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Los conflictos internos permanentes en Birmania y la dictadura de la Junta Militar provocan la comisión de graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y reiterados ataques a los Derechos Humanos de la población civil, que han sido sistemáticamente condenados por diferentes organismos de las Naciones Unidas sin resultado positivo alguno. Además el desplazamiento masivo de refugiados y el tráfico de drogas conforman unos elementos transfronterizos que debieran ser considerados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; el cual bajo el Capítulo VII de la Carta, posee autoridad para determinar la existencia de cualquier amenaza a la paz y seguridad internacionales. Este artículo muestra cómo en conflictos similares, como Ruanda, Sierra Leona o Afganistán, el Consejo de Seguridad ha intervenido, y sin embargo bajo las actuales circunstancias políticas, el caso de Birmania permanece en una impunidad total.