinat, 2019a y 2019b.

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