El derecho de defensa en los procesos sobre delitos de abuso de menores

Abstract

Based on the essential principles of the legal process in general, and of the criminal process in particular (the adversarial process, the legal court’s status as a third party, and the accused’s right to a defense), this paper explores the development of procedural rules and regulations in relation to the crime of child abuse committed by members of the clergy. The legal route, once envisaged as the only possible way to judge crimes reserved to the exclusive competence of the Congregation for the Doctrine of the Faith, has been gradually replaced or significantly circumscribed by extrajudicial proceedings – the so-called ‘administrative approach’. Given that this shift has serious repercussions for the right of defense in practice, the modus operandi at the Congregation has begun to incorporate elements of the legal process into its administrative proceedings, prompting the question of whether the administrative approach is now becoming a legal procedure, thus requiring new rules and regulations, as in the case of marriage annulment proceedings.

Sobre la base de los principios esenciales del proceso en general y del proceso penal en particular, entre los que destacan el contradictorio procesal, la condición de tercero del órgano judicial y el derecho de defensa del acusado, se analiza la evolución normativa procesal relativa al delito de abuso de menores realizado por clérigos. Teniendo en cuenta que se ha abandonado progresivamente o al menos se ha reducido considerablemente la vía judicial, inicialmente prevista como la única posible para juzgar estos delitos reservados a la competencia exclusiva de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en favor del procedimiento extrajudicial, mediante la llamada “administrativización” del proceso penal, con graves riesgos para el efectivo ejercicio del derecho de defensa, se han ido incorporando en el procedimiento extrajudicial a través de la praxis de la Congregación elementos propios del proceso judicial, hasta el punto de interrogarse si no se está avanzando en la dirección de judicializar el procedimiento administrativo y si esto no requeriría la promulgación de nuevas normas, de manera análoga a como se ha hecho para los procesos matrimoniales.