Teología moral y justicia eclesiástica en los delitos de palabra: Cataluña (siglos XVI-XVIII)

Moral Theology and Ecclesiastical Justice in the Crime of Speech: Catalonia (16th-18th Centuries)

MARTÍ GELABERTÓ VILAGRAN

Departamento de Historia Moderna y Contemporánea

Facultad de Filosofía y Letras-Edificio B

Universitat Autònoma de Barcelona

Carrer de la Fortuna s/n

08193 Bellaterra – Cerdanyola del Vallès (Barcelona), España

gelabertomarti@hotmail.com

https://orcid.org/0000-0003-2313-8910

RECIBIDO: NOVIEMBRE DE 2021

ACEPTADO: FEBRERO DE 2022

Resumen: Este trabajo analiza la influencia y repercusiones que tuvo la doctrina teológica escolástica de Santo Tomás de Aquino en su categorización de los pecados de palabra en las obras de los autores moralistas castellanos y catalanes de los siglos XVI-XVIII, su influjo en la práctica pastoral cotidiana de estrategia clerical de erradicación del mal hablar entre muchos cristianos, y la incidencia sobre el Derecho procesal civil y canónico en la represión del delito de injuria. En una segunda parte, se aborda la contribución filosófica y moral ejercida por las enseñanzas del santo italiano y otros escritores adheridos a la corriente de pensamiento escolástico en los procesos abiertos por injurias en la jurisdicción territorial del monasterio cisterciense de Poblet, uno de los importantes señoríos eclesiásticos en la historia de la Cataluña de la Baja Edad Media y Moderna.

Palabras clave: Injuria. Teología. Moral. Derecho. Cataluña. Edad Moderna.

Abstract: This work analyzes the influence and repercussions that the scholastic theological doctrine of Saint Thomas Aquinas had in the categorization of sins of speech in the works of Castilian and Catalan moralist authors of the 16th-18th centuries, his influence on daily pastoral practice of clerical strategy of eradication evil speak among many Christians, and the incidence on civil and canonical procedural law in the repression of the crime of insult. The second part, deals with the philosophical and moral contribution exercised by the teachings of the Italian saint and other writers adhering to the scholastic current of thought in the proceedings opened for insults in the territorial jurisdiction of the Cistercian monastery of Poblet, one of the most important ecclesiastical manors in the history of Catalonia in the Late Middle and Early Modern Age.

Keywords: Slander. Moral Theology. Law. Catalonia. Early Modern Period.

MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 25 (2022): 347-376 [1-30] [ISSN: 1139-0107; ISSN-E: 2254-6367]

DOI: https://doi.org/10.15581/001.25.007

INTRODUCCIÓN

La palabra injuriosa, el insulto soez, el improperio grosero son expresiones verbales atentatorias a la dignidad personal y familiar[1], sinónimos de deshonor y ultraje que el Derecho medieval se encargará de reprimir por vía legislativa a través de su ordenamiento jurídico[2]. A partir del siglo XII, la Iglesia y el Estado contribuirán a ordenar y escriturar las palabras malsonantes para incorporarlas en el campo de las leyes civiles y eclesiásticas para favorecer su erradicación[3]. En la Baja Edad Media y en siglos posteriores, la violencia verbal representa un ataque directo a la dignidad de la persona y a su círculo familiar más íntimo[4]. A este respecto, Claude Gauvard indica que la sociedad occidental de la época medieval y moderna se estructura sobre un código de honor basado en determinadas costumbres que devienen en leyes no escritas que el poder político y religioso encauzará a través de la vía jurídica[5].

La injuria representa una fractura de la ley y de los vínculos sociales comunitarios, viola lo lícito (iuris) para colocarse en el marco de la ilegitimidad, ya fuese por medio del gesto, comportamiento, palabra o escrito con el fin de mancillar la buena reputación de la persona[6]. En esta línea, el historiador británico Peter Burke define magistralmente la injuria como un «acto de comunicación, dirigido contra un individuo, grupo o institución»[7]. Como muy bien señala Marta Madero, en la Europa preindustrial la «honra depende de la mirada y el juicio de los otros»[8]. La injuria verbal es una acusación que implica una conducta prohibida socialmente que ataca la integridad moral del individuo denunciado, imputación que adquiere mayor fuerza si es pronunciada ante testigos para así conseguir mayor difusión y desacreditar al injuriado y por extensión a su linaje familiar, especialmente en lugares públicos estratégicos de mayor sociabilidad (plazas, calles, tabernas…)[9]. Así, la injuria deviene un arma contundente para socavar el prestigio de la persona agraviada y un instrumento eficaz de exclusión social al atribuir al injuriado conductas transgresoras a las normas de moralidad impuestas por la comunidad[10]. Los criterios fundamentales de la buena honestidad radican en ser un buen cristiano y vecino, esposo ejemplar y padre de familia virtuoso[11]. Ante la tesitura y para recuperar el rol social amenazado, el injuriado ha de demostrar públicamente la falsedad de las acusaciones ante el vecindario y despejar cualquier atisbo de culpabilidad, recurriendo si es preciso a la vía judicial y, en ocasiones, a la violencia física[12].

Dentro de este marco conceptual, se analizará la influencia de las argumentaciones teológicas expuestas por Santo Tomás de Aquino y otros autores escolásticos referentes a los pecados de la lengua, su repercusión en la literatura religiosa de reforma moral de los autores castellanos y catalanes en la práctica pastoral diaria contra las palabras ofensivas, y su penetración en la jurisprudencia penal civil y canónica en el ámbito geográfico de la Cataluña del Antiguo Régimen. Seguidamente, se examinará si el discurso escolástico tiene una incidencia importante en el quehacer cotidiano de los diversos tribunales locales que configuraban el señorío eclesiástico de Poblet ―uno de los más importantes cenobios cistercienses de Cataluña― a la hora de juzgar las denuncias que tuviesen relación con la ofensa verbal y la aplicación de sentencias.

1. LA INJURIA EN EL DISCURSO TEOLÓGICO-ECLESIÁSTICO EN LA BAJA EDAD MEDIA

En este ámbito de aplicación hay que diferenciar entre la normativa penal elaborada por la autoridad política (monarca, Cortes…) y la formulada por la doctrina canónica religiosa de teólogos y moralistas, pese a que esta última acabará impregnando en gran medida el código legislativo civil, como más adelante se verá. Los juristas civiles de los últimos siglos de la Edad Media recuperan la clasificación establecida en el Derecho romano fundamentada en tres clases de injuria: injuria verbis (injuria verbal), la realizada a través de palabras ignominiosas y groseras; injuria litteris (injuria por escrito), la efectuada por medio de cartas, pasquines, libelos u otro soporte epistolar; injuria de re (injuria real o de obra), la ejecutada mediante coacciones, amenazas o agresión corporal. La justicia medieval hereda de la tradición romana el contenido de la jurisprudencia en materia delictiva en lo referente a las palabras de injuria[13], fuente principal sobre la que se sustentará la aplicación del arbitrio judicial en la práctica penal, reforzada sin fisuras por el discurso teológico de la moral escolástica.

La doctrina católica sobre los pecados de la palabra está contenida en el tratado teológico Summa Theologica, obra monumental escrita por el filósofo y teólogo escolástico Santo Tomás de Aquino entre 1265 y 1274, piedra angular sobre la que la Iglesia argumentará casi todos los razonamientos de la teología cristiana de Occidente hasta bien entrado el siglo XVIII. El religioso dominico y el resto de autores medievales que seguirán sus directrices teológicas califican los pecados de la lengua bajo la denominación de Peccata oris, epíteto que ya aparece en diversas colecciones canónicas de los siglos XI y XII acompañadas de sus respectivos comentarios[14], y sirve para designar a todas las clases de pecados cometidos por la palabra, tanto orales como escritos[15]. Si dejamos de lado el tema de la blasfemia ―la injuria sacrílega dirigida contra Dios y las figuras celestiales es abordada en la parte II de la cuestión 13 de la Summa Theologica― el Doctor Angélico trata el asunto de la injuria verbal contra las personas en las cuestiones 72-76 de su obra magna, estableciendo una clasificación en cinco géneros: contumelia (injuria), detractio (detracción), murmuratio (murmuración), derisio (burla) y maledictio (maldición)[16]. El fraile dominico identifica la contumelia[17] con la injuria verbal «que insulta a alguien en la cara, públicamente, intenta deshonrarlo, quitarle el honor que posee a viva voz»[18]. Expresado en otros términos, define la contumelia o injuria como la palabra de contenido ofensivo que contiene ideas o hechos para el conocimiento de otros manifestada de manera pública y dirigida a causar mucho daño. El cambio de vocablo a otro de carácter sinónimo no tiene nada de extraño. En la Edad Media la injuria verbal tiene un carácter poco preciso, presentándose a veces en las fuentes como vituperio, ignominia, deshonestatio, etc. en un tiempo donde los insultos verbales no se distinguen de la calumnia, la acusación falsa o la difamación[19]. De hecho, Santo Tomás equipara la contumelia con el vituperio y el improperio, siguiendo la opinión de San Agustín e Isidoro de Sevilla, al compartir todos ellos la opinión que los pecados de palabra son acusaciones que conllevan la deshonra y la pérdida del honor ante los ojos de la comunidad[20].

En sus argumentaciones el santo italiano expone su razonamiento acerca de si la contumelia es o no pecado mortal. Es de suma importancia destacar aquí el rol que la escolástica otorga a la voluntad maliciosa del hablante cuando profiere insultos. Según su criterio todo depende de la intención del injuriador. El pecado será venial si el insulto es intrascendente, carece de maldad, y no acarrea un perjuicio grave al honor personal del ofendido, palabras dichas a la ligera sin reflexionar en situaciones de jolgorio festivo, llevadas por la ingesta de alcohol o pronunciadas en momentos de cólera, sin ánimo consciente de vilipendiar al prójimo. La contumelia será más grave si la ofensa verbal obtiene mayor publicidad y repercusión entre la gente[21]. En uno de sus argumentos Santo Tomás entra en cierta contradicción cuando señala que es lícito injuriar a alguien a quien se quiere corregir a causa de su proceder moral reprobable[22]. El filósofo escolástico intenta justificar con esta disquisición a Jesucristo en su vida terrenal cuando emplea insultos para referirse a sus contrarios. En algunos episodios evangélicos se citan ejemplos protagonizados por el Hijo de Dios, como cuando en cierta ocasión califica a sus discípulos de «hombres sin inteligencia», o en la expulsión de los mercaderes del templo de Jerusalén al acusarlos de profanar el lugar sagrado y convertirla en una «cueva de ladrones»[23]. En resumen, es la intención explícita perversa de quien injuria y la presencia de público lo que genera los agravantes de la contumelia, insultar de ese modo es escarnecer a Dios[24]. Los otros modos de lesionar el prestigio de la persona a través de la voz injuriosa son, según el teólogo italiano, la detracción y la murmuración. Ambas se diferencian de la contumelia por ser expresiones verbales manifestadas de manera oculta: hablar mal del prójimo en secreto. Tanto una como otra no son producto de la ira, como la contumelia, sino de la envidia que ambiciona destruir la dignidad del individuo agraviado. En materia moral, santo Tomás considera más grave la murmuración que la detracción, y mucho más que la contumelia, ya que el murmurador intenta romper la amistad, sembrar la discordia, mientras que el detractor se limita a denigrar, disminuir la fama de la persona[25]. De hecho, en la práctica cuesta deslindar una de la otra y es una cuestión de apreciación personal del religioso examinador atribuir el acto pecaminoso a cualquiera de las dos. El tema queda abierto sobre un mar de sutilezas interpretativas. Algo que no sucede con la blasfemia, objeto preferente de atención por parte de teólogos, predicadores, confesores y juristas, especialmente a partir del siglo XIII[26]. Por su parte, la maldición tiene conexiones con la blasfemia al mentar a menudo los nombres de las figuras del panteón celestial cristiano, como medio de los que se vale el ofensor para agredir verbalmente al contrario y por consiguiente lleva aparejada la condena espiritual de quien la dice[27]. No obstante, advierte el teólogo italiano que la maldición no será pecado mortal cuando se profiere por irreflexión o empujado por la ira al perder en el juego o tener los sentidos aturdidos por los vapores ingeridos del alcohol. Básicamente son los mismos argumentos utilizados para calificar a la blasfemia verdadera[28]. De su lado, la burla se manifiesta a través de palabras y carcajadas[29]. Por su naturaleza es menos grave que los otros pecados de la lengua, siempre que no implique desprecio o deshonor, y se comporte como un juego o diversión entre amigos. Evidentemente, mofarse de Dios será pecado mortal[30]. De un modo general, Santo Tomás opina que la gravedad de los insultos verbales se ha de mesurar por las circunstancias en que son pronunciadas[31].

En la Europa de la Baja Edad Media los teólogos siguen fielmente las consideraciones de la Summa Theologica en sus razonamientos acerca de la naturaleza de las diferentes expresiones injuriosas[32]. En sus tratados distinguen diversas categorías: la blasfemia, la contumelia, la detracción, la murmuración y la maldición. En general la injuria (contumelia) puede ser a veces enormis y no enormis. Es un pecado grave cuando se dirige al monarca, príncipe o personaje de alta dignidad; será falta venial, salvo casos muy graves, si se ataca públicamente la integridad moral de las personas comunes[33]. Por el contrario, la detracción y la murmuración por su carácter oculto y velado son catalogadas como pecados mortales. Con carácter general, los teólogos exhortaban de la necesidad de reprimir los pecados del habla sin detenerse en deliberar acerca de su naturaleza, por transgredir los mandamientos de la ley de Dios y las virtudes teologales (fe, esperanza y caridad)[34].

2. EL PECADO DE INJURIA EN LA LITERATURA RELIGIOSA DE REFORMA MORAL EN CASTILLA Y CATALUÑA.

Como sus coetáneos europeos, los teólogos españoles de la Edad Moderna asientan sus argumentaciones acerca de la naturaleza de las diferentes expresiones injuriosas en la fuente principal del saber teológico de cristianismo occidental elaborada por Santo Tomás de Aquino. En la Cataluña de los siglos XVI y XVII tuvieron amplia difusión una serie de tratados doctrinales de autores castellanos dirigidos a los clérigos para que pudiesen disponer de materias predicables y de catequesis, y los fieles se beneficiasen de sus enseñanzas morales por medio del sermón oral o la lectura. Entre ellos destacan las obras del canónigo regular de la Orden de San Agustín Martín de Azpilcueta y Jaureguízar, conocido como el Doctor Navarro (1492-1586)[35], la del dominico Bartolomé de Medina (1527-1581)[36], la de los jesuitas Juan Eusebio Nieremberg (1595-1658)[37] y Antonio de Escobar y Mendoza (1589-1669)[38], o la del capuchino Jaime de Corella (1657-1699)[39]. En sus páginas abordan con más o menos extensión la problemática teológica de las injurias verbales y su remisión moral acorde a los postulados del sabio dominico[40]. Los libros penitenciales registran listas acerca de la naturaleza de los pecados de palabra con sus clasificaciones y comentarios ateniéndose a la estricta ortodoxia escolástica. En general, el tema de la injuria tiene un protagonismo secundario frente a otros pecados que pueden poner en peligro la salvación del alma (homicidio, robo…). Los sermones abordan poco el tema del insulto verbal calificado como contumelia. En los catecismos y manuales de confesores se pone mucho más énfasis en la condena de las formas de deshonra expresadas secretamente como la detracción y la murmuración que no en el empleo explícito del lenguaje injurioso.

En la segunda mitad del siglo XVII, el jesuita José Agustín Ramírez y Orta reflexiona sobre este particular en uno de los capítulos de su obra doctrinal Práctica de curas y misioneros, que contiene varios sermones y doctrina, publicada en Barcelona en 1690. Este religioso inscribe la detracción, murmuración y maldición como pecados atentatorios al quinto mandamiento de la ley de Dios No matarás, y al octavo No darás falsos testimonios ni mentiras, al ser potencialmente fuentes soterradas propagadoras de infamia que pueden desencadenar violencia física y desorden social con el resultado de heridos y, en ocasiones, muertes. El cristiano está en riesgo de perder su alma si no corrige las maldades de estos pecados inscritos en el quinto mandamiento: «Si ha dicho palabras injuriosas. Si ha echado maldiciones de corazón; si niega al hablar, a alguno. Si ha aconsejado, o mandado hacer algún mal a su prójimo. Si ha sembrado rencillas, chismes, poniéndolo en mal»[41]. Más explícito se muestra al señalar a la murmuración como germen destructor de la dignidad de las personas, ya fuese como inductor o colaborador:

Si teniendo obligación y pudiendo no estorbe el que los otros murmurasen. Si ha deseado la deshonra e infamia del prójimo. Si ha murmurado del prójimo o gustado de oír murmurar y no lo ha impedido Si ha levantado algún testimonio, o mentido en casos de importancia, o con daño ajeno. Si por su mala lengua ha hecho perder casamiento, dignidad. Si ha hecho algo en que desacredite al prójimo[42].

El clérigo ignaciano es contundente en sus apreciaciones al acusar a quienes usan habitualmente estas tretas del habla como procedimiento para mancillar la honestidad de la gente, de ser partícipes de falso testimonio y perjurio, culpables de emitir juicios temerarios, menoscabar a propósito la reputación de alguien por medio de la maledicencia y de mentir a sabiendas por medio de calumnias. La experiencia en este campo lleva al fraile jesuita a exponer la importancia que tiene para el misionero apostólico en su trabajo pastoral el advertir seriamente a sus oyentes de los peligros inherentes de las injurias con carga de murmuración en un claro ejemplo: «Si en alguna ocasión para vengarse de alguna honesta doncella que no quiso condescender con sus torpes deseos, dijo mal de ella, desa-creditándola porque nadie la tomara por mujer propia»[43].

Los predicadores apostólicos claman contra los deseos irreprimibles de venganza que las malas lenguas provocan en los ánimos de las personas insultadas. Las pláticas morales se encaminan hacia el discurso de la reconciliación sincera entre cristianos enemistados a través del perdón y la renuncia total a zanjar las querellas por medio de la violencia[44]. Sobre este asunto se expresaba el carmelita Magí Massó en sus sermones misionales predicados a lo largo de la geografía catalana durante el siglo XVII y recogidos en su libro Árbol fructuoso, editado en la ciudad de Barcelona en 1677: «Acabar con el enemigo, no es hacer del enemigo amigo; sino de un enemigo muchos enemigos en sus amigos, hijos y parientes; acabar con la enemistad, es hacer del enemigo amigo, y eso hace el perdón»[45]. Solo Dios puede inferir al cristiano recalcitrante la merecida venganza en su debido momento: «No hay mayor venganza, que la que Dios todo poderoso está tomando de sus enemigos en el infierno con fuego eterno»[46]. El fraile carmelita encoraja a los oyentes a perdonar las injurias como vía directa para alcanzar el cielo: «Hay dos maneras de subir, y entrar al cielo, la una es, haciendo bien, ejercitando obras virtuosas, y la otra sufriendo y mortificándose en los males de pena, tomando los agravios, y las injurias, con pura resignación»[47].

La literatura moral elaborada sobre el tema en la Cataluña del Antiguo Régimen recoge en lo esencial los juicios teológicos de los textos anteriormente citados. Entre toda la producción editorial de la época sobresalen dos libros impresos en catalán que gozaron de una gran popularidad por su contenido didáctico de la doctrina cristiana. Uno fue publicado en 1704 por el religioso franciscano Francesc Baucells, destacado predicador del Colegio-Seminario de Sant Miquel de Escornalbou (Tarragona)[48], escrito en estilo prosa de catecismo para proporcionar a los padres de familia y maestros un libro con que explicar la doctrina cristiana a los niños y poder divulgar los rudimentos de la religión católica entre la gente sencilla, que lleva por título Font mística y sagrada del paradís de la Iglesia, manual de catequesis que ve la luz en 1704, obra traducida al castellano al poco tiempo de su aparición[49]. El otro tratado que acogió una importante difusión popular aparece unas décadas más tarde, obra del doctor en teología y profesor en la Universidad de Cervera (Lérida)[50], Pere Salses y Trillas (1701-1781), publicado en cinco volúmenes entre 1754 y 1757 en Barcelona, bajo el epígrafe de Promptuari moral sagrat, y cathecisme pastoral de platicas doctrinals y espirituals sobre tots los punts de la doctrina cristiana. Es un extenso compendio de doctrina religiosa que combina la prosa propia de la catequesis lectora con sermones para que los sacerdotes pudieran disponer de material en su trabajo pastoral de predicación y catequesis oral, y los fieles también pudieran aprovecharse de las lecciones de su lectura[51]. El texto fue traducido al castellano y hecho publicar en Madrid entre 1797 y 1801. En las páginas que consagra a los pecados de la lengua, Pere Salses aporta escasas contribuciones al debate teológico que no hubieran sido tratadas décadas atrás por Baucells, sin duda una de las fuentes de inspiración principales para elaborar su enciclopédica obra. De hecho, ambos participan de las ideas expuestas en la Summa Theologica de Santo Tomás sin cuestionar en ningún momento su validez. No hay nada de originalidad en sus comentarios, pues no se apartan del contenido doctrinal de otros compendios teológicos publicados en otras partes de la península ibérica.

La injuria o contumelia es una ofensa verbal pronunciada en presencia del injuriado. Por su naturaleza es pecado mortal, ya que quebranta el quinto mandamiento de la ley de Dios por desear el mal a la persona ofendida en hecho, en dicho o en deseo; y al octavo de los mandamientos por causar deshonra, infamia o mentir[52]. Sin embargo, hay numerosas excepciones que exoneran al injuriador del más grave castigo espiritual. Si la contumelia se dice por burla o por amonestar o corregir no será pecado, como las reprimendas de los padres a los hijos, o los maestros a sus alumnos:

Quant es per burla, o por amonestar, y corregir, com algunas vegadas ho fan los pares ab los fills, los mestres ab los deixebles sens intenció de injuriar, en estos, y semblants casos no es contumelia, ni afront, y per consecuencia no es pecat, y dit cas que ho sia no es mes que pecat venial[53].

Del mismo modo, la palabra contumeliosa tampoco será pecado mortal si implica poca deshonra para el prójimo cuando personas de baja condición social cruzan insultos entre si durante el quehacer cotidiano, especialmente entre mujeres, pues poco honor se pierde por injurias dichas en momentos de acaloramiento violento, comportamiento de simple pecado venial si no se acompañan de palabras cargadas de odio con deseo vehemente de causar perjuicio[54]. En este último caso el ofensor además de estar obligado a confesarse, tiene la inexcusable obligación de pedir perdón a la persona maltratada de palabra, ya por sí mismo, o por tercera persona; aunque si el injuriado conversa de un modo familiar con quien le ha insultado no tendrá necesidad de implorar su perdón, pues en este supuesto se deduce que con esta acción el individuo vilipendiado de palabra perdona al agresor verbal[55].

En lo que respecta al vocabulario injurioso todos los autores pasan de modo sucinto sobre el tema. Tan solo citan unas pocas locuciones insultantes que los cristianos jamás deben permitir salir de sus bocas. En las lecciones de catecismo moral y sermones de adoctrinamiento no se encuentran listas exhaustivas de léxico ofensivo, probablemente para no despertar el interés malicioso del lector u oyente del sermón, no fuera que el afán detallista del autor o predicador por desacreditar las voces pecaminosas produjera el efecto contrario al deseado y propagase sin querer los vocablos de injuria entre la gente común. El número de términos injuriosos mencionados en los libros de moral cristiana es muy limitado, se repiten en todos los casos las mismas expresiones. Pere Salses habla en un pasaje de su obra de la terminología más habitual empleada para insultarse entre las personas cuando se dejan llevar por la ira:

Quant la ira se posa, o puja a la boca, apoderat de esta fogosa passió, en lo modo de parlar demostra quant lo domina en las confusas veus, y crits descomposats, en que fan prorrumpre dient: lladre (ladrón), borratxo (borracho), malmat (malvado)[56].

A estas tres voces Francesc Baucells le añade la de jueu (judío) y embustero[57], las mismas locuciones que se encuentran en las obras de los moralistas castellanos del Barroco y muy representativas del hablar corriente entre la gente de la época. Los insultos hacen referencia en destacar el carácter y el bajo valor social de la persona malmat, lladre, embustero, las malas costumbres del injuriado borratxo, y las injurias que cuestionan la fe religiosa del injuriado jueu[58]. Esta última adquiría especial gravedad a criterio unánime de teólogos y moralistas: «El decir, que fulano es judío, desciende de ellos, es materia grave y pecado mortal, no siendo público»[59]. Atribuir a un individuo la condición de judío representaba un ultraje gravísimo para él y para todo su linaje familiar. Una injuria que demandaba desagravio público urgente para restituir el honor del injuriado y que perdura hasta el siglo XVIII[60]. Acerca de este asunto Jesús M. Usunáriz indica que esta clase de insultos no tenían nada de banal para quien los recibía: «Los insultos con referencia a los judíos se convirtieron, en muchos casos, en un insulto parcialmente rutinizado, dirigido a cristianos viejos, que no por ello dejaba de ser humillante y denigrante a ojos de la comunidad y era necesaria reparación»[61].

Por su parte, los obispos encargados de la administración espiritual de las diversas mitras diocesanas catalanas no tuvieron excesivo interés en ocuparse de reprimir de manera severa las prácticas del mal hablar. Cataluña no tuvo una legislación sinodal importante que reprimera los pecados de injurias por palabras. Los sínodos diocesanos catalanes prácticamente carecen de artículos específicos censurando el empleo de injurias e insultos[62]. Una de las primeras referencias encontradas es un edicto general añadido a las constituciones sinodales de Barcelona (1600)[63], asamblea diocesana convocada bajo el pontificado de Ildefonso Coloma (1599-1603), cuyo título lleva por encabezamiento: Edicte de reformació general contra de molts abusos a la salud de las animas molt dagnoses y perjudicials. Su contenido remite a la condena espiritual de quienes se deleitan con decir falsos juramentos y testimonios que comporten menoscabo a la honra del injuriado, sin distinguir entre clérigo o seglar. La reforma de este mal uso de la palabra se encomienda a confesores y misioneros. Así, en el punto 15 del edicto se lee:

Los juraments falsos, y falsos testimonis encontren molt la unió y charitat y lo comerci y tracte dels homens, y moltes vegades també la bona administració de justicia. Y axí encarrega, ques guarde de tals pecats, que ultra de la obligació precisa, que als tals los restará de restituyr tot lo interés y dany causats per los juraments, y testimonis falsos, tant en bens, com en la honra, no podrem dexar de procehir contra los que contrari farán, en quant mes podrem, y segons trobarem fer nos permés[64].

El castigo penitencial o el acudir al recurso a la justicia en casos especialmente graves se deja al libre arbitrio del sacerdote encargado de corregir los pecados que promueven el oprobio entre cristianos. Adentrado el siglo XVII, algunos obispos de la sede eclesiástica barcelonesa repiten en los edictos pastorales de reforma de costumbres la misma disposición, exhortando a los confesores a negar la absolución a los cristianos que hubiesen infamado de palabra al vecino, si antes no demostraban arrepentimiento sincero en el acto de la confesión. Bajo la administración episcopal de Ramón de Senmenat Lanuza (1655-1663), Ildefonso de Sotomayor (1664-1682) y Benito Ignacio de Salazar (1683-1691) se publican sendos decretos sobre este punto: «Exhortam als confesors, que estigan advertits acerca de negar la absolució als publichs pecadors […] y als qui han infamat, y danyat la honra, y hazienda del proxim, y no fan, no volen fer la deguda satisfacció»[65].

En resumen, a nivel de interpretación teológica nada ha cambiado desde la Baja Edad Media. A finales del siglo XVIII la Iglesia sigue aferrada por lo que respecta a la interpretación teológica de las palabras de injuria en la corriente escolástica más ortodoxa.

3. EL DISCURSO TEOLÓGICO-MORAL ECLESIÁSTICO Y SU REPERCUSIÓN EL PLANO JUDICIAL: INJURIA Y DELITO

Los pecados de la lengua eran considerados delitos por el mero hecho de ser pecado y constituir, de hecho, un escarnio a Dios. En general existía una identificación o confusión entre delito y pecado que se remontaba a los tiempos de Santo Tomás de Aquino, cuando argumentaba que todo delito es pecado, pero no todo pecado es delito, dependiendo de las circunstancias y cómo se hubiera cometido. En una percepción rigorista, muchos teólogos sostenían que cualquier delito constituía un pecado[66]. De su parte, el poder civil percibía el delito de injurias como una contravención pública que transgredía el orden y la paz social, motivo suficiente para justificar o legitimar una acción represora del Estado, monarquía o poder político[67].

La justicia medieval y de siglos posteriores proporcionaba los instrumentos jurídicos por los cuales las personas que se consideraban injuriadas podían acudir a la vía judicial e interponer las correspondientes denuncias ante los tribunales de justicia. El fundamento jurídico principal sobre el que se solucionaban la mayoría de denuncias concernientes a los delitos de palabra se sustentaba en la teoría del libre arbitrio defendida por los teólogos escolásticos. El influjo de las corrientes filosóficas y teológicas de la moral escolástica en la normativa penal civil será un factor decisivo para su aceptación en Europa y España[68], de las que Cataluña no se mantuvo al margen[69]. Claude Gauvard señala al respecto que el arbitrio judicial lejos de ser considerado un signo de debilidad, es, por el contrario, un procedimiento estimulado por moralistas y juristas: permite a la sociedad resolver sus propios problemas amistosamente antes que recurrir a la ley y a las penas impuestas en la legislación. En una sociedad cristiana debe prevalecer la gracia y la remisión antes que el rigor punitivo[70], especialmente en los pequeños delitos como los insultos dichos sin perfidia.

En este marco cultural se situaba la actuación legislativa y represora sobre el delito de injuria en uno de los señoríos eclesiásticos más importantes de Cataluña. El monasterio de Poblet, situado a medio centenar de kilómetros de la capital de la archidiócesis de Tarragona, tenía un poder jurisdiccional inmenso que abarcaba gran parte de la geografía catalana con una extensión de centenares de kilómetros cuadrados. En su momento de mayor esplendor poseía jurisdicción sobre unos cincuenta municipios, sobre todo en las tierras interiores de Tarragona y Lérida, en las comarcas de las Garrigues, Urgell, Conca de Barbera, Noguera y Segarra. Asimismo, su dominio jurídico se extendía mucho más allá, sobre tierras despobladas, granjas, bienes inmuebles, etc. diseminadas por toda Cataluña. Los abades de Poblet, además, ostentaban el cargo de vicarios generales de la Orden del Císter en los reinos de Aragón y Navarra, administradores de importantes centros cistercienses distribuidos por todo el ámbito de la Corona de Aragón[71].

Poblet ejercía la administración de la alta y baja justicia civil y criminal (mer i mixte imperi) sobre las localidades sometidas a su autoridad[72]. El órgano de gobierno judicial estaba compuesto por el batlle general[73], que pasa a denominarse gobernador general a partir de 1634[74], lloctinent del batlle[75], batlles y sotsbatlles locales[76], asesor, notario[77], escribano mayor, doctor en medicina, cirujano (cuando hay tortura) y ejecutor de sentencias. La baja justicia de los pequeños delitos era administrada por el batlle de la localidad, cuando se trataba de asuntos graves (asesinatos o heridos por armas blancas o de fuego) y los acusados corrían el riesgo de aplicárseles la pena de muerte, la alta justicia disponía de un tribunal itinerante con el gobernador general a su cabeza, si antes no se ordenaba que el encausado fuera trasladado al interior de los muros del monasterio para su custodia y procesamiento[78].

Dentro del marco legal imperante, las injurias entraban dentro del marco de la pequeña delincuencia cuyo procedimiento judicial era competencia de la corte de justicia de los batlles locales. Sin embargo, para evitar que las denuncias por insultos llegasen a los tribunales, las autoridades municipales intentaban que las partes involucradas llegasen a un acuerdo que permitiese la retirada de la denuncia con la retractación pública del ofensor y el perdón del ofendido en un procedimiento infrajudicial[79]. A este respecto, la infrajusticia fue un valioso instrumento en la resolución de conflictos compartido tanto por el poder civil como el religioso, cuyo rol era fundamental para pacificar las situaciones de pugna entre personas[80]. Un recurso para solucionar pendencias entre particulares muy extendido en los municipios castellanos[81] y en otras partes de la península como Galicia[82], por el contrario, en otros territorios de la monarquía católica las sentencias de compromiso fueron poco relevantes, como en Navarra, donde su aplicación fue una anécdota[83]. Como intermediarios encargados de resolver el conflicto actuaban personas de reconocida fama en la comunidad, habitualmente eclesiásticos o laicos en ejercicio de su función municipal, quienes hacían valer sus buenos oficios para que el asunto se solventara amigablemente sin necesidad de acudir a la vía procesal. En Cataluña, de antiguo, se recurría a la figura jurídica de la pau i treva (paz y tregua) como herramienta jurídica preferida para zanjar los conflictos que se presentaban entre vecinos de la comunidad como vía alternativa al proceso judicial y como freno ante la incitación de recurrir a la venganza de sangre para resolver las disputas privadas[84].

En el marco jurisdiccional de la justicia del cenobio cisterciense de Poblet se procuraba que las denuncias por injuria no llegasen a los tribunales mediante el arbitraje del batlle o prohoms[85] y se alcanzase una solución pacífica de compromiso por ambas partes mediante la firma de treves. En los municipios bajo la autoridad judicial de los monjes de Poblet la mayoría de las treves por injuria acordaban un plazo de un año de paz entre los firmantes y sanción económica de entre veinticinco libras y cien ducados para quienes vulnerasen el acuerdo, la mitad destinada para el monasterio, la otra para la parte damnificada[86]. Para proporcionar solemnidad al evento la firma debía realizarse a plena luz del día, en lugar público y a vista del vecindario, con dos testigos principales de probada reputación residentes en el señorío. La fórmula característica la ofrece el acto de avenencia firmado en la localidad de Vinaixa (Lérida) entre Joan Alsamora y Pere Andreu, en presencia de Joan Panicol, batlle de la población y los respectivos testigos, el 2 de agosto de 1626:

El batlle local vol que les treves durin un any, i s’haurà de fer de dia en la plaça de Vinaixa i en presencia de dos testimonis dignes de fe i habitants de la senyoria. Prometen que no es farán dany ni s’en farán fer, sots pena de 100 ducats, la mitad per a Poblet, i l’altra meitat per a la part obedient, cada cop[87].

En los inicios del siglo XVIII el procedimiento empleado es idéntico al ejecutado en la centuria anterior. El 16 de junio de 1701 se firman treves entre Francesc Elies y Mateu Boreda, habitantes en Vimbodí (Tarragona), ―municipio colindante con Poblet y lugar donde se registran más procesos en justicia y pleitos de todo el señorío[88]― en que «prometen al batlle que durant 1 any no es farán mal l’un amb l’altre, sots pena de 25 lliuras»[89].

Mención aparte merecen las reiteradas crides (edictos) promulgadas especialmente a lo largo de los siglos XVII-XVIII en que entre otras conductas condenables (blasfemar, jugar a los dados, llevar armas prohibidas…), se castiga el pronunciar palabras de injuria, pero nunca con un carácter severo. El 13 de noviembre de 1616 el batlle general de Poblet Bernat Abelló, en nombre del abad Simó Trilla, sanciona con multa de tres libras y treinta días de prisión a quienes profirieran palabras injuriosas, salvo si fueran mujeres, que estarían exentas de la pena de cárcel. Una ordenanza que muy probablemente se remontaría a décadas anteriores sin haber dejado rastro escriturado por pérdida documental. No obstante, la ley es más rigurosa si la víctima del insulto es persona de rango elevado u oficial público en ejercicio de sus funciones, aplicándosele una punición a criterio del libre arbitrio del juez o a demanda de quien ha recibido la ofensa:

Que ningú gosi dir paraulas injurioses, contumelioses, agravatories, ni perjudicants als oficials de l’abat, als jurats o a persones que exerceixen oficis publics, sota pena de mercè de senyor o requeriment de la persona insultada[90].

Los abades de Poblet no parece que hubieran prestado demasiada atención en reprimir la práctica de la injuria en sus posesiones territoriales si hemos de hacer caso al contenido legislativo publicado en décadas posteriores, donde está ausente cualquier modificación de índole represora que incremente los castigos a quienes violaran los buenos usos de la palabra. Se mantiene intacta la antigua ordenanza. Una muestra palpable se halla en las ordinacions[91] de Poblet, publicadas el 19 de noviembre de 1690 y renovadas dos años después, donde no aparece ninguna referencia al delito de injuria, solo la blasfemia es mencionada con su respectiva sanción pero sin un carácter a priori riguroso. Es culpable de blasfemar quien jurase de Dios, la Virgen, los santos y santas, penado con multa de una libra destinada a la cofradía del Santo Sacramento y penas accesorias superiores aplicables al libre arbitrio de los jueces[92].

Cuando las conciliaciones fraternales fracasaban, el injuriado podía emprender el camino de la vía judicial para obtener desagravio moral y compensación económica. El archivo de Poblet conserva unos 570 procesos criminales correspondientes al período comprendido entre 1400 y 1835, año de la exclaustración y abandono definitivo del edificio religioso. Dejando de lado las inevitables pérdidas documentales, consecuencia de los avatares sociales y las guerras que condujeron a una pérdida irreparable de parte del patrimonio archivístico, la actividad procesal más dinámica se centra principalmente entre mediados del siglo XVI y primeros años de la segunda mitad del siglo XVII[93]. Entre 1551 y 1650 se concentran el sesenta por ciento de causas judiciales, posiblemente a causa de las grandes agitaciones sociales y desordenes de todo tipo provocadas por el auge del bandolerismo de la época.

Todas las causas penales incoadas por las distintas batllias municipales siguen unas directrices prácticamente idénticas. Recibida la denuncia es convocado el tribunal encargado de juzgar los hechos, el procurador fiscal o bien el acusador comparece ante la corte del batlle y procede a relatar el motivo de la delación, precedido y epilogado con la correspondiente fórmula jurídica. Seguidamente los testigos pasan a explicar el suceso, cuyo número es variable. Los declarantes exponen los hechos de modo lineal, sin interrupciones ni preguntas por parte del juez. Al principio de cada declaración consta la filiación personal y profesión del testimonio. A continuación, se procede a interrogar al acusado que normalmente permanece recluido en la prisión del monasterio o en detención domiciliaria hasta el día del juicio, al carecer la mayoría de municipios de habitáculos destinados expresamente para esta finalidad, ni vigilancia para controlar a los encarcelados. A diferencia de los testigos el inculpado es interrogado y las respuestas, excepto en algunos casos, suelen ser breves. En ocasiones el letrado asesor informa al tribunal de la forma en que debe encararse la acción jurídica ante de dictar sentencia.

En los procesos criminales conservados de las diferentes curias locales bajo administración judicial de Poblet son escasas las causas que tengan como motivo único la denuncia por injuria verbal. Los insultos, las palabras ignominiosas, casi siempre van asociadas a delitos que comprometen la integridad física de las personas (agresiones, amenazas, robos…). La mayor parte de los procedimientos penales agrupan en un mismo legajo procesal los ataques físicos y morales que haya podido sufrir. Las expresiones injuriosas siempre ocupan un lugar secundario cuando existe violencia física o amenaza cierta de llevarla a cabo. De hecho, los jueces parecen ignorar las palabras de infamia exclamadas por los reos a la hora de dictar sentencia. Se castiga ante todo el daño corporal provocado a la víctima que no la tropelía verbal de insultos recibida por el denunciante. Así, los fondos documentales del archivo de Poblet solo registran 26 causas judiciales que tengan como única acusación el delito de injuria de palabra (14 para el siglo XVI, 7 para el XVII y solamente 5 para el XVIII). El número real de juicios tramitados a lo largo de estos tres siglos con imputación delictiva de injurias debería ser bastante superior si una gran parte de los expedientes procesales no se hubieran perdido, pero nada parece indicar que la cifra total fuera elevada ni las penas demasiado severas.

Predominan los juicios por insultos contra individuos que han retado a la autoridad municipal con la intimidación verbal de la violencia de las palabras y falta de respeto durante el desempeño de sus funciones. El ambiente de familiaridad y de proximidad entre el batlle y sus oficiales en relación a los administrados provocaba frecuentemente situaciones de indisciplina por parte de algunas personas excitadas que generaban enfrentamientos verbales y ataques físicos. A ojos de la comunidad muchos cargos municipales no eran sino meros ciudadanos como ellos que ejercían transitoriamente una función de poder, otorgándoseles escasa autoridad jerárquica de mando. Los conflictos estallaban a la menor chispa. El 27 de abril de 1571 Francí Serentí, payés de la localidad de Algerri, población ubicada en pleno corazón del prepirineo de Lérida, en la comarca de la Noguera (Lérida), insulta al batlle exclamándole en la cara tacany (tacaño)[94], al comunicarle que se abstuviera de llevar a pastar el ganado a unos campos a causa de una reclamación judicial de su cuñado, oponiendo fuerte resistencia al ser apresado, No hay sentencia[95]. Otro caso parecido acaeció en una noche del mes de mayo de 1678 cuando entre las veintidós y las veintitrés horas un grupo de entre ocho o diez jóvenes de Vimbodí tocaban la guitarra y bailaban con considerable alboroto en plena plaza mayor. El batlle les conminó a regresar a sus casas y al momento le llovieron los insultos batlle de merda (alcalde de mierda), desvergonyit (desvergonzado), lladre (ladrón), brivó (bribón)[96]. Se dicta prisión para algunos de los jóvenes que terminará pocos días después con el cierre del procedimiento judicial, cuando se llegue a un acuerdo por el que los acusados ofrecen como remisión de pena un par de perdices al señor gobernador del señorío de Poblet: «hagim servit al governador un parell de perdius»[97]. Ya en el siglo XVIII prosiguen los ejemplos de insubordinación e injuria a la persona del batlle. El 2 de julio de 1730, el batlle de Vinaixa (Lérida) impone pena de tres libras y arresto domiciliario a Francesc Reig por desobediencia y haberle insultado públicamente en la calle, aplicándosele la menor de las penas prescritas en la ley. Después de pagar la multa queda en libertad a los pocos días[98].

Otras veces era la segunda autoridad municipal quien recibía las injurias de los vecinos. El 1 de marzo de 1568 Antoni Reus insulta a Pere Gil, lloctinent del batlle de Vimbodí, a raíz de una acalorada discusión a la hora de tasar el precio de una casa con el fin de recaudar el respectivo impuesto municipal que se exigía a todo recién llegado a la población. Sin cortarse un ápice suelta por la lengua tacany, remendo[99] blandiendo una hacha en la mano. Es condenado a pagar veinticinco ducados a la tesorería del abad[100]. Los insultos podían alcanzar incluso al mismo prior. En una causa abierta sin fecha, pero que cabe situar entre 1565 y 1586, se dice que un trabajador agrícola de Vallclara, localidad comarcal de la Conca de Barberà (Tarragona), mientras trillaba los campos de trigo por encargo del dueño del terreno, acudió raudo al encuentro del prior y su comitiva de jinetes cuando pasaban en tránsito cerca del lugar y sin pensárselo le espetó a poca distancia lladre. El injuriador huyó al poco tiempo de su domicilio para ahorrarse problemas con la justicia[101]. Escenario parecido de insultos al abad, pero sin su presencia, tuvo lugar el 20 de marzo de 1646 en el transcurso de una reunión ordinaria del consejo municipal de la localidad de Fulleda, en el corazón de la comarca de las Guerrigues (Lérida), cuando Joan Saltó, integrante del gobierno local, le escarnece públicamente al acusarle de hablar mal del batlle por su gestión del gobierno municipal, y afirmar que mantendría sus afirmaciones ante las mismas barbas del agraviado. Se pide encarcelamiento para el ofensor sin saber si se llevó a cabo, ya que la causa se interrumpe sin más información[102].

Los procesos por injurias entre simples vecinos seguían las mismas directrices. Los jueces eran muy benevolentes al no observar en los encausados una voluntad clara de injuriar. Las palabras ofensivas son el producto de dejarse llevar por la cólera incontrolada del momento. Al contrario de lo que sucede con los insultos a la autoridad, la fuente judicial silencia a veces la razón de fondo que incita el altercado verbal. La documentación procesal ilustra casos de discusiones que terminan en reyertas verbales con apertura de juicio. El 2 de diciembre de 1555 es abierto procedimiento penal contra Joan Llobera, payés de Castellserà, en la comarca leridana de Urgell, por humillar de palabra a Pere Bertran, arriero, en medio de una agria discusión al calificarle de borratxo, traydor, embriac, porc (cerdo). Su aversión mutua era públicamente reconocida desde hacía años. Se le ordena mantenerse en arresto domiciliario hasta que fuera convocado por el tribunal, en caso de violar el mandato recibiría una sanción monetaria de diez libras. Se interrumpe la causa sin pronunciarse sentencia[103]. Otro ejemplo ilustrativo lo ofrece otro asunto judicial por insultos despachado a principios del siglo XVIII. El 12 de octubre de 1710 entre las 20 y 21 horas, Pau Grinyó, payés, insulta a Joan Vilà, del mismo oficio, en la plaza mayor de Vimbodí ante la presencia del batlle y toda la corporación local cuando el lugar estaba muy concurrido de gente. Le acusa de robar por la noche el trigo guardado en el almacén municipal y tildarle de hombre lladre y borratxo. Ambos tenían un largo historial de desencuentros personales con intercambio de insultos. Tras las primeras pesquisas judiciales el gobernador dicta reclusión domiciliaria para el injuriador bajo pena de pagar cien ducados de multa si quebrantase el arresto. Transcurridos pocos días el injuriado perdona al ofensor, pero la corte de justicia le obliga a pagar 28 libras y 8 sueldos por los gastos del proceso. Ambos prometen en adelante no injuriarse más en presencia del gobernador y habitantes de la localidad[104].

Las injurias entre mujeres también llegaban hasta la justicia del batlle frecuentemente por situaciones inesperadas que degeneraban en graves insultos[105]. El 2 de enero de 1512, Joana Sas, injuria gravemente el honor sexual de Margarida, mujer viuda y cuñada de la denunciada, ambas residentes en la población de Almenar, municipio de la comarca del Segrià (Lérida) fronteriza con Aragón, por no querer levantarse del banco de la iglesia y dejarle sitio libre antes de escuchar misa. Sin pensar le soltó con un fuerte grito en la cara desvergonyida y otras insinuaciones que cuestionaban la honorabilidad sexual de la denunciante, causando gran escándalo en el templo. En el juicio reconoció las riñas personales que desde hacía tiempo mantenía con la injuriada. Es condenada a reconocer en público que había pronunciado las palabras de injuria en un ataque de ira sin reflexionar sobre el daño causado a la honestidad de la víctima[106]. Más de doscientos años después otra sentencia parecida es dictada contra una mujer en un asunto que atacaba la honradez de una madre y su hija. El 8 de junio de 1715, la mujer del payés Francesc Forcades, Magdalena, insulta a Margarida, esposa de Joan Riber, y a su hija adolescente María, tachándolas de lladres y brivones, por supuestamente haberle robado una camisa del tendedero comunitario de Vimbodí. La acusada es condenada a pedir perdón a las injuriadas y a no reincidir en esta conducta con la advertencia de recibir una sanción monetaria de cincuenta libras si no cumpliera[107].

En los pliegos procesales también se contabilizan procesos por injurias de hombres a mujeres. El día 10 de octubre de 1595, Josep Angulo, payés de Vimbodí, injuria a la esposa de Bartomeu Montserrat, compañero de labranza del primero, llamándola puta cuando pasaba cerca del campo en que trabajaban ambos apilando gavillas de trigo. El marido no lo oyó o no quiso en aquel instante iniciar una brega, o bien fue informado por terceros del insulto posteriormente. Sea como fuere, poco después el cónyuge de la insultada va al encuentro de la mujer del injuriador cuando se hallaba con otras mujeres departiendo a la entrada de una tienda de la localidad y grita bien fuerte vellaca[108], desvergonyida, malallengua[109], bagassa[110], xerrayre[111]. No consta sentencia[112]. Más de dos décadas antes llegó a la curia de justicia de Algerri la denuncia de Joana Conesa, viuda, que tenía encomendada la custodia del castillo de la localidad por mandato del abad y de su hermano fray Miquel Segarra, mayoral del castillo. Explica en su declaración del 10 de mayo de 1571 que dos días antes cerca de veinticinco jinetes con Tomás Espinosa al mando se presentaron a sus puertas y reclamaron a voces que abriera las puertas del recinto, pues estaban a la búsqueda de una partida de bandoleros que poco tiempo atrás había asesinado a uno de los suyos para comprobar que no se refugiaban en su interior. Añadieron que, si no cedía a sus deseos, derribarían la puerta. Una vez franqueada la entrada, Joana recibió toda clase de insultos como bruixa i altres paraulas injurioses (bruja y otras palabras injuriosas) por parte del jefe de la partida de jinetes. Como tantos otros procesos no hay continuación ni sentencia.

En la mayoría de los casos el procedimiento judicial no pasaba de la fase de información de los hechos y declaraciones de los implicados, al llegarse antes a un arreglo verbal satisfactorio entre las partes que el documento no registra por escrito, sin hacer necesaria sentencia alguna. La benevolencia de los jueces es bien palpable, incluso cuando los testigos confirmaban la incriminación de la persona encausada al pronunciar palabras de injuria atentatorias a la honradez de la persona vilipendiada. La justicia se inclinaba por aplicar el arbitrio judicial de una manera harto condescendiente al no otorgar carácter delictivo a las palabras dichas en instantes de obcecación mental, sin voluntariedad expresa de menoscabar la reputación de la persona perjudicada.

Aparte los asuntos judiciales relacionados directamente con la injuria o contumelia, se contabilizan unos pocos casos que vinculan la palabra ofensiva con el pecado de la murmuración encubierta asociada a la difamación de la que hablan extensamente los teólogos. Una conducta de mucha mayor gravedad moral por el hecho de injuriar en secreto al prójimo. Un grupo de investigadores comenta sobre el tema lo siguiente al analizar los procesos por insultos de las chancillerías de Ciudad Real y Granada en los albores de la Edad Moderna:

Además de insultos y palabras acaloradas que surgen en medio de un enfrentamiento, encontramos casos, menos, en los que la palabra se usa con sutileza para socavar la fama de la persona atacada a sus espaldas. Se trata del comportamiento al que las fuentes aluden como difamar y que aunque disponemos de pocos datos, parece tener en consideración más grave que el insulto a plena cara[113].

En los procesos incoados por el señorío de Poblet la acusación de difamación va a menudo acompañada de agresión violenta con derramamiento de sangre y muertes. Este es el caso acaecido en 11 de abril de 1537 en Butsenit, municipio a escasos kilómetros de la ciudad de Lérida, cuando el payés Pere Espigó y su hermano son presos por la agresión violenta contra el molinero Joan Esquirol, en cuyo origen se encuentra la calumnia difamatoria. El acusador adujo en su declaración que el procesado Espigó «li feia mala fama» propagando el bulo de que por la noche se dedicaba a robar el trigo de los silos municipales para venderlo. Ante el temor de ser denunciado y con la ayuda de su hermano decide tomarse la justicia por su mano. Una tarde se presentan en el molino y le asestan cuatro coltellades[114] (cuchilladas), dos en la cabeza y otro par en los brazos. Los acusados renuncian a la defensa y piden el amparo y clemencia del abad[115]. La causa se interrumpe aquí. Es de suponer que como tantas otras veces se llegaría a un acuerdo amigable entre agresores y agredido, infamadores y difamado. El factor importante a destacar es que leídas las preguntas de los jueces se deduce que el delito de difamación per se tiene poca relevancia en el desarrollo del proceso y sí el acto violento. El acta judicial no sirve para esclarecer la opinión sancionadora del juez encargado de administrar justicia acerca del delito difamatorio, si es que hubiere pronunciado sentencia.

En las escasas denuncias presentadas únicamente por difamación tampoco se nos aclara el tema. El honor entredicho de las mujeres es causa de enjuiciamiento desde tiempos medievales que prosigue en siglos ulteriores. El 23 de diciembre de 1571, la mujer de un zapatero de Vimbodí llamado Joan Saranyana denuncia a un amigo de su marido por asediarla sexualmente y amenazarla con la difamación más vil si no accedía a sus pretensiones[116]. Tras un breve interrogatorio la causa concluye sin sentencia. En otro juicio registrado en la segunda mitad del siglo XVII por murmuración difamatoria al pudor sexual de una joven mujer se presentan las mismas carencias procesales. El 18 de febrero de 1658, Isidro Josa, payés de Vimbodí, es acusado de difamar el honor sexual de Columbina Sans, doncella y prometida en matrimonio a Joan Alsamora, compañero de trabajo. Desde hacía algún tiempo el enjuiciado no tenía reparo en propagar rumores acerca de la honestidad virginal de la muchacha entre sus parientes y amigos. Cuando supo que la persona difamada era novia de su compañero de oficio no tuvo reparo en afirmar durante una pausa de las labores agrícolas, con tono soberbio y a pocos centímetros de su cara, que si él quisiese haría con ella lo que se le antojara y con total consentimiento de la joven, pues era pública su fama de mujer fácil. Esta aseveración provoca una riña verbal que llega hasta las manos. Tras tomar declaración a los testigos se demuestra la falsedad de la acusación. El difamador es absuelto después de solicitar el perdón público[117].

Del análisis del contenido de la documentación penal sobre la materia, se infiere el interés de la persona cuya conducta moral es cuestionada en impedir que las murmuraciones se consoliden y se conviertan en una realidad objetiva cierta en la conciencia de la opinión pública. Los chismorreos, las habladurías en voz baja, los comentarios sarcásticos anónimos son condenados sin miramientos por teólogos y moralistas, ello no es obstáculo, sin embargo, para que la comunidad recurra a su uso como herramienta defensiva si detecta actitudes morales reprobables en la población. Como señala Eva Mendieta en su estudio sobre los conflictos por injuria en Bilbao durante la Edad Moderna la «murmuración aparece como estrategia de control que la comunidad pone en marcha para recomponer el orden social y aislar conductas que se consideran intolerables. Si la murmuración no surte el efecto deseado se recurre a la intervención de la justicia»[118]. La murmuración propaga relatos difamatorios, ciertos o no, sobre las personas con la intención de quebrar su reputación social en la comunidad, la simple existencia de esta amenaza es suficiente para que se transforme en un instrumento coercitivo que anule potenciales comportamientos inaceptables situados fuera del marco moral de la sociedad[119].

Cuando la murmuración oral no surte efecto y tiene el carácter probado del empecinamiento, la justicia de Poblet deja de ser benevolente y actúa de modo contundente. Estos asuntos trascienden el ámbito de la justicia local y son examinados por la corte del abad. El 8 de noviembre de 1587, el batlle de Vimbodí acude a la casa de Jaume Calvet y tras forzar la puerta encuentra a la mujer, Paula, en pleno coito con dos hombres. Los dos individuos insultan al batlle al querer detenerles gran alcavot[120], gran lladre, tacany. Se acuerda que la esposa adúltera quede recluida en casa de su cuñada bajo la amenaza de pagar cincuenta ducados si violara el mandato del batlle.  Presentados al día siguiente ante el batlle general de Poblet Miquel Segarra y después de un breve proceso, sentencia que Paula Calbet es culpable de «actus concubinarius in fraganti inventus» y su marido de consentirlo. Ordena que ella y su esposo abandonen sin dilación el señorío de Poblet antes de las ocho de la mañana del siguiente día y no regresen jamás, en caso de incumplimiento recibirían cien azotes cada uno[121].

La justicia del abad no se andaba con contemplaciones cuando tenía que aplicar escarmientos severos ante conductas depravadas de índole libidinosa. El 12 de febrero de 1635, el procurador fiscal del municipio de Tragò comparece ante el lloctinent del gobernador de Poblet Francesc Teixidò, para denunciar a cuatro mujeres entregadas a la molicie sexual con el consentimiento de sus maridos: «no han duptat ni duptan de viure deshonestament, fent plaer de sos cossos ab ciencia y paciencia de llurs marits» (no han dudado ni dudan de vivir deshonestamente, dando placer a sus cuerpos con ciencia y paciencia de sus maridos), comportamiento que tiene escandalizado a todo el pueblo. El mismo día ordena detener a los inculpados y hacerles comparecer en su presencia para el inmediato procesamiento. A las pocas horas dictamina que maridos y mujeres sean expulsados perpetuamente de toda la jurisdicción señorial de Poblet, bajo pena de recibir cien latigazos y penas accesorias si quebrantasen la sentencia[122]. Otro caso calcado se registra el 27 de septiembre de 1683 cuando el batlle de Vimbodí denuncia ante el gobernador general de Poblet a Francesca Alies, viuda desde hacia siete años, a quien acusa de «mal viure y depravats costums […] de molt temps a esta part ha escandalisat a tota la població, fent mal de son cos vivint públicament ab continuo escàndol y deshonestitat propia» (de mal vivir y depravadas costumbres […] de mucho tiempo a esta parte ha escandalizado a toda la población, haciendo mal uso de su cuerpo viviendo públicamente en continuo escándalo y deshonestidad propia). Añade el batlle que durante el tiempo transcurrido desde que enviudó ha parido tres veces y que con sus propios ojos ha visto crecer las criaturas al cuidado de su madre, sin que sirvieran para nada las clamorosas murmuraciones del vecindario y las amonestaciones a corregir su escandalosa vida. Se ordena su encarcelamiento en la prisión del monasterio y el 7 de octubre es condenada por el gobernador Jeroni Castanyer al exilio perpetuo en todos los municipios y tierras del abad[123]. Se podrían citar otros ejemplos idénticos del rigor de la curia judicial eclesiástica de Poblet que no aportarían más información de la expuesta aquí.

Los delitos de adulterio junto a los de sodomía minaban el orden establecido y era necesario aplicar un escarmiento público ejemplar[124]. El destierro es la figura penal empleada por la justicia de Poblet para preservar a las comunidades de conductas deshonestas y nocivas, táctica judicial en sobremanera efectiva para desactivar cualquier contagio que incitara a imitar maneras de mal vivir. Quien sufría en sus carnes el exilio la existencia futura tenía una perspectiva siniestra: pérdida de bienes, ruptura de los lazos familiares y profesionales, vergüenza pública[125]. Al condenado se le castigaba con el total ostracismo material y moral.

CONCLUSIONES

En los últimos siglos de la Baja Edad Media se consolida la recepción del Derecho romano-canónico en la jurisprudencia castellana y catalana en la interpretación del libre arbitrio aplicado a los delitos de palabra. El pilar fundamental lo constituyen las argumentaciones expuestas en los tratados de los filósofos escolásticos y en la obra de santo Tomás de Aquino en particular. La doctrina teológica escolástica penetra en los razonamientos doctrinales de los escritores moralistas españoles en la literatura de reforma espiritual de sermonarios y manuales de confesores. Las consideraciones de la erudición escolástica se incorporan a la ley canónica penal e impregnan profundamente de contenido la normativa legal civil y el procedimiento judicial a la hora de valorar y dictar sentencias relacionadas con acusaciones por injurias. En Cataluña los principales tratados de catequesis moral impresos en lengua vernácula gozaron de una amplísima difusión editorial en número de ejemplares y no difieren en absoluto de las directrices ortodoxas de sus homónimos castellanos en lo que respecta a la valoración de los pecados del lenguaje. Es la intención perversa lo que confiere a la ofensa verbal su carácter pecaminoso y delictivo, la simple injuria (contumelia) pronunciada de modo irreflexivo y de manera pública no es pecado mortal ni motivo de severa represión penal. Inversamente, la injuria secreta (detracción o murmuración) posee una naturaleza más dañina por la voluntad expresa de quien la profiere de minar la buena reputación de la persona.

La práctica judicial es una réplica del pensamiento teológico dominante en la época. En la jurisdicción señorial eclesiástica de Poblet son las pequeñas curias locales quienes se encargan de juzgar las denuncias por insultos verbales. El número de enjuiciamientos que tienen como único motivo la injuria verbal es muy pequeño. No obstante, la mayoría de procesos criminales registran en sus actas una importante cantidad de insultos y expresiones ultrajantes dirigidas a las víctimas, que, sin embargo, no son tomadas en consideración por los jueces como causa agravante a la hora de dictar sentencias en juicios cuya acusación principal recae en robos, agresiones, homicidios, etc. La mayor parte de denuncias por injurias son despachadas de modo extrajudicial en una solución de compromiso entre las partes mediante pacto escriturado, donde se comprometen a no agredirse verbalmente durante un período de tiempo determinado, acción que hacía innecesaria el iniciar o proseguir el procedimiento procesal. Los juicios que terminaban con veredicto condenatorio se resolvían con la aplicación de una multa o, más frecuentemente, la remisión del delito de palabra pasaba porque el injuriador pidiera perdón a la víctima y reconociera públicamente su error. El marco legal de referencia penal dispuesto por los abades de Poblet no se aplica en la práctica procesal en su estricto rigor. A la hora de dictar sentencias, los jueces se orientan jurídicamente en el criterio doctrinal de la filosofía escolástica del libre arbitrio en una interpretación laxa. Las sanciones económicas impuestas a los injuriadores parecen buscar más el afán recaudatorio que no la purga del delito. No se observa ninguna modificación en leyes ni endurecimiento de castigos en el plano judicial en los municipios tutelados por el señorío de Poblet que haga pensar en un aumento de la severidad represiva sobre los pecados de la lengua en el transcurso del siglo XVIII, consecuencia de la influencia del creciente rigorismo teológico de la Iglesia católica. La excepción son los casos en que se demuestra que la injuria por difamación tiene fundamento probado con prácticas de conducta lasciva incompatibles con la moral cristiana. Este tipo de denuncias transciende el marco local y son juzgadas por el gobernador general de Poblet desde el siglo XVI, o quizás antes, con duras penas y exilio para los infractores, sin relación alguna con un supuesto incremento sancionador de penas por influjo de la teología rigorista.

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[1] En adelante los términos injuria e insulto se emplearán como sinónimos, aunque entre ellos puedan establecerse algunas cuestiones de matiz: Gonthier, 2007, p. 20; Tabernero y Usunáriz, 2019, p. 45.

[2] Sobre las injurias y su tratamiento legal ver los siguientes trabajos: Macià Gómez, 2008, pp. 1-40; Morales Payán, 2012, pp. 639-648; Serra Ruiz, 1964-65, pp. 39-216; Pérez Martín, 1991, pp. 117-156; Fernández Espinar, 2001, pp. 177-187.

[3] Jurídicamente la normativa fundamental acerca de los delitos de la lengua sobre la que trabajarán los hombres de leyes a partir de la baja Edad Media se recogen en las Partidas, cuerpo normativo del reino redactado entre 1256 y 1265 durante el reinado de Alfonso X, concretamente en la séptima Partida. Para un estudio más exhaustivo: Madero, 1992, pp. 25 y ss.

[4] Segura Urra, 2006, pp. 149-195.

[5] Gauvard, 1993, p. 13.

[6] Fisher, 1995, p. 146.

[7] Tabernero y Usunáriz, 2019, p. 4.

[8] Madero, 1992, p. 28.

[9] Ortega Baún, 2016, p. 81.

[10] Tabernero y Usunáriz, 2019, p. 34.

[11] Gonthier, 2007, p. 17.

[12] Pagoaga Ibiricu, 2011, p. 101.

[13] En las Partidas se incluye una extensa regulación de las injurias fundamentada en textos jurídicos romanos y en obras de juristas medievales donde la intención del delito o el animus injuriandi desempeña un papel relevante (Pérez Martín, 1991, pp. 127-128).

[14] Vanina Neyra, 2009, pp. 1-20; Jakubecki, 2009, p. 70. Estos textos beben en gran medida de la influencia de las fuentes clásicas greco-latinas (Aristóteles, Eurípides, Horacio…).

[15] Casagrande y Vecchio, 1991.

[16] Tomás de Aquino Parte II-II ae, Cuestiones 72-76, pp. 1176-1188.

[17] Expresión latina de raíz romana que aparece por primera vez en el Liber Judiciorum, código legislativo romano-visigodo, para referirse a la injuria oral y la palabra infamante: Serra Ruiz, 1964-65, p. 116.

[18] Tomás de Aquino Parte II-IIae, Cuestión 72, Artículo 1, p. 1176.

[19] Serra Ruiz, 1964-65, p. 117.

[20] Tomás de Aquino Parte II-IIae, Cuestión 72, Artículo 1, p. 1176.

[21] Tomás de Aquino Parte II-IIae, Cuestión 72, Artículo 2, p. 1177.

[22] Tomás de Aquino Parte II-IIae, Cuestión 72, Artículo 4, p. 1177.

[23] Acerca de lo expuesto en este punto: Lagorgette, 2003, pp. 175-176.

[24] Tomás de Aquino Parte II-IIae, Cuestión 72, Artículo 4, pp. 1177-1178.

[25] Tomás de Aquino Parte II-IIae, Cuestión 73, Artículos 1-3, pp. 1179-1180. Para profundizar en el tema: Isla, 2017, pp. 3-31.

[26] Leveleux, 2001, pp. 183-201.

[27] Tomás de Aquino Parte II-IIae, Cuestión 76, Artículo 1, pp. 1186-1187.

[28] Tomás de Aquino Parte II-IIae, Cuestión 76, Artículos 3-4, p. 1187.

[29] Tomás de Aquino Parte II-IIae, Cuestión 75, Artículo 1, p. 1184.

[30] Tomás de Aquino Parte II-IIae, Cuestión 75, Artículo 2, p. 1185.

[31] Forment Giral, 2003, pp. 275-284.

[32] Un caso emblemático es el del dominico Bartolomé de Pisa (1300-1361) en su obra Summa Pisanella, escrita hacia 1338 en que sigue escrupulosamente las directrices doctrinales de Santo Tomás.

[33] Gonthier, 2007, p. 27.

[34] Jiménez Marco, 2018, p. 136.

[35] Azpilcueta, Manual de confesores.

[36] Medina, Breve instrucción.

[37] Nieremberg, Práctica del catecismo. El texto fue traducido en lengua catalana un mínimo de dieciocho veces entre los siglos XVII y XVIII: Baró Queralt, 2017, pp. 157-176.

[38] Escobar y Mendoza, Examen y práctica de confesores.

[39] Corella, Práctica del confesionario. La obra, publicada en 1685, conoció más de treinta reediciones hasta 1767 y fue traducida al italiano en 1704. Otros autores como Juan Luis Vives, Fray Luis de León, Antonio de Guevara o Juan Luis de la Cerda que elaboraron sendos tratados doctrinales de espiritualidad entre los siglos XVI y XVII dedican en sus páginas severas amonestaciones dirigidas a los mal hablantes.

[40] Para una visión general sobre la temática de estudio de los catecismos y manuales de confesores en España: Resines, 1994; Morgado García, 2004; González Polvillo, 2009 y 2011.

[41] Ramírez y Orta, Práctica de curas y misioneros, p. 40.

[42] Ramírez y Orta, Práctica de curas y misioneros, p, 41.

[43] Ramírez y Orta, Práctica de curas y misioneros, p. 44.

[44] Ruiz Astiz, 2014, pp. 512-523.

[45] Massó, Árbol fructuoso, p. 42.

[46] Massó, Árbol fructuoso, p. 37.

[47] Massó, Árbol fructuoso, pp. 241-242.

[48] Quizás el más importante centro de formación del clero misionero catalán de los siglos XVII y XVIII, desde donde partían grupos de religiosos evangelizadores, distribuyéndose por todo el marco geográfico de Cataluña y extendiéndose también a poblaciones entonces bajo jurisdicción de diócesis catalanas correspondientes a territorios limítrofes de Aragón, Valencia y Francia. Estuvo en funcionamiento desde 1686 hasta su exclaustración en 1835: Borrás Galcerán, 1993.

[49] Blanco Fernández, 2020, pp. 983-984.

[50] La Universidad de Barcelona se encontraba clausurada por el Decreto de Nueva Planta (1715) tras el fin de la guerra de sucesión por el apoyo de Cataluña a la candidatura del archiduque Carlos de Austria.

[51] Valsalobre, 2010.

[52] Baucells, Font mística, p. 418.

[53] Baucells, Font mística, p. 420.

[54] Baucells, Font mística, p. 421.

[55] Baucells, Font mística, p. 423.

[56] Salses y Trillas, Promptuari moral, I, pp. 49-50. La traducción castellana entre paréntesis es mía.

[57] Baucells, Font mística, p. 422.

[58] Cruchaga Calvin, 2016, p. 100.

[59] Corella, Práctica del confesionario, p. 207.

[60] Riera Montserrat, 1985.

[61] Usunáriz, 2013, p. 295.

[62] No sucede igual en otros episcopados de la península. En los sínodos del obispado de Jaén se castiga a quienes profieren injurias en el interior de las iglesias: Tirapu Martínez y Matés Barco, 1990, p. 131.

[63] Las primeras de la diócesis barcelonesa en ser impresas.

[64] Synodi Barcinonensis, p. 256.

[65] Archivo Diocesano de Barcelona (ADB), Registra Communium, Vol. 82, Fol. 236. En el período comprendido entre 1657 y 1688 la misma ordenanza fue publicada dieciséis veces.

[66] Masferrer, 2017, p. 753.

[67] Masferrer, 2017, p. 701.

[68] Bouzada Gil, 2015.

[69] Masferrer, 2001, pp. 445-446, 450-453, 461-464.

[70] Gauvard, 1992, p. 389.

[71] Entre ellos cabe destacar el Monasterio Real de Mallorca, Priorato de San Vicente en Valencia, Monasterio de Nazareth en Barcelona y el Monasterio de Piedra en Aragón.

[72] La documentación de los procesos criminales del Archivo del monasterio de Poblet ha sido catalogada y descrita por Gual Vilà, 2003, II.

[73] La máxima jerarquía judicial en los territorios bajo dominación señorial de la abadía de Poblet.

[74] La duración del cargo de gobernador general era de cuatro años, como sucedía con la elección del abad desde 1623, cuyo nombramiento siempre debía recaer en un monje.

[75] Persona situada en el rango inmediatamente inferior al batlle general que en caso necesario asumía las atribuciones de éste. También era quien normalmente designaba a jueces y notarios.

[76] batlle: figura que ejercía el máximo cargo judicial a nivel local nombrado por el lloctinent del batlle general, La batllia era el territorio de la jurisdicción del gobierno del batlle.

[77] Los monjes archiveros eran ordinariamente los notarios.

[78] Para un conocimiento más profundo del funcionamiento de los órganos de la justicia de Poblet: Gual Vilà, 2000; Gual Vilà, 2018.

[79] Tomás Mantecón señala a este respecto que la infrajusticia funciona como una justicia complementaria a la institucional, pues, aunque la causa judicial llegara a juicio, esta podía resolverse sin sentencia por acuerdos extrajudiciales entre las partes que pocas veces llegaban a escriturarse ante notario: Mantecón Movellán, 2002.

[80] Berraondo Piudo, 2010, pp. 234-235.

[81] Lorenzo Pinar, 2017. pp. 122 y ss.

[82] Fernández Cortizo, 2009, pp. 173-174.

[83] Tabernero y Usunáriz, 2019, p. 44.

[84] Los antecedentes hay que encontrarlos en el movimiento de la Paz de Dios promovido por la Iglesia carolingia a fines del siglo X, cuyo fin era poner límites a las actuaciones indiscriminadas de los señores feudales ante un campesinado indefenso frente a la violencia de la aristocracia militar. La normativa legislativa imponía el cese de hostilidades a los contendientes en forma de tregua progresiva hasta llegar al plazo de una semana. La Tregua de Dios incluía asimismo los largos períodos del ciclo litúrgico cristiano (Cuaresma, Adviento…). Sobre este tema a nivel general ver: Bonnassie, 1999, pp. 172-175. Para el caso catalán: Gonzalvo Bou, 2010.

[85] prohom: persona digna de especial consideración que era elegible o ejercía un cargo de responsabilidad, tanto en reconocimiento a su respetada condición humana como por su situación económica.

[86] En Cataluña, la duración de las treves variaba mucho dependiendo del lugar y del tipo de jurisdicción señorial implicada. En el Rosellón catalán anterior a la Paz de los Pirineos (1659) las treves firmadas eran por más de un siglo. Por el contrario, en los municipios que conformaban la Plana de Vic, en la comarca de Osona, no se hallan treves que vayan más allá de los seis meses: Sales, 1984, pp. 120-121.

[87] Archivo del Monasterio de Poblet, Doc. 4, Armario II, Cajón, 32.

[88] Gual Vilà, 2012.

[89] Archivo del Monasterio de Poblet, Doc, 8, Armario II, Cajón 32.

[90] Archivo del Monasterio de Poblet, Doc, 6, Armario II, Cajón 32. El decreto es vuelto a publicar con el mismo contenido el 26 de septiembre de 1632, el 9 de octubre de 1636, enero de 1637 y septiembre de 1640: Archivo del Monasterio de Poblet, Doc. 10, Armario II, Cajón 32. Las mismas disposiciones se hallan vigentes sin ninguna alteración en crides publicadas entre 1700-1704: Archivo del Monasterio de Poblet, Doc. 7, Armario II, Cajón 31.

[91] ordinacions: conjunto de reglas y disposiciones escrituradas para el buen gobierno de una localidad, institución, comunidad, etc.

[92] Archivo del Monasterio de Poblet, Doc3, Armario II, Cajón 28.

[93] Gual Vilà, 2003, p. 6.

[94] En el catalán antiguo tacany designaba una persona de baja estofa moral, estafadora, malvada, sin escrúpulos ni honor.

[95] Archivo del Monasterio de Poblet, Doc. 19, Armario II, Cajón 21.

[96] Individuo mal intencionado, traidor.

[97] Archivo del Monasterio de Poblet, Doc, 19, Armario II, Cajón 14.

[98] Archivo del Monasterio de Poblet, Doc. 5, Armario II, Cajón 32.

[99] Indica persona de poco entendimiento en su oficio, poco preparado.

[100] Archivo del Monasterio de Poblet, Doc. 5, Armario II, Cajón 21.

[101] Archivo del Monasterio de Poblet, Carpeta número 2, Armario II, Cajón 22.

[102] Archivo del Monasterio de Poblet, Doc. 9, Armario II, Cajón 14.

[103] Archivo del Monasterio de Poblet, Doc, 30, Armario II, Cajón 19.

[104] Archivo del Monasterio de Poblet, Doc. 19, Armario II, Cajón, 15.

[105] Sobre la temática del insulto femenino en el Antiguo Régimen en España: Tabernero, 2018; Jurado Revaliente, 2014.

[106] Archivo del Monasterio de Poblet, Doc, 9, Armario II, Cajón 5.

[107] Archivo del Monasterio de Poblet, Doc, 14, Armario II, Cajón 16.

[108] Adjetivo castellanizado de bellaco. Persona astuta con ingenio para engañar.

[109] Quien habla mal de la gente.

[110] Apelativo antiguo de origen incierto para calificar a la mujer que ejerce la prostitución.

[111] Alguien que habla mucho, de modo excesivo o indiscreto, sea por malicia o ligereza.

[112] Archivo del Monasterio de Poblet, Doc. 6, Armario II, Cajón 7.

[113] Mendoza Garrido, Almagro Vidal, Martín Romera, Villegas Díaz, 2007, p. 425.

[114] Del sustantivo coltell: cuchillo de hoja relativamente corta.

[115] Archivo del Monasterio de Poblet, Doc. 8, Armario II, Cajón 6.

[116] Archivo del Monasterio de Poblet, Doc. 27, Armario II, Cajón 21.

[117] Archivo del Monasterio de Poblet, Doc. 14, Armario II, Cajón 14.

[118] Mendieta, 2019, pp. 184-185.

[119] Gonthier, 2001.

[120] alcavot: persona que solicita o induce a una mujer a tener comercio carnal con cualquier hombre o que lo encubre en su casa. En castellano: Alcahuete.

[121] Archivo del Monasterio de Poblet, Doc. 20, Armario II, Cajón 23.

[122] Archivo del Monasterio de Poblet, Doc. 7, Armario II, Cajón 13.

[123] Archivo del Monasterio de Poblet, Doc. 22, Armario II, Cajón 14.

[124] Solórzano Telechea, 2005, p. 321. Acerca de esta problemática son interesantes, entre otras obras, los trabajos de: Bazán Díaz, 2018, pp. 11-52; Mantecón Movellán, 2008, pp. 209-240; Ruiz Astiz, 2015, pp. 35-64.

[125] Sánchez Aguirreola y Segura Urra, 1999, pp. 359-360.

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