Durante la sublevaciones populares ocurridas en Valencia entre 1520 y 1521, muchos moros fueron obligados a bautizarse. Al restablecerse la paz, se reunió una comisión de juristas y teólogos en Madrid, que dictaminó (4 de abril de 1525) que las bautismos habían sido válidos, a pesar de la coacción a que fueron sometidos los moros. Se tuvo en cuenta una distinción entonces corriente entre los canonistas, que distinguían entre coacción absoluta y condicional. Pocos días después Fernando de Loazes, fiscal del Tribunal de la Inquisición de Valencia, también dio por válidos los bautismos, apelando a la misma distinción.