Un acercamiento particular a la transición del

Antiguo al Nuevo Régimen en España: Antonio Alcalá Galiano y Alcalá Galiano (1769-1826)

y su controvertida trayectoria político-jurídica

A Particular Approach to the Transition from the Old to the

New Regime in Spain: Antonio Alcalá Galiano y Alcalá Galiano (1769-1826) and his Controversial Political-Legal Trajectory

FRANCISCO MIGUEL ESPINO JIMÉNEZ

Área de Historia Contemporánea

Facultad de Filosofía y Letras

Universidad de Córdoba

Plaza del Cardenal Salazar, 3

14071 Córdoba, España

espino@uco.es

https://orcid.org/0000-0001-6977-2322

RECIBIDO: DICIEMBRE DE 2021

ACEPTADO: ENERO DE 2022

Resumen: Con el presente estudio analizamos a una figura prácticamente desconocida y polémica de la Historia Contemporánea de España, Antonio Alcalá Galiano y Alcalá Galiano. Miembro de una destacada saga de la segunda mitad del siglo XVIII y sobre todo del XIX, este jurista, consejero de Hacienda, parlamentario de las Cortes de Cádiz y estudioso del derecho –que fue señalado de afrancesado durante la Guerra de la Independencia, aunque defendió su condición de patriota convencido–, asumió un papel significativo en la vida pública del paso del Antiguo al Nuevo Régimen como alto funcionario reformista. Además, aportó una propuesta de organización política transaccional entre absolutismo y liberalismo en el contexto del enfrentamiento entre ambos sistemas. Su biografía y sobre todo su pensamiento de raíz ilustrada, que partió del republicanismo y la democracia de su juventud para evolucionar al liberalismo moderado e incluso llegó a apoyar el poder absoluto fernandino, resultan de enorme interés para comprender las continuidades y los cambios experimentados en aquel momento axial del nacimiento de la contemporaneidad española.

Palabras clave: Transición del Antiguo al Nuevo Régimen. Absolutismo. Liberalismo conservador. Biografía. Antonio Alcalá Galiano y Alcalá Galiano.

Abstract: With this study we analyze a practically unknown and controversial figure in the Contemporary History of Spain, Antonio Alcalá Galiano y Alcalá Galiano. Member of an outstanding family of the second half of the 18th century and especially of the 19th century, this jurist, councilor of the Treasury, parliamentarian of the Cortes of Cádiz and a scholar of law –he was given the name of afrancesado during the Peninsular war, although he defended his condition as a convinced patriot he assumed a significant role in public life during the transition from the Old to the New Regime as a high reformist official. Furthermore, he contributed a proposal for a transactional political organization between absolutism and liberalism in the framework of the confrontation between both systems. His biography and especially his thought with an illustrated root, which started from the republicanism and democracy of his youth to evolve to moderate liberalism and even came to support the absolute power of Ferdinand VII of Spain, are of enormous interest to understand the continuities and changes experienced in that axial moment of the birth of the Spanish contemporariness.

Keywords: Transition from the Old to the New Regime. Absolutism. Conservative liberalism. Biography. Antonio Alcalá Galiano y Alcalá Galiano.

MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 25 (2022): 555-589 [1-35] [ISSN: 1139-0107; ISSN-E: 2254-6367]

DOI: https://doi.org/10.15581/001.25.009

INTRODUCCIÓN

La biografía histórica de figuras significativas de la Historia Contemporánea tanto en España como en otros países es una corriente historiográfica en auge entre los historiadores, ya evidente a partir de los años ochenta del siglo XX y sobre todo en estas primeras décadas del siglo XXI, aunque alejada de la narración y del encumbramiento del personaje histórico que se hizo en el pasado[1]; en este sentido, la época decimonónica española no es una excepción, sino todo lo contrario, dada la abundancia de estudios biográficos publicados en los últimos años[2]. Resulta indiscutible la necesidad de conocer el devenir vital y el pensamiento de las figuras de cada período, acontecimiento y proceso de la historia que han actuado sobre los mismos precisamente para comprenderlos. Es más, la reciente edición de múltiples biografías tanto individuales como colectivas ―sobresaliendo entre estas últimas los numerosos diccionarios biográficos que se han editado sobre grupos y etapas diversas― demuestra el enorme interés de la historiografía actual por este campo de estudio; aportaciones elaboradas con una metodología científica adaptada a los nuevos postulados historiográficos sobre el mencionado género, a las que se suman distintos trabajos centrados en el desarrollo del mismo, sus características principales, sus ventajas y limitaciones[3].

Por otro lado, la historiografía actual destaca la importancia de la biografía para la comprensión del paso del Antiguo al Nuevo Régimen, la construcción del sistema liberal, la conformación de las flamantes instituciones y el nacimiento del estado-nación en España. A este respecto, se considera que los individuos protagonizaron el establecimiento y el avance del nuevo sistema político al ser los actores principales del mismo como votantes y, en su caso, elegidos para los cargos públicos representativos o designados para el desempeño de los puestos político-administrativos de carácter ejecutivo. Asimismo, en el marco de la corriente historiográfica europea sobre las revoluciones liberales y de la nueva historia política ―alejada del positivismo, que analiza, entre otros aspectos, a los individuos―, el estudio de las élites ha adquirido una amplia notoriedad para el conocimiento del liberalismo. Línea de investigación que se encuentra distante del antiguo concepto de revolución burguesa, esto es, evita la premisa de la clase social imperante en la historiografía de los años 70 y 80 del siglo XX, centrándose desde los años 90, en el caso español, en los personajes tanto a nivel individual como colectivo para la explicación de la revolución liberal que se inicia en España en los primeros decenios del siglo XIX[4].

Desde estos planteamientos estudiamos la biografía y el pensamiento de Antonio Alcalá Galiano y Alcalá Galiano, integrante de una familia varios de cuyos miembros asumieron un significativo protagonismo en distintos acontecimientos y procesos de la España del tránsito del siglo XVIII al XIX. Sin embargo, pese a su relevancia histórica y a diferencia de algunos de sus familiares a los que se han dedicado numerosos trabajos[5], sobre el que fuera magistrado, consejero de Hacienda, diputado en Cortes y tratadista del derecho político no existe un estudio monográfico ―más allá de sucintas entradas biográficas publicadas en distintos diccionarios, sobre todo dedicados a los parlamentarios del primer liberalismo español que se citarán a continuación―. Precisamente, sobre la necesidad de que se analice la figura de Antonio Alcalá Galiano y Alcalá Galiano por su relevancia histórica, el autor de la tesis doctoral sobre uno de sus familiares más cercanos afirmó: «Verdaderamente, el caso de Antonio Alcalá-Galiano, el hermano de Vicente, es tan interesante por sí mismo que merecería una consideración particular»[6].

1. UNA BIOGRAFÍA ENMARCADA EN EL TRANSCURSO DE DOS ÉPOCAS: DEL ANTIGUO AL NUEVO RÉGIMEN

1.1. Sus orígenes y sus relaciones familiares

Antonio María de los Dolores Alcalá Galiano y Alcalá Galiano nació en Cabra (Córdoba) el 19 de febrero de 1769. Miembro de una familia de la hidalguía de Doña Mencía y Cabra, donde los Alcalá Galiano se encontraban vinculados al desempeño de los oficios municipales designados por la casa de Sessa como localidades de este señorío. En el siglo XVIII experimentaron un considerable ascenso social, culminado con la concesión en 1765 a su pariente Juan Alcalá Galiano y Flores Calderón del marquesado de La Paniega y del vizcondado del Barco[7].

Su padre, Antonio Alcalá Galiano y Pareja (Doña Mencía, 1738), caballero y comendador de la Orden de Alcántara, heredó el mayorazgo de sus antepasados en Doña Mencía (Córdoba) y fue regidor de Cabra; en 1760 se trasladó con su familia a esta localidad de la Subbética cordobesa cuando el duque de Sessa lo nombró para aquel cargo, ejerciendo también el de alguacil mayor (1779). Sin embargo, abandonó su terruño natal para desarrollar una meteórica carrera militar, alcanzando desde la oficialidad de las milicias provinciales la graduación de mariscal de campo de los Reales Ejércitos, gracias en parte a su destacada participación en la Guerra del Rosellón en la que fue hecho prisionero por los franceses y en la que falleció su primogénito. Se casó en Cabra a la temprana edad de 16 años con su prima hermana la egabrense Antonia Alcalá Galiano Pinedo y Valera[8], fruto de cuyo matrimonio nacieron varios hijos, siendo Antonio el quinto de siete hermanos, que fueron: José María (Doña Mencía, 1755 - El Rosellón, 1794, militar), María Teresa (Doña Mencía, 1756), Vicente (Doña Mencía, 1757 - Cádiz, 1810, militar y destacado hacendista), Dionisio (Cabra, 1760 - Trafalgar, 1805, marino)[9], María Soledad (religiosa) y María del Rosario (Cabra, 1774 - 1813)[10].

Antonio Alcalá Galiano se casó en 1794, el mismo año en el que ingresó en la judicatura, con María Josefa Giménez de Carmona y Gálvez, sobrina de su padre. Este enlace respondió a la estrategia matrimonial de los Alcalá Galiano basada en la práctica endogámica, ideada por el patriarca de la saga Antonio Alcalá Galiano Pareja, y la unión con estirpes nobiliarias tituladas ―típica de las élites de la baja nobleza en especial las rurales del final del Antiguo Régimen y más aun del siglo XIX―, dirigida a la consolidación de la familia ―a la que los Alcalá Galiano le otorgaban una enorme importancia para la protección mutua, concretada, por ejemplo, en la tutela de los parientes en situación de orfandad―, la promoción socioeconómica y la extensión de estrechas relaciones de parentesco; objetivos útiles para la obtención de puestos en la administración pública y el ejército, así como para el ejercicio de cargos políticos por parte de sus miembros desde los que favorecerse entre sí como fue habitual en aquella época[11]. De este matrimonio nació un hijo, José Alcalá Galiano Carmona, militar casado con Manuela Trujillo y Tudó, hija a su vez de Pedro Trujillo y Tacón ―mariscal de campo, gobernador de Málaga (titular en 1800-1804 e interino en 1808) y fiscal militar del Consejo Supremo de la Guerra (1807-1808), acusado de afrancesado fue linchado el 31 de mayo de 1808 en Granada por el pueblo― y de Micaela Tudó Catalán (Cádiz, 1774) ―hermana de Pepita Tudó, condesa de Castillofiel (1807), amante de Godoy[12]―, engendrando ambos a Antonio Alcalá Galiano y Trujillo ―abogado y poeta―[13].

1.2. Su formación y la evolución de su cursus político-administrativo

La enseñanza media la cursó en su localidad natal, en el Real Colegio de la Purísima Concepción, para, a continuación, trasladarse a Granada donde emprendió los estudios universitarios. Ingresó en el Colegio de Santa Cruz y en junio de 1787 obtuvo el grado de Bachiller en Teología, llegando a ejercer una cátedra de Filosofía en la Universidad de Granada, donde también logró el título de doctor en Derecho Canónico en 1790 y en Leyes por la Universidad de Orihuela[14].

Con apenas 25 años de edad se incorporó a la administración de justicia de la monarquía borbónica, gracias a las influencias de su hermano Vicente[15]; de hecho, cuando este era oficial de la Secretaría del Despacho de Hacienda solicitó en 1794 al entonces duque de Alcudia, el omnipotente Manuel Godoy, que en reconocimiento a los méritos contraídos en la Guerra del Rosellón por su padre y su hermano primogénito y a los suyos propios en la mencionada secretaría, lograra que el rey nombrase a su hermano Antonio alcalde del Crimen de la Real Chancillería de Valladolid, como así se hizo el 2 de febrero de aquel año[16]. Según indicamos más arriba, el hecho de que ocupara un empleo público a través de las relaciones en la corte de su hermano le permitió emanciparse con la creación de su propio hogar, como luego procuró su sobrino Antonio Alcalá Galiano y Fernández de Villavicencio. Estos no resultaron unos casos extraños en la sociedad de su época, como ya indicamos, siendo habitual que los vástagos de la élite político-administrativa española del momento utilizaran la posición familiar para lograr cargos con los que independizarse, por lo que la familia era fundamental en el ascenso social y laboral en los empleos estatales.

Posteriormente, continuó con su carrera en la judicatura, pero en 1795 se le abrió un expediente por sus ideas revolucionarias, aunque según afirmó ya no las profesaba, y pese a su tendencia liberal, al igual que su hermano Vicente, continuó colaborando con el régimen absoluto. Desde 1801 ejerció de oidor en la Real Chancillería de Granada y a partir de 1806 desempeñó el cargo de alcalde de Casa y Corte de Madrid, que reunía funciones judiciales y de policía, encargándose de la sala del cuartel de San Isidro[17]. Al mismo tiempo, frecuentó los círculos ilustrados, viéndose atraído por los principios de Rousseau, aproximándose al republicanismo, unas ideas demasiado avanzadas que abandonó tras la Revolución Francesa porque temía el poder de las masas y tendió hacia otras más conservadoras[18].

Durante la Guerra de la Independencia y en los años de pugna entre liberales y absolutistas, su ideología y su gestión pública se encontraron salpicadas por la controversia. Una circunstancia debida entre otras razones a sus continuos, y en ocasiones convenientes a sus intereses, vaivenes ideológicos para adaptarse a los cambios de régimen.

Como su hermano Vicente, colaboró inicialmente con la administración josefina, aunque pronto se posicionó en contra de la ocupación gala. Durante el levantamiento del 2 de mayo de 1808 al igual que el resto de los alcaldes de Casa y Corte procuró la tranquilidad pública disponiendo incluso del apoyo de las tropas napoleónicas; además, cuando José I salió de Madrid tras la victoria de Bailén los alcaldes protegieron a varios franceses que se habían quedado para evitar que fueran linchados[19]. Una actitud que se podría interpretar de colaboración con el enemigo, aunque también se debe considerar su compromiso como autoridad con el mantenimiento del orden y su mentalidad de rechazo de un levantamiento popular con connotaciones revolucionarias. Durante el control de Madrid por los patriotas, continuó en su puesto; asimismo, según su propio testimonio, al aproximarse Napoleón con su ejército para la conquista de la capital de España en noviembre de 1808 y tras la toma de la misma, realizó múltiples acciones demostrativas de su decidido apoyo a la causa patriótica[20].

Una vez ocupada de nuevo la ciudad por los franceses, a principios de diciembre siguiente, los organismos administrativos anteriores quedaron en suspenso; de hecho, imperó la autoridad militar gala hasta la llegada de José I que fue cuando se reintrodujo el aparato central josefino. Sin embargo, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte continuó prestando sus servicios, pero con la creación por aquel entonces del Ministerio de Policía aquellos perdieron estas atribuciones; pese a ello, mantuvieron las judiciales y sus miembros quedaron obligados a confirmar los decretos napoleónicos y a cumplir las órdenes del rey Bonaparte, al que además debían prestar juramento[21].

Aunque permaneció en su puesto de alcalde en los periodos de control de la ciudad por las fuerzas napoleónicas ―como otros altos funcionarios que continuaron en sus cargos en estos momentos de gran incertidumbre y al igual que hizo en los meses en los que aquella estuvo en manos de los patriotas―, para no jurar al rey intruso como se exigió que hiciera la Sala de Casa y Corte fijándose para ello el 23 de febrero de 1809, huyó con su hermano Vicente, el tesorero general, a Sevilla cuatro días antes y nunca juró a José I. No obstante, la continuidad de ambos en Madrid era ya insostenible al sospechar los franceses de su posible traición. Como represalia, los nombres de ambos fueron los dos primeros incluidos en el Real Decreto de José I fechado el 9 de marzo de 1809 por el que se declaraba proscritos a varios españoles, disponiéndose además la confiscación de sus bienes; una medida que suponía un auténtico aval de su patriotismo, aunque no les libró de las sospechas de ser considerados afrancesados[22].

Tras su llegada a la capital hispalense, que entonces acogía a las instituciones españolas que escapaban del dominio galo, ambos hermanos se pusieron al servicio de la Junta Central. Vicente fue designado por esta vocal de la Suprema Junta Militar[23], mientras que Antonio continuó con su empleo en la judicatura. En 1809 como alcalde de la Real Casa y Corte se le asignó la comisión de investigar las causas de los sucesos que se produjeron el 16 de abril de aquel año en Granada; para que pudiera cumplir su cometido, solicitó a la Junta Central el abono de cuatro de los once meses de sueldo que se le debían ―entre otras deudas pendientes de los fondos públicos, y dado que por su fuga de Madrid tuvo que abandonar casi 35 000 duros―, que le fueron concedidos[24].

Refugiado en Cádiz con su familia ante el avance de los franceses, en 1810 continuó con su puesto de alcalde de Casa y Corte y ejerció como magistrado de la Audiencia de Sevilla, cargos que compaginó con los de miembro de la Sala de Gobierno y ministro togado del Consejo Supremo de Hacienda (nombrado por la Real Orden de 16 de septiembre de 1810 de la Regencia); fue destinado a la Sala Provisional de Justicia de dicho Consejo, con el sueldo anual de 55 000 reales, siendo su hermano Vicente decano del mismo ―esta designación fue ratificada por las Cortes meses después (Decreto de 13 de febrero de 1811)―. Ocupó este puesto hasta la desaparición de los consejos, al recaer sus funciones judiciales en el Tribunal Supremo de Justicia creado en abril de 1812; dos meses después solicitó sin éxito el empleo de gobernador del Real Sitio de San Fernando, fundamentando su petición en que ese puesto ya lo había desempeñado su difunto hermano Vicente con grandes logros hasta su huida de Madrid en febrero de 1809 y por su cercanía a este conocía su organización[25].

En 1814, tras ser suprimido aquel alto tribunal por la reimplantación del absolutismo, fue confirmado como ministro togado de la Sala de Justicia del Consejo de Hacienda (Real Decreto de 11 de agosto de aquel año), ocupándolo hasta 1820. Cese debido a que en este año, con la vuelta al sistema liberal, se abolió de nuevo el Consejo de Hacienda, asumiendo sus atribuciones, como ocurrió en la Guerra de la Independencia, el Tribunal Supremo[26].

En Cádiz ocupó otros puestos en la alta administración del Estado. Al menos entre 1810 y 1811 ejerció como ministro de la Junta de Represalias[27] y cuando fue elegido diputado en 1813 era director de la lotería nacional[28]. Asimismo, su cuñada, la esposa del célebre marino ya mencionado Dionisio Alcalá Galiano, influyó sobre su hermano Juan María Fernández de Villavicencio, entonces miembro de la Regencia, para que fuese nombrado ministro interino de Estado el 6 de febrero de 1812, aunque no lo logró, ocupando este cargo José García de León Pizarro[29].

Por otro lado, su labor como juez en la zona libre de los franceses resultó en parte controvertida, como se evidenció en dos importantes procesos, ambos de 1810, con significativas connotaciones políticas y un enorme alcance público en los que intervino. De hecho, su participación en ellos fue cuestionada en las Cortes e incluso en relación a uno se puso en duda su papel patriótico durante la ocupación francesa. En concreto fueron los siguientes:

1º. El sumario instruido contra su antiguo colega como alcalde de Casa y Corte de Madrid, el afrancesado Domingo Rico Villademoros, que terminó sentenciado a muerte[30].

Algo más de un año después de su ejecución, se publicó en la prensa oficial josefina un artículo en el que se aludió a la sesión de Cortes del 29 de junio de 1811. En ella se acordó que una comisión parlamentaria investigara a los empleados públicos que habían participado en la administración bonapartista y a continuación se trasladaron a la España libre ejerciendo puestos en las instituciones patrióticas; además, se recordó la ejecución de Rico, afirmándose que la trayectoria de los que como aquel habían pertenecido a la judicatura de José I fuese investigada[31]. Manifestaciones aprovechadas por la propaganda bonapartista para subrayar el supuesto colaboracionismo del propio Alcalá Galiano y de otros jueces que habían participado en la causa mencionada, caso de Antonio Cano Manuel, pues todos habían ejercido como alcaldes de Casa y Corte, al igual que Rico, en el Madrid ocupado[32].

Estas acusaciones generaron un cierto rumor en Cádiz con el que se puso en duda su patriotismo y su labor como juez, e incluso tuvieron eco en la prensa[33]. Ante esta situación, Alcalá Galiano entre noviembre de 1811 y agosto de 1812 presentó hasta cuatro exposiciones a las Cortes para la defensa de su prestigio profesional y de su reputación personal[34]; asimismo, solicitó que la Cámara lo amparase ante los ataques que consideró había recibido por parte de varios diputados, procurando en ellas:

- Demostrar que actuó de forma justa cuando instruyó la causa de Rico. Afirmó que fue condenado a la pena capital no por haber aceptado un empleo de José I, sino porque dictó sentencias de muerte sobre varias personas cuyos delitos no la merecían[35].

- Disipar cualquier duda de que colaborase con la administración josefina. A este respecto, mantuvo que permaneció en su cargo de juez entre diciembre de 1808 y febrero de 1809, durante la segunda ocupación de Madrid, porque la Junta Central ordenó que, salvo dos de los alcaldes de Corte, el resto continuaran en sus puestos para proteger a los vecinos de Madrid; así lo hizo, aunque durante ese tiempo apoyó la causa patriótica con riesgo de su vida y huyó en cuanto pudo de la zona ocupada.

- Destacar los importantes servicios que prestó a España desde el inicio de la guerra. Por ejemplo, en octubre y noviembre de 1808 descubrió para la nación 15 millones de reales que pertenecían a los afrancesados y también se encargó de vender los bienes que había abandonado en Madrid el rey José[36].

- Evidenciar su condición de patriota y su heroicidad frente a los franceses durante la guerra, aunque no aportó ninguna prueba de ello como indicamos páginas atrás.

- Resaltar que nunca prestó juramento a José I ―incluso cuando los jueces de corte juraron de forma corporativa en febrero de 1809 él ya había abandonado Madrid― ni firmó petición alguna para que Napoleón fuese rey de España. También, se resistió al cumplimiento de sus órdenes ―como, según manifestó, tampoco obedeció a Godoy, al que tachó de «malvado», durante el culmen de su poder, curiosa afirmación dado que la incorporación a la magistratura de Alcalá Galiano años atrás se debió al entonces duque de Alcudia, previa mediación de su hermano Vicente―. Sin embargo, reconoció que registró los decretos dictados por Napoleón poco después de la toma de Madrid ―en los que, entre otras medidas, se disponía la incautación de los bienes de algunos políticos que habían abandonado los cargos que ocupaban en la administración josefina, la supresión del Consejo de Castilla y de la Inquisición, así como la abolición de los derechos feudales―, pero lo hizo bajo amenazas.

- Satisfacer su honor al considerarse ofendido por los diputados Ramón Giraldo y José Luis Morales Gallego. Sus críticas en las Cortes contra los que permanecieron en sus puestos públicos durante la ocupación francesa y luego se reintegraron a la administración patriótica, citando como ejemplo el proceso a Rico y aludiendo a que otros jueces se encontraban en la misma situación que había conllevado la condena de aquel, a su parecer, motivaron que fuera acusado de colaboracionista[37].

- Y, por último, reivindicar su participación como magistrado en dicho sumario. Incluso recurrió a subrayar los enormes sacrificios que por el interés de España habían realizado sus tres hermanos y se declaró un liberal defensor de la libertad de opinión, pero ese derecho que le reconocía a los parlamentarios no podía derivar en la difamación.

En el mismo mes de noviembre de 1811 la comisión de Memoriales de las Cortes desestimó sus exposiciones y, aunque Alcalá Galiano insistió en sus reivindicaciones porque desconocía aquella decisión, un año después se dispuso su archivo al considerarse que ya se había resuelto sobre sus peticiones[38].

Pese a la cerrada defensa del papel que desempeñó cuando formó parte de la administración pública durante la ocupación francesa y de su labor como magistrado, esta polémica tuvo consecuencias negativas para su carrera en la judicatura. Según aseguró el propio Alcalá Galiano en una carta dirigida al conde de Altamira, fechada el 2 de junio de 1812, la causa de que no se le nombrase como magistrado del recién creado Tribunal Supremo se encontraba en que instruyó el proceso contra Rico, desmintiendo el rumor que se había difundido de que la razón estribaba en que firmó los decretos napoleónicos de 7 de diciembre de 1808[39].

2º. La causa iniciada contra el conde de Tilly, de cuyo fallecimiento en prisión fue responsabilizado Alcalá Galiano[40].

Esta muerte motivó una investigación parlamentaria, emitiendo la comisión de Visita de Causas Atrasadas de las Cortes un dictamen en el que expuso la dilación injustificada de la causa y que se mantuviera sin motivo al conde en prisión incluso después de recibir la extremaunción; además culpó con dureza de su muerte al juez «no pudiendo aquella mirar sin horror la crueldad con que D. Antonio Galiano trató al conde en sus últimos días, acelerando, o tal vez causándole la muerte por privarle en la ampliación del arresto de un alivio, que aun cuando no lo exigiesen los méritos de la causa, lo exigía imperiosamente la humanidad» y pidió que Alcalá Galiano fuese reprendido.

Tras la lectura del dictamen, el entonces diputado por Extremadura José María Calatrava propuso que Alcalá Galiano fuese destituido de su cargo e inhabilitado para desempeñar otro empleo público por su falta de humanidad. Una vez celebrado un acalorado debate, las Cortes acordaron reprobar el dictamen de la comisión y en consecuencia no se votó la petición de Calatrava[41].

Alcalá Galiano en un escrito enviado a las Cortes, en un artículo publicado en la prensa gaditana, así como en un opúsculo editado en Cádiz y Madrid, contradijo a sus detractores. De hecho, defendió públicamente su actuación como juez en el sumario de Tilly; denunció que las acusaciones que se le hicieron formaban parte de una conspiración para desacreditarlo; puso como testigo de lo ocurrido en dicho proceso al que ejerció como fiscal del caso y entonces era diputado en Cortes, Francisco Gutiérrez de la Huerta; y, sobre todo, negó que el extenso tiempo que empleó en sustanciar el proceso y su decisión de no liberar al reo causaran su muerte[42].

Asimismo, como hemos adelantado respecto al proceso que instruyó contra Rico Villademoros, su traslado a la zona no ocupada por las tropas napoleónicas y su apoyo a las instituciones de la España libre de los franceses no le evitaron que fuera acusado de connivencia con la administración josefina durante su inicial implantación en España. Por tanto, se vio obligado a negar públicamente que hubiera estado en Bayona en 1808, encontrándose, según sus propias palabras, en Madrid preparando la insurrección de Andalucía; al mismo tiempo, defendió de forma apasionada a su hermano Vicente, insistiendo en que este firmó el Estatuto de Bayona obligado[43]. Sin embargo, las críticas en la prensa sobre su colaboracionismo arreciaron precisamente una vez fue nombrado diputado en Cortes para su desgaste político[44].

1.3. Su elección como diputado en Cortes y su labor parlamentaria

En las elecciones generales celebradas en Córdoba el 22 de mayo de 1813, los electores de partido lo eligieron para una de las ternas de diputados propietarios y suplentes que representarían a aquella circunscripción; en el sorteo posterior resultó designado diputado propietario. Unos comicios en los que los absolutistas obtuvieron una significativa victoria, al lograr todos los escaños correspondientes a aquella circunscripción[45]. Prestó juramento el 8 de junio siguiente, pero solo ocupó el escaño poco más de tres meses, hasta el 20 de septiembre de aquel año, al disolverse las Cortes Generales y Extraordinarias por la convocatoria de las Ordinarias[46].

De tendencia absolutista según su actividad en el primigenio parlamento español de la contemporaneidad, pese a autocalificarse como liberal en una de las exposiciones dirigidas a las Cortes en 1812[47], en el mismo año de su nombramiento como diputado publicó un libro en el que evidenció su pensamiento basculante entre posiciones antiliberales y el liberalismo conservador. En la Cámara se mostró contrario a la soberanía nacional y destacó por sus posturas defensoras de algunas de las características del Antiguo Régimen[48]; sin embargo, también fue partidario de la división de poderes con un reforzamiento de las atribuciones del rey. Pese al corto período de tiempo en el que fue diputado, realizó numerosas intervenciones parlamentarias y presentó media docena de proposiciones, en especial sobre asuntos jurídicos y fiscales, dada su formación y su experiencia profesional. No obstante, perteneció a una única comisión de importancia menor y designada prácticamente concluido su periodo como diputado, la de Petición del Sr. Zorraquín, que debía informar si las Cortes emitían al interesado un certificado de haber sido diputado a Cortes por Madrid[49].

Como muestra de su interés en participar en los debates de las Cortes, solo tres días después de jurar como diputado pronunció su primer discurso. Respecto al dictamen de la comisión de Constitución sobre la proposición del diputado Agustín Rodríguez Bahamonde ―pidió que las Cortes aclarasen a qué empleados públicos designados por el gobierno, ya tuvieran un carácter civil, militar o eclesiástico, afectaba el artículo 97 de la Constitución, que establecía que no podían ser elegidos por las provincias donde los ejercían―, en el que se planteó al pleno que no debería ni siquiera discutirse porque sería una adición a la propia Constitución[50], Alcalá Galiano defendió la separación de poderes, citando a Montesquieu y De Lolme, y la presencia de clérigos como diputados, al mismo tiempo que apoyó el dictamen de la comisión. Le respondió el líder liberal Muñoz Torrero, para quien, al contrario de lo que mantuvo Galiano, la propuesta no suponía que el legislativo se apropiase de los poderes del judicial, sino de establecer si el artículo mencionado se aplicaba a los casos citados por Bahamonde y esta era una competencia del parlamento. Finalmente, las Cortes aprobaron el dictamen de la comisión y, por tanto, desestimaron la petición de Rodríguez Bahamonde, lo que fue un éxito para los absolutistas[51].

El 18 de junio las Cortes, en sesión secreta, acordaron que no se votase su propuesta de que se comunicase a la Regencia que no se discutiría lo expuesto por la Junta de Hacienda y que se suspendiera lo acordado tres días atrás por la Cámara sobre el expediente del subdelegado de Málaga[52].

Un día después propuso a las Cortes que se establecieran entre los que ejercen determinadas ocupaciones ―en concreto, los militares, los magistrados, los abogados, los docentes y los empleados públicos― unos requisitos, relativos principalmente a una dilatada antigüedad y por tanto experiencia en el ejercicio de los mismos, para poder desempeñar el cargo de jefe político de provincia. Iniciativa que no fue admitida a discusión[53].

El 30 de junio elevó una protesta de varios electores parroquiales de Córdoba en contra del jefe político de la provincia, el liberal barón de Casa Davalillo, por su injerencia partidista en las elecciones generales del 22 de mayo, en las que el propio Alcalá Galiano había sido nombrado diputado, acusándose a dicha autoridad de cohecho al vulnerar la Constitución[54]. Además, en las sesiones secretas de la Cámara de aquel mismo día presentó dos proposiciones para que la Regencia activase la organización de los ejércitos de reserva y que la Comisión Militar estableciera el plan de la Junta Central con las modificaciones dispuestas por la Constitución para que se implementaran las milicias nacionales que se debían crear en cada provincia, hasta la redacción de las ordenanzas de ese cuerpo dispuestas en el artículo 363 de la Carta Magna de 1812; para dictaminar sobre ambas propuestas se nombró una comisión especial[55].

En la sesión del 5 de julio intervino en la discusión sobre los requisitos de los miembros de las juntas de censura provinciales y al día siguiente propuso que fuera la Junta Suprema de Censura la que los nombrase entre los propuestos por las diputaciones provinciales en lugar de las Cortes, proposición rechazada por el pleno[56].

Pero, sobre todo, dada la influencia del pensamiento de su hermano Vicente, el hacendista y antiguo tesorero general, así como por su actividad en el Consejo de Hacienda, participó en los debates sobre asuntos fiscales. De hecho, presentó alguna que otra iniciativa y pronunció extensos y documentados discursos en relación al dictamen de la comisión extraordinaria de Hacienda. Esta recomendó que se aprobara un nuevo sistema de contribución directa sobre la riqueza territorial e industrial y la abolición de las rentas provinciales y estancadas, en el contexto de las transformaciones que las Cortes se proponían introducir en la fiscalidad española en sentido liberal[57].

En este sentido, se opuso a que la reforma impositiva se realizara con tanta premura, dada la importancia del asunto y el perjuicio que suponían para la Hacienda pública los cambios rápidos que conllevasen la creación de nuevas contribuciones que tardarían en implantarse; más aún cuando en aquel momento el Estado necesitaba disponer de amplios y constantes ingresos ―dada la profunda crisis económica que aquejaba al país desde finales del siglo XVIII―. Asimismo, defendió que el sistema fiscal debía pivotar sobre las rentas provinciales ―pese a que gravaban los productos de consumo, en especial los de primera necesidad― que se encontraban mejor organizadas y no sobre las contribuciones directas; en relación a estas últimas, se mostró también contrario a que se creasen nuevos impuestos que gravasen más a los contribuyentes, en especial a la industria y al comercio porque eran los dos sectores económicos clave para la prosperidad de cualquier nación[58].

La postura de Alcalá Galiano, defensora del antiguo sistema hacendístico y por la ascendencia de su hermano de un régimen fiscal mixto sustentado en las rentas provinciales y en impuestos directos bajos, supondría que la carga fiscal a través de los tributos indirectos se repartiera entre los contribuyentes con independencia de su riqueza, lo que resultaría injusto para los que tuvieran una renta menor. Por ello, Alcalá Galiano mantuvo un intenso debate con varios diputados de tendencia liberal, como el conde de Toreno, que apoyaban que se reforzaran los impuestos directos para que los que más rentas obtuvieran pagasen más al erario público; de este modo, se alcanzaría una mayor justicia fiscal, se ayudaría a los menos pudientes y también se revitalizaría el comercio interior en España al no incrementarse los impuestos sobre el consumo[59].

Finalmente, las Cortes aprobaron un sistema impositivo proporcional a la riqueza, sin excepciones ni privilegios, quedando eliminadas las rentas provinciales e imponiéndose la contribución directa; modelo recogido en el Decreto sobre el «nuevo plan de contribuciones públicas» de 13 de septiembre de 1813. Con ello, se inició una nueva época en la Hacienda estatal de carácter liberal que, pese a los frenos del poder absoluto al suprimir la obra de los parlamentos constitucionales en los periodos en los que se impuso, se consolidará a partir del segundo tercio del siglo XIX.

Por otro lado, en la sesión secreta del 6 de julio de 1813 propuso que las Cortes se trasladasen a Sevilla. Esta iniciativa provocó el recelo de los liberales, como se reflejó en el periódico El Redactor General. Aquellos consideraban que con su alejamiento de Cádiz las decisiones del parlamento serían influidas por los absolutistas, dada la mayor ascendencia del liberalismo en la antigua Gades[60].

1.4. Su apoyo al absolutismo fernandino: de represor a represaliado

Una vez los franceses abandonaron la capital de España, se incorporó a su puesto de alcalde de Casa y Corte de Madrid. A continuación, reimplantado el absolutismo, no dudó en apoyar a Fernando VII, quien lo nombró de nuevo en agosto de 1814 ministro togado del Consejo de Hacienda, en reconocimiento, al parecer, a su fidelidad al monarca absoluto[61]. Precisamente, como demostración de su respaldo a la continuidad del Antiguo Régimen, participó en la represión de los liberales al formar parte como juez de las comisiones de Policía y Causas de Estado; ambas juzgaron a numerosos liberales en aplicación del ordenamiento jurídico de entonces y, también, procedieron a la depuración de responsabilidades de los diputados y los regentes de esta ideología por sus posibles decisiones en contra del rey, al haber cometido presuntamente delitos de alta traición[62].

Este posicionamiento político motivó que al principio del Trienio Liberal un antiguo diputado de las Cortes de Cádiz por Valencia, el canónigo Joaquín Lorenzo Villanueva, represaliado en los procesos contra los liberales de 1814, le culpase del encarcelamiento injusto de varios diputados y de cometer ilegalidades como magistrado. Villanueva denunció la arbitrariedad y hasta las manipulaciones de los jueces de las mencionadas comisiones e inicialmente exoneró a Fernando VII de toda responsabilidad en los arrestos y las condenas; sin embargo, durante la Década Ominosa, cuando ya no había ninguna posibilidad de que el rey transigiera con el sistema constitucional y en el contexto de una persecución aún mayor de los liberales que a él mismo le llevó al exilio, señaló directamente al monarca como culpable de la represión. En cuanto a su denuncia contra Alcalá Galiano, le reprochó: que no se inhibiera en el proceso al quedar inhabilitado, debido a que él mismo juró la Constitución y apoyó como parlamentario distintos acuerdos de las Cortes que, según se expuso en los cargos de la causa, sirvieron para trastocar el sistema monárquico; su actitud hipócrita, puesto que había elogiado de forma pública la carta magna de 1812; y el beneficio que obtuvo con el nombramiento de consejero de Hacienda por la represión ejercida contra los liberales. Incluso le tachó de afrancesado y de resentido, dedicándole este último calificativo en relación a la persecución de los parlamentarios que apoyaron el dictamen de la comisión de Justicia de las Cortes en el que se proponía que debía ser reprendido por su actuación en el sumario abierto al conde de Tilly[63]. Acusaciones que Alcalá Galiano rechazó con vehemencia en una obra que difundió en respuesta a Villanueva[64].

Asimismo, tuvo la oportunidad de transmitirle su fidelidad en persona a Fernando VII. Este lo recibió en audiencia el 18 de junio de 1814, siendo entonces juez conservador de la Real Lotería y de Policía. Junto a Diego María Vadillos, alcalde de la Real Casa y Corte, se presentó ante el rey en representación de la Universidad de Granada, encargándose Alcalá Galiano de leer un escrito de los miembros del equipo de gobierno de la que fuera su alma mater dirigido al monarca; un texto en el que le manifestaban su lealtad y su apoyo al Decreto de Valencia de 4 de mayo de aquel año, además de dedicarle diversas alabanzas. Ambos magistrados también «tuvieron el honor de cumplimentar a S. M. y besar su Real mano»[65].

Durante el Sexenio Absolutista mantuvo su cargo de consejero en el Consejo de Hacienda, ocupando los siguientes puestos: en 1815 era ministro de la Sala de Millones; en 1818 y 1819 además de ministro del mencionado Consejo formaba parte de la «Junta que autoriza los sorteos públicos de las Reales Loterías en la Sala de Gobierno del Real y Supremo Consejo de Hacienda»; y en 1820 ejercía como ministro de la Sala Primera de Justicia[66].

Al restablecerse el liberalismo, a finales de 1820, con 51 años de edad, pasó a la condición de jubilado del Consejo de Hacienda al suprimirse este por el restablecimiento del Tribunal Supremo de Justicia como mencionamos en las páginas anteriores. Se le concedió una pensión de 30 000 reales anuales, lo que suponía una importante reducción de su sueldo en activo, que era de 55 000 reales al año[67].

Permaneció en situación de jubilado durante el resto del Trienio Liberal, pero la vuelta del sistema absolutista le permitió reincorporarse a su puesto de ministro togado de la Sala de Justicia del Consejo de Hacienda e incluso, como una demostración de su apoyo al régimen absoluto, participó una vez más en la represión contra los liberales. Por el Decreto de 27 de junio de 1823 de la Regencia Provisional del Reino se dispuso la depuración de los empleados civiles de la administración pública; para ello debía desarrollarse un proceso judicial que determinase su actuación y su posible apoyo al liberalismo durante el Trienio. Medida que llevó a cabo a nivel nacional la denominada Junta de Purificación, formada por Guillermo Hualde (consejero de Estado), Antonio Alcalá Galiano y León de la Cámara Cano (ambos ministros del Consejo de Hacienda), así como por Francisco Ezequiel de las Bárcenas (director interino de Correos), sometiéndose también al dictamen de esta junta los intendentes, contadores y administradores de rentas de provincia[68]. Su nombramiento evidencia que Alcalá Galiano había satisfecho los anhelos represores absolutistas durante el ejercicio de su cargo de juez de Policía y de las Causas de Estado a partir de 1814, por lo que se pensó de nuevo en él para que continuara con esa labor.

Pese a su alineamiento con el absolutismo, no se libró de ser investigado en 1824 curiosamente por la Junta de Purificación para la que fue meses atrás designado, aunque sus integrantes habían cambiado ―quienes se encargaron de resolver el expediente de Alcalá Galiano fueron Felipe Sobrado, Miguel Otal, Juan Antonio Sánchez Heredia, Miguel Gordón, Anastasio de Melgar y Tomás de Aja―. En principio, la Junta intentó eludir esta responsabilidad solicitando a Fernando VII que decidiera él, por lo que sus miembros dudaban sobre cuál debía ser la resolución; actitud basada en que los informes eran en gran medida favorables al entonces consejero de Hacienda, pero los impresos de su autoría revisados por la Junta demostraban que era liberal ―en especial las ya enunciadas Cartas en respuesta a Joaquín Lorenzo Villanueva, en las que difundía principios liberales, ideología que la Junta consideró que en realidad profesaba― e incluso, al parecer, contribuyó a la elaboración de una constitución que usurpaba los derechos del rey. Petición a la que rehusó Fernando VII y ordenó que fuera la Junta la que emitiese el fallo. El 28 de mayo de 1824 la Junta dictaminó que Alcalá Galiano «no debe ser más Consejero de Hacienda, ni merece la confianza de V. M., pero que sin embargo, en obsequio de la toga que ha vestido con honor y provecho tantos años, se le puede conceder su jubilación con el sueldo que V. M. tenga a bien consignarle»; esta resolución fue aprobada por el monarca absoluto el 4 de junio siguiente, quien también dispuso que el Ministerio de Hacienda le comunicase los datos necesarios para disponer la pensión que le correspondía como jubilado, fijándose finalmente en la mitad del sueldo que percibía como consejero.

Al ser declarado impurificado y cesado en su cargo según varias de sus publicaciones, después de casi 30 años de ejercer como juez, Alcalá Galiano no se conformó con aquel fallo. El 7 de junio de 1824 remitió las dos obras de su autoría, la titulada Máximas y principios de la Legislación Universal de 1813 y las mencionadas Cartas publicadas en 1820, que habían motivado la mencionada sentencia; además, solicitó que ambos impresos fueran analizados por una persona imparcial, disponiéndose que el expediente se enviase al Consejo Real para que decidiera en justicia. A continuación, el día 28 de aquel mismo mes y año, conocedor de la decisión del rey de jubilarlo a medio sueldo, presentó un recurso en el que protestó contra la misma, pidió que se revisara su expediente y alegó en su defensa que: la normativa relativa a purificaciones establecía que los informes tenían un mayor peso procesal que los documentos; durante el Trienio dejó de ser empleado público; felicitó en 1820 a las Cortes por su apertura de forma corporativa al ser integrante del Consejo de Hacienda y no a nivel personal; y, también, dos de los seis miembros de la Junta que entendieron sobre su causa habían prevaricado presuntamente. Respecto a estos últimos, en concreto reprobó a Felipe Sobrado ―decano del Consejo de Castilla, presidió la Junta Central de Purificaciones de 1824 a marzo de 1825― y Miguel Otal ―ministro del Consejo de Hacienda y vocal de la Junta―, por la profunda enemistad que sentían hacia él; aunque no detalló el motivo de esta denuncia en relación a Sobrado, acusó a Otal de haber sido favorecido por Martín de Garay, antiguo ministro de Hacienda (1816-1818), a quien Alcalá Galiano criticó de forma pública[69]. Razones para la invalidez del proceso a las que añadió la irregularidad de que Sobrado fuese informante y juez de la causa abierta en su contra, lo que implicaba a su parecer una evidente incompatibilidad. Unas alegaciones de las que no consta respuesta alguna[70].

Alcalá Galiano no cejó en su defensa y en sendas exposiciones de agosto de 1824 dirigidas al secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia insistió en que no era culpable. Para demostrarlo, afirmó que varias de las expresiones contenidas en las Cartas dirigidas a responder a Villanueva eran similares a las publicadas en la obra titulada Observaciones del Colegio de Abogados de Madrid sobre el proyecto de Código Penal presentado a las Cortes por la comisión nombrada al efecto (1821) y sin embargo el rey había premiado a sus redactores ―aunque algunos de ellos según manifestó apoyaron el trono de José Bonaparte, lo que consideraba un agravio comparativo puesto que él había sido impurificado―. No obstante, se mantuvo la decisión de Fernando VII y continuó como jubilado en los meses siguientes.

Ante esta situación adversa a sus intereses, el 1 de junio de 1825 su esposa, Josefa Carmona, dirigió una instancia al rey en la que expuso la injusticia cometida con su marido, que por ello había caído enfermo y tuvo que viajar a Galicia para restablecerse; a continuación, le solicitó que lo repusiera en su cargo de ministro togado del Consejo de Hacienda. Al parecer, esta mediación aportó los frutos deseados con rapidez, puesto que Fernando VII dispuso por la Real Orden de 2 de agosto de 1825 dirigida al secretario del Despacho de Gracia y Justicia su retorno al mencionado empleo con la antigüedad que disfrutaba antes del 4 de junio de 1824 en que pasó a la condición de jubilado. Además, se le debía abonar su sueldo desde el 14 de junio de 1825, fecha en la que el rey lo declaró purificado, y antes de la misma se le debía pagar el sueldo correspondiente a su jubilación. De inmediato, Alcalá Galiano se reincorporó al Consejo de Hacienda, como ministro togado con destino en la Sala de Millones, puesto que ocupaba cuando falleció en 1826, en torno a los 57 años de edad[71].

2. SUS PLANTEAMIENTOS POLÍTICOS Y JURÍDICOS: PRECEDENTES DE LA CONFIGURACIÓN TEÓRICA DEL LIBERALISMO MODERADO ESPAÑOL

La característica principal de su pensamiento político consistió en la evolución que experimentó desde sus primigenias posiciones republicanas de tendencia democrática a un liberalismo conservador transigente incluso con el absolutismo, que le llevó, junto a otros factores que enunciaremos a continuación, a apoyar la monarquía absoluta de Fernando VII[72].

Su primera formación intelectual procede de la lectura de distintos autores ilustrados, destacando sobre todo el Contrato social de Rousseau, cuyas ideas perduraron en él. Pero, según mencionamos en páginas anteriores, el proceso revolucionario galo moderó sus ideas radicales por su miedo a los que consideraba desastres revolucionarios; tendencia que se agudizó por el levantamiento popular del 2 de mayo de 1808 en Madrid y que compartía con su hermano Vicente[73]. En este sentido, su sobrino Alcalá Galiano y Fernández de Villavicencio opinó que:

Con más razón eran tildados mis dos tíos por haber abandonado las doctrinas favorables al Gobierno popular que habían creído y sustentado, no solo en sus mocedades, sino en su edad madura; si bien con tildarlos de esto justamente se les hace poco agravio, no siendo culpa variar de parecer en materias controvertibles y muy contravertibles, sino cuando malas pasiones o el ruin interés son el móvil de la mudanza[74].

Asimismo, a finales de 1806, el que fuera hijo de Dionisio Alcalá Galiano llegó a Madrid para vivir en la casa de su tío Vicente. Esta estrecha convivencia le permitió conocer cuáles eran las ideas de sus dos tíos paternos, Vicente y Antonio, sobre la política de su época inmediatamente antes de la subida al trono de Fernando VII y del inicio de la Guerra de la Independencia. Posiciones que se enmarcaban en los conflictos existentes en la corte y la familia real por la confrontación entre el entonces príncipe de Asturias y Godoy, apoyado por Carlos IV y su esposa María Luisa, y el pacto hispano-francés concretado en el Tratado de Fontainebleau firmado en octubre de 1807. En aquella época, el antiguo guardia de Corps era detestado al parecer por la mayor parte de los españoles por sus excesivas concesiones al emperador:

Supe pronto, con agradable sorpresa, que mis dos tíos eran de las opiniones de los conocidos en Cádiz por el apodo de mamelucos[75]. En cuanto a aborrecer al príncipe de la Paz y a la corte, estaban en el caso en que la mayor parte de los españoles de sus días. Yo, acorde con ellos en odiar a Napoleón y en vituperar la alianza de España con los franceses, pronto hube de convenir en sus afectos de mala voluntad al omnipotente privado de Carlos IV y María Luisa[76].

También, más en particular, describió la capacidad intelectual y las opiniones políticas de su tío Antonio, comparándolas siempre con las de su hermano Vicente:

Mi otro tío, su hermano, que vivía aparte con su familia, era persona de otra especie. No carecía de talento ni de instrucción, pero era muy inferior en claridad y agudeza de entendimiento y en conocimiento de libros, aunque de las obras filosóficas modernas tenía cabal noticia, profesándolas aprecio. En lo republicano igualaba a su hermano, pero mostraba su sentir con más vehemencia, siendo más violento de condición y estando menos acostumbrado a la vida cortesana. Ocupaba entonces el puesto distinguido en la magistratura de alcalde de la real casa y corte. En el vivir, este D. Antonio, se diferenciaba mucho de D. Vicente, siendo más mundano y distraído. Por sus cualidades de arrojado y entero, acompañadas de integridad, era muy de mi agrado, como lo fue de mi madre cuando le conoció por la vez primera[77].

Por otro lado, además de en sus intervenciones parlamentarias antes enunciadas, en sus escritos Alcalá Galiano también plasmó sus planteamientos ideológicos. Ya hemos apuntado algunos de ellos, pero sin duda fue en su trabajo más extenso conocido hasta el momento donde se recoge con un mayor detalle su pensamiento de madurez; en concreto aludimos al ensayo Máximas y principios de la legislación universal, que publicó después de haber jurado como diputado por la provincia de Córdoba según la información que él mismo aportó[78]. Dividido en tres libros y 65 capítulos, precedidos de una sentida dedicatoria ―dirigida a los hermanos difuntos del autor en la que procuró destacar los notorios servicios al Estado prestados por los Alcalá Galiano incluidos los suyos propios― y de un prólogo redactado por él mismo, ambos apartados sin paginar. En esta monografía analizó distintos aspectos políticos, sociales y económicos de su época, así como los procedimientos y la práctica judicial de la España de entonces que conocía en profundidad dada su dilatada experiencia como magistrado; también, expuso una serie de propuestas sobre cómo debía organizarse el sistema político español.

Un texto que resultó de forma amplia divulgado por la prensa, incluso después de la reimplantación del absolutismo y por algunos medios de esta ideología, considerándolo una aportación dirigida al conocimiento del derecho público, al mismo tiempo que debieron interpretarla como una obra de tendencia reaccionaria[79]. Años después, durante el Trienio, dado su carácter liberal moderado fue elogiado por el gobierno de entonces de aquel mismo color político; de hecho, la Junta de Instrucción Pública la incorporó a los libros que debían formar parte del plan de estudios de los centros de enseñanza españoles, puesto que era «eminentemente luminosa y necesaria para preparar el entendimiento de las leyes positivas, y además contiene muchos de los teoremas del inmortal Montesquieu»[80]. Por tanto, una acción difusora diversa que no resulta extraña en consideración a que en la misma se incluyen ideas tanto antiliberales como del liberalismo conservador.

Su redacción estuvo influida por su hermano Vicente ―en relación a sus ideas políticas, económicas y filosóficas y sobre todo a sus planteamientos basados a su vez, entre otros, en Jacques Necker y Adam Smith, evidenciándose en ambos Alcalá Galiano su defensa del liberalismo económico[81]―, por su propio bagaje cultural y profesional como jurista, así como por distintos pensadores franceses y británicos[82]. No obstante, su sobrino Antonio Alcalá Galiano y Fernández de Villavicencio la criticó en una de sus autobiografías, al mismo tiempo que valoró la capacidad intelectual de su tío Antonio de menor fuste que la de otros de sus familiares, considerándola como una «obra de no gran mérito, pues no igualaba en saber a sus hermanos»[83].

Al analizar el contenido de esta obra, conocemos que su autor mostró su adhesión incondicional a Fernando VII –esto es, pocos meses antes de que regresara a España y reimplantara el absolutismo–[84] y depositó en el lector la decisión sobre si sus ideas eran liberales o no. Respecto a esta última afirmación, en el prólogo mantuvo que en el reinado de Carlos IV se le persiguió por profesar esta ideología, mientras que en algunos periódicos gaditanos recientemente se le había tachado de servil y, aunque admitió que en su juventud profesó opiniones exaltadas, añadió que tras la Revolución Francesa las atemperó porque alteró la constitución y fracturó a la sociedad (p. 136). Esta falta de reconocimiento abierto por su parte de cuál era su ideología precisa no resulta extraña, dado que en él se integran dos corrientes de pensamiento contrarias: una cierta tendencia hacia algunos principios absolutistas y su apuesta por el liberalismo moderado[85]; de hecho, es un libro en el que encontramos las ideas que le caracterizaron como un ilustrado y un liberal conservador, sin menoscabo de la presencia, además, de algunos presupuestos del Antiguo Régimen que aceptaba.

En cuanto a los principios fundamentales del liberalismo doctrinario presentes en su libro, Alcalá Galiano se mostró partidario de[86]:

- La igualdad ante la ley, pero con diferencias, puesto que la sociedad debía dividirse jerárquicamente en clases, asignándose un mayor reconocimiento sociopolítico y la facultad de gobernar a los que tuvieran mayores talentos, riquezas o pertenecieran a la nobleza (pp. 30-32). Esta idea, que preconizaba un sistema oligárquico y excluyente basado en el sufragio censitario, posteriormente se concretó en el contexto del doctrinarismo del reinado de Isabel II en la concesión del voto a los que disfrutasen de unas crecidas rentas y a las denominadas «capacidades».

- La soberanía depositada en el rey, cuya autoridad no procedía de la voluntad popular, por lo que rechazó el concepto de soberanía nacional de Rousseau (pp. 106-109).

- La división de poderes, a la que dedicó varias páginas de su libro. Propuso un ejecutivo en manos del monarca con competencias reforzadas y que sirviera de contrapeso al legislativo; en este sentido, el rey podía tomar decisiones sobre todos los aspectos públicos excepto respecto a la libertad individual de los ciudadanos, decantándose por la forma de gobierno de la monarquía constitucional moderada frente a la democracia y la república ―que rechazó porque, según mantuvo, en ellas primaban la voluntad del pueblo que derivaba hacia la tiranía―. Planteó que el legislativo fuera bicameral a la manera del parlamento británico; a este respecto, consideró que en lugar de la cámara única de las Cortes de Cádiz y de la Constitución de 1812 debían existir dos cámaras formadas por representantes elegidos por sufragio censitario, puesto que para conservar el orden no todo el mundo podía votar; además, para ser elegible también se debía disponer de un determinado capital, renta o sueldo y tener al menos 25 años de edad; también, se mostró partidario de que una de las cámaras fuera elitista, integrada por la nobleza y el clero, y que la otra lo estuviera por los representantes del pueblo[87]. Por su parte, el poder judicial podía interferir en el legislativo cuando los legisladores cometiesen errores o perjudicasen el interés general de los ciudadanos; sin embargo, los jueces no podían interpretar las leyes, porque entonces las elaborarían y esta no era su función, sino aplicarlas (pp. 110-122, 134-146 y 209-214).

- La libertad de imprenta, que conllevaba la pluralidad de ideas, aunque limitada y regulada por leyes eficaces, puesto que la norma sobre este derecho implantada por las Cortes de Cádiz provocó según su parecer el desorden y la desunión entre los españoles (presupuestos presentes en el prólogo y en las pp. 76-79).

- La necesidad de la existencia de una constitución que sirviera de basamento a toda la legislación, que debía ser elaborada por el parlamento (p. 198)[88].

Además, dedicó los primeros capítulos de su obra a la defensa de la religión católica, cuya presencia y ascendencia en la vida pública reivindicó, pero también sostuvo la necesidad de abolir los diezmos y de establecer la desamortización de los bienes del clero, porque la acumulación de propiedades por la Iglesia perjudicaba a los estados ―propuesta relacionada con la idea ilustrada de la concentración de la tierra en las «manos muertas»― (pp. 3-9); defendió la educación pública (pp. 48-49); y, desde la perspectiva del liberalismo económico, apoyó: el capitalismo sustentado en la propiedad privada individual y libre ―frente a la comunal y la vinculada preeminente en el Antiguo Régimen―, el derecho al trabajo remunerado, la desigualdad en la riqueza, el rechazo a la esclavitud por ser contraria al derecho natural, etc. (pp. 20, 74 y 83-86).

Sin embargo, desde su mentalidad conservadora y nostálgica de varias de las características del Antiguo Régimen, así como disconforme con algunos de los principios de la Constitución de 1812, defendió el mantenimiento de los privilegios para evitar que la monarquía derivase en un Estado de carácter popular o despótico a los que se oponía ―por tanto, era partidario de que se conservaran como poderes intermedios a la nobleza y al clero― (p. 116). También, se opuso a las revoluciones ―aunque reconoció que había algunas justas, las que se realizaban contra un gobierno opresor que atacaba los derechos de sus ciudadanos, pero solían sobrepasar los objetivos honestos que las propiciaron y llevaban a la ruina a las sociedades―, al liberalismo exaltado y a un gobierno del pueblo ―puesto que las masas se dejaban llevar por las pasiones, siendo más oportuno para la mejor gobernanza de la nación que el poder recayera en pocas manos, insistiendo en que debían gobernar los más destacados por su riqueza y sus talentos― (como mantuvo en el prólogo y en las pp. 174-179 y 198). Por tanto, Alcalá Galiano presentó una iniciativa de organización política transigente entre las ideas absolutistas y liberales en el contexto del enfrentamiento entre ambas posturas.

Finalmente, el profesor Seco Serrano en su presentación de esta obra editada por el Congreso de los Diputados resumió de forma atinada la relevancia de las aportaciones contenidas en ella: «Ciertamente, la obra de Antonio Alcalá Galiano supone el encuentro ―acuerdo y disidencia― entre la tradición ilustrada y la innovación implícita en el constitucionalismo gaditano»[89].

Asimismo, según indicamos en las páginas precedentes, en las Cartas que publicó en 1820 como réplica a las acusaciones de Villanueva se mostró de nuevo partidario del liberalismo moderado, lo que provocó que fuera declarado impurificado y jubilado de forma obligada.

En consecuencia, consideramos factores determinantes en la evolución del pensamiento de base ilustrada de Antonio Alcalá Galiano desde sus ideas exaltadas y republicanas al liberalismo conservador y elitista, llegando incluso a defender algunos principios antiliberales y a apoyar el régimen absoluto de Fernando VII, los percibidos por él mismo ―y también por su hermano Vicente― como efectos dañinos de la Revolución Francesa por los excesos del pueblo ―de hecho, sintió una especial consternación por la muerte en la guillotina de Luis XVI―[90]. A ello se añade para terminar de explicar el cambio de su ideología política: su miedo a que el levantamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid derivase en una revolución popular; sus orígenes en la hidalguía de provincias y por tanto miembro de uno de los estamentos privilegiados; su favorecida y preeminente posición en la monarquía absoluta; su fidelidad a Fernando VII; y su estatus económico y social como integrante de la baja nobleza cultivada y del funcionariado perteneciente a la alta administración del Estado en el tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen.

Por otro lado, ambos hermanos fueron partidarios de la introducción de reformas en la monarquía absoluta y del liberalismo de base doctrinaria, pero sin llegar a una ruptura brusca con el pasado. De hecho, plantearon cambios que perseguían la transformación política y socioeconómica del régimen absoluto de forma pausada y transaccional para avanzar hacia fórmulas liberales; una postura alejada de los afanes rompedores revolucionarios de la tendencia liberal exaltada. También, sus presupuestos ideológicos influyeron en su sobrino Antonio Alcalá Galiano y Fernández de Villavicencio, quien evolucionó al igual que sus tíos del liberalismo radical al oligárquico, colaborando en la conformación de la corriente doctrinaria española, preeminente en la política del país durante buena parte del siglo XIX, y del programa del Partido Moderado[91]. Es más, el libro de Antonio Alcalá Galiano Máximas y principios… ha sido considerado un antecedente directo del liberalismo conservador en España y su autor uno de sus primeros teóricos; sin embargo, su iniciativa de un nuevo sistema político no fue ampliamente aceptada y menos aún llevada a la práctica en el reinado de Fernando VII[92].

CONCLUSIÓN

Antonio Alcalá Galiano, desde sus ideas ilustradas reformistas y liberales conservadoras e incluso en parte favorables a algunas de las características del Antiguo Régimen, supo adaptarse a las circunstancias cambiantes de su época como hicieron otros coetáneos. De hecho, de permanecer en las estructuras administrativas josefinas al inicio de la Guerra de la Independencia se integró en las instituciones patrióticas. De ser un liberal radical evolucionó al liberalismo conservador. De defender la república y la democracia llegó a respaldar el absolutismo fernandino por lealtad al rey según él mismo afirmaba, por conveniencia ―para continuar con sus encumbrados cargos estatales que le proporcionaban pingües beneficios por su elevado sueldo e influencias― y también para impedir que los liberales exaltados, en cuya represión participó, llegaran al poder al rechazar los excesos de las revoluciones populares. Una postura compartida con otros de los que apoyaron el régimen absoluto de Fernando VII ―es más, algunos incluso formaron parte de los posteriores gobiernos liberales y participaron en la consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II―, caso de: los antiguos afrancesados, luego liberales conservadores y finalmente partidarios del absolutismo Sebastián de Miñano, José Gómez Hermosilla, etc.; los defensores del despotismo ilustrado, formados en la Ilustración, integrantes de la administración josefina o de la patriótica durante la Guerra de la Independencia, absolutistas moderados en el reinado de Fernando VII ―así como cultivadores del liberalismo económico―, que procuraron introducir reformas en la maltrecha economía española y en la organización del Estado desde el seno de la monarquía absoluta fernandina, Luis López Ballesteros, Pedro Sainz de Andino, Francisco Javier de Burgos, etc.; y los también proclives al moderantismo absolutista y a las reformas desde dentro del régimen, los diplomáticos marqués de Casa Irujo, conde de Ofalia, Francisco Cea Bermúdez, etc.

No obstante, sus cambios ideológicos le beneficiaron, pero también le perjudicaron en el desarrollo de su cursus honorum político-administrativo, que estuvo favorecido u obstaculizado por sus protectores o amigos y por sus rivales o enemigos, respectivamente. Además, al bascular entre el absolutismo y el liberalismo moderado, fue represor, pero asimismo represaliado por los que apoyaban una y otra ideología; circunstancia sobre la que también actuaron las animadversiones políticas y personales que se atrajo por su tendencia ideológica, sus polémicas con determinados personajes contemporáneos suyos y su controvertido en algunos casos ejercicio de la magistratura.

En definitiva, los Alcalá Galiano no solo fundamentaron su ascenso socioeconómico y político-administrativo en sus estrategias matrimoniales y en la práctica del favor entre sus vástagos, sino también en la adquisición de una amplia formación intelectual, en el mérito, la capacidad, el esfuerzo y los servicios al Estado, valores fundamentales que extendieron los liberales. Antonio Alcalá Galiano y Alcalá Galiano, miembro de una familia de la pequeña nobleza rural, con una trayectoria en la entonces inestable función pública española fulgurante ―aunque no ajena a la polémica y auspiciada en sus inicios por su hermano― y una mentalidad a medio camino entre el despotismo ilustrado y el liberalismo, transitó por varios estadios ideológicos ―desde su liberalismo más avanzado en sentido incluso democrático y republicano para evolucionar a otro conservador y al reconocimiento de la monarquía de Fernando VII que le llevó incluso a fortalecer el absolutismo―. Asimismo, contribuyó a que las estructuras del Antiguo Régimen perdurasen y a retardar la implantación permanente del sistema liberal en España; sin embargo, también, su pensamiento fue un antecedente del liberalismo doctrinario que se implementó en el reinado de Isabel II por, entre otros, su propio sobrino Antonio Alcalá Galiano y Fernández de Villavicencio en quien influyó. Vaivenes ideológicos y posicionamientos mudables que, debemos insistir en ello, le ayudaron en su carrera político-administrativa, a la vez que le dañaron obligándole a defenderse de distintas controversias y hasta a enfrentarse a la paralización en numerosas ocasiones de su ascenso en la alta administración del Estado o a su cese por jubilación en la misma como hemos analizado en las páginas precedentes. No podemos obviar que fue una figura histórica fruto de una época compleja; de hecho, vivió un periodo de notorias transformaciones en el contexto de la transición del Antiguo al Nuevo Régimen y alentó distintos cambios, pero a la vez propició determinadas continuidades del pasado.

BIBLIOGRAFÍA

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[1] Los profesores Isabel Burdiel y Roy Foster han definido la biografía histórica como: «Aquella que se guía por una serie suficientemente formulada, pero también suficientemente flexible, de problemas históricos generales y que trata de explicar la singularidad de una vida individual sin someterla por ello a un relato que la trascienda o anule», Burdiel y Foster, 2015, p. 11.

[2] Como ha puesto de manifiesto el profesor Serrano García, quien además ha resaltado el «papel que los historiadores están teniendo en que se prime lo explicativo frente a lo narrativo» y el notorio impulso a partir de 2010 del análisis histórico del siglo XIX español a través del género biográfico al afirmar que la «concentración de buenas biografías en los últimos años sobre diferentes personajes, hombres y mujeres, que ocuparon un lugar relevante (o que han sido rescatados del olvido o semiolvido) en campos muy diversos de nuestro siglo XIX denotaría no solamente la normalización ya subrayada, sino también una cuestión de mayor alcance, consistente en la revalorización de dicha centuria como objeto de interés historiográfico», Serrano García, 2020, pp. 320 y 325.

[3] En varios estudios historiográficos sobre la elaboración y la importancia de la biografía, se ha destacado su valor para el análisis de la Historia Contemporánea, en especial la de España, al mismo tiempo que se han evidenciado sus carencias para la explicación completa de la misma: Veiga Alonso, 1995, pp. 131-147; Burdiel, 2000, pp. 17-47; Davis, 2005, pp. 31-47; Acton, 2005, pp. 177-198; Agirreazkuenaga y Urquijo, 2007, pp. 57-81; Pérez Ledesma y Burdiel, 2008, pp. 9-12; Núñez García, 2013, pp. 203-226; Burdiel, 2014, pp. 13-135.

[4] Sobre la reestructuración de la sociedad española y el nuevo concepto de cambio social de las élites de poder por efecto de la revolución liberal, Carasa, 2001, pp. 213-237; Moreno Luzón, 2008, pp. 27-42; Millán y Romeo, 2008, pp. 17-44; Burdiel, 2012; Luengo, 2015, pp. 219-238.

[5] Para no ser demasiado prolijos, solo citaremos aquí las tesis doctorales que se han elaborado sobre sus hermanos Vicente y Dionisio, así como la relativa a su sobrino Antonio Alcalá Galiano y Fernández de Villavicencio, que han dado origen a múltiples publicaciones: Valles Garrido, 2002; Sampedro Sánchez, 2013; Sánchez García, 1999.

[6] Valles Garrido, 2008, p. 260.

[7] Gaceta de Madrid, 21 de enero de 1766, p. 24. Casas Sánchez, 2010. Sobre los orígenes familiares de los Alcalá Galiano y la evolución vital de los miembros de esta saga, Alcalá Galiano, Memorias, I, pp. 3-6 y 121-122; Mogrobejo, 2000, II, pp. 316-317; Sánchez Romero, 2002, pp. 11-35; Moreno Hurtado, 2009, pp. 165-181; Barea López, 2012, pp. 31-32.

[8] Cuando esta murió contrajo enlace por segunda vez con una hermana de su primera esposa, Agustina, que también falleció, realizando unas terceras nupcias cuando ya era sexagenario con una de sus criadas e incluso en 1805 unas cuartas con Catalina María de la Cueva, hermana del conde de Guadiana, unos 30 años más joven que él.

[9] Dionisio fue un conocido héroe de la batalla de Trafalgar, uno de cuyos hijos fue Antonio Alcalá Galiano y Fernández de Villavicencio, célebre escritor, reconocido liberal, parlamentario en múltiples ocasiones, diplomático y ministro de Isabel II, con quien es habitual que se confunda a nuestro biografiado tanto en las fuentes como respecto a la autoría de varias de sus obras.

[10] María del Rosario estuvo casada con el marqués de Medina, viajó a América para acompañar a su esposo que había sido nombrado capitán general de Chile, falleciendo ambos en la travesía, convirtiéndose su hermano Antonio en el tutor de sus tres hijos.

[11] Cruz, 2000, pp. 164 y 236; Valles Garrido, 2008, pp. 20-25; Molas Ribalta, 2008, pp. 314-315.

[12] Denostado por Antonio Alcalá Galiano y Alcalá Galiano en los momentos previos de la Guerra de la Independencia, pese a haberle favorecido en su ingreso en la judicatura. Además, al parecer, como alcalde de Casa y Corte se encargó en marzo de 1808 de las comunicaciones del destierro de la familia de Godoy, según expondremos más adelante, por tanto, este parentesco resulta un curioso giro de la historia.

[13] Archivo Histórico Nacional (AHN), Fondos Contemporáneos (FC), Ministerio de Hacienda, Expediente de licencia de casamiento de Antonio Alcalá Galiano con María Josefa Giménez de Carmona, leg. 509, exp. 1802. Escenas contemporáneas, número 3, 1858, pp. 159-161. Valles Garrido, 2008, pp. 29, 31-33 y 527. En Gil Novales, 2010, consúltense las entradas dedicadas a Pedro Trujillo y Tacón, así como a Josefa y Micaela Tudó Catalán Alemán y Luesia.

[14] AHN, Consejos, Cámara de Castilla, Relación de méritos de Antonio María Alcalá Galiano, natural de Cabra, leg. 13348, exp. 21. Vargas y Alcalde, Reseña histórica, p. 141.

[15] Cadete, oficial y profesor de la Academia Militar de Artillería de Segovia, donde fomentó de forma denodada la Sociedad Económica de Amigos del País de dicha ciudad. Protegido por el ministro de Hacienda, Pedro López de Lerena, se convirtió en alto funcionario del Estado, siendo en 1787 comisario de guerra y desde 1789 oficial del Consejo de Hacienda. Destacó como reformista ilustrado, hacendista y autor de distintas monografías sobre todo relativas a asuntos fiscales, al mismo tiempo que su carrera en el Ministerio de Hacienda experimentó un notorio impulso por la confianza que depositaron en él los ministros Gardoqui, Saavedra y Azanza; ejerció entre otros cargos los de gobernador del Real Sitio de San Fernando, director general de Rentas, consejero de Hacienda, presidente del Tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas, decano del Consejo de Hacienda y tesorero general del reino por nombramiento de Fernando VII al comenzar su reinado en 1808. Sus ideas políticas partieron de un republicanismo teórico, influido por Rousseau y Mably, aunque en la práctica siempre se mantuvo fiel a los monarcas a los que sirvió, para posicionarse en el conservadurismo liberal ―se mostró partidario de una monarquía moderada por las Cortes que representaran a la nación―. Tildado de afrancesado ―aunque, al parecer, o bien no lo era, o bien se arrepintió de ello―, según su propio testimonio por orden del ministro Azanza participó en las juntas preparatorias de la asamblea de Bayona, formó parte de la misma y juró el texto constitucional promulgado en ella; pero tras abandonar en 1809 la causa josefina se pasó a los patriotas y apoyó la lucha contra el invasor. Murió en Cádiz el 3 de noviembre de 1810 por la epidemia de fiebre amarilla. Fue el hermano con el que mayor relación mantuvo Antonio Alcalá Galiano, siendo también quien más le influyó tanto en el desarrollo de su carrera político-administrativa como en su pensamiento. Gaceta de la Regencia de España e Indias, 18 de diciembre de 1810, pp. 1021-1022. Molas Ribalta, 2001, pp. 120, 122 y 125-126; Valles Garrido, 2008, pp. 17 y ss.

[16] AHN, FC, Ministerio de Justicia, Relación de expedientes personales de «Magistrados y Jueces», leg. 4242, exp. 21. Mercurio de España, febrero de 1794, p. 56.

[17] AHN, FC, Ministerio de Justicia, Relación de expedientes personales de «Magistrados y Jueces», leg. 4242, exp. 21; Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid, años 1795-1796, 1798-1800, 1802 y 1804-1806, pp. 111, 116, 121, 122, 120, 122, 120, 126 y 124 de cada año; Diario de Madrid, 27 de abril de 1807, p. 5, 7 de agosto de 1807, p. 3, 5 de diciembre de 1807, p. 3, 19 de marzo de 1808, p. 2, 8 de agosto de 1808, pp. 1-3, 27 de septiembre de 1808, p. 2, 28 de octubre de 1808, p. 2, 27 de noviembre de 1808, p. 2 y 3 de enero de 1809, p. 4; Guía de litigantes y pretendientes, 1808, p. 30. Valles Garrido, 2008, pp. 31-32 y 211-212.

[18] Según sus propias manifestaciones recogidas en el prólogo de su libro, Alcalá Galiano, Máximas y principios.

[19] Valles Garrido, 2008, p. 211.

[20] En este sentido, afirmó que en la «gloriosa» defensa de Madrid del 2 y 3 de diciembre de 1808 «no se separó un instante de los puntos que se le encargaron, expuesto siempre al fuego del enemigo, y aun en la mañana del último día solicitó atacar a los franceses en el Retiro poniéndose al frente de mil hombres de los valientes y leales vecinos de aquella capital, cuya pretensión fue rechazada por la Junta establecida en la Casa de Correos, contestándole sería víctima con los que le acompañasen»; además, se negó a participar en la rendición de la ciudad «manifestando que prefería morir a capitular». Pese a la posible exageración de sus méritos guerreros ―que no contrastó con prueba alguna, caracterizándose esta información por su sesgo personal― se debe tener en cuenta que a finales de noviembre de 1808 se implementó la defensa de Madrid, encargándose de los preparativos los alcaldes de Casa y Corte. Archivo del Congreso de los Diputados (ACD), Serie General de Expedientes (SGE), leg. 3, num. 30. «Representación de Antonio Alcalá Galiano en vindicación de su conducta como magistrado (1811-1812)», [los folios de esta documentación no están numerados, el texto entre comillas se encuentra recogido en el documento fechado el 8 de noviembre de 1811]. Valles Garrido, 2008, p. 207.

[21] Valles Garrido, 2008, pp. 211-212; Molas Ribalta, 2008, p. 117.

[22] Gaceta del Gobierno de México, 23 de febrero de 1810, p. 4; Alcalá Galiano, Memorias, I, pp. 277-278; Valles Garrido, 2008, pp. 213-214.

[23] Gaceta de la Regencia de España e Indias, 18 de diciembre de 1810, p. 1022. Al menos desde principios de marzo de 1809 Vicente Alcalá Galiano se encontraba en Sevilla, puesto que el Tribunal de Seguridad Pública ―constituido por la Junta Central el 14 de enero de 1809 para investigar la lealtad y el patriotismo de los que se pasaban de la zona ocupada por los franceses― comunicó a la Junta Central que tenía noticia de que habían llegado a Sevilla tanto el mencionado tesorero general como varios consejeros y magistrados procedentes de Madrid; asimismo, en cumplimiento de la normativa vigente mantuvo que se debía examinar la conducta de todos y abrirles el expediente correspondiente, sin que tengamos constancia del resultado de esta investigación (AHN, Estado, Sección de Gracia y Justicia, Expedientes de arrestos y prisiones por infidencia, leg. 29 G).

[24] AHN, Estado, Sección de Gracia y Justicia. Correspondencia con la Secretaría de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, Petición de Antonio Alcalá Galiano fechada en Sevilla el 8 de septiembre de 1809, leg. 32A.

[25] Valles Garrido, 2008, pp. 171-172.

[26] AHN, FC, Ministerio de Justicia, Relación de expedientes personales de «Magistrados y Jueces», leg. 4242, exp. 21. AHN, Ministerio de Hacienda, Expediente de clasificación de jubilación de Antonio Alcalá Galiano, consejero del Consejo de Hacienda, leg. 1245, exp. 16. Diario de La Habana, 9 de enero de 1811, p. 2. Francisco Olmos, 1997, pp. 183, 187, 195, 197, 200, 204, 207, 211, 214 y 417.

[27] Tribunal creado en 1809 por la Junta Central para controlar los embargos y las ventas en subasta pública de las propiedades de todo tipo de los franceses localizadas en el reino de España que debían efectuar las autoridades judiciales locales. La Real Junta de Represalias…, 1809.

[28] Diario Mercantil de Cádiz, 19 de julio de 1810 y 7 de abril de 1811, p. 4 en ambas fechas; Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid, 1811, pp. 63 y 84; El Redactor General, 28 de mayo de 1813, p. 3. Valles Garrido, 2008, p. 212; Riaño de la Iglesia, 2004, p. 619.

[29] García de León y Pizarro, Memorias, I, p. 298.

[30] El abogado Rico, quien ejerció como juez y fiscal de la administración de José I, fue secuestrado en Aranjuez por el guerrillero «Francisquete», quien lo llevó a Cádiz, donde fue procesado y ejecutado de forma pública por garrote el 14 de abril de 1810. Diario Mercantil de Cádiz, 15 de abril de 1810, p. 4. Gil Novales, 2010.

[31] Diario de Sesiones de Cortes (DSC), sesión de 29 de junio de 1811, pp. 1361-1369.

[32] En concreto, se denunció que: «Los alcaldes de Corte Galiano, Cano Manuel y otros fugitivos fueron compañeros del desgraciado Rico, y uno de ellos su padrino en la toma de posesión de su plaza. Son de los que registraron los decretos del emperador a su entrada en Madrid. Nuevamente volvieron a jurar al rey Josef; ejercieron en su nombre la justicia muchos meses; se fueron porque no se contó, particularmente con Galiano, para una de las plazas de las juntas que substituyeron al consejo real, y son los malvados que, unidos con Villela, sentenciaron y llevaron al patíbulo al digno magistrado Rico. ¡La humanidad se estremece!», Gaceta de Madrid, 21 de septiembre de 1811, pp. 1091-1092.

[33] Gaceta de la Junta Superior del Reino de Valencia, 12 de noviembre de 1811.

[34] Fechadas el 8, 10 y 24 de noviembre de 1811 y el 19 de agosto de 1812. ACD, SGE, leg. 3, num. 30. «Representación de Antonio Alcalá Galiano en vindicación de su conducta como magistrado (1811-1812)». Además, las publicó tanto en Cádiz como en Madrid: Alcalá Galiano, Representación que hizo.

[35] Probó, además, que su intervención en el proceso le atrajo la venganza del gobierno afrancesado, puesto que en un informe dirigido a José I de su ministro del Interior este pidió que los «asesinos» de Rico fueran, una vez detenidos, ejecutados. Gaceta de Madrid, 28 de mayo de 1812, pp. 603-604.

[36] AHN, Diversos-Colecciones, Actuaciones gubernativas y judiciales ejecutadas por la Cámara de Castilla durante la ausencia del rey José I Bonaparte en Madrid, leg. 141, num. 1.

[37] DSC, sesiones de 29 de junio de 1811, pp. 1361-1369 y de 28 de octubre de 1811, pp. 2163-2167.

[38] ACD, SGE, leg. 3, num. 30. «Representación de Antonio Alcalá Galiano en vindicación de su conducta como magistrado (1811-1812)».

[39] Riaño de la Iglesia, 2004, p. 618.

[40] Francisco Javier de Guzmán Ortiz de Zúñiga Marabel Ponce de León, conde de Tilly, fue un antiguo regidor de Sevilla y miembro de la Junta Central. A principios de 1810 el general Castaños ordenó su detención acusado de alta traición ―al parecer, por ser un derrotista porque planteó la dificultad de la salvación de España y propuso a los ingleses a espaldas de la Regencia que estos facilitaran el traslado de la administración y el ejército español hacia América a cambio de cederles Ceuta―. Falleció el 14 de septiembre de 1810 en la prisión del Castillo de Santa Catalina, en Cádiz, debido al asma que padecía. El juez de este sumario, Alcalá Galiano, según se denunció en su época, se negó a liberarlo por razones humanitarias. Gil Novales, 2010.

[41] DSC, sesión de 18 de noviembre de 1811, p. 2285 [el texto entre comillas puede leerse en esta página]. El Redactor General, 19 de noviembre de 1811; El Conciso, 19 de noviembre de 1811, pp. 2-3. Pino Abad, 2021, pp. 409-410.

[42] ACD, SGE, leg. 3, num. 30. «Representación de Antonio Alcalá Galiano en vindicación de su conducta como magistrado (1811-1812)». Véase en particular el documento fechado el 24 de noviembre de 1811. El Redactor General, 25 de noviembre de 1811. Alcalá Galiano, Representación que hizo (texto publicado en Cádiz y fechado en diciembre de 1811, fue reimpreso, con la añadidura de varios documentos que no publicó en la primera edición, en Madrid en 1812 según Riaño de la Iglesia, 2004, pp. 618-619).

[43] El Redactor General, 31 de enero y 9 de febrero de 1813.

[44] En un artículo publicado dos meses después de su elección, firmado primero con el pseudónimo de «El español ingenuo» y luego con las iniciales D. A. C., se denunció el apoyo prestado por los alcaldes de Casa y Corte al gobierno de José I en 1808 y 1809, nombrando a Alcalá Galiano como uno de ellos. Este, al parecer, en diciembre de 1808 firmó, como miembro de la sala plenaria de los mencionados jueces, varios decretos por los que se debía cumplir lo dispuesto por Napoleón ―lo que él mismo reconoció en el escrito reivindicativo de su labor como magistrado en relación a la causa de Rico remitido a las Cortes ya citado― y, además, en enero de 1809, continuaba ejerciendo el cargo de alcalde de Corte, por lo que como el resto de estos magistrados «sirvió a sueldo al Sr. Botella». El Conciso, 22 de julio de 1813, p. 6.

[45] Espino Jiménez, 2012a, pp. 444-447 y 2012b, pp. 433-434.

[46] ACD, Serie Documentación Electoral, leg. 1, num. 9. García León, 2012, pp. 33-35.

[47] ACD, SGE, leg. 3, num. 30. «Representación de Antonio Alcalá Galiano en vindicación de su conducta como magistrado (1811-1812)». Documento fechado el 19 de agosto de 1812.

[48] En la autobiografía de su sobrino Antonio Alcalá Galiano y Fernández de Villavicencio publicada por entregas en la prensa nacional española tras su muerte, este afirmó de él respecto de cuando fue diputado en 1813 que se posicionó junto «al partido de la antigua monarquía». Por tanto, consideraba que entonces su tío era realista. La Libertad: periódico moderado, 3 de mayo de 1865, p. 3.

[49] DSC, sesión de 1 de septiembre de 1813, p. 6093.

[50] En realidad, dadas las intervenciones de distintos diputados liberales y absolutistas, la proposición tenía como objetivo que las Cortes establecieran ―según el planteamiento de los liberales de que el clero influía de forma extrema en la política― que los eclesiásticos no pudieran representar como parlamentarios a las provincias donde desempeñaban su ministerio. Con ello lograrían deshacerse de una parte considerable de partidarios del absolutismo y de los privilegios de la Iglesia en las Cortes.

[51] DSC, sesión de 11 de junio de 1813, pp. 5466-5467.

[52] DSC, sesión secreta de 18 de junio de 1813, p. 842.

[53] DSC, sesión de 19 de junio de 1813, p. 5518.

[54] DSC, p. 5579. Espino Jiménez, 2012a, pp. 446-447.

[55] DSC, sesión secreta de 30 de junio de 1813, p. 846.

[56] DSC, sesiones de 5 y 6 de julio de 1813 pp. 5608 y 5623.

[57] Vicente Alcalá Galiano demostró en un opúsculo de 1787 las ventajas del sistema de rentas provinciales en el contexto de la reforma fiscal establecida dos años atrás. Además, poco tiempo antes del mencionado debate en las Cortes, en 1809, elaboró un informe sobre los mencionados impuestos en el que se mostró favorable a su mantenimiento sin modificaciones. Un documento cuyas vicisitudes administrativas sobre su valoración por la Junta Central y la Regencia publicó su hermano Antonio en 1812, Alcalá Galiano, Representaciones. Este, en la introducción que hizo a dicho documento, se mostró partidario de la única contribución y de la libertad de imprenta con limitaciones, reproduciendo casi palabra por palabra en sus discursos parlamentarios las ideas de su hermano contenidas en el mismo. Valles Garrido, 2008, pp. 182, 257, 260-261, 397, 400-401 y 512-526.

[58] Sobre la enorme trascendencia para la época del reformismo de la Hacienda pública y el papel parlamentario de Antonio Alcalá Galiano en el mismo, Fontana y Garrabou, 1986, p. 85; López Castellano, 1995, p. 339.

[59] DSC, sesiones de 18, 19, 20, 22 y 25 de julio y 31 de agosto de 1813, pp. 5726-5732, 5737-5749, 5755-5756, 5774-5775, 5793-5794 y 6092.

[60] DSC, sesión de 6 de julio de 1813, p. 851. García León, 2021.

[61] Villanueva, Vida literaria, pp. 89-90. En el Real Decreto de 11 de agosto de 1814 por el que se restableció el Consejo Supremo de Hacienda se incluyó la nómina de los ocho ministros togados que debían conformarlo, encontrándose entre ellos Antonio Alcalá Galiano (Mercurio gaditano, 23 de agosto de 1814, p. 2).

[62] El mismo 4 de mayo de 1814, cuando Fernando VII firmó el conocido Decreto de Valencia, el general Eguía, flamante capitán general de Castilla la Nueva y gobernador militar y político de Madrid, partió hacia la capital para consumar el golpe de estado fernandino. Portaba una lista de 38 personalidades destacadas por su apoyo al liberalismo que debían ser detenidas de inmediato; en la madrugada del 10 al 11 siguiente se presentaron con títulos de agentes de policía y con fuerza armada José María Puig, Ignacio Martínez de Villela, Antonio Alcalá Galiano, Francisco Leiva y Jaime Álvarez de Mendieta ―jueces designados por el rey para proceder a los arrestos y a juzgar a los encausados como miembros de la Comisión de Policía― en las viviendas de los incluidos en la mencionada lista para su detención. Sin embargo, solo unas semanas después los jueces comunicaron al rey que no encontraban motivos jurídicos para dictar una sentencia condenatoria, porque los delitos de los que se acusaba a los encarcelados no se encontraban recogidos en las leyes vigentes y los testimonios de los testigos no eran concluyentes; ante este contratiempo para sus deseos, Fernando VII dispuso que se enviase toda la documentación de los procesos a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Por la Real Orden de 14 de septiembre de 1814, debido a la posibilidad de que la sala absolviera a los procesados, el rey nombró otro tribunal, la Comisión de Causas de Estado, formada por: José de Arteaga (capitán general de Madrid), el conde del Pinar y Andrés Lasauca (miembros del consejo de Castilla), Joaquín Mosquera (del de Indias) y Antonio Alcalá Galiano (del de Hacienda), a los que se sumó días después Mateo Sandoquis (fiscal de la Real Sala de Casa y Corte); en consecuencia, solo Alcalá Galiano perteneció tanto a esta como a su antecesora la Comisión de Policía, al haberse hecho acreedor de la confianza de Fernando VII para que el resultado de sus trabajos fuera el que esperaba el rey. Con prontitud, la nueva comisión como prueba de su celo represor dispuso el embargo de los bienes de los diputados detenidos y dictó sentencias en las que se condenó a distintos encausados a penas tanto de prisión como de destierro, multas, pérdida del empleo público, etc., obligando a todos los condenados al pago de las costas judiciales. No obstante, este tribunal alargó el proceso, lo que colmó la paciencia del rey al no castigarse con mayor rapidez a los liberales; el 10 de octubre de 1815 cesó a todos sus integrantes y nombró a otros, disponiendo en diciembre siguiente por un real decreto la sentencia contra 54 procesados por la comisión. El 26 de enero de 1816 el monarca absoluto suprimió la Comisión de Causas de Estado, pasando los sumarios en los que entendía que se encontraban pendientes a los tribunales ordinarios. El Procurador general de la nación y del rey, 9 de noviembre de 1814, pp. 6-7. Diario balear, 13 de noviembre de 1814, pp. 3-4. Fernández Martín, Derecho parlamentario, III, pp. 71 y ss.; Lasa Iraola, 1970, pp. 327-383; Álvarez-Coca González, 2012, pp. 238-239; Sánchez-Arcilla Bernal, 2016, pp. 985-1031. Un interesante análisis del contexto en el que se desarrollaron estos acontecimientos y de la acción represora fernandina en La Parra, 2018, pp. 269-270, 290-293 y 694-695.

[63] Villanueva, quien destacó en los periodos en los que fue diputado en las Cortes de 1810 y 1813 por ser un orador activo y sobre todo por sus intervenciones en materia eclesiástica, que le expusieron a las iras de los absolutistas, fue arrestado en mayo de 1814 en Madrid y enviado a prisión. En 1815 fue condenado a seis años de cárcel en el convento alcarreño de La Salceda (Guadalajara), sus rentas confiscadas y destituido de sus cargos. En 1820 volvió a ser diputado por Valencia y en ese mismo año publicó la obra en la que denunció a Alcalá Galiano, entre otros jueces a los que responsabilizó de la persecución de los diputados liberales, titulada Apuntes sobre el arresto de los vocales de Cortes ejecutado en mayo de 1814, escritos en la cárcel de la Corona por el diputado Villanueva, uno de los presos. Gil Novales, 2010; Ramírez Aledón, 2010.

[64] Pese a no publicarlo con su nombre, escribió el opúsculo titulado Cartas sobre los apuntes publicados por el Sr. D. Joaquín Lorenzo Villanueva, relativos al arresto de varios vocales de las Cortes, ejecutado en mayo de 1814: escritos por D. P. D. En este texto defendió el liberalismo ―mostrándose a favor de la libertad y la igualdad, así como de los principales artículos de la Constitución de 1812 (véanse las pp. 7 y siguientes de la mencionada obra), por lo que se utilizó en su contra en el proceso de purificación al que fue sometido en 1824 como enunciaremos más adelante― y su actuación como juez de policía en aquella época frente a las ya enunciadas censuras que le hizo Villanueva, calificándolas de calumnias. A continuación, el entonces diputado por Valencia contraatacó, convencido de que el autor de las Cartas era el antiguo consejero de Hacienda, con la obra titulada Nuevos apuntes del diputado Villanueva, sobre las Cartas del señor Alcalá Galiano, en la que rebatió los argumentos de aquél; planteamientos que también mantuvo años después en su autobiografía (Villanueva, Vida literaria, pp. 21-22, 89-90 y 126-128). El propio Alcalá Galiano en la causa de purificación ya mencionada que se le abrió al principio de la Década Ominosa, en sendos escritos fechados en junio y agosto de 1824 incluidos en el expediente de dicho proceso con su firma, reconoció que era el autor de las Cartas (AHN, FC, Ministerio de Justicia, Relación de expedientes personales de «Magistrados y Jueces», leg. 4242, exp. 21, fols. 17v-18r y 77-78). Como es obvio, las visiones contrapuestas de Villanueva y Alcalá Galiano sobre los mencionados procesos de 1814 se caracterizan por la subjetividad, pero aportan datos de interés para el análisis de la represión en términos judiciales del liberalismo español en sus inicios por el absolutismo fernandino. El controvertido debate entre ambos ha sido estudiado por Lasa Iraola, 1970, pp. 356 y 373 y sobre todo por Sánchez-Arcilla Bernal, 2016, pp. 986-991.

[65] Mercurio español, 22 de junio de 1814, pp. 191-192; El Procurador general de la nación y del rey, 27 de junio de 1814, p. 4.

[66] Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid, 1815, 1819 y 1826, pp. 81, 105, y 91, respectivamente.

[67] AHN, Ministerio de Hacienda, Expediente de clasificación de jubilación de Antonio Alcalá Galiano, consejero del Consejo de Hacienda, leg. 1245, exp. 16.

[68] El Restaurador, 4 de julio de 1823, p. 10; Diario mercantil de Cádiz, 10 de noviembre de 1823, pp. 1-3 y Diario balear, 19 de noviembre de 1823, pp. 3-4.

[69] Las biografías de Felipe Sobrado, Miguel Otal y Martín de Garay en Gil Novales, 2010.

[70] AHN, FC, Ministerio de Justicia, Relación de expedientes personales de «Magistrados y Jueces», leg. 4242, exp. 21 (su expediente de purificación en fols. 13-133, texto entre comillas en fols. 15 v. y 16 r.). AHN, FC, Ministerio de Hacienda, Expediente de clasificación de jubilación de Antonio Alcalá Galiano, consejero del Consejo de Hacienda, leg. 1245, exp. 16.

[71] AHN, FC, Ministerio de Justicia, Relación de expedientes personales de «Magistrados y Jueces», leg. 4242, exp. 21, fols. 131-133. Escenas contemporáneas, número 3, 1858, p. 159. Francisco Olmos, 1997, pp. 222 y 223.

[72] Según su sobrino, Antonio Alcalá Galiano y Fernández de Villavicencio: «En su juventud fue también de ideas innovadoras y democráticas [al igual que su hermano Vicente, quien como recordará el lector atesoró ideas republicanas y mantuvo una importante ascendencia ideológica sobre él]; pero con los años mudó, y el último período de su vida fué señalado por su celo dé la causa del trono», Alcalá Galiano, Memorias, I, p. 6.

[73] Sánchez García, 2005, p. 47; Molas Ribalta, 2008, pp. 203-204; Caro Cancela, 2010, p. 102.

[74] Alcalá Galiano, Memorias, I, p. 6.

[75] En este mismo tomo de sus memorias, Alcalá Galiano y Fernández de Villavicencio especificó que el sobrenombre de «mameluco» nació en la antigua Gades en 1805, durante los preparativos que la Armada española realizaba para enfrentarse a la inglesa y que dio lugar a la batalla de Trafalgar, definiéndolo del siguiente modo: «Dividíanse entonces, como ahora y como antes, los españoles en partidarios de los ingleses y de los franceses. Y eran los últimos muy numerosos, y más cortos en número los primeros, componiéndose estos, de algunos enemigos de la revolución francesa, de otros al revés, que, por afecto a ella en sus primeros tiempos, aborrecían a Napoleón, no como a usurpador, sino como a tirano y destructor de la libertad, de algunos por considerar que la ambición francesa, y señaladamente la de su emperador, amenazaba a la independencia de España con grave peligro. A todos estos llamaban en Cádiz mamelucos sus contrarios los amigos de los franceses, sin que sepa yo o pueda conjeturar de dónde vino darles tal nombre», Alcalá Galiano, Memorias, I, pp. 82-83.

[76] Alcalá Galiano, Memorias, I, p. 119.

[77] Alcalá Galiano, Memorias, I, p. 121.

[78] Alcalá Galiano, Máximas y principios, p. 107. El interés histórico de la misma ha generado que se publicasen sendas ediciones dos siglos después de la primera, una, facsímil, editada por el Congreso de los Diputados (2001, con presentación del profesor Carlos Seco Serrano) y otra por la editorial Comares (2006, precedida de un extenso estudio preliminar del profesor José Luis Monereo Pérez, aunque esta edición se encuentra incompleta respecto a la original de 1813 al carecer de las páginas de la dedicatoria y de otra final con las erratas). En adelante, las páginas indicadas entre paréntesis de este libro pertenecen a la primera edición, la de 1813, cuya autoría ha sido asignada de forma errónea en numerosas ocasiones a su sobrino Antonio Alcalá Galiano y Fernández de Villavicencio.

[79] Atalaya de La Mancha en Madrid, 1 de abril de 1814, p. 8; El Procurador general de la nación y del rey, 29 de mayo de 1814, p. 8; Mercurio español, 2 de junio de 1814, p. 8.

[80] Gaceta de Madrid, 19 de abril de 1821, p. 558.

[81] Según el biógrafo de Vicente, la monografía de Antonio fue «escrita desde un espíritu de conservación no sólo de un mundo político y social cada vez más próximo a su transformación, sino también de un “patrimonio intelectual” constituido por las ideas que habían ido asumiendo y desarrollando él y su hermano a lo largo de su vida», Valles Garrido, 2008, p. 261.

[82] Pese a que el propio autor reconoció la notoria ascendencia que tuvo en su juventud la lectura de Rousseau, criticó al tratadista ginebrino ―en especial su teoría del pacto social―, muestra evidente de su rechazo a los excesos de la Revolución Francesa que aquel había inspirado; asimismo, contradijo las ideas de Beccaria sobre la abolición de la pena de muerte, de cuya aplicación Alcalá Galiano era partidario al considerar que se imponía «a un enemigo [de la sociedad] que la ataca, perturba e inquieta» (p. 374) y elogió a Jovellanos. Las obras y pensadores principales, sobre todo ilustrados del siglo XVIII, que constituyen los fundamentos de su obra, además de los ya citados Necker y Smith, fueron: Principes de la Legislation Universelle del que fuera gran cultivador de la fisiocracia Louis Schmid d`Avenstein ―fuente principal del libro de Alcalá Galiano, sus ideas también estuvieron presentes en los trabajos de su hermano Vicente―; Montesquieu; Constitutions des principaux États de l’Europe et des États-Unis de l’Amerique de De la Croix; el filósofo materialista Claude-Adrien Helvétius; La Boix de la nature sus l’origine des gouvernemens de Jean Baptiste Thorel ―monografía de cabecera de los dos hermanos Alcalá Galiano, presenta una tendencia antiliberal al mostrarse en contra de la soberanía popular y del pacto social entre iguales para explicar la base del poder, que según Thorel se encontraba en el principio de la autoridad originaria de los gobernantes, idea recogida en su libro por Alcalá Galiano y denostada por su sobrino como liberal convencido (Alcalá Galiano, 1 Memorias, pp. 278-279, Sánchez García, 2005, p. 44)―; el utilitarista británico Jeremy Bentham; y el padre del conservadurismo liberal y contrarrevolucionario Edmund Burke. Monereo Pérez, 2006, pp. LI-LIII; Valles Garrido, 2008, pp. 262-263 y 396-397.

[83] La Libertad: periódico moderado, 3 de mayo de 1865, p. 3.

[84] Al final de la mencionada dedicatoria, tras recalcar su patriotismo y su lealtad «a la Religión, a la Nación y al Rey», expresó su fidelidad a Fernando VII, puesto que, al parecer, el monarca valoraba su honradez como magistrado: «La ingratitud es en mi juicio una de las mayores maldades que puede cometer el hombre; y además de las obligaciones y deberes que tengo como Español con el amado y deseado Fernando, hubiera incurrido en esta iniquidad, si no le hubiese sido fiel; porque aunque es cierto que no le debí gracia alguna, en el corto tiempo que ejerció el mando, le merecí opinión; cosa para mí más apreciable que cuanto existe en el mundo; pues me informaron que cuando en marzo de mil ochocientos ocho se trató de comunicar las órdenes para los destierros de la familia de Godoy, había dicho S. M. “este es encargo de los Alcaldes de Corte Arias de Prada y Galiano, que no tienen relación con Godoy y tienen probidad” y, en efecto, a los dos se nos comunicaron las órdenes».

[85] Seco Serrano, 2001, pp. 6-7. Según el profesor Monereo Pérez, 2006, p. XII, la obra de Alcalá Galiano representa «una expresión paradigmática de un criterio conservador extendido en su época en el marco de un liberalismo en no pocos aspectos indeciso e indecisorio. En ella se refleja la lucha de ideas, la confrontación del liberalismo democrático con el régimen absolutista y con el liberalismo doctrinario».

[86] Para el análisis de las aportaciones del libro de Alcalá Galiano se han consultado también los estudios críticos incluidos en las ediciones posteriores: Seco Serrano, 2001, pp. 3-15 y Monereo Pérez, 2006, pp. X-LV.

[87] Con esta idea pensaba que una de las clases no influirá sobre las demás, como sucedió durante la Revolución Francesa, dado que ambas cámaras se controlarían entre sí. Una iniciativa con la que se lograría el equilibrio dentro del legislativo según su parecer, antecesora del bicameralismo existente en el reinado de Isabel II durante el avance hacia la construcción y consolidación definitiva del sistema liberal español.

[88] Varias de las ideas de Alcalá Galiano ―como la supresión de la soberanía popular, el poder del rey reforzado, el bicameralismo con una segunda cámara que acogiese a los estamentos privilegiadas del Antiguo Régimen o la restricción de los derechos políticos a los que disfrutaran de una determinada posición económica― también fueron defendidas, en el marco de una serie de propuestas tendentes a la moderación del sistema doceañista y a la introducción de un régimen constitucional aceptable por Fernando VII, en los dos periodos inmediatos a la Guerra de la Independencia: durante el Sexenio Absolutista, por los liberales exaltados Álvaro Flórez Estrada y Pedro Pascasio Fernández Sardino en 1818, y por los autores del Acta Constitucional de los Españoles de Ambos Hemisferios, presente entre los documentos incautados tras la conspiración de El Palmar de 1819; y, ya en el Trienio, por varios antiguos afrancesados ―caso de José Gómez Hermosilla, Alberto Lista, Sebastián de Miñano, León Amarita y Javier de Burgos―, por distintos liberales moderados ―como Francisco Martínez de la Rosa y el conde de Toreno, principalmente― y por algunos partidarios del liberalismo radical en aquel momento ―como Alcalá Galiano y Fernández de Villavicencio, defensor al igual que su tío de la existencia de dos cámaras, del incremento de las atribuciones del monarca y de unas Cortes con menos poderes―. Varela Suanzes-Carpegna, 2013, pp. 211-215 y 279-285; Butrón Prida, 2021, pp. 65-66 y 69-72.

[89] Seco Serrano, 2001, p. 3.

[90] Causa que fue común a otros liberales, puesto que: «Ante la inestabilidad y ciertos acontecimientos y procesos que acompañaron a la Revolución, como el terror y el arrasamiento de las libertades individuales, muchos se retractaron de los aspectos democrático-populistas y del rigorismo innovador de aquel planteamiento», Gómez Ochoa, 2007, p. 39.

[91] Seco Serrano, 2001, pp. 12 y 14; Sánchez García, 2005, pp. 30, 35-38 y 42-44; Monereo Pérez, 2006, pp. LII-LV. Sobre los inicios y primera configuración del ala derecha de los liberales españoles Gómez Ochoa, 2007, pp. 37-48 y la tesis doctoral de Carbajosa Aguilera, 2015, pp. 173-515.

[92] El profesor Artola mantuvo hace ya varias décadas que en dicha obra se encontraban varios de los fundamentos ideológicos del liberalismo español de tendencia moderada, pese a que en su época no atrajo a demasiados partidarios (Artola Gallego, 1975, I, pp. 624, 626-628, 631, 634, 637, 657-658 y 664). Interpretación que amplió y explicó con posterioridad Monereo Pérez, 2006, pp. XXXV, XLIX, LII y LIV-LV.

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